CE - 012333000201601862011SENTENCIA20231214004935

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) Temas: Pensión de jubilación – Decreto 546 de 1971

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA _____________________________________________________________________

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 1 se integrará nueva Sala con dos de los magistrados que hacen parte de la Subsección B, es decir, con los doctores Juan Enrique Bedoya Escobar y César Palomino Cortés, quienes conformarán la Sala de Subsección para resolver el asunto de la referencia, teniendo en cuenta que se afectó el quorum decisorio, pues el doctor Jorge Iván Duque, miembro de a Subsección A, fue separado del conocimiento del asunto, a través de providencia del 24 de agosto de 20232 y el doctor Gabriel Valbuena Hernández terminó su período constitucional el 3 de noviembre de 2023.

Dicho lo anterior, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte

24 de agosto de 20232 y el doctor Gabriel Valbuena Hernández terminó su período constitucional el 3 de noviembre de 2023.

Dicho lo anterior, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1 Artículo 131. Trámite de los impedimentos . Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

[…] 3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno. […] 2 Folios 199 y 200.2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Jorge Juan Barrera Gómez , mediante apoderado, formuló

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Jorge Juan Barrera Gómez , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

• 010684 del 28 de abril de 2011 (nulidad parcial), expedida por COLPENSIONES, a través de la cual se reconoció una pensión de jubilación al señor Jorge Juan Barrera Gómez, en lo relacionado con el valor de la mesada pensional de $ 8.875.941, para el año 2011, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, aplicó la Ley 33 de 1985 frente a los requisitos de edad y tiempo de servicio y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo atinente a la forma de determinación del IBL.

• VPB 182 del 9 de enero de 2014, emitida por COLPENSIONES, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación contra la Resolución 010684 de 2011, en el sentido de modificar su contenido.

• GNR 387151 del 30 de noviembre de 2015, a través de la cual negó una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación presentada por el demandante, en la que pretendía la aplicación del Decreto 546 de 1971.

• VPB 10042 del 1.° de marzo de 2016, mediante la cual modificó la Resolución GNR 387151 de 2015, en el entendido de reliquidar la pensión de jubilación del actor en cuantía de $ 11.691.264, para el 2016, condicionada al retiro definitivo del servicio, en

387151 de 2015, en el entendido de reliquidar la pensión de jubilación del actor en cuantía de $ 11.691.264, para el 2016, condicionada al retiro definitivo del servicio, en aplicación de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación reconocida a su favor, conforme a los parámetros contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 546 de 1971, es decir, con una tasa de reemplazo del 75 % de la asignación más elevada del último año de servicio (2015-2016), con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

representación, prima especial, bonificación por compensación y las doceavas partes de las primas de servicio, de vacaciones, de navidad y la bonificación por servicios ; ii) ordenar a COLPENSIONES ajustar los valores reconocidos teniendo en cuenta la variación del IPC certificado por el DANE y pagar los intereses moratorios a partir de la causación del derecho, de acuerdo con el artículo 195 del CPACA; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iv) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos3

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos3

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El 28 de abril de 2011, el extinto Instituto de Seguro Social (ISS) emitió la Resolución 010684 mediante la cual reconoció una pensión de jubilación a su favor, en cuantía de $ 8.875.941, a partir del retiro definitivo del servicio.

1. El señor Barrera Gómez presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 010684 de 2011, por considerar que le asistía el derecho de reliquidación de su pensión de jubilación bajo los términos del Decreto 546 de 1971, y no por los parámetros de la Ley 33 de 1985, como lo había considerado la autoridad pensional. Lo anterior, con fundamento en que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía más de 55 años de edad y 20 años de servicio público, entre ellos, más de 10 años en el Ministerio Público.

1. En enero de 2014, COLPENSIONES por medio de la Resolución VPB 182 resolvió de forma negativa la petición descrita en el anterior numeral, con fundamento en que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor no estaba vinculado al Ministerio Público. S in embargo, modificó la mesada pensional en el valor de $ 10.274.602, en los términos de la Ley 33 de 1985.

