CE - 012333000201800067011SENTENCIAFALLO20230331143807

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., 30 de marzo de 2023

Radicado No. 520012333000201800067 01

No. interno: 1338-2021 (expediente digital)

Actor: Nolberto Sánchez Torres.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Trámite: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / segunda instancia.

Asunto: Establecer si hay derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por la incapacidad adquirida cuando se desempeñó como soldado regular en el Ejército

Nacional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Nolberto Sánchez Torres contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

I. La demanda.1

1.1 Las pretensiones.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , Nolberto Sánchez Torres presentó una demanda con el fin que se declar ara la nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la petición que formuló el 5 de octubre de 2016 al Ministro de Defensa en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez y la reliquidación de la

petición que formuló el 5 de octubre de 2016 al Ministro de Defensa en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez y la reliquidación de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restabl ecimiento del derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en los términos del artículo 90 del Decreto 94 de 1989 2, reglamentado por el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 o , en su defecto, en aplicación del principio de

1 Demanda visible en el archivo denominado “1.- DEMANDA” del índice 2 de SAMAI.. 2 “(…) Artículo 90. Pensión de invalidez del personal de soldados y Grumetes. Partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de soldados Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público liquidada así: a) El 75% del sueldo básico de un Cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75 % y no alcance al 95%. b) El 100 % del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%. (…).Radicado No. 520012333000201800067 01.

No. interno: 1338-2021 (EXPEDIENTE DIGITAL)

determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%. (…).Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Actor: Nolberto Sánchez Torres.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

2 favorabilidad, la Ley 100 de 1993; el reajuste de la indemnización de acuerdo con los parámetros que por incapacidad psicofísica determine el Decreto 94 de 1989; el pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de los perjuicios causados; y, (ii) expedir la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Sala resume la situación fáctica, así:

Nolberto Sánchez Torres prestó su s servicios en el Ejército Nacional, como soldado regular desde el 1º de agosto de 1995 al 17 de junio de 1997, fecha en que fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente.

Nolberto Sánchez Torres fue valorado por la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército el 17 de junio de 1997, la que dictaminó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 20,35% por lesiones ocurridas en el servicio por causa y razón del mismo ; valoración que, a juicio de un médico especialista en salud ocupacional3, no corresponde a la realidad dado que su evaluación supera el 54.54%.

Con fundamento en este dictamen, el 5 de octubre de 2016 solicitó al ministro de

salud ocupacional3, no corresponde a la realidad dado que su evaluación supera el 54.54%.

Con fundamento en este dictamen, el 5 de octubre de 2016 solicitó al ministro de defensa el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 923 de 20044 y el reajuste de la indemnización, sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda no se había efectuado pronunciamiento alguno, lo cual generó el silencio administrativo negativo.

1.1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 29, 53 y 228; Código Contencioso Administrativo, artículos 2 y 3; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 9; Leyes 100 de 1993, artículo 40; 48 de 1993, artículo 40; y, Decreto 1496 de 2000, artículos 15, 37, 44 y 45.

En el concepto de violación expuso como razones las siguientes:

Cuando ingresó a l Ejército Nacional se encontraba en óptimas condiciones de salud, en tal sentido, la alteración que sufrió sucedió durante la prestación del servicio y, p or ello, no solo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez sino también al reajuste de la indemnización por la pérdida de la

3 Dr. Enrique Ayala Pérez. 4 “(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por

3 Dr. Enrique Ayala Pérez. 4 “(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro. (…)”.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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3 capacidad laboral. En el acta de la Junta Médico Laboral realizada no fueron consignadas todas las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado de manera ostensible su estado de salud.

Le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en la Ley 100 de 1993, pues, si bien es cierto resulta inaplicable por tratarse de u n régimen exceptuado, no es menos, que la jurisprudencia ha permitido la regulación de situaciones pensionales a la luz de aquella ley , en atención al principio de favorabilidad.

1.2 Contestación de la demanda.

tratarse de u n régimen exceptuado, no es menos, que la jurisprudencia ha permitido la regulación de situaciones pensionales a la luz de aquella ley , en atención al principio de favorabilidad.

1.2 Contestación de la demanda.

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se negaran las súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos5:

Nolberto Sánchez Torres no convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, que es la última instancia para conocer acerca de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico-laborales, con lo cual se entiende que el lesionado quedó conforme con el porcentaje que le fue concedido; pero además fue evaluado por personal idóneo de conformidad con las normas legales vigentes, por lo que no se ha incurrido en causal de nulidad alguna de los actos administrativos.

El régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública es diferente en su aplicación para el reconocimiento y pago de lo dispuesto por el legislador en el Sistema General de Seguridad Social previsto por la ley 100 de 1993 y demás normas que lo aclaren, adicionen o lo modifiquen, pues así lo ha señalado en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional6, máxime cuando el artículo 279 ibidem los exceptuó de su aplicación.

Se debió demandar el acta de Junta Médica Laboral por medio de la cual se le determinó una incapacidad permanente y relativa por una disminución de la capacidad laboral del 20,35% y no el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la petición que pre sentó el 5 de octubre de 2016 al ministro de defensa , por lo que debe negarse el reconocimiento de pensión de

capacidad laboral del 20,35% y no el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la petición que pre sentó el 5 de octubre de 2016 al ministro de defensa , por lo que debe negarse el reconocimiento de pensión de invalidez. Pero en caso de que no se tenga en cuenta lo anterior, para que el actor pueda tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez debe acreditar una incapacidad absoluta y permanente igual o superior al 75% de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, lo cual no se acreditó, como quiera que a través del Acta de Junta Médica Laboral se estableció que solamente ostentaba una disminución de la capacidad laboral del 20,35%.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia del derecho laboral, como quiera que no tiene derecho a la pensión de invalidez; (ii) presunción de legalidad del acto acusado, dado que es necesario demostrar que se haya proferido con desconocimiento de la Constitución y la ley, lo cual no se evidencia;

5 Visibles en el archivo denominado “8.- CONTESTACION DE DEMANDA - EJERCITO NACIONAL” del índice 2 de SAMAI. 6 Ver sentencia T-839-2011.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Actor: Nolberto Sánchez Torres.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

4 (iii) improcedencia de la pensión reclamada, puesto que la disminución de la pérdida de la capacidad laboral que ostenta el actor es inferior a la señalada en

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

4 (iii) improcedencia de la pensión reclamada, puesto que la disminución de la pérdida de la capacidad laboral que ostenta el actor es inferior a la señalada en el numeral 5º del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, reglamentado por el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004.

1.3 La sentencia apelada7.

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 27 de noviembre de 2019 declaró probada la excepción denominada «inexistencia del derecho de la pensión de invalidez solicitado por el demandante »; denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Lo anterior, por las razones que a continuación se exponen:

No es posible el reconocimiento de la pensión de inv alidez con fundamento en el dictamen que rindió un médico cirujano, por cuanto los funcionarios de la Fuerza Pública se rigen para la calificación de la disminución de la capacidad laboral por los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000, normas de carácter especial que rigen únicamente para estos integrantes, tan es así, que la misma Ley 100 de 1993 los exceptuó en su artículo 279, en razón a que ostentan un régimen prestacional propio.

Adicionalmente, el citado dictamen emitido tiene un a connotación general y superflua en el que no se evidencian los criterios y aspectos a tener en cuenta, ni referencian de manera específica, los resultados de los exámenes médicos y científicos efectuados al paciente, de manera tal que solo se centra en mencionar

superflua en el que no se evidencian los criterios y aspectos a tener en cuenta, ni referencian de manera específica, los resultados de los exámenes médicos y científicos efectuados al paciente, de manera tal que solo se centra en mencionar el diagnóstico motivo de la calificación «leishmaniasis, Otorrinolaringología, Hipoacusia bilateral neurosensorial en frecuencias agudas, Acufenos bilaterales y Trauma acústico», y se limitó a otorgar el resultado sin más explicaciones.

En tal sentido, es evidente que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez prevista en el Decreto 094 de 1989 , pues el grado de incapacidad no alcanza a llegar al 75% requerido; es más, si se aplicara en virtud del principio constitucional de favorabilidad el Sistema General de Seguridad Social Integral, previsto en la Ley 100 de 1993, tampoco sería de recibo la pretensión incoada, puesto que para adquirir una pensión de invalidez, se requiere una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%.

Por su parte, en cuanto al reajuste de la indemnización solicitada, esta fue reconocida mediante Resolución 00571 de 9 de febrero de 1998, contra la cual en ningún momento se presentó recurso de reposición; además, ha operado el fenómeno de la caducidad en la medida en que la petición se presentó el 5 de octubre de 2016, lo cual impide revivir términos, máxime si se tiene en cuenta que la indemnización no es una prestación periódica.

7 Visible en el archivo denominado “2018-0067 - P.I. NOLBERTO SANCHEZ TORRES Vs. EJERCITO

la indemnización no es una prestación periódica.

7 Visible en el archivo denominado “2018-0067 - P.I. NOLBERTO SANCHEZ TORRES Vs. EJERCITO NACIONAL” del índice 2 de SAMAI.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Actor: Nolberto Sánchez Torres.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

5 1.4 El recurso de apelación.

La parte demanda nte presentó recurso de apelación contra la sentencia con fundamento en los siguientes argumentos8:

El actor ingresó a la entidad demandada como conscripto en inmejorables condiciones de salud, al punto que fue declarado apto para la prestación del servicio militar; sin embargo, durante esta, su condición se desmejoró ostensiblemente y ha cobrado mayor gravedad a través del tiempo, tan es así, que el doctor Enrique Ayala Pérez «médico especialista en salud ocupacional l» lo dictaminó con el 54.54% de la pérdida de la capacidad laboral; luego, no es posible desconocer la citada valoración, como quiera que tuvo en cuenta los mismos conceptos que habían sid o analizados por Sanidad Militar en la Junta Médico Laboral el 17 de junio de 1997.

El dictamen cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los criterios establecidos en el artículo 218 sin que hubiese sido objetado por error grave, tacha u observación a lguna de las partes, además de haber sido aportado de manera oportuna con la demanda.

Se ha transgredido el derecho fundamental al debido proceso en tanto se

en el artículo 218 sin que hubiese sido objetado por error grave, tacha u observación a lguna de las partes, además de haber sido aportado de manera oportuna con la demanda.

Se ha transgredido el derecho fundamental al debido proceso en tanto se desconoció el numeral 3.5 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, por ser legalmente aplicable y consonante con las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el reconocimiento de la indemnización económica por encontrarse en el marco de las causales del artículo 35 del Decreto 094 de 1989.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la sustentación del recurso de apelación, con énfasis especial en considerar que sufrió daños en su salud durante su permanencia en las filas de la institución armada que hoy lo alejan de cualqui er posibilidad laboral por padecer una pérdida de capacidad laboral superior al 50% como lo exige el ordenamiento jurídico, situación que acreditó con la experticia rendida por médico especialista en la materia y con la que se demuestra el incremento de la PCL.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

8 Visible en el archivo denominado “1.- DEMANDA” del índice 2 de SAMAI.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

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2. CONSIDERACIONES

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2. CONSIDERACIONES

Cuestión previa.

Antes de formular el problema jurídico resulta necesario examinar si es posible estudiar la pretensión relacionada con el reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral, según afirmó el recurrente, es viable su reajuste.

Sobre el particular, es necesario precisar que la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califica con el carácter de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que si se pretende la nulidad del acto que la defina , la acción o el medio de control estará sujeto al término de caducidad de 4 meses que fija el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo «actualmente el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», distinto de lo que sucede respecto de la pretensión pensional en tanto es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto sucesivo. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente9:

«[…] la pensión de invalidez ha sido considerada como una prestación con carácter periódico que la ley otorga a quien ve disminuida su capacidad laboral en el porcentaje requerido, con el propósito de que pueda solventar sus necesidades básicas porque tiene su capacidad sicofísica mermada; mientras que la indemnización corresponde a un pago unitario y definitivo que compensa la discapacidad del militar por eventos atribuibles

requerido, con el propósito de que pueda solventar sus necesidades básicas porque tiene su capacidad sicofísica mermada; mientras que la indemnización corresponde a un pago unitario y definitivo que compensa la discapacidad del militar por eventos atribuibles al servicio» 1, por lo que se considera que la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica no es una prest ación periódica puesto que se agota en un único pago…)”.

Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la Resolución 574 de 3 de febrero de 1998 10 el subdirector general del Ministerio de Defensa Nacional del Ejército Nacional rec onoció y ordenó el pago de la indemnización al demandante. Si bien no obra en el plenario la constancia de notificación de dicho acto, lo cierto es que, en fecha 5 de octubre de 2016 la parte actora peticionó a la administración solicitando entre otras, el reajuste de la indemnización, lo que deja en evidencia no solo que conoció la decisión que le reconoció la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral que tuvo, sino que además, ante la inconformidad con ello, acudió a solicitar su reajuste con base en un nuevo dictamen. En esa medida, ante la ausencia de la diligencia de notificación de la Resolución 574 de 3 de febrero de 1998, se tiene que la misma se produjo por conducta concluyente en fecha 5 de octubre de 2016 contando el actor para acudir a nte la jurisdicción a controvertir su legalidad en fecha 6 de febrero de 2017, observando que solo lo hizo en fecha 22 de agosto de 2017, es decir, después de haