CE - 012333000201600372011SENTENCIA20231026120014

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 19001-23-33-000-2016-00372-01 (3792-2018)

Demandante: Carlos Ungrey Sandoval Fernández Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación de docente nacionalizado. Aplicación de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018. Pago de las acreencias efectuado con cargo al Fondo Educativo Regional (FER) y al Sistema General de

Participaciones. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia del tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor CARLOS UNGREY SANDOVAL FERNANDEZ instauró demanda en

contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor CARLOS UNGREY SANDOVAL FERNANDEZ instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 40046 del 29 de septiembre de 2015, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia y de las Resoluciones RDP 50419 del 30 de noviembre de 2015 y RDP 55014 del 22 de diciembre de 2015, mediante las cuales, la UGPP desató desfavorablemente los recursos de reposición y apelación en contra del primer acto administrativo

1 Folio 4 a 5.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75 % del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus pensional. Asimismo, que se cancel e el retroactivo y se conden e al pago de los

pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75 % del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus pensional. Asimismo, que se cancel e el retroactivo y se conden e al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo «154 de la Ley 100 de 1993».

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor Carlos Ungrey Sandoval Fernández nació el 3 de enero de 1950. Que en su vida laboral inició como maestro de primaria en el departamento del Cauca, nombrado a través del Decreto 438 del 4 de septiembre de 1975, esto, en atención a las facultades conferidas a éste, en calidad de representante legal del departamento.

Que, según el acta de posesión del 16 de septiembre de 1975, tomó posesión del cargo como maestro de primaria en el «plantel educativo ERM Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao Cauca».

Que mediante la Resolución 2955 del 30 de septiembre de 1976, fue trasladado al «centro educativo Cd De Ni[n]as de Caldono» y, a través de la Resolución 2770 del 12 de septiembre de 1979, nuevamente fue trasladado al plantel educativo «Escuela los Uvos», en el municipio de Popayán.

Que el alcalde del municipio de Morales, mediante el Decreto 007 del 11 de agosto

12 de septiembre de 1979, nuevamente fue trasladado al plantel educativo «Escuela los Uvos», en el municipio de Popayán.

Que el alcalde del municipio de Morales, mediante el Decreto 007 del 11 de agosto de 1995 en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 29 de 1989, nombró en propiedad al señor Carlos Sandoval como profesor de básica primaria y tiempo completo en la Escuela Rural Mixta Santa Rosa, vinculado a dicho cargo hasta marzo de 2015.

Que la parte actora solicitó ante la UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 40046 del 29 de septiembre de 2015 con la cual negó la prestación.

2 Folios 6 a 8.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Que el accionante presentó recursos de reposición y de apelación contra el anterior acto administrativo, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones RDP 50419 del 30 de noviembre y 55014 del 22 de diciembre, ambas de 2015 , siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 9 de diciembre de 20163 y notificada a la UGPP4, quien a través de memorial de contestación5, se opuso a las pretensiones al exponer que el demandante no cumple con los requisitos exigidos para ser

La demanda fue admitida mediante auto del 9 de diciembre de 20163 y notificada a la UGPP4, quien a través de memorial de contestación5, se opuso a las pretensiones al exponer que el demandante no cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la prestación solicitada, porque si bien es cierto, el tiempo de servicio desempeñado entre el 16 de septiembre de 1975 y el 15 de septiembre de 1980, fue de carácter nacionalizado, también lo es que, el periodo laborado desde el 1.° de septiembre de 1995 hasta el 28 de febrero de 2014, lo fue del orden nacional, por lo cual, no acreditó los 20 años de servicios del orden territorial o nacionalizado.

Propuso como excepciones las que denominó; inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido; ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y; prescripción.

En la audiencia inicial6 el tribunal señaló que las excepciones propuestas no podían ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia. Tampoco encontró probada alguna excepción previa que deb iera ser resuelta de oficio. En esta diligencia se fijó el litigio en el sentido de determinar si el actor cumplía con los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia . Seguidamente, se señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas en el que ordenó la incorporación de las mismas; prescindió de la audiencia de alegatos y, en virtud del artículo 179 del CPACA, profirió sentencia en audiencia.

