CE - 012333000201500169011SENTENCIA20230523235136

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Título
CE - 012333000201500169011SENTENCIA20230523235136
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1

Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio docente. Ley 1437 de

2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver l os recurso s de apelación interpuesto s por ambas partes contra la sentencia de l 29 de noviembre de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira , que accedió a las pretensiones de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

El señor Álvaro Alberto Socarrás , por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en síntesis las siguientes:

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en síntesis las siguientes:

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 a 20 . 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 1.1. Pretensiones

Declarar la nulidad de l as Resoluciones 41765 del 26 de agosto de 2008 , RDP 010795 del 05 de octubre de 2012 , RDP 015325 del 14 de noviembre de 2012 , RDP 003328 del 25 de enero de 2013 , RDP 014740 del 16 de abril de 2015 , RDP 021229 del 26 de mayo de 2015 y RDP 027208 del 03 de julio de 2015 , expedidas por la UGPP, por medio de la s cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia, liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales percibido s el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, el 12

entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia, liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales percibido s el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, el 12 de marzo de 2008 ; (ii) indexar las sumas aplicando la fórmula establecida por el Consejo de Estado ; y (iii) pagar intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

a) El señor Álvaro Alberto Socarrás Medina nació el 12 de marzo de 1958 .

b) El accionante prestó sus servicios como docente de manera interrumpida desde el 11 de febrero de 1980 hasta el 28 de julio de 2015.

c) El demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada e n tres (3) oportunidades , (i) 10 de junio de 2008; (ii) 27 de julio de 2012; (iii) 23 de diciembre de 2014. Las anteriores peticiones fueron negadas mediante los actos censurados en el presente asunto.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Argumentó que con los actos administrativos demandados la UGPP incurrió en violación de las normas en que debería fundarse ya que desconoció el contenido de las mismas y el régimen especial que regula la pensión gracia de los docentes aun cuando cumplía con los requisitos exigidos para acceder a la prestación.

Argumentó la existencia de falsa motivación ya que los argumentos expuestos faltan a la verdad y no se tuvieron en cuenta los documentos allegados.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que los actos acusados gozan de legalidad .

Señaló que, en los documentos allegados, consta que fueron certificado s tiempos de servicio s a partir de 1981 . En su defensa propuso las excepcio nes de (i) falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación , y (ii) prescripción.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de La Guajira , el 8 de septiembre de 2016 , llevó a cabo la audiencia inicial , oportunidad en la que determinó (i) que no existía ninguna irregularidad que gener ara nulidad; (ii) que la demandada no propuso excepciones previas ; y (iii) fijó el problema jurídico en los siguientes términos:

no existía ninguna irregularidad que gener ara nulidad; (ii) que la demandada no propuso excepciones previas ; y (iii) fijó el problema jurídico en los siguientes términos:

«¿[…] la materia litigiosa consiste en determinar si el actor Álvaro Alberto Socarrás Medina en efecto tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión gracia, por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio que exige la ley.»

4 Folios 145 a 148. 5 Folios 156 a 160 .CD allegado a folio 161 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de La Guajira , mediante sentencia del 29 de noviembre de 2016 , accedió a las pretensiones de la demanda , así:

«PRIMERO: Declarar la Nulidad de los actos Administrativos contenidos en las Resoluciones No. RDP 014740 de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015) y No. RDP 021229 adiada veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti ón Pensional de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión

Unidad Administrativa Especial de Gesti ón Pensional de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión especial gracia del señor Álvaro Alberto Socarras Medina.

SEGUNDO: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "UGPP", a reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia del señor Álvaro Alberto Socarras Medina, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al de la adquisición del status pensional, excepto la prima de bonificación y antigüedad, conforme lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas pens ionales causadas con anterioridad al veintitrés (23) de diciembre de dos mil once (2011), y denegar la prosperidad de las demás excepciones propuestas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Reconocer las mesadas atrasadas y no prescritas de manera indexada, tal como se señaló en el numeral anterior.

[…]

SEXTO. - Condenar en costas a la parte demandada - Unidad Administrati va Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "UGPP", para lo cual se fijan como agencias en derecho el 1% de las pretensiones de la demanda. […]»

Como fundamento de su decisión, sostuvo que no resulta de recibo el argumento esgrimido por la UGPP al señalar que el demandante

como agencias en derecho el 1% de las pretensiones de la demanda. […]»

Como fundamento de su decisión, sostuvo que no resulta de recibo el argumento esgrimido por la UGPP al señalar que el demandante

6 Folios 200 a 210 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 debía estar vinculado para el 31 de diciembre de 1980 , ya que aquel laboró como docente en el departamento de la Guajira (entidad territorial) en los per iodos comprendidos entre el 11 d e febrero hasta el 26 de noviembre de 1980; desde el 5 de mayo de 1981 hasta el 8 de mayo de 1992 y desde el 8 de mayo de 1992 hasta el 28 de julio de 2015.

Concluyó entonces que el actor cumplió con los requisitos exigidos y, por lo tanto , debe reconoce rse la pensión gracia con base en todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al 8 de marzo de 2008, fecha en la que alcanzó el estatus pensional.

Declaró la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 23 de dicie mbre de 2011, con base en la reclamación presentada el 24 de diciembre de 2014 .

