CE - 012333000201700622011SENTENCIA20230419125746

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE : GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veint itrés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: OLMES ARDILA PEÑA

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES - COLPENSIONES

Tema: Régimen de transición en pensiones – servidores del D.A.S.

LEY 1437 DE 2011 – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 20 de agosto de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones 1

El señor Olmes Ardila Peña , actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó los siguientes actos administrativos:

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó los siguientes actos administrativos:

• Que se declare la nulidad parcial de la Resolución VPB 3024 del 22 de enero de 2016, por medio de la cual se reconoció su pensión de vejez. - Que se declare la nulidad del Oficio BZ2016 -50406131467502 de 14 de junio de 2016 en el que COLPENSIONES solicitó autorización para revocar la Resolución VPB 3024 de

1 Folios 44 y 45 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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2 22 de enero de 2016 .

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del der echo, solicitó se ordene reliquidar su pensión con fundamento en lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1835 de 1994 , y, por ende, se ordene la inclusión del 75% de la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de se rvicios, esto es, con la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de riesgo, la s doceavas partes de los siguientes

de los factores salariales percibidos en el último año de se rvicios, esto es, con la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de riesgo, la s doceavas partes de los siguientes emolumentos: prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, desde el 15 de febrero de 2014 pero con efectos fi scales a partir del retiro efectivo del servicio ; que se indexen las sumas en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, así como las diferencias entre lo reconocido y lo que corresponde.

2.2. Hechos 2.

Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:

El señor Olmes Ardila Peña nació el 8 de diciembre de 1967 ; y se vinculó al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. desde el 20 de noviembre de 1990 hasta el 14 de febrero de 2011, en actividades de alto r iesgo como detective profesional 207 -09.

Conforme con lo anterior cumplió con el estatus jurídico de pensionados el 20 de noviembre de 2010, al momento de cumplir con los 20 años de servicios.

A través de la Resolución 3024 del 22 de enero de 2016 le fue reconocida la pensión de vejez , sin que se haya tenido en cuenta la totalidad de factores devengados durante el último año de servicios.

2.3. - Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se invoca ron las siguientes:

• Constitución Política : artículos 2, 13, 25, 53 y 58. - Código Sustantivo del Trabajo: artículo 21 . - Ley 57 de 1887.

Como normas violadas se invoca ron las siguientes:

• Constitución Política : artículos 2, 13, 25, 53 y 58. - Código Sustantivo del Trabajo: artículo 21 . - Ley 57 de 1887.

2 Folios 73 a 76 del cuaderno 1.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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3 - Ley 157 de 1887. - Ley 100 de 1993: artículos 36, 140 y 288. - Decreto 1047 de 1978. - Decreto 1933 de 1989. - Decreto 1835 de 1994 - Decreto 1950 de 1973.

Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que la entidad demandada debe procede r a reconocer la pensión con base en el régimen de transición de actividades de alto riesgo contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 por haber labora do por más de 2 0 años de forma continua e ininterrumpida en cargos exceptuados de la aplicación del régimen general de pensiones .

2. 4. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 3, por medio de apoderado, presentó escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

2. 4. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 3, por medio de apoderado, presentó escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque el señor Ardila Peña no tiene derecho a las declaraciones y condenas que solicitó.

Para el efecto, expuso que ni siquiera tiene derecho a la pensión reconocida, tan es así que a través del Oficio BZ2016 -50406131467502 de 14 de junio de 2016, solicitó al demandante su aquiescencia para revocar el reconocimiento de la pensión, con fundamento en la causal 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el señor Ardila Peña no reunía el tiempo de servicios necesario para acceder a la pensión de vejez.

Adicionalmente, manifestó que la pensión de los beneficiarios del régimen de transición se debe liqui dar de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C – 258 de 2013, SU 230 de 2015 .

Por último, solicitó que en el evento en el que se acceda a las pretensiones se ordene la prescripción trienal que corresponda.

2.5. Decisiones relevantes en la audien cia inicial. 4

3 Folios 77 a 80 del expediente . 4 Folios 105 a 108 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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Demandante: Olmes Ardila Peña

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En la audiencia inicial desarrollada el 3 de septiembre de 2018 , el Tribunal Administrativo de Santander señaló que la excepción de prescripción, por tener el carácter de mixta, habría de resolverse en la sentencia.

Adicionalmente, fijó el litigio en los siguientes términos:

«Se deberá estudiar la legalidad de los siguientes acto s administrativos:

• Resolución VPB No. (sic) 3024 de 22 de Enero (sic) de 2016 proferida por el (sic) VICEPRESIDENTA DE BENEFICIOS Y

PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. - Oficio BZ2016 -5040613 -1467502 de fecha 14 de junio de 2016 proferida (sic) por el (sic) VICEPRESIDENTA DE

BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADO RA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

En caso de declararse nulo (sic) los actos administrativos demandados, se resolverá si hay lugar o no, a ordenar a la demandada la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de la demandante, equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado en el último año de servicio, junto con la respectiva indexación de los valores

demandada la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de la demandante, equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado en el último año de servicio, junto con la respectiva indexación de los valores reconocidos. De la fijación del objeto del litigio propuesta por el Despacho, se da traslado a las partes, para que manifiesten si están conformes, o si tienen algún aspecto que no se encuentre incluido y que consideren debe ser objeto de d ebate probatorio ».

2.6 . La sentencia de primera instancia 5

Mediante sentencia de 20 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar, hizo referencia a la normativa que rige la pensión de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. , y expuso que este le es aplicable a aquellos servidores vinculados con antelación al 3 de agosto de 1994.

5 Folios 375 a 395 del cuaderno 2.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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Ahora bien, en relación con la forma en la que se debe realizar la liquidación de la pensión, señaló que , en la sentencia de 30 de

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5

Ahora bien, en relación con la forma en la que se debe realizar la liquidación de la pensión, señaló que , en la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida dentro del expedie nte 3717 -2015 , el Consejo de Estado indicó que se deben seguir las reglas relativas al ingreso base de liquidación fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 , respecto del cálculo del ingreso base de liquidación, esto es, siguiendo las prescripciones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En el caso concreto, señaló que Olmes Ardila Peña prestó sus servicios como detective desde el 15 de octubre de 1991 hasta el 15 de febrero de 2011, lo que supone un tiempo de servicio de 19 años, 4 m eses y 14 días por lo que en principio no cumpliría con el tiempo de servicios que exige el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978.

Sin embargo, indicó que el señor Ardila Peña solicitó completar el tiempo de servicios con la inclusión del lapso relativo al servicio militar obligatorio que prestó desde el 9 de mayo de 1988 hasta el 30 de diciembre de 1989 con lo que cumplió con el tiempo de servicios establecido en el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978 .

En ese sentido, por haberse vinculado ante s de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994 señaló que es beneficiario del régimen de transición .

En la Resolución VPB 3024 de 22 de enero de 2016 le fue reconocida la pensión de vejez con fundamento en lo previsto en el

régimen de transición .

En la Resolución VPB 3024 de 22 de enero de 2016 le fue reconocida la pensión de vejez con fundamento en lo previsto en el Decreto 1047 de 1978 y en la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con las consideraciones relativas al ingreso base de liquidación, sostuvo que el señor Ardila Peña no tenía derecho a que se liquidara su pensión con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio con la i nclusión de factores respecto de los que no hizo aportes , pues ello implicaría desconocer el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018, proferida dentro del expediente con radicad o 52001 -23 -33 -0002012 -00143 -01.

En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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Como aspecto adicional consideró que no hay lugar a analizar la legalidad del Oficio BZ2016 -5040613 -1467502 de fecha 14 de junio de 2016 en el que se solicita la autorización para revocar el reconocimiento de la pensión en tanto que no constituye un acto administrativo que cree, modifique o extinga una situación

de 2016 en el que se solicita la autorización para revocar el reconocimiento de la pensión en tanto que no constituye un acto administrativo que cree, modifique o extinga una situación administrativa del demandante, por lo que no es susceptible de control judicia l.

Por último, el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de condenar en co stas al señor Ardila Peña , toda vez que la decisión se basó en la posición asumida por el Consejo de Estado, con posterioridad a la presentación de la demanda.

2.7. El recurso de apelación 6

El apoderado del señor Olmes Ardila Peña presentó recurso de apelación contra la sentencia de l 20 de agosto de 2019 pues el Tribunal Administrativo de Santander omitió tener en consideración que se solicitó que los efectos fiscales de la pensión se tuvieran a partir del 15 de febrero de 2011 7, y no a partir del 8 de diciembre de 2015, como erróneamente se determinó en el acto acusado.

Por otra parte, sostuvo que se debió hacer un an álisis de legalidad del Oficio BZ2016 -5040613 -1467502 de fecha 14 de junio de 2016 porque podía producir efectos jurídicos.

A lo anterior agregó que en la sentencia de 19 de agosto de 2020 se omitió tener en cuenta que la prima de riesgo es factor de liquidación de la pensión, pu esto que, respecto de la misma se hacen descuentos.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se ordene revocar parcialmente la Resolución VPB 3024 del 22 de enero de 2016, en el sentido de establecer que cobró efectividad

hacen descuentos.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se ordene revocar parcialmente la Resolución VPB 3024 del 22 de enero de 2016, en el sentido de establecer que cobró efectividad a partir del 15 de febrero de 2011 , con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, así

6 Folios 142 a 149 del expediente. 7 En las pretensiones se señaló como fecha de efectos fiscales el 15 de febrero de 2014.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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7 como del Oficio BZ2016 -5040613 -1467502 de fecha 14 de junio de 2016 .

2.8 . Alegatos de conclusión

La parte demandante 8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El apoderado de la entidad demandada solicitó 9 se confirme la sentencia de primera instancia por cuanto resulta acorde con la posición defendida actualmente tanto por el Consejo de Estado, como por la Corte Constitucional.

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento

como por la Corte Constitucional.

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

8 Índice 19 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 20 del aplicativo SAMAI. 10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de au tos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 11 «Com petencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por l a ley […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

por l a ley […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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3.3 . Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el demandante, le corresponde a la Sala determinar si el señor Olmes Ardila Peña tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% de l promedio de todos los factores salariales devengado s en el último año de servicios .

Para resolver el problema jurídico planteado, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) Régimen especial de pensiones de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de l os servidores públicos que desarrollan funciones catalogadas como de alto riesgo . Sentencia de unificación ; (ii i) Análisis del caso concreto.

3.4 . Marco normativo y jurisprudencial

Del régimen pensional especial reconocido a empleados del extinto DAS

El régimen especial de pensiones de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de los servidores públicos que desarrollan funciones catalogadas como de alto riesgo ha tenido el siguiente desarrollo normativo:

En ejercicio de las fac ultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 12, el cual dispuso:

ha tenido el siguiente desarrollo normativo:

En ejercicio de las fac ultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 12, el cual dispuso:

«ARTICULO 1o. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el inst ituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

ARTICULO 2o. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan

12 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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9 al servicio d el Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.

un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.

ARTÍCULO 3o. Para los fines del presente Decreto se entiende por dactiloscopista el empleado público que en forma permanente y continua, recoge, analiza, interpreta, confronta y clasifica huellas digitales con fines investigativos o de identificación, o desarrolla cualesquiera de las diferentes actividades técnicas que deben cumplir los dactiloscopistas en su condición de miembros de la Policía Judicial y como auxiliares de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público en la investi gación de hechos delictivos ».

Esta norma estableció que: (a) los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de formación imp artido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad y (b) que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanecieran al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas, podían acceder a la prestación al cumplir 50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados a dicha entidad.

El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 por el cual se expidió el régimen especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en su artículo 1º dispuso:

dicha entidad.

El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 por el cual se expidió el régimen especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en su artículo 1º dispuso:

«ARTÍCULO 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece ».

A su vez, en el artículo 10 ibidem , determinó que para el reconocimiento de la pensión de jubilación los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se regirían: (a) por las normas generales previstas para los empleados de laNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

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10 administración pública d el orden nacional y (b) los empleados que desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado , así como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones , se regirían por lo previsto en el Decre to Ley 1047 de 1978.

desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado , así como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones , se regirían por lo previsto en el Decre to Ley 1047 de 1978.

Por su parte, el artículo 140 13 de la Ley 100 de 1993 previó:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos. El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.»

En desarrollo de la Ley 4.ª de 1992 y del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las activid ades de alto riesgo de los servidores públicos, que circunscribió a las siguientes:

«ARTICULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS:

artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS:

Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente. […]

3. En el Ministerio Público.

Procuradores Delegados en lo Penal Procuradores Delegados para los derechos humanos Procuradores Delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

13 Declarado exequible por la Corte Constitucional en senten cia C -003 de 1996.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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11 Funcionarios y empleados de la oficina de investigaciones especiales y empleados de los cuerpos de seguridad » (subraya la Sala)

En virtud de este Decreto, la labor de los detectives en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de los funcionarios y empleados de la Oficina de Investigaciones Especiales y los empleados de los cuerpos de seguridad del Ministerio Público fue catalogada como actividad de alto riesgo.

A su vez, el artículo 3º del Decreto 1835 de 1994 , determinó que los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que ingresaran a partir de la fecha de su entrada en vigencia tendrían derecho al reconocimiento de la pensión de vejez cuando

A su vez, el artículo 3º del Decreto 1835 de 1994 , determinó que los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que ingresaran a partir de la fecha de su entrada en vigencia tendrían derecho al reconocimiento de la pensión de vejez cuando cu mplieran los siguientes requisitos: (a) 55 años de edad y (b) 1000 semanas de cotización especial en las actividades de alto riesgo.

Asimismo, el artículo 4º del citado Decreto estableció un régimen de transición especial para los detectives del Departame nto Administrativo de Seguridad DAS, según el cual quienes estuviesen vinculados a la entidad con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Decreto, esto es, el 4 de agosto de 1994 , tendrían el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicad as por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Por su parte, la Ley 797 de 2003 en su artículo 17 confirió facultades extraordinarias al Gobierno para expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo.

Conforme con dicha facultad extraordinaria se expidi ó el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003 que derogó el Decreto 1835 de 1994 y definió en su artículo 2º las actividades consideradas de alto riesgo, así:

«ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en

«ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

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2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites p ermisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aero náutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civ il, de conformidad con las normas vigentes.

6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la

6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal qu e labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública ».

En la citada normativ a no se incluyó como actividad de alto riesgo las desarrolladas por los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad DAS ni por los funcionarios del Ministerio Público. No obstante, lo anterior, en su artículo 6.º introdujo un régimen de transición para las personas que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización es pecial, así:

«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial , tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las nor mas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo 14.

14 Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[ …] en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podránNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2017 -00622 -01 (5954 -2019)

Demandante: Olmes Ardila Peña

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Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en