Por su parte, el agente del Ministerio Público no intervino en la actuación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

y, en virtud del artículo 179 del CPACA, profirió sentencia en audiencia.

Por su parte, el agente del Ministerio Público no intervino en la actuación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia dictada en audiencia del 3 de mayo de 2018 negó las pretensiones de la demanda, argumentando que pese a que el docente demostró una vinculación nacionalizada entre el 16 de septiembre de 1975 y el 15 de septiembre de 1980; el nombramien to efectuado en el Decreto 007 del 11 de agosto de 1995, fue de carácter nacional, en atención a que tal y como se dispuso al ser financiado por los Fondos Educativos Regionales (FER), los recursos provenían directamente de la Nación, pues el nombramiento se efectúo

3 Folios 57 a 58. 4 Folio 63. 5 Folios 68 a 75. 6 Folios 120 a 122. 7 Folios 124 a 127.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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por la autoridad territorial pero en atención a la delegación efectuada por el Ministerio de Educación Nacional en virtud del artículo 29 de la Ley 29 de 1989.

Además, sostuvo que conforme a los certificados de historia laboral y de salarios allegados al plenario, relacionan esta última vinculación con el carácter de nacional, mismos que no logró desvirtuar el demandante.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

allegados al plenario, relacionan esta última vinculación con el carácter de nacional, mismos que no logró desvirtuar el demandante.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, y para ello señaló que de acuerdo con la jurisprudencia el carácter de la vinculación objeto de discusión es nacionalizado porque el nombramiento lo efectúo la autoridad territorial con la autorización del Ministerio de Educación Nacional a través del delegado quién expidió la disponibilidad presupuestal.

Lo anterior, en virtud de la jurisprudencia vigente en el Consejo de Estado 9 y a lo regulado en el artículo 1. ° de la Ley 91 de 1989, a través de la cual, definió a los docentes de carácter nacional, nacionalizado y territorial.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante en escrito de alegatos de conclusión 10, solicita aplicar la sentencia de unificación proferida el 21 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante la cual, al analizar la procedencia y origen de los recursos a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, para que, en atención a lo allí regulado, se proceda al reconocimiento de la pensión gracia.

La UGPP presentó escrito de alegatos de conclusión 11 en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la decisión de primera instancia , al reiterar que pese a que el actor demostró el carácter de una vinculación nacionalizada entre el 16 de septiembre de 1975 y el 15

argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la decisión de primera instancia , al reiterar que pese a que el actor demostró el carácter de una vinculación nacionalizada entre el 16 de septiembre de 1975 y el 15 de septiembre de 1980, también desempeñó sus servicios como docente nacional entre el 1.°de septiembre de 1995 y el 28 de febrero de 2014, por lo cual, no cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado s e abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia12.

8 Folios 132 a 138. 9 Sentencia del 6 de abril de 2017. Radicación:13001 -23-33-002-013-00378-01. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 10 Folios 184 a 201. 11 Folios 202 a 205. 12 Según constancia visible a folio 206.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente, el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,

gracia, especialmente, el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la

ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta neces ario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990

oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocer á sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mes ada pensional.»

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mes ada pensional.»

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derech o a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección S egunda del Consejo de

texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección S egunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recu rsos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las e ntidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,

entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía co n algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacional izados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación

rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacional izados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como ter ritoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamie ntos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores

directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la na turaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con in dependencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,16 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providenc ias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calida d de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera

municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calida d de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales

el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan a determinar si e l carácter de la vinculación del señor Carlos Ungrey Sandoval a la docencia oficial a partir del 11 de agosto de 1995, corresponde a una relación legal y reglamentaria de naturaleza jurídica nacional que impidan ser tenidos como válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Como se determinó en el acápite que antecede, para ser beneficiario de la pensión gracia, se debe acreditar 50 años de edad, 20 años de servicios en instituciones municipales, departamentales y/o distritales, en plazas de docentes nacionalizadas y buena conducta en el ejercicio de la docencia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, no se encuentra que exista discusión y en todo caso, la Sala tiene este por acreditado puesto que el señor Carlos Ungrey Sandoval Fernández nació el 3 de enero 195017 y cumplió los 50 años el 3 de enero del 2000.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio d