CE - 012333000201600324011SENTENCIA20231023100515

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701)

Actor: ADOLFO LEÓN NÚÑEZ BONILLA

Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / OCUPACIÓN DE INMUEBLE / OCUPACIÓN DEL PREDIO POR OBRAS PÚBLICAS – El apelante no atacó la ratio decidendi que sustentó la declaratoria de caducidad en cuanto al hecho dañoso consistente en la construcción de unas obras en terrenos de su propiedad / CADUCIDAD - Apoyo judicial de las demandadas para promover procesos de pertenencia en fav or de los ocupantes del predio de propiedad del actor – El actor superó el plazo legal para presentar la demanda desde que tuvo conocimiento de la gestión adelantada por las demandadas.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2023 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de ciertos predios objeto de demanda1 y la de caducidad del medio del control . Como consecuencia, se inhibió de resolver de fondo el asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO

legitimación en la causa por activa respecto de ciertos predios objeto de demanda1 y la de caducidad del medio del control . Como consecuencia, se inhibió de resolver de fondo el asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según la demanda, en algunos lotes de propiedad de la parte actora2, ubicados en el asentamiento denominado “Urbanización Olga Teresa” de Cú cuta, la parte demandada construyó varias obras públicas que beneficiaban a ocupantes irregulares, obras que, aparte de constituir un daño especial, llevaron a que se consolidara la posesión irregular de un grupo que se asentó mediante vías de hecho, a qui enes, además, las demandadas les brindaron asesoría jurídica para adquirir la propiedad por prescripción.

1 El a quo señaló que se trata de los predios identificados con los números de matrícula inmobiliaria 260-206681, 260 -206683, 260 -208245, 260 -206665, 260 -206689, 260 -206701, 260 -208494, 260206754, 260208498, 260 -208499, 260 -206651, 260 -208527, 260 -208531, 260 -208532, 260208540, 260 -208544, 260 -208546 y 260 -208547 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta. 2 Identificados con los números de matrícula inmobiliaria referidos en nota al pie No. 1.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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II. ANTECEDENTES

Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de julio de 20163, el señor Adolfo León Núñez Bonilla , en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda para que se le indemnicen los perjuicios causados por: i) la construcción de varias obras públicas en predios de su propiedad por parte d el municipio de San José de Cúcuta , que las ejecutó para beneficiar a quienes de manera irregular se ase ntaron allí y levantaron la “Urbanización Olga Teresa ”; y ii) por el apoyo jurídico que tal entidad y Metrovivienda Cúcuta EICE, en liquidación, -en adelante Metroviviendale habría prestado a los poseedores irregulares para adquirir tales terrenos por pr escripción adquisitiva4.

Al respecto, a título de daño moral, el actor solicitó el equivalente a 100 smlmv, por concepto de daño emergente la suma de $1.591’433.600 y por lucro cesante $21.864’171.400.

Como fundamento de las pretensiones, se narraron e n síntesis los siguientes hechos:

El señor Adolfo León Núñez Bonilla es propietario5 de varios lotes en Cúcuta que, en su conjunto, son conocidos como “Olga Teresa” o “Urbanización Olga Teresa”, en los cuales se han asentado ilegalmente terceros -en la demanda no se indican las condiciones de tiempo en las que ello habría ocurrido-.

en su conjunto, son conocidos como “Olga Teresa” o “Urbanización Olga Teresa”, en los cuales se han asentado ilegalmente terceros -en la demanda no se indican las condiciones de tiempo en las que ello habría ocurrido-.

El municipio accionado construyó, sin autorización, varias obras públicas en los predios del actor , tales como un colector de aguas lluvias en el sector Atalaya – Avenida de las Américas; parques en la calle 16KN y avenidas 12C y 12B , y la pavimentación de unas vías (calle 16KN).

Además, el 14 de febrero de 2007, el municipio de San José de Cúcuta y Metrovivienda realizaron el convenio interinstitucional No. 0101 con el fin d e realizar la titulación gratuita de l predio conocido como “ Olga Teresa” o

3 Así consta a folio 6 del expediente digital, índice 2 Samai. 4 Demanda y reforma a la demanda visibles a folios 1 a 6 y 39 a 46 del expediente digital, índice 2 Samai. 5 Según lo narra en la demanda, el actor los adquirió mediante escrituras públicas Nos. 1629 del 13 de julio de 1988 y 4177, 4178 y 4179 del 18 de diciembre de 1998 de la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta, identificado s con folios de matrícula inmobiliaria Nos. 260 -113201 al 260113206 y del folio 260 -113251 al 260 -113260 y la adición a la partic ión a la sucesión de su padre del Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta registrada en las anotaciones 9 y 10 del folio de

113206 y del folio 260 -113251 al 260 -113260 y la adición a la partic ión a la sucesión de su padre del Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta registrada en las anotaciones 9 y 10 del folio de matrícula inmobiliaria No. 260-4325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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“Urbanización Olga Teresa”6, en el marco de lo cual contrataron varios abogados para iniciar los respectivos procesos de pertenencia.

Las obras citadas y el apoyo jurídico afianzaron la ocupación irregular del predio por parte de particulares y les creó la falsa expectativa y confianza de que las entidades demandadas tenían el poder de entregarles títulos de propiedad.

La parte actora consideró que e l daño era continuo y permanente, pues “el último acto de agresión contra los terrenos de su propiedad ”7 ocurrió el 16 de junio de 2015, cuando el Juzgado 5 Civil Escritural Permanente de Cúcuta resolvió confirmar la nulidad decretada en un proceso de pertenencia iniciado por las demandadas frente al predio ya mencionado.

2. Contestación de la demanda

2.1. Metrovivienda se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de: i) caducidad, dado que los contratos de prestación de servicios para iniciar y atender los proc esos de pertenencia sobre los predios objeto de la

2.1. Metrovivienda se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de: i) caducidad, dado que los contratos de prestación de servicios para iniciar y atender los proc esos de pertenencia sobre los predios objeto de la litis se suscribieron el 16 de marzo de 2007 y la demanda de reparación directa se presentó hasta 2016; y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva , pues fue el municipio de San José de Cúcuta el que construyó las obras públicas invocadas ; además, es completamente ajena a los particulares que se asentaron en los terrenos de propiedad privada8.

2.2. El municipio de San José de Cúcuta también se opuso a las pretensiones , para lo cual alegó la falta de legitimación en la causa por activa, dado que el actor no demostró la propiedad de los predios y, en todo caso, no se probó la construcción de obras ilegales y, si estas se realizaron, fue para atender un problema humanitario de más de 20 años de antigüedad.

Además, la discusión sobre la legalización fue consentida por los antiguos propietarios desde 1996; además, no se advierte cuáles fueron los perjuicios causados con el apoyo jurídico prestado9.

6 identificado con los números de mat rícula inmobiliaria 260 -206680, 260 -206681, 260 -206683, 260-208245, 260 -206665, 260 -208448, 260 -206689, 260 -206693, 260 -206701, 260 -208494, 260206754, 260208498, 260 -208499, 260 -206651, 260 -208527, 260 -208531, 260 -208532, 260208540, 260 -208544, 260 -208546 y 260 -208547 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta. 7 Folio 49 del cuaderno 1. 8 Fls. 98 a 101 del expediente digital, índice 2 Samai. 9 Fls. 128 a 132 del expediente digital, índice 2 Samai.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Admin istrativo de Norte de Santander , a través de sentencia del 16 de febrero de 2023 10, concluyó que se había configurado la falta de legitimación en la causa por activa frente a algunos predios, en cuanto no se probó su propiedad11.

En relación con los predios frente a los cuales se acreditó el derecho de dominio12, el Tribunal a quo declaró la caducidad, porque la demanda se presentó hasta 2016, a pesar de que: a) las obras invocadas en la demanda eran anteriores a 1991 y el demandante las conoció desde 1999; y b) el apoyo jurídico que se habría dado a los poseedores irregulares asentados en la “Urbanización Olga Teresa” tuvo como fundamento contratos de prestación de servicios celebrados en 2007, asistencia judicial de la que estuvo al tanto el actor desde dici embre de 200913.

habría dado a los poseedores irregulares asentados en la “Urbanización Olga Teresa” tuvo como fundamento contratos de prestación de servicios celebrados en 2007, asistencia judicial de la que estuvo al tanto el actor desde dici embre de 200913.

4. Recurso de apelación

4.1. La parte demandante apel ó la sentencia, por considerar que : i) no se configuró la falta de legitimación en la causa por activa, en cuanto probó la propiedad frente a todos los inmuebles , con un reporte de con sulta de índice de propietarios; y ii) frente a la asesoría jurídica que se habría brindado a los poseedores, sostuvo que solo la advirtió a partir del 16 de junio de 2015, cuando se le tuvo como demandado en uno de los procesos de pertenencia adelantados en virtud de tal asistencia.

4.2. Además, solicitó que , como prueba de segunda instancia , se oficiara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, para que allegara los certificados de tradición de dichos predios , por cuanto omitió anexar los a la demanda debido a un “lapsus calami”.

La anterior argumentación, al igual que en el caso de la sentencia, será ampliad a en las consideraciones, al resolver sobre los cargos de apelación14.

10 Fls. 411 a 420 del expediente digital, índice 2 Samai. 11 Los mismos indicados en la nota a pie No. 11. 12 Igualmente, los identificados con matrículas inmobiliarias 260 -4325, 260-206680, 260-206693 y 260-208448 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta.

12 Igualmente, los identificados con matrículas inmobiliarias 260 -4325, 260-206680, 260-206693 y 260-208448 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta. 13 Fls. 411 a 420 del cuaderno principal 2, expediente digital, índice 2 Samai. 14 Archivo “ED_003RECURSODEAPELACIO(.pdf)”, expediente digital, índice 2 Samai.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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4.2. Mediante auto del 24 de julio de 2023, esta Corpora ción negó el decreto de las pruebas solicitadas por la parte actora en esta instancia, por no ajustarse a ninguna de las causales consagradas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021 , decisión que no fu e recurrida15.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

La Sala conocerá de este asunto en segunda instancia, pues no advierte causal de nulidad alguna y la oportunidad del medio de control y l a legitimación en la causa, serán abordados en el marco de la apelación, por ser los puntos objeto de cuestionamiento.

1. Alcance de la segunda instancia

Como se explicó, en la primera instancia se declararon probadas parcialmente las siguientes excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por activa frente a

cuestionamiento.

1. Alcance de la segunda instancia

Como se explicó, en la primera instancia se declararon probadas parcialmente las siguientes excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por activa frente a los predios sobre los que no se habría probado la propiedad, y ii) caducidad frente a los inmuebles respecto de los que se acreditó el dominio, toda vez que la demanda no se presentó dentro de los dos años siguientes a la construcción de las obras invocadas, ni a la fecha desde cuando se prestó la asistencia jurídica por la que se demanda.

La parte actora cuestionó lo anterior por considerar que: i) sí probó la propiedad de todos los inmueb les, y ii) la asistencia jurídica que invocó en el sub lite la conoció el año anterior a la demanda de la referencia.

El actor no confrontó la decisión del a quo en el sentido de declarar la caducidad por ocupación derivada de obra pública, razón por la cual, ante la falta de recurso, este punto no será abordado por la Sala.

Según la Subsección16, “ lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en la medida de los agravios expresados ”17, de ahí que “ al juez de la

15 Esta providencia se encuentra en firme como puede leerse en la constancia del 14 de agosto de 2013, expediente digital, índice 18 Samai). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2023, exp. 66001-23-31-000-2010-00402-01 (69054).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2023, exp. 66001-23-31-000-2010-00402-01 (69054). 17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, MP: Ariel Salazar Ramírez, exp. 2013-02839-00.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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segunda instancia le está vedado construir tales motivos de disenso, pues si así lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte (…) ”18, sin perjuicio de los aspectos susceptibles de ser analizados de oficio19.

En cuanto a la ocupación por obra pública, como se explicó anteriormente, el Tribunal a quo concluyó que la demanda no se presentó dentro de los dos años siguientes a la fecha de las obras (1991) , incluso, al año en que el actor las conoció (1999), por tal razón, la Sala considera que no resulta necesario ningún estudio adicional, pues la extemporaneidad de la demanda en ese punto no fue cuestionada, y su configuración resulta suficiente para cerrar el debate en segunda instancia, sin entrar a discurrir sobre si se acreditó o no la propiedad frente a todos los predios20.

