CE - 012333000201600117011SENTENCIA20230313114933

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019)

Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona

Demandado: Departamento del Chocó

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de julio de 20 19 por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual declaró probada, de oficio, la excepción de prescripción extintiva de los derechos reclamados por el señor Rodrigo Ruiz Cardona.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones2

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Rodrigo Cruz Cardona , por conducto de

Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Rodrigo Cruz Cardona , por conducto de apoderada, formuló dema nda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo del 2 de febrero de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno «de las cesantías d e los años 1.999, 2.000, 2001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 y 2.009» tiempo durante el cual laboró para el

Fondo Educativo Regional del Chocó.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a la entidad demandada a pagar la sanción prevista en «el artículo 2º de la Ley 244 de 1.995 liquidada desde la fecha en que mi mandante reclamó la liquidación definitiva de sus cesantías» ; (ii) disponer que las sumas que resulten por concepto de la condena se paguen en los términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 ; (iii) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El señor Rodrigo Ruiz Cardona ingresó al servicio de la entidad demandada, producto del nombramiento efectuado a través del Decreto 05 40 del 20 de agosto

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El señor Rodrigo Ruiz Cardona ingresó al servicio de la entidad demandada, producto del nombramiento efectuado a través del Decreto 05 40 del 20 de agosto de 1999 , en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 6035, grado 01, adscrito a la planta administrativa del Liceo Nacionalizado Marco Fidel Suárez, en El Carmen de Atrato (Chocó).

(ii) El 23 de agosto de 2012 , la entidad demandada dispuso el retiro del servicio del señor Ruiz Cardona, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

(iii) El 24 de octubre de 2012, el actor presentó petición mediante la cual reclamó3

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona las cesantías de los años 1999 a 2001, las cuales debieron ser reconocidas por el Fondo Educativo Regional del Chocó y las correspondientes a los años 2002 a 2009, que debían ser reconocidas por la Secretaría de Educación Departam ental, por haber laborado al servicio de estos durante los periodos anotados.

(iv) A la fecha de presentación de la demanda, el departamento del Chocó no ha emitido el acto en el cual liquide las cesantías de los años reclamados. La demanda orientada a l ograr el reconocimiento de dicha prestación cursa en el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, con el radicado 27001 33 33 001 2015 00489 00, pero a la fecha no se ha emitido sentencia.

demanda orientada a l ograr el reconocimiento de dicha prestación cursa en el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, con el radicado 27001 33 33 001 2015 00489 00, pero a la fecha no se ha emitido sentencia.

(v) El 15 de septiembre de 2015 (sic),1 el actor radicó, ante el departamento del Chocó, una petición orientada a reclamar la sanción moratoria prevista en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de las cesantías de los años 1999 a 2009.

(vi) El 2 de febrero de 2016, el departamento del Chocó emitió una respuesta en la cual negó la aludida penalidad, con el argumento de que su procedencia depende de que exista una sentencia judicial que disponga su pago.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998; además, se citaron el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 244 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante manifestó lo siguiente:

(i) Al momento en que se produjo el retiro del servicio, nació a la vida jurídica el derecho del demandante a que se le reconocieran las cesantías definitivas que

1 Aunque en el hecho 5º de la demanda se indica que el 15 de septiembre de 2015 se radicó la petición, en el sello de radicación de esta, visible en folio 42, se observa que dicha gestión se realizó el 13 de ese mes y año.4

petición, en el sello de radicación de esta, visible en folio 42, se observa que dicha gestión se realizó el 13 de ese mes y año.4

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona nunca le fueron consignadas durante su relación laboral, por esa razón, formuló petición en ese sentido, sin que la autoridad demandada hubiera emitido pronunciamiento alguno.

(ii) El Consejo de Estado 2 ha reconocido que «los empleados públicos del orden territorial tienen derecho al reconocimiento de esta prestación en forma definitiva cuando se termina el vínculo entre la administración y el servidor público, es decir , cuanto éste se retira (o es retirado) del servicio» . En consideración a lo anterior, formuló reclamación encaminada a lograr el reconocimiento y pago de su prestación, pero la entidad no dio respuesta alguna, lo que conllevó la interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contr a del acto ficto negativo, dirigida a lograr el reconocimiento de las cesantías y los intereses sobre ellas.

(iii) Debido a la tardanza de la administración surge el derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, equiva lente a un día de salario por cada día de mora en el pago de sus cesantías, hasta cuando este se haga efectivo.

(iv) Se precisa que, en el sub lite , no está configurada la caducidad ni la prescripción, pues, por un lado, la reclamación de la sanción moratoria se radicó el 153 de septiembre de 2015, el acto censurado se expidió el 2 de febrero de 2016 y

prescripción, pues, por un lado, la reclamación de la sanción moratoria se radicó el 153 de septiembre de 2015, el acto censurado se expidió el 2 de febrero de 2016 y se notificó el 8 de febrero siguiente, el término para la interposición oportuna de la demanda se interrumpió durante el trámite de la conciliación —entre el 2 de junio y el 12 de agosto de 2016 — por lo que, para la fecha de radicación de la demanda —16 de agosto de 2016 4— no habían transcurrido los 4 meses que dispone la ley para su configuración y, por el otro lado, como la obligación principal — cesantías— no ha sido pagada, no se ha configurado el fenómeno extintivo.

2 Se cita un aparte de la sen tencia emitida el 3 de diciembre de 2009, en el radicado interno 03712009, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 3 Ver aclaración en el píe de página 1. 4 El 12 de agosto de 2016 era un viernes, y el 13, 14 y 15 —festivo— eran días inhábiles.5

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona 1.2. Contestación de la demanda

El departamento del Chocó contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones . Para efecto de lo anterior, señaló que los afiliados al Fond o Nacional del Ahorro no tienen derecho a la sanción moratoria que se reclama en la demanda, sino que, en caso de retraso por parte del empleador para el pago de

sus pretensiones . Para efecto de lo anterior, señaló que los afiliados al Fond o Nacional del Ahorro no tienen derecho a la sanción moratoria que se reclama en la demanda, sino que, en caso de retraso por parte del empleador para el pago de las cesantías, este debe reconocer el doble del interés bancario corriente, el cual se causa a favor del fondo y no del trabajador.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Chocó, mediante sentencia proferida el 18 de julio de 2019,6 declaró probada, de oficio, la excepción de prescripción de los derechos reclamados por el demandante, con sustento en lo siguiente:

(i) La controversia se circunscribe a analizar la legalidad del acto administrativo por medio del cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada por el demandante, por el inoportuno pago de sus cesantías. En torno a ello, se destaca que era obligación del empleador que, al momento en que se produjo el retiro del servicio del actor, reconociera y pagara sus cesantías definitivas, para lo cual disponía del término previsto en el artículo 1.º de la Ley 244 de 1995.

(ii) El incumplimiento de los plazos anteriores permite al administrado acudir ante la administración para hacer efectivo su derecho y, en caso de no lograrlo, acudir a la jurisdicción para tal efecto; en todo caso, el titular del de recho debe ejercerlo en forma oportuna y no dejar transcurrir el tiempo sin adelantar las gestiones encaminadas a lograr su reconocimiento, pues, de no hacerlo , surge una sanción sobreviniente por desidia o abandono de aquel.

en forma oportuna y no dejar transcurrir el tiempo sin adelantar las gestiones encaminadas a lograr su reconocimiento, pues, de no hacerlo , surge una sanción sobreviniente por desidia o abandono de aquel.

(iii) Así las cosas, en caso s en que la administración no expide el acto de

5 Folios 60 a 64. 6 Folios 220 a 224.6

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona reconocimiento de las cesantías, se toma como base la fecha de la petición orientada a reconocer el derecho, como límite inicial para contabilizar los términos de que dispone el empleador para expedir el acto administrativo que concede la prestación y, posterior a ello, los 15 días establecidos para su pago. Sin embargo, en vigencia del Decreto 01 de 1984 se contabilizan 5 días adicionales, entre la expedición del acto y la fecha de inicio del término para el pago, dentro de los cuales se habría producido la ejecutoria del acto de recon ocimiento y, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se cuentan 10 días para dicho efecto.

(iv) De lo anterior s urge, en el caso concreto, que el 5 de febrero de 2013 se hizo exigible la obligación, por lo cual, el demandante disponía hasta el 6 de febrero de 2016 para reclamar su derecho; sin embargo, acudió a la conciliación prejudicial el 2 de junio de 2016, cuando ya se había extinguido el derecho y, en ese orden, lo que procede es declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción.

1.4. El recurso de apelación

2 de junio de 2016, cuando ya se había extinguido el derecho y, en ese orden, lo que procede es declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción.

1.4. El recurso de apelación

El señor Rodrigo Cruz Cardona, por conducto de su apoderada,7 interpuso recurso de apelación,8 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

(i) En la sentencia objeto del recurso se consideró que el departamento del Chocó omitió pagar las cesantías en el término previsto en la ley, que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se formuló el 24 de octubre de 2012, que cuando no existe acto de reconocimiento de tal prestación, la exigibilidad de la obligación —sanción moratoria— surge a los 71 días después de haber reclamado el auxilio y que la solicitud de conciliación se formuló el 2 de junio de 2016 y, a partir de lo anterior, se concluyó que se había configurado la prescripción.

(ii) No obstante, dentro de las pruebas decretadas en la audiencia inicial, se

7 Folios 229 a 233. 8 Folios 251 a 258.7

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona tuvieron entre otras, la reclamación formulada el 16 de septiembre de 20159 (sic) y la respuesta dada por la administración el 2 de febrero de 2016, notificada el 8 de febrero siguiente, con lo cual se interrumpió el fenómeno extintivo; de manera que, de haber tenido en consideración tales documentos, no se habría llegado a la

la respuesta dada por la administración el 2 de febrero de 2016, notificada el 8 de febrero siguiente, con lo cual se interrumpió el fenómeno extintivo; de manera que, de haber tenido en consideración tales documentos, no se habría llegado a la conclusión oficiosa que se plasmó en la providencia recurrida.

(iii) En las anteriores condiciones, no es cierto que, en el caso bajo examen, se hubiera configurado la prescripción extintiva, pues no transcurrieron más de 3 años desde que la sanción moratoria se hizo exigible , con base en la siguiente interpretación:

Si la exigibilidad del derecho a recibir la sanción moratoria se cuenta a partir del 6 de febrero de 2013, desde esa fecha empiezan a correr los tres años del demandante para acudir a la jurisdicción a reclamar el mismo, y mi mandante ANTES DE QUE SE VENCI ERAN LOS MISMOS , EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, presentó la reclamación escrita al Departamento para que procediera con el pago de la sanción moratoria, ESA ES LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE DEL PROCESO, fue aportada por la pate (sic) actora, fue decretada en la a udiencia inicial y el Despacho que emitió la sentencia ni siquiera la mencionó.

El simple reclamo escrito del trabajador, interrumpe la prescripción, pero solo por el lapso igual, así lo indica la norma citada en la sentencia que se apela, a la que inexplicablemente NO SE LE DIO aplicación. Por ello mi mandante tenía hasta el 15 de septiembre de 2018 para acudir a la jurisdicción a reclamar el pago de la sanción moratoria.

inexplicablemente NO SE LE DIO aplicación. Por ello mi mandante tenía hasta el 15 de septiembre de 2018 para acudir a la jurisdicción a reclamar el pago de la sanción moratoria.

(iv) Además, «el no pago de las cesantías definitivas al retiro del servicio genera el derecho del demandante a recibir el pago de la sanción morato ria desde el 6 de febrero de 2013 hasta la fecha en que se efectúe el pago de la prestación ». En consecuencia, procede revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, conceder la sanción dispuesta en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, liquidada desde el 6 de febrero de 2013 y hasta el momento en que se verifique el pago de la prestación.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

9 Aunque así se indica en el esc rito del recurso, folio 229, en la petición visible en el folio 42 se refleja que la radicación de la petición ocurrió el 13 de septiembre de 2015.8

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona La demandante descorrió el término para alegar10 y solicitó revocar la sentencia de primera instancia según los argumentos expuestos en el recurso de apelación . La parte demandada guardó silencio durante esta etapa procesal.11

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.12

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.12

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si, en el caso bajo examen, se configuró la prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada por el señor Rodrigo Ruiz Cardona, que diera lugar a que el a quo la declarara, en forma oficiosa; en caso de que la anterior exceptiva no prospere, definir si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria producto de la mora en el pago de sus cesantías definitivas.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones d e año, y el artículo 17, literal

10 Según el informe secretarial visible en el folio 245 y el memorial adjunto en los índices 15 y 16 de la plataforma Samai. 11 Según informe secretarial visible en el folio 245. 12 Folio 245.9

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías» , en su artículo 6, señaló que para liquidar las ce santías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficial es»13, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;14 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidad as y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 19 98 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el

13 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 14 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.10

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 15, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 16. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de c esantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones

a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitu d que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para

consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para

15 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 16 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.11

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuo sa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante tod o ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador17.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las cesantí as definitivas y parciales 18 de los servidores públicos, en sus

institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador17.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las cesantí as definitivas y parciales 18 de los servidores públicos, en sus artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

17 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995. 18 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

para el Fondo Nacional de Ahorro.

17 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995. 18 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: / - 1. Para la compra y adquisición de viv ienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.».12

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajador es del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

(i) El 20 de agosto de 1999,19 el gobernador del departamento del Chocó expidió el Decreto 0540, por medio del cual nombró al demandante en el cargo de auxiliar de servicios generales, cód igo 6035, grado 01, adscrito a la planta administrativa del Liceo Nacionalizado Marco Fidel Suárez , de El Carmen de Atrato. El 24 de agosto siguiente,20 el señor Ruiz Cardona tomó posesión de ese empleo.

(ii) El 24 de octubre de 2012, 21 el demandante digirió una petición ante el gobernador del Chocó, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1999 a 2001, cuando su empleador fue el Fondo Educativo Regional del Chocó y las causadas desde el 2002 hasta el 2009, tiempo durante el

gobernador del Chocó, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1999 a 2001, cuando su empleador fue el Fondo Educativo Regional del Chocó y las causadas desde el 2002 hasta el 2009, tiempo durante el cual tuvo como empleador a la Secretaría de Educación del departamento del Chocó, pues, en el extracto de cesantías emitido por el Fondo Nacional de Ahorro

19 Folios 13 y 14. 20 Folio 15. 21 Folio 30.13

Radicado: 27001 23 33 000 2016 00117 01 (5258-2019) Demandante: Rodrigo Ruiz Cardona tan solo se refleja la consignación del auxilio causado durante los años 2010 y

2011.

(iii) El 14 de enero de 2013, 22 la rectora y la secretaria de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suárez expidió certificación en la que consta que el demandante laboró en esa institución hasta el 23 de agosto de 2012 por haberse dispuesto su retiro forzoso a través del Decreto 001247 del 8 de agosto de 2012.23

(iv) El 26 de diciembre de 2014,24 el Fondo Nacional de Ahorro expidió un extracto individual de cesantías a nombre del demandante.

(v) El 13 de septiembre de 201 5,25 el actor formuló petición ante la Gobernación del Chocó con el propósito de lograr el reconocimiento de «la sanción moratoria contemplada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1.995» por la omisión de pago de las cesantías causadas entre 1999 y 2009, tiempo dura nte el cual laboró para el

contemplada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1.995» por la omisión de pago de las cesantías causadas entre 1999 y 2009, tiempo dura nte el cual laboró para el Fondo