5. LOS RECURSO S DE APELACIÓN

Declaró la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 23 de dicie mbre de 2011, con base en la reclamación presentada el 24 de diciembre de 2014 .

5. LOS RECURSO S DE APELACIÓN

5.1 La UGPP recurrió la decisión 7 y solicitó revocarla , para lo cual expuso que deben desestimar se los argumentos expuestos por el a quo , dado que el demandante no tiene derecho a la pensión gracia , puesto que el periodo anterior a 1981 no se encuentra soportado en los formatos correspondientes del Ministerio de Hacienda.

5.2 El demandante interpuso recurso de apelación 8 con el fin de que se modifique el ordinal tercero de la sentencia recurrida , en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 27 de julio de 2009.

6. ALEGATOS DE SEGUN DA INSTANCIA

7 Folios 219 a 220. 8 Folios 223 a 226 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 La entidad demandada presentó escrito de alegatos suscrito por la abogada Karina Vence Peláez en tres (3) folios, sin que haya arrimado poder para actuar 9, por lo que no serán tenidos en cuenta.

6 La entidad demandada presentó escrito de alegatos suscrito por la abogada Karina Vence Peláez en tres (3) folios, sin que haya arrimado poder para actuar 9, por lo que no serán tenidos en cuenta.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio, según el informe secretarial obrante a folio 324 del expediente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, el Consejo de Estado es competente para resolver los recurso s de apelación interpuesto s.

2.2. Problema s jurídico s

Corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

1. ¿El señor Álvaro Alberto Socarrás Medina , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

2. En caso afirmativo, teniendo en cuenta las solicitudes radicadas por el accionante tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión gracia, ¿cuál fue la petición que

9 Folios 321 a 323. 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera

9 Folios 321 a 323. 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción de las mesadas pensionales?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto 2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no me nor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la

requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territori al , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para lo s docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reco nocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta

o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reco nocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionant es, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentesNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

Bogotá D.C. – Colombia 9 nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» 12

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 201 813 previó las siguientes pautas jurisprudenciales :

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional,

Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares direc tos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos re gionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera

  1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales

presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Min isterio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinad os para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo

de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretaciónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretaciónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pe nsión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requis itos legalmente establecidos para su reconocimiento». 14

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos

para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Fenómeno de la prescripción del derecho

Sobre el tema 15, es necesario analizar la definición que trae el artículo 2512 de Código Civil, el cual dispone que « La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017). 15 Citado en providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del 23 de enero de 2020, expediente número 76001 -23 -33 -000 -2017 -00230 -01(1559 -18), M.P. Rafel Francisco Suárez Vargas.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

Vargas.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo , y concurriendo los demás requisitos legales.» (Negritas por fuera del texto) .

La prescripción , en términos generales, consiste en el fenómeno jurídico en virtud del cual un derec ho se adquiere o se extingue con el paso del tiempo, de acuerdo con las disposiciones normativas que regulan cada situación particular 16; así, la prescripción concierne a la pretensión, al derecho y al término particular para adquirirlo o extinguirlo 17.

Por su parte, la prescripción extintiva implica la pérdida del derecho como consecuencia de la inactividad del interesado para reclamarlo en el tiempo que corresponde, según lo establezca la ley.

Respecto del propósito de la institución jurídica en menció n, la Corte Constitucional ha sostenido que la prescripción extintiva «(i) busca generar certidumbre entre las relaciones jurídicas; por esa razón (ii) incentiva y garantiza que las situaciones no queden en suspenso lo (sic) largo del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica; (iii) supone que quien no acudió a tiempo a las autoridades para interrumpir el término lo hizo deliberadamente; y finalmente

suspenso lo (sic) largo del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica; (iii) supone que quien no acudió a tiempo a las autoridades para interrumpir el término lo hizo deliberadamente; y finalmente (iv) genera consecuencias desfavorables que pueden llegar incluso a la pérdida del derecho.» 18

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado una serie de criterios que determinan la incidencia de la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segun da, Subsección B, providencia del 4 de julio de 2013, expediente número 1100103 -25 -000 -2012 -00301 -00 (1131 -12), M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 18 de o ctubre de 1996, expediente número 7934, M.P. Dra. Consuelo Sarrio Olcos. 18 Corte Constitucional, sentencia T - 662 del 23 de septiembre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020150016901 (1779 -2017)

Demandante: Álvaro Alberto Socarrás Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 prescripción extintiva en los derechos laborales, según el concepto bajo litigio: salarios, prestaciones sociales, pensiones, etc.

Esta Corpora ción 19 ha sostenido que, mientras subsista la relación

Bogotá D.C. – Colombia 13 prescripción extintiva en los derechos laborales, según el concepto bajo litigio: salarios, prestaciones sociales, pensiones, etc.

Esta Corpora ción 19 ha sostenido que, mientras subsista la relación de trabajo, la reliquidación de salarios y prestaciones sociales puede solicitarse en cualquier momento, en tanto comportan emolumentos de carácter periódico. Sin embargo, las mencionadas asignaciones se tornan definitivas una vez culmina el vínculo laboral, por lo que su reajuste debe deprecarse dentro del término de prescripción correspondiente.

Ahora bien, el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 20 dispone lo siguiente:

«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un de recho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»

Por su parte, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 21 dispone:

«Prescripción de acciones: las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se ha hecho exigible».

2°. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestac

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