CE - 012333000201600373011SENTENCIASENTENCIA20231030151637

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

Demandante: Jorge Enrique Agrado Restrepo Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Incumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. C arencia probatoria c alidad docente .

REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones N ° (i) PAP 057474 del 10 de junio de 2011; y (ii) UMG 046571 del 17 de mayo de 2012 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desa tó desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del

1 Folios 31 a 32.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional ocurrida el 7 de julio de 2008 y con efectividad desde esa misma fecha. Que las sumas adeudadas por este concepto sean debidamente indexadas.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

HECHOS2

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor Jorge Enrique Agrado Restrepo nació el 15 de marzo de 1960 . Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio desde el 1° de marzo de 1978 hasta el 10 de febrero de 2015, con vinculación nacionalizada, teniendo para el 7 de julio de 2008 más de 20 años de servicios, durante los siguientes periodos y con base en los nombramientos que pasan a enunciarse:

Que el 21 de febrero de 2011 , la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución N° PAP 57474 del 10 de junio de 2011 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución N° UGM 046571 del 17 de mayo de 2012, siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 2 de agosto de 20163 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5, a través del cual manifestó que el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1978 al 23 de febrero de 1987 fue prestado bajo la modalidad de educación no formal, la cual no se encuentra enmarcada dentro del tipo de vinculación establecida por las normas que regulan la

el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1978 al 23 de febrero de 1987 fue prestado bajo la modalidad de educación no formal, la cual no se encuentra enmarcada dentro del tipo de vinculación establecida por las normas que regulan la

2 Folios 32 a 33. 3 Folios 47 a 48. 4 Folio 55. 5 Folios 67 a 72. Acto administrativo Trámite Desde Hasta Resolución N°096 del 24 de abril de 1978 Nombramiento 01/03/1978 30/04/1979 Decreto N°0338 del 23 de febrero de 1987 Nombramiento 25/02/1987 01/02/2000 Resolución N°0294 del 2 de febrero de 2000 Traslado comisión 02/02/2000 29/05/2000 Resolución N°126 del 14 de junio de 2005 Termina comisión 14/06/2005 Resolución N°577 del 15 de septiembre de 2008 Nombramiento prueba 18/09/2006 09/12/2008 Resolución N°682 del 6 de junio de 2008 Nombramiento propiedad 10/20/2008 Resolución N°123 del 10 de diciembre de 2008 Confirma nombramiento 10/02/2008 10/02/2015Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

materia, por lo que no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación

materia, por lo que no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido , ( ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y; (iii) prescripción.

En la audiencia inicial 6 se indicó que las excepciones propuestas no constitu ían verdaderas excepciones previas, sino que eran argumentos de defensa por lo que postergó el estudio de estas al momento de emitir sentencia. Seguidamente en esta diligencia se fijó el litigio a partir de los hechos sobre los cuales existía desacuerdo; se indicó que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas . Finalmente, en atención a que no existían pruebas por practicar corrió traslado para presentar alegatos de conclusión de conformidad al artículo 181 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 23 de marzo de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de los actos reprochados y, por lo tanto, conden ó a la UGPP a reconocer la pensión gracia a favor del reclamante con efectos fiscales desde el 28 de marzo de 2013, por prescripción trienal. Igualmente, se abstuvo de condenar en costas al no haberse logrado comprobar la causación de las mismas.

Para lo anterior argumentó que , las labores desempeñadas por el demandante en su condición de docente alfabetizador resultan computables, en tanto implican el ejercicio de la actividad docente además que las mismas se registraron en el Distrito

Para lo anterior argumentó que , las labores desempeñadas por el demandante en su condición de docente alfabetizador resultan computables, en tanto implican el ejercicio de la actividad docente además que las mismas se registraron en el Distrito Educativo N°9 del municipio de Cartago, con vinculaciones de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Ca uca, razón por la cua l son de tipo departamental.

Que si bien es cierto la Resolución 044 del 05 de marzo de 1979 fue expedida por el gobernador del departamento de Nariño, se advierte que dicho acto administrativo también fue suscrito por el delegado del Ministerio de Educación, situación que en principio haría que la vinculación del accionante al servicio docente sea de carácter nacional. Sin embargo, debe acogerse el criterio de unificación del Consejo de Estado en sentencia del 21 de junio de 2018, según el cual no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convirtieran en educadores nacionales solo por acreditarse la intervención de la mentada cart era gubernamental. Además, indicó que tendría en cuenta los tiempos desempeñados por el demandante como coordinador, rector y director, en tanto, conforme al artículo 2°

6 Folios 83 a 85. 7 Folios 331 a 348.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

del Decreto 2277 de 1979, el ejercicio de la profesión docente incluye funciones de

www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

del Decreto 2277 de 1979, el ejercicio de la profesión docente incluye funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar.

Respecto de los servicios prestados como secretario de Educación del municipio de Cartago, cargo al que fue nombrado como consecuencia de una comisión , señaló que por la naturaleza misma de la plaza no podría ser teniendo en cuenta para el cómputo de la pensión pretendida pues no se logró acreditar que durante el ejercicio del mismo hubiese cumplido funciones de enseñanza.

Que, si bien a partir del acta de posesión N°282 de 25 de febrero de 1985, se indicó que el cargo que ejerció entre el 25 de febrero de 1987 y el 1° de febrero de 2000 el demandante como profesional intermedio en el Subcentro de Capacitación Popular Alfonso López Pumarejo es originario de la « Gobernación del Departamento y el Fondo Educativo Regional» lo cierto es que este tiempo debe ser tenido en cuenta, en tanto el Decreto de nombramiento y posesión fueron expedidos y suscritos por la entidad territorial y no se logró probar que la financiación del cargo proviniera de la Nación.

Aunado a ello, precisó que, aunque los emolumentos laborales del actor se hubiesen pagado con recursos del presupuesto nacional para el sector educativo a través del Sistema General de Participaciones, ello no conlleva la desnaturalización del nombramiento, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que s iendo así, se encuentra probado que el demandante se desempeñó como

través del Sistema General de Participaciones, ello no conlleva la desnaturalización del nombramiento, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que s iendo así, se encuentra probado que el demandante se desempeñó como docente por un lapso de 27 años, 8 meses y 2 días, de manera que se logra establecer que aquel cuenta con más de 20 años de servicio, y su primer relación legal y reglamentaria se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Que, en tal sentido, toda vez que se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados, el demandante adquirió su status pensional el 15 de marzo de 2010, data en la cual cumplió con la edad mínima requerida de 50 años.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, el actor no demostró el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley 114 de 1913 , debido a que la vinculación que tuvo antes de l 31 de diciembre de 1980 fue en interinidad, calidad respecto de la cual no se puede predicar una vinculación legal o reglamentaria.

Que los docentes que antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989 (diciembre 29 de

8 Folios 119 a 124.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

1. hubieran completado todos los requisitos exigidos para tener el derecho a la

www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

1. hubieran completado todos los requisitos exigidos para tener el derecho a la pensión gracia, tienen derecho a que la Caja Nacional de Previsión S ocial les reconozca la prestación al contar con un derecho adquirido. No obstante, adujo que «no sucede lo mismo con quienes al 29 de diciembre de 1989 aún no habían cumplidos los requisitos para gozar de tal prestación, pues frente a ellos simplemente existía una mera expectativa o probabilidad de obtener algún día ese beneficio, [teniendo estos últimos] únicamente derecho a la pensión de jubilación».

Que los actos demandados gozan de presunción de legalidad y para desvirtuarlo era necesario aportar todos los elementos probatorios idóneos; situación que no aconteció en el caso concreto.

Que la pensión gracia es una prestación económica «de la cual son beneficiarios los docentes del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizados que se hayan vinculado a 31 de diciembre de 1980, que acrediten 20 años de servicio en la docencia o ficial, […] con la salvedad que no se pueden computar tiempos prestados el orden nacional».

Finalmente, adujo que el Tribunal no evaluó de forma completa el acervo probatorio reconociendo la pensión gracia cuando no había lugar a ello.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada al presentar los alegatos de conclusión se ratificó en cado uno de los argumentos expresados en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, resaltando que, si bien el demandante se vinculó laboralmente desde el

La parte demandada al presentar los alegatos de conclusión se ratificó en cado uno de los argumentos expresados en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, resaltando que, si bien el demandante se vinculó laboralmente desde el 1 de marzo de 1978 hasta el 23 de febrero de 1987, tal servicio fue prestado bajo la modalidad de educación no formal, la cual no se encuentra en el alcance de protección de las disposiciones normativas de la pensión gracia.

A su vez, resa ltó que no es computable el tiempo servido como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que esta no estaba prevista para los maestros de tal categoría por las distintas condiciones salariales que ostentaban.

La parte demandante se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal 9.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto en esta oportunidad10.

9 Según constancia secretarial obrante a folio 189 del expediente. 10 Ibíd.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún

cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la

de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 c onsagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 194 7, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los do centes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

Sobre el punto, la jurisprudencia de es ta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyen do a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con l a totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,

siempre y cuando cumplan con l a totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Na ción a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que tam bién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los

regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que tam bién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio q ue prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 13 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

el universo de esos recursos le pertenecía de forma excl usiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

el universo de esos recursos le pertenecía de forma excl usiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de l os actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialment e relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a lo s educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas

conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a lo s educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independenc ia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00373-01 (5277-2018)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquell