CE - 012333000201501272021SENTENCIASENTENCIA20230427153932

Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231) Demandante PALACIO SÁNCHEZ S.A.S. Demandado DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Temas: Contribución de valorización. Notificación de la resolución distribuidora. Alcance del recurso de apelación. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, que resolvió: «PRIMERO. DENIÉGUENSE las súplicas de la demanda promovida por la sociedad Palacio Sánchez S.A.S., en contra del Departamento de Antioquia, por lo expuesto en la (sic) motiva. SEGUNDO. No hay lugar a imponer condena en costas». ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante la Resolución Nro. 120105 del 4 de agosto de 2014, la Secretaría de

SEGUNDO. No hay lugar a imponer condena en costas». ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante la Resolución Nro. 120105 del 4 de agosto de 2014, la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia distribuyó y asignó la contribución de valorización para la ejecución del Proyecto «Desarrollo Vial del Aburrá Norte Doble Calzada Hatillo – Barbosa - Pradera», decretada mediante la Ordenanza Nro. 027 del 9 de diciembre del año 20101 expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia2. La sociedad Palacio Sánchez S.A.S. es propietaria del 56.56% del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 012-48247 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Girardota , Antioquia3. Este inmueble está ubicado en la zona de citación del mencionado proyecto , de manera que se le asignó una contribución de valorización por valor total de $475.017.030, de los cuales le correspondieron a la actora $268.669.630, según su porcentaje de propiedad. El 3 de septiembre de 2014, la actora presentó recurso de reposición en contra de la resolución distribuidora, el cual fue decidido mediante la Resolución Nro. S227055 del 30 de diciembre de 2014, en el sentido de modificar el acto recurrido para especificar que, frente al predio identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 012-0048247, los sujetos pasivos eran las sociedades Comercializadora

1 Por medio de la cual se decreta el cobro de la contribución de valorización como mecanismo de

012-0048247, los sujetos pasivos eran las sociedades Comercializadora

1 Por medio de la cual se decreta el cobro de la contribución de valorización como mecanismo de cofinanciación para la ejecución del desarrollo vial de Aburrá Norte y obras complementarias. 2 Fl. 261. 3 Fls. 72 a 76.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Internacional Frigocauca S.A. y Palacio Sánchez S.A.S. En todo lo demás, la Resolución Nro. S227055 mantuvo vigente la resolución distribuidora. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda Palacio Sánchez S.A.S., en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones4: «PRETENSIÓN PRIMERA: Que son nulas las Resoluciones Nro. 120105 del 4 de agosto de 2014 “Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de Valorización del Proyecto Desarrollo vial del Aburrá Norte “Doble calzada Hatillo – Barbosa – Pradera”; y la Resolución S227055 del 30 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 120105 del 4 de agosto de 2014 “Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de Valorización del Proyecto Desarrollo v ial

reposición interpuesto contra la resolución No. 120105 del 4 de agosto de 2014 “Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de Valorización del Proyecto Desarrollo v ial del Aburrá Norte “Doble Calzada Hatillo – Barbosa – Pradera” notificada por AVISO el 4 de febrero de 2015, proferidas por la Secretaría de Infraestructura Física, del Departamento de Antioquia, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición contra el primero de los actos acusados.

PRETENSIÓN SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento se declare que la sociedad PALACIO SÁNCHEZ S.A.S. no se encuentra obligada como sujeto pasivo del gravamen y de la asignación de la Contribución de Valorización que recae sobre el bien inmueble propiedad de la soc iedad accionante identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 012-48247.

PRETENSIÓN TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones que preceden y a título de restablecimiento del derecho, se cancele la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota (Antioquia), en el Certificado de Libertad y Tradición de la Matrícula Nro. 012-48247 efectuada por la Gobernación de Antioquia, sobre el bien inmueble de propiedad de la sociedad, a favor del Departamento de Antioquia.

PRETENSIÓN CUARTA: Que también como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se declare que PALACIO SÁNCHEZ S.A.S. no está obligada a pagar la Contribución de Valorización, que le impusieron los actos acusados.

PRETENSIÓN QUINTA: Que también como consecuencia de las declaraciones antepuestas,

obligada a pagar la Contribución de Valorización, que le impusieron los actos acusados.

PRETENSIÓN QUINTA: Que también como consecuencia de las declaraciones antepuestas, se condene a la Gobernación de Antioquia a restituir a la sociedad PALACIO SÁNCHEZ S.A.S., con los ajustes de valor e intereses de ley, las sumas que acredite haber pagado por la Contribución de Valorización.

PRETENSIÓN SEXTA: Que se condene en costas a la demandada».

Invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 95.9, 121, 123 inciso segundo, 124, 150 -12, 209, 228, 230, 287, 290, 300, 317, 338, 345, 363 de la Constitución Política, 2 del Decreto Ley 1604 de 1966, 12, 15, 16, 17 y 21 Ley 105 de 1993, 88 de la Ley 5 de 1992 , 4 del Decreto 1735 de 2001 , 6 de la Ley 812 de 2003, 565 y 566 del Estatuto Tributario y 3 de la Resolución 066 de 1994 expedida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-. Los cargos de nulidad expuestos por la demandante en el concepto de violación de la demanda se resumen así5: Adujo que el Departamento de Antioquia está motivando falsamente las resoluciones distribuidoras al invocar como fundamento el numeral 12 del artículo

4 Fls. 3 a 4. 5 Fls. 23 a 60.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

4 Fls. 3 a 4. 5 Fls. 23 a 60.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 150 de la Constitución Política. Destacó que esa disposición desarrolla principios constitucionales en materia de autonomía de las entidades territoriales y de modo específico, las contribuciones fiscales, pero dentro de los límites de la Constitución y las leyes. Señaló que en las contribuciones de valorización por obras nacionales aun existiendo una ley (Decreto Legislativo 1604 de 1966), la cual define el sistema y el método de la contribución, sería igualmente imperioso que una ley determinara el cobro de valorización , cuyo establecimiento no puede ser delegado a las autoridades administrativas en virtud del principio de legalidad. Afirmó que el Departamento de Antioq uia, al invocar las atribuciones legales previstas en el numeral 3 del artículo 287, el numeral 2 del artículo 300 y los artículos 317 y 338 de la Constitución, así como el artículo 2° del Decreto-ley 1604 de 1966, expidió con falsa motivación la resolución distribuidora. Al respecto, reiteró que las vías a financiarse con la contribución de valorización son nacionales, según se evidencia del artículo 4 del Decreto 1735 de 2001. En ese sentido, precisó que las obras a financiarse con la contribució n de valorización corresponden a una vía nacional transferida por el INVIAS al Departamento de Antioquia, por medio de convenios interadministrativos. Empero,

En ese sentido, precisó que las obras a financiarse con la contribució n de valorización corresponden a una vía nacional transferida por el INVIAS al Departamento de Antioquia, por medio de convenios interadministrativos. Empero, afirmó que tal transferencia no cumplió con los requisitos previstos en la Ley 105 de 1993, de ahí que el Departamento de Antioquia no haya adquirido su propiedad. En esa medida, resaltó que la Asamblea Departamental de Antioquia no podía decretar, mediante la Ordenanza Nro. 27 del 2010, la contribución de valorización y que, consecuencialmente, la resolución distribuidora también es ilegal. Sostuvo que el departamento demandado invocó la Ley 25 de 1921 en la Resolución Nro. 120105 de 2014 , lo que constituye un vicio de nulidad por falsa motivación debido a que esa disposición legal fue reformada por el artículo 9 de la Ley 51 de 1926 , después por el Decreto 1288 de 1965 y por el Decreto Ley 1604 de 1966, que se convirtió en legislación permanente con la Ley 48 de 1968 . Así, dijo que el fundamento legal de dicho acto administrativo no debió ser la Ley 25 de 1921, sino el Decreto Ley 1604 de 1966. Agregó que el departamento demandado también invocó el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 al momento de expedir la resolución distribuidora, lo cual demuestra que ese acto está viciado de nulidad por falsa motivación, en tanto que esa ley fue modificada por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002 y, en todo caso, porque se refiere a las tasas, tarifas y peajes, conceptos que no son equiparables a la contribución

modificada por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002 y, en todo caso, porque se refiere a las tasas, tarifas y peajes, conceptos que no son equiparables a la contribución de valorización. Por la misma razón, dijo que los actos demandados son nulos por violación de las normas en las que han debido fundarse. En el caso hipotético de que las vías fueran de propiedad de la entidad demandada, aseguró que se vulneró el artículo 9 del Decreto 1394 de 1970, según el cual el monto a distribuirse por concepto del gravamen debe ser el menor entre el costo de la obra, los beneficios que ella produzca y la capacidad de pago de los contribuyentes. Explicó que la vulneración ocurre porque no se tuvo en cuenta que los inmuebles gravados tienen características que afectan su valor (i. e. servidumbre de torre eléctrica con ocupación permanente). Al respecto, indicó que la contribución de valorización a su cargo ha sido de $486.839.106 y que el valor catastral del inmueble de su propiedad es de $1.516.097.130, todo lo cual significa que el g ravamen ha representado el 32.11% del valor catastral, sin que en laRadicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 resolución distribuidora se hubiesen identificado el sistema y el método utilizados para determinar al valor del tributo, así como tampoco el estudio sobre la capacidad de pago de los contribuyentes. Manifestó que el monto distribuible contenido en el estudio de factibilidad, realizado

4 resolución distribuidora se hubiesen identificado el sistema y el método utilizados para determinar al valor del tributo, así como tampoco el estudio sobre la capacidad de pago de los contribuyentes. Manifestó que el monto distribuible contenido en el estudio de factibilidad, realizado por la firma Convalor Ltda. no se ajusta a la realidad y vulnera el principio de legalidad, en la medida en que el estudio técnico y socioeconómico se fundamentó en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Barbosa, el cual no se encuentra ni sancionado ni publicado, de ahí que no sea vinculante para los sujetos pasivos de la contribución de valorización. Esgrimió que la resolución distribuidora acusada desconoce que tiene identidad de causa con la Resolución Nro. 707 del 2005, por medio de la cual se distribuyó la contribución de valorización del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte Doble Calzada Bello-El Hatillo, de manera que vulneró el pr incipio de non bis in ídem, según el cual ningún inmueble podrá ser gravado dos veces por el mismo hecho que, en este caso, consiste en la intervención de la infraestructura nacional . Al respecto, indicó que, aunque se trata de tramos diferentes, el sujeto pasivo es el mismo, pues el inmueble de su propiedad, respecto de ambos proyectos, quedó incluido dentro de la zona de influencia. Precisó que la resolución distribuidora no se notificó por edicto, tal y como lo dispone el artículo 38 de la Ordenanza Nro. 4 del 2007 (Estatuto de la Contribución de Valorización en el Departamento de Antioquia), sino que fue notificada por aviso, bajo el procedimiento indicado en los artículos 9 y 10 de la mencionada resolución.

de Valorización en el Departamento de Antioquia), sino que fue notificada por aviso, bajo el procedimiento indicado en los artículos 9 y 10 de la mencionada resolución. Expresó que estas dos formas de notificación son distinta s porque el aviso es una simple comunicación de que se ha fijado un edicto y, en todo caso, porque el procedimiento de notificación por aviso no contiene el término de desfijación a partir del cual empieza a contar el tiempo para present ar recursos. Añadió que la resolución distribuidora, como acto de carácter particular y concreto, debió ser notificada en forma personal y que los estudios de prefactibilidad, factibilidad y el proceso de liquidación de la contribución y el análisis de los estudios, debieron anexarse a la resolución distribuidora cuando esta fue notificada, pero que esto no ocurrió. Dijo que no es cierto que se hubieran cumplido las etapas necesarias para distribuir una obra de interés público por el sistema de la contribución de valorización, porque no se midieron las reales condiciones de ubicación, uso, topografía, vías de acceso, distancia de la obra del predio objeto del gravamen, así como tampoco el uso del proyecto que se pretende cobrar por valorización. Al respecto, esgrimió que ni antes ni después de la expedición de la resolución distribuidora se verificó la condición del predio y que la visita ocular solicitada fue negada, con lo cual se vulneró el debido proceso. Oposición de la demanda La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda6. A estos efectos, indicó que las obras: Doble Calzada Bello - El Hatillo y Doble Calzada El Hatillo – Barbosa – Pradera, corresponden a dos proyectos totalmente diferentes , en la medida en que