1. El 30 de noviembre de 2015, mediante la Resolución GNR 387151 COLPENSIONES negó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante en aplicación del Decreto

1. El 30 de noviembre de 2015, mediante la Resolución GNR 387151 COLPENSIONES negó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante en aplicación del Decreto 546 de 1971.

1. El 1.° de marzo de 2016, COLPENSIONES expidió la mediante la Resolución VPB 10042

3 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.4

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

a través de la cual desató de forma negativa un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución GNR 387151 de 2015. Sin embargo, modificó la mesada pensional en el valor de $ 11.691.264, en los términos de la Ley 33 de 1985.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 12 del Decreto 717 de 1978; y el Decreto 546 de 1971.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

1. Los actos administrativos reprochados desconocen las normas en las que debieron fundarse porque el actor , en su condición de beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación bajo los términos del régimen especial del artículo 6 del Decreto

fundarse porque el actor , en su condición de beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación bajo los términos del régimen especial del artículo 6 del Decreto 546 de 1976, en concordancia con los artículos 12 y 45 de los Decretos 717 y 1045 de 1978, respectivamente, y no conforme a la Ley 33 de 1985, pues esta última norma rige a los empleados oficiales diferentes a los señalados por la norma especial.

1. Si bien es cierto el demandante se vinculó a la Procuraduría General de la Nación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 , también lo es que para esa data (1.° de abril de 1994) «se desempeñaba como funcionario dentro del Ministerio Público [,] ejerciendo funciones en la Personería del municipio de Medellín» desde el 6 de abril de 1992.

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:4

1. La pensión de jubilación del demandante fue reconocida conforme a los lineamientos internos establecidos por COLPENSIONES, a la jurisprudencia aplicable al caso, de manera que no se adeuda al señor Barrera Gómez suma adicional a las ya canceladas.

En efecto, si bien el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la

4 Folios 56 al 77.5

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

En efecto, si bien el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la

4 Folios 56 al 77.5

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

Ley 100 de 1993, no le son aplicables las disposiciones del Decreto 546 de 1971 porque su vinculación con el Ministerio Público ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, el régimen pensional aplicable es el contenido en la Ley 33 de 1985, tal como se estableció en los actos censurados.

1. El ingreso base de liquidación al no formar parte de la transición, como lo señala la Corte Constitucional en las Sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, debe establecerse conforme a la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los factores devengados durante los últimos 10 años o los que hicieren falta, taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994. Para quienes les faltare más de 10 años, el ingreso base de liquidación será el previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

1. Los argumentos del demandante carecen de veracidad pues se encuentran acreditadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de reliquidar la prestación con factores salariales no reportados, pago y compensación, prescripción, improcedencia de la indexación de condenas, buena fe e imposibilidad de condena en costas.5

1.2.1.1. Llamamiento en garantía

reportados, pago y compensación, prescripción, improcedencia de la indexación de condenas, buena fe e imposibilidad de condena en costas.5

1.2.1.1. Llamamiento en garantía

COLPENSIONES, por intermedio de apoderad o, solicitó llamar en garantía a la Procuraduría General de la Nación, por ser la entidad responsable, en calidad de empleador, de cotizar y realizar los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones a favor del señor Jorge Juan Barrera Gómez.6

En consecuencia, teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, la referida entidad debe ser parte del proceso.

1.2.2. La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por lo siguiente:7

5 El Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco de la audiencia inicial celebrada el 31 de mayo de 2018, señaló que las excepciones presentadas por COLPENSIONES por considerarse argumentos de defensa, el pronunciamiento de fondo se haría en la sentencia que se emita. Folios 116 y 117. 6 Folios 1 al 4 del cuaderno de llamamiento en garantía. Es preciso anotar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad a través de auto del 7 de febrero de 2017, admitió el llamamiento en garantía efectuado por Colpensiones contra la Procuraduría General de la Nación. Folio 5 del cuaderno de llamamiento en garantía. 7 Folios 11 al 13 del cuaderno de llamamiento en garantía.6

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

7 Folios 11 al 13 del cuaderno de llamamiento en garantía.6

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

1. Los gastos de representación no constituyen factor salarial, en ese orden no forma n parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales, aportes parafiscales ni de la seguridad social.

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación efectuó, conforme a la ley, los aportes a pensión del actor, en el cargo de procurador judicial II Penal, esto es, sobre la asignación básica y no sobre los gastos de representación.

1. En caso que se acceda a las pretensiones de la demanda, debe vincularse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que asigne los rubros presupuestales necesarios tendientes al pago eventual ordenado en la sentencia que se profiera.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante sentencia proferida el 27 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:8

1. De acuerdo con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 546 de 1971, la aplicación del referido decreto procede si se cumplen los siguientes presupuestos: a. tener calidad de funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T -080 de 2013 y por el Consejo de Estado en la

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T -080 de 2013 y por el Consejo de Estado en la providencia del 12 de abril de 2012, radicado 3001233100020080070402; y b. tener la condición de beneficiario del régimen de transición de la ley en comento.

1. Al analizar el acervo probatorio, se advierte que no está en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993, pues esta situación es aceptada por las partes. Por otro lado, se acreditó que laboró en la Personería de Medellín, como profesional universitario, desde el 4 de marzo de 1987 hasta el 18 de junio de 1989; en el municipio de Medellín, como inspector de policía, desde el 6 de abril de 1992 hasta el 22 de diciembre de 1994; y en la Procuraduría General de la Nación desde el 23 de diciembre de 1994 hasta la fecha de su retiro, en el cargo de procurador judicial.

8 Folios 166 al 175.7

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

En ese orden de ideas, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el actor no era beneficiario del régimen especial del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 , dado que no estaba vinculado en la Procuraduría General de la Nación o en la Rama Judicial para esa data; por ende, no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable que le permitiera obtener su derecho pensional a la luz del referido decreto.

estaba vinculado en la Procuraduría General de la Nación o en la Rama Judicial para esa data; por ende, no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable que le permitiera obtener su derecho pensional a la luz del referido decreto.

1. A pesar de que queda clara la conclusión anterior, el tiempo laborado por el actor en calidad de profesional universitario de la Personería de Medellín, tampoco podría tenerse en cuenta como laborado al servicio del Ministerio Público, porque el Consejo de Estado ha señalado que por m andato de la Constitución Política de 1991 , los personeros y sus delegados en el orden territorial, son los únicos que ejercen Ministerio Público, razón por la cual sólo cuando se desempeñan tales cargos puede predicarse el derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971.

1. Por lo expuesto, se niegan las pretensiones de la demanda. No hay lugar a estudiar el llamamiento en garantía, dado que es una cuestión accesoria a la demanda principal.

Con condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

El señor Jorge Juan Barrera Gómez , por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, por las razones que se expresan a continuación:9

1. El artículo 36 de la Ley 100 de 199 3 no establece más requisitos adicionales para acceder al régimen de transición a los ahí contenidos, a saber, contar con más de 40 años de edad para el caso de los hombres o 15 años de servicio, de manera que la afiliación antes de su entrada en vigencia n o es una exigencia contemplada por el legislador, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación

años de edad para el caso de los hombres o 15 años de servicio, de manera que la afiliación antes de su entrada en vigencia n o es una exigencia contemplada por el legislador, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia del 19 de septiembre de 2002, radicado 18304 y el Consejo de Estado en providencia del 31 de agosto de 2000, exp 16717.

1. El actor sí cumple la exigencia del Decreto 546 de 1971 porque prestó sus servicios por más de 20 años en el sector oficial, dentro de los cuales más de 10 fueron en el

Ministerio Público.

9 Folios 178 al 181.8

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

En ese orden, se observa que existen diferentes interpretaciones en cuanto al «régimen aplicable a las personas que estaban bajo determinado sistema laboral a la entrada en vigencia de la [L]ey 100/93 y cumplan los requisitos de otro». Por lo tanto, se imp one resolver el asunto con base en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

1. De acuerdo con los numerales 5 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, debe revocarse la condena en costas porque el sub lite no exigió mayor grado de controversia, aunado al hecho que es un asunto de puro derecho.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

1.5.1. COLPENSIONES, a través de apoderado, solicitó confirmar lo resuelto en primera instancia, en atención a los argumentos dados en la contestación de la demanda.10

1.5.1. COLPENSIONES, a través de apoderado, solicitó confirmar lo resuelto en primera instancia, en atención a los argumentos dados en la contestación de la demanda.10

1.5.2. El señor Jorge Juan Barrera Gómez, por medio de apoderado, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, reiterando los motivos dados en el recurso de apelación.11

1.5.3. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a continuación:12

1. Las partes no discuten que el demandante está cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, el actor no era beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, pues pese a que desempeñó sus funciones desde el 23 de diciembre de 1994 hasta la fecha de su retiro en la Procuraduría General de la Nación, lo cierto es que para el 1.° de abril de 1994 no se encontraba vinculado a la Rama Judicial o el Ministerio Público, por lo que no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable que le permitiera obtener su derecho pensional de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del precitado decreto.

10 Índice 25 de la plataforma SAMAI. 11 Índice 26 de la plataforma SAMAI. 12 Índice 27 de la plataforma SAMAI.9

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

12 Índice 27 de la plataforma SAMAI.9

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

1. Así mismo, contrario a lo que plantea en la demanda, no le es válido pensionarse de acuerdo con en el ingreso base de liquidación del régimen pensional anterior, pues, el Consejo de Estado mediante la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, sostuvo que debe ser el definido en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 idem. Además, respecto de los factores que se tienen en cuenta para efectos de la liquidación, deben ser aquellos frente a los cuales efectivamente cotizó al sistema general de pensiones.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i) si el señor Jorge Juan Barrera Gómez tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971; y ii) si la condena en costas impuesta al señor Jorge Juan Barrera Gómez es acorde con los postulados del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 365 del CGP.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Del régimen especial de jubilación contenido en el Decreto 546 de 1971

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, 13 la cual es u n precedente

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, 13 la cual es u n precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, precisó las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993:

En primer lugar, definió que son beneficiarios del régimen especial de pensiones para la Rama Judicial o Ministerio Público quienes cumplan con las condiciones impuestas por los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CESUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, expediente: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).10

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

[…] 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos: i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional

adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos: i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados. ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;14 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En segundo lugar, precisó que las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo que se deben reunir para el reconocimiento pensional son las estatuidas por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Así lo señaló:

[…] iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o

consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75% […].

En tercer lugar, puntualizó que el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso. Así lo señaló la providencia en mención:

[…] e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; […].

En cuarto lugar, se refirió a los factores salariales que deben hacer parte del ingreso base de liquidación, para señalar que se deben computar los indicados por el Decreto

base en IPC certificado por el DANE; […].

En cuarto lugar, se refirió a los factores salariales que deben hacer parte del ingreso base de liquidación, para señalar que se deben computar los indicados por el Decreto 1158 de 1994, previstos para la generalidad de los servidores públicos, además de otros emolumentos que fueron es tablecidos con posterioridad pero que también tienen

14 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.11

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021)

Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez

incidencia pensional para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. La regla se dejó expuesta en los siguientes términos:

[…] con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;15 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]

Como fundamento de lo anterior la Sala, expuso:

[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º de abril de 1994

de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]

Como fundamento de lo anterior la Sala, expuso:

[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º de abril de 1994 los servidores de la Rama Judicial quedaron incorporados al sistema general de pensiones, y que, en virtud de tal incorporación a través del artículo 6.º del D ecreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1.°16 del Decreto 1158 de 1994, fueron fijados como factores de salario para liquidar su ingreso base de cotización la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados, lo cierto es que estos servidores, precisamente en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido p or el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la liquidación de su pensión los siguientes:

Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial; la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de tribunales; la prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el Decreto

de 2012