2. Decisión de los cargos de apelación

La Sala se ocupará, en primer lugar, del presupuesto procesal de la caducidad

segunda instancia, sin entrar a discurrir sobre si se acreditó o no la propiedad frente a todos los predios20.

2. Decisión de los cargos de apelación

La Sala se ocupará, en primer lugar, del presupuesto procesal de la caducidad pues, en caso de confirmarse la decisión del a quo en este sentido, será innecesario pronunciarse respecto de la legitimación en la causa del actor.

2.1. Oportunidad del medio de control

2.1.1. Caducidad de la pretensión relacionada con el apoyo jurídico brinda do por las demandadas a los ocupantes irregulares de los predios de propiedad del actor

En cuanto a la pretensión formulada para que se declare la responsabilidad del municipio de San José de Cúcuta y de Metrovivienda por haber asumido la defensa jurídica de los ocupantes irregulares con la interposición de demandas para adquirir , a título de prescripción adquisitiva, el predio identificado con matrícula inmobiliaria 260-4325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, exp . 60.273 y sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 52.413, ambas con ponencia del Consejero José Roberto Sáchica Méndez. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp . 60.273, así como sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp. 52.413.

sentencia del 2 de junio de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp . 60.273, así como sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp. 52.413. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia del 22 de enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp. 2017 -0315600(REV). Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp. 46.508: 20 Al respecto, el artículo 282 del CGP señala: “[ si] el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones d e la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes”.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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de Cúcuta y otros 21 , en el asentamiento conocido como “ Olga Teresa” o “Urbanización Olga Teresa”, el a quo consideró que se encontraba caducada.

Lo anterior, en cuanto los contratos suscritos entre Metrovivienda y diferentes abogados para la iniciación, atención y terminación de proce sos declarativos de pertenencia de dicho predio fueron suscritos desde marzo de 2007, lo cual fue informado al actor el 14 de diciembre de 2009, quien se pronunció al respecto mediante oficio del 18 de diciembre del mismo año , en el sentido de que se le aclarara la respectiva información.

informado al actor el 14 de diciembre de 2009, quien se pronunció al respecto mediante oficio del 18 de diciembre del mismo año , en el sentido de que se le aclarara la respectiva información.

El a quo sostuvo que no puede considerarse que el daño es continuo y que el último acto sobre su causación se definiera el 16 de junio de 2015 , cuando el Juzgado 5 Civil del Circuito Escritural Permanente de Cúcuta confirmó la nulidad decretada en un proceso de pertenencia sobre un predio de propiedad del accionante, toda vez que, independientemente de las resultas de tal trámite , el daño alegado en el sub lite está relacionado con la defensa y apoyo de las entidades dem andadas a los ocupantes irregulares con la interposición de las demandas de pertenencia, de lo cual conoció el demandante desde 2009.

En su apelación, la parte actora señaló que no podía pretenderse que por medio del oficio de Metrovivienda , el cual no recibió, se entienda “ debidamente comunicado al demandante ” sobre la asistencia jurídica que las demandadas brindarían a los poseedores de sus predios, para promover los respectivos procesos declarativos de pertenencia.

El apelante sostuvo que conoció la situación hasta que en uno de tales procesos, mediante decisión d el 30 de abril de 2014, el Juzgado 6º Civil del Circuito de Cúcuta declaró la nulidad de lo actuado , porque no se le vinculó como demandado, en su calidad de propietario del predio identificado con matrícula inmobiliaria 260 -4325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Cúcuta declaró la nulidad de lo actuado , porque no se le vinculó como demandado, en su calidad de propietario del predio identificado con matrícula inmobiliaria 260 -4325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, decisión que fue confirmada por el Juzgado 5 ª Civil del Circuito Escritural Permanente de Cúcuta en providencia del 16 de junio de 2015.

El a pelante insistió en que, si bien “ actuó como tercero indeterminado en el proceso civil en mención ”, también lo es que no estaba legitimado, no era parte pasiva y por tanto, “ no era razonable que demandara al Municipio de Cúcuta y a Metrovivienda” sin tener la ce rteza de que tal proceso iba a terminar con una

21 Identificados con los números de matrícula inmobiliaria referidos en nota a pie No. 1.Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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nulidad a su favor, con lo cual se demuestra “ la imposibilidad de haberlo conocido en la época de su ocurrencia ”, de modo que solo a partir de dicha nulidad es que se concretó el daño.

De ahí que para el a pelante el plazo para interponer la demanda corría desde el 16 de junio de 2015 hasta el 16 de junio de 2017 y la demanda fue interpuesta el 21 de julio de 2016.

Pues bien, en primer lugar, no le asiste razón al apelante cuando señala que no

16 de junio de 2015 hasta el 16 de junio de 2017 y la demanda fue interpuesta el 21 de julio de 2016.

Pues bien, en primer lugar, no le asiste razón al apelante cuando señala que no podía pretenderse que fue debidamente comunicado sobre la defensa judicial en favor de los ocupantes irregulares por medio del oficio suscrito por la gerente de Metrovivienda.

Lo anterior, en cuanto en dicho documento se le informó que las demandadas decidieron “salir a la defensa jurídica y judicial” de los habitantes del “barrio Olga Teresa”, para lo cual contrataron abogados que promovieran y atendieran los correspondientes procesos de prescripción, con pretensión de declaración de pertenencia de vivienda de interés social, como puede leerse en el oficio del 14 de diciembre de 2009 suscrito por la gerente de Metrovivienda y dirigido al señor Adolfo León Núñez Bonilla22.

Además, el documento señala que los abogados que están representando a las distintas familias oc upantes fueron contratados con recursos provenientes de l convenio No. 0101 celebrado el 13 de marzo de 2007 entre el municipio de San José de Cúcuta y Metrovivienda , con lo cual resultaba claro que los procesos de pertenencia ya estaban en curso23.

El apelante asegura que no recibió el mencionado oficio; sin embargo, lo respondió, toda vez que , mediante comunicación del 18 de diciembre de 2009, le

22 Dicho oficio es del siguiente tenor (se trascribe de forma literal): “(…) 1. Con fundamento en las actividades propias de su objeto social y conforme a lo ordenado en la ley 9ª de 1989 y ley 388, en

22 Dicho oficio es del siguiente tenor (se trascribe de forma literal): “(…) 1. Con fundamento en las actividades propias de su objeto social y conforme a lo ordenado en la ley 9ª de 1989 y ley 388, en cuanto a lo que regulan sobre la vivienda de interés social y dada la necesidad y la urgencia para la época de los hechos, de las familias y/o habitantes del barri o OLGA TERESA , del municipio de San José de Cúcuta, Metrovivienda Cúcuta tomó la determinación de salir a la defensa jurídica y judicial de estas personas, para lo cual se contrataron abogados con el fin de que se iniciaran, se atendieran y se llevaran has ta su terminación los correspondientes procesos de prescripción , con pretensión de declaración de pertenencia de vivienda de interés social.2. (…)” (Se resalta). (Fls. 70 y 71 del cuaderno de pruebas anexo 5 del expediente digital, índice 2 Samai). 23 (se trascribe de forma literal): “(…) Los abogados que están representando a las diferentes familias y/o habitantes del barrio OLGA TERESA, dentro de los procesos de prescripción, Metrovivienda Cúcuta los contrató mediante la modalidad de orden de prestación de servicios profesionales, con recursos provenientes del convenio administrativo signado entre Metrovivienda y la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta . (…)” (Se resalta). (Fls. 70 y 71 del cuaderno de pruebas anexo 5 del expediente digital, índice 2 Sam ai).Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro

Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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solicitó a la gerente de Metrovivienda que ahondara en la determinación de “salir a la defensa jurídica y judi cial” y que le dijera “en responsabilidad de quién se establecen las consecuencias de tal actuación24.

Incluso, en escrito del 8 de marzo de 2011 , la Contraloría Municipal de Cúcuta respondió a una queja del hoy actor sobre la asistencia judicial a los ocu pantes de su terreno por parte de Metrovivienda25.

Luego, el 16 de marzo de 2011, el señor Adolfo León Núñez Bonilla presentó una queja ante la Personería Municipal de Cúcuta para que revisara los supuestos jurídicos con base en los cuales Metrovivienda y los abogados que esta contrató iniciaron la defensa judicial de los poseedores de su predio a través de procesos de pertenencia; además, manifestó su inconformidad con dicha gestión y expresó que era el momento para acudir a la “justicia administrativa”26.

Asimismo, mediante escrito del 19 de febrero de 2014 el actor volvió a referirse al oficio del 14 de diciembre de 2009 , cuando le manifestó a Metrovivienda que,

24 Fls. 113 a 116 del cuaderno de pruebas anexo 8 del expediente digital, índice 2 Samai. 25 Dicho oficio señala lo siguiente (se trascribe de forma literal , incluso con posibles errores ): “(…) De conformidad con su queja se presentan cierto tipo de irr egularidades en la adquisición de los

25 Dicho oficio señala lo siguiente (se trascribe de forma literal , incluso con posibles errores ): “(…) De conformidad con su queja se presentan cierto tipo de irr egularidades en la adquisición de los terrenos de la urbanización Olga Teresa de Cúcuta , asimismo usted realiza un cuestionamiento del por qué la empresa industrial y comercial del Estado Metrovivienda se permite facilitar asistencia jurídica a los poseedo res de hecho de dichos terrenos, aduciendo usted una posible complicidad de la Administración y de Metrovivienda, debido a que estos ciudadanos tenían como subsidiar esta asesoría jurídica. Asimismo, la empresa Metrovivienda Cúcuta cumpliendo a cabalidad c on las actividades propias de su objeto social y sustentándose al igual que la administración municipal de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política al igual que en los artículos 52 inciso 4 de la Ley 9 de 1989 además de la L ey 388 de 1997 artículo 94 numeral 2 que se cita textualmente para mejor interpretación del peticionario (…). Es esta la razón jurídica de la viabilidad del convenio anteriormente nombrado, basados en este convenio y de conformidad con la ley se contrataron mediante la modalidad de prestación de servicios los abogados que son cuatro, que a la fecha se encuentran tramitando los procesos de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria representado a los habitantes del sector Olga Teresa . Se le comunica que la ley es de obligatorio cumplimiento y no es por discrecionalidad ni complicidad de la empresa Metrovivienda ni mucho menos de la administración municipal que se hayan desarrollado las labores de asesoría jurídica , es que es un deber constitucional y legal. (…) (Se resalta) (Fls. 4 a 6 de cuaderno de pruebas anexo 4, del

administración municipal que se hayan desarrollado las labores de asesoría jurídica , es que es un deber constitucional y legal. (…) (Se resalta) (Fls. 4 a 6 de cuaderno de pruebas anexo 4, del expediente digital, índice 2 Samai). 26 En dicho oficio el hoy demandante señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal): “(…) para que no se siga mancillando nuestro patrimonio económico representado en el mínimo vital de las familias involucradas propietarias de los bienes que son objeto de la insólita y descabellada tesis de pretender un bien inmueble violentado constitucionalmente por vías de hecho como declaración de viviendas de inter és social, violando las normas emanadas por los entes gubernamentales y la carta magna, con relación a una convivencia dentro de un marco legal y pretendiendo enmarcarse de manera antijurídica como legal por parte de los abogados y la entidad que los contr ata Metrovivienda Cúcuta. (…) pongo en conocimiento la respuesta entregada por Metrovivienda Cúcuta MC -100-0031 de fecha 7 de enero de 2010, la Contraloría Municipal de Cúcuta No. 028 -2011-COF/QPS-AMRR de fecha 8 de marzo de 2010 y mi respuesta de fecha 14 de marzo de 2011, en tono sobresaltado, porque, ya no me queda más que acudir a la justicia administrativa para demandar del Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios que nos han causado por el actuar de los (…) (Se resalta) (Fls. 11 a 13 del

más que acudir a la justicia administrativa para demandar del Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios que nos han causado por el actuar de los (…) (Se resalta) (Fls. 11 a 13 del cuaderno de pruebas anexo 4 del expediente digital, índice 2 Samai).Radicación: 54001-23-33-000-2016-00324-01 (69.701) Actor: Adolfo León Núñez Bonilla Demandado: Municipio de San José de Cúcuta y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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debido a esta comunicación, se veía obligado a iniciar un proceso de reparación directa27.

Así las cosas, el demandante sí recibió y conoció el oficio del 14 de diciembre de 2009 ese mismo mes y año , de modo