La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda6. A estos efectos, indicó que las obras: Doble Calzada Bello - El Hatillo y Doble Calzada El Hatillo – Barbosa – Pradera, corresponden a dos proyectos totalmente diferentes , en la medida en que el primer o fue decretado mediante la Ordenanza Nro. 01 de 1997 y el segundo mediante la Ordenanza Nro. 27 de 2010, ambas expedidas por la Asamblea

6 Fls. 156 a 172.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Departamental de Antioquia. En ese sentido, afirmó que no es cierto que el predio de la actora esté siendo objeto de un doble cobro por el mismo hecho generador. En adición, aclaró que para la obra “Doble Calzada Bello - El Hatillo” se tuvo en cuenta una zona de influencia en la cual se incluían predios beneficiados directamente por la obra o por reflejo de esta, «siendo gravado el municipio de Barbosa por estar dentro de la zona refleja del proyecto» . Por el contrario, el cobro realizado con ocasión de la ejecución del proyecto “Doble Calzada Hatillo -Barbosa-Pradera", se probó a partir de un estudio de factibilidad que ar rojó como resultado que el municipio de Barbosa está «ubicado dentro de la zona de influencia como beneficiario directo de la obra en comento». Precisó que la vía en la cual se adelanta la obra Hatillo – Barbosa – Pradera no fue

municipio de Barbosa está «ubicado dentro de la zona de influencia como beneficiario directo de la obra en comento». Precisó que la vía en la cual se adelanta la obra Hatillo – Barbosa – Pradera no fue cedida por la Nación, sino que es una vía completamente nueva, que se ejecuta a lo largo de la margen izquierda y derecha del río Medellín, cuyos terrenos y fajas fueron adquiridos por compra o expropiación por la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, dijo que como el Departamento de Antioquia es el titular de la obra , esta puede ser ejecutada por el sistema de contribución de valorización. Respecto a la vía donde está siendo ejecutada la doble calzada Bello -Hatillo, proyecto de valorización decretado mediante la Ordenanza Nro. 01 de 1997, precisó que estando transferida la vía y quedando a cargo del Departamento, la Asamblea Departamental tenía competencia para decretar una contribución de valorización por la ejecución de esa obra. Señaló que, con sustento en la facultad de la cual fue re vestido el Gobernador por parte de la Asamblea Departamental a fin de proferir los actos administrativos de distribución de la contribución de valorización, este delegó en el Secretario de Infraestructura Física la facultad de realizar el derrame de valorización por la vía El Hatillo – Barbosa – Pradera. Todo lo anterior mediante el Decreto 1681 de 20 08, acto que se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad. En ese sentido, dijo que no era cierto que la resolución acusada adoleciera de nulidad po r falta de competencia. Mencionó que la firma Convalor LTDA. llevó a cabo el estudio de pref actibilidad

dijo que no era cierto que la resolución acusada adoleciera de nulidad po r falta de competencia. Mencionó que la firma Convalor LTDA. llevó a cabo el estudio de pref actibilidad para la realización de la tercera etapa del proyecto Desarrollo Vial del Aburrá-Norte, Doble Calzada, El Hatillo – Don Matías y Barbosa – Cisneros en el que se concluyó que se presentaban las condiciones ideales para la aplicación de la valorización, a partir de los criterios establecidos por la Asamblea Departamental y que el beneficio económico sería de 539.000 millones. Además, que se recomendaba distribuir un 30% de esta cifra. Explicó que, teniendo en cuenta el estudio de prefactibilidad mencionado, la Secretaría de Infraestructura Física presentó ante la Asamblea Departamental el proyecto de Ordenanza para decretar el cobro de la contribución de valorización. Y que, posteriormente, se expidió la Ordenanza Nro. 27 de 2010, que decretó la ejecución del proyecto, teniendo como medio de financiación la contribución de valorización. En virtud de esta última ordenanza, adujo que la administración departamental adelantó el estudio de factibilidad en el año 2012, el cual fue realizado por la firma Convalor Ltda. y tuvo como alcance el tramo Hatillo – Barbosa – Cisneros. Afirmó que también se realizó «el estudio de la zona de influencia para el proyecto “Doble Calzada Hatillo – Barbosa – Pradera”, tal como consta en la Resolución distribuidora No. 120105Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calzada Hatillo – Barbosa – Pradera”, tal como consta en la Resolución distribuidora No. 120105Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 del 04 de agosto de 2014 . Determinando para el caso concreto, que hasta el 10% del costo de la obra se financiaría mediante la contribución de valorizac ión, pues dicho porcentaje se encuentra dentro del límite de beneficio que produce o va a producir a los inmuebles que van a ser gravados (…)». Adujo que los beneficios recibidos por los predios localizados dentro de la zona de influencia están expresados en el estudio de prefactibilidad, así como la metodología utilizada para el efecto , la cual comprende la consulta de los precios comerciales de la tierra, mediante investigación directa en campo de las ofertas existentes, la consideración de avalúos puntuales, la información proporcionada por diferentes agencias y agentes inmobiliarios en cada uno de los municipios, las consultas en revistas especial izadas, periódicos y páginas web. Sostuvo que se garantizó el procedimiento administrativo con respecto a la participación de la comunidad, pues se citó en debida forma a los propietarios de p redios ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto via l, según consta en la parte motiva de la resolución distribuidora. Sobre la notificación de la resolución distribuidora, aseveró que se efectuó cumpliendo con todos los requisitos contenidos en el artículo 38 de la Ordenanza

de la resolución distribuidora. Sobre la notificación de la resolución distribuidora, aseveró que se efectuó cumpliendo con todos los requisitos contenidos en el artículo 38 de la Ordenanza Nro. 04 del 20 07. No obstante, aclaró que dentro del CPACA no se contempla la notificación por edicto, «por lo cual sus efectos se surten con el aviso, mediante el cual se dio publicidad a la Resolución 120105 del 04 de agosto de 2014 ». Al respecto, precisó que, atendiendo a la fecha en la que se expidió la mencionada resolución, fue necesario aplicar la Ley 1437 de 2011, que modificó el trámite de notificación de los actos administrativos «resolviéndose, por parte del Departamento de An tioquia, el conflicto normativo de carácter horizontal dándosele prevalencia y aplicación a la norma posterior y de mayor jerarquía en relación con la Ordenanza 04 del 14 de marzo de 2007». Manifestó que, en aras de garantizar el debido proceso y darle mayor publicidad a la resolución distribuidora, el aviso fue publicado en 6 radiodifusoras con sintonía en los municipios ubicados dentro de la zona de influencia de las obras, aunque el artículo 38 de la Ordenanza Nro. 04 de 2007 sólo exigiera su comunicación en 2. Y que, además de ser divulgada en 2 periódicos de amplia circulación, la resolución también se anunció en la Gaceta Departamental y en la página web de la Gobernación de Antioquia. Argumentó que, la aplicación del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como norma de mayor jerarquía, posibilitó que los contribuyentes que estuvieran en desacuerdo

Gobernación de Antioquia. Argumentó que, la aplicación del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como norma de mayor jerarquía, posibilitó que los contribuyentes que estuvieran en desacuerdo con la resolución distribuidora pudieran interponer el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación, «inaplicando, en garantía de los administrados, lo estatuido en el artículo 40 de la Ordenanza 04 del 14 de marzo de 2007, que estipula un término de 5 días para la presentación de los recursos de reposición ». Sobre este particular, agregó que la actora conoció la resolución distribuidora, al punto que hizo uso del recurso de reposición, con lo cual se le garantizó su derecho de defensa y contradicción. Solicitó que se integrara al contradictorio a la Concesión Aburrá Norte S.A.S., petición que fue negada por el Tri bunal en la audiencia inicial del 2 de mayo de 20167, decisión que, a su vez, fue confirmada por el Consejo de Estado mediante auto del 16 de noviembre de 20168. Finalmente, propuso la excepción genérica que se encontrara probada en el expediente.

7 Fls. 794 a 796. 8 Fls. 802 a 805.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas a la parte actora.

www.consejodeestado.gov.co 7 Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas a la parte actora. Con fundamento en lo previsto en el Convenio Interadministrativo Nro. 0005 de 1996, el Convenio Modificatorio Nro. 1 de 2003, el Convenio Interadministrativo Nro. 0005-1-96 de 2006 , el Contrato de Concesión Nro. 97 -CO-20-1738 de 1997 y el Oficio Nro. 201500058731 del 18 de septiembre de 201 5 de la Directora de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, afirmó que el propietario de la vía en la cual se desarrolló el proyecto de valorización es el departamento demandado. Agregó que la sociedad actora confunde la vía Bello – Hatillo, la cual fue cedida por la Nación al Departamento de Antioquia, «con la obra ejecutada en el tramo Hatillo – Barbosa – Pradera, la cual se hizo en predios adquiridos por el ente territorial y que es finalmente respecto de la cual se impuso el tributo». Esgrimió que no se presentaba la ca usal de nulidad por infracción de las normas superiores en las que debieron haberse fundamentado los actos acusados. Lo anterior, porque las normas a las que hizo referencia la actora sí servían de sustento para la expedición de la resolución distribuidora, en especial, la Ley 25 de 1921. Precisó que, si bien es cierto que el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 fue modificado por la Ley 787 de 2002, también lo es que existe un error de transcripci ón en la

Precisó que, si bien es cierto que el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 fue modificado por la Ley 787 de 2002, también lo es que existe un error de transcripci ón en la resolución distribuidora, puesto que, en realidad, dicho acto se refería al artículo 23 de la Ley 105 de 1993. Sin embargo, precisó que este error no era suficiente para declarar la nulidad de los actos acusados. Aseveró que los actos demandados no están viciados de nulidad por falsa motivación, en tanto que, para la asignación de la contribución, se acudió al método de factores de beneficio, el cual está autorizado por la Ordenanza 4 de 2007 expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia y, además, porque no se allegó prueba alguna que permit iera concluir que dicho método fue aplicado indebidamente. En cuanto al cargo por indebida notificación de la resolución distribuidora, sostuvo que, con independencia de la forma en la que se notificó ese acto, lo cierto era que la sociedad demandante lo conoció y ejerció su derecho de defensa al interponer el recurso de reposición. Respecto de la violación del principio non bis in ídem, indicó que a la sociedad actora no se le impuso el pago de un mismo tributo por igual hecho generador. Precisó que, si bien las obras a las que se refiere la resolución distribuidora acusada hacen parte del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte, lo cierto es que este se desarrolla por etapas y, en esa medida, que la contribución impuesta en la Resolución Nro. 0707 de 2005 corresponde a la doble calzada Barbosa – El Hatillo,

desarrolla por etapas y, en esa medida, que la contribución impuesta en la Resolución Nro. 0707 de 2005 corresponde a la doble calzada Barbosa – El Hatillo, mientras que la impuesta en la Resolución Nro. 120105 de 2014 (casi 10 años después), concierne a la doble calzada Hatillo – Barbosa – Pradera. Agregó que la contribución de valorización se genera por la ejecución de una obra pública que derive en un beneficio a la propiedad inmueble, de manera que , si un mismo inmueble es beneficiado por la construcción de dos obras diferentes, es procedente que se imponga el pago de la contribución por cada una de ellas. Finalmente, no condenó en costas a la parte actora , porque la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.Radicado: 05-001-23-33-000-2015-01272-02 (27231)

Demandante: Palacio Sánchez S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Recurso de apelación La demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. A estos efectos, se refirió a los cargos de nulidad relacionados con (i) que la obra a financiarse mediante la contribución de valorización corresponde a una vía nacional , «conforme quedó demostrado en el oficio 30 de noviembre de 2016 » del Ministerio de Transporte , según se expuso en los alegatos de conclusión de primera instancia, (ii) que la contribución de valorización para financiar vías de carácter nacional estuvo prohibida hasta la

demostrado en el oficio 30 de noviembre de 2016 » del Ministerio de Transporte , según se expuso en los alegatos de conclusión de primera instancia, (ii) que la contribución de valorización para financiar vías de carácter nacional estuvo prohibida hasta la expedición de la Ley 1943 de 2018 y (iii) que la resolución distribuidora fue notificada indebidamente, en tanto que no fue comunicada por edicto ni tampoco personalmente, sino por aviso y, en todo caso, que no se dio a conocer el estudio de prefactibilidad y demás documentos en los que se fundamentó la distribución del tributo. Oposición al recurso de apelación En el término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la parte demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por la parte actora. Ministerio Público El Ministerio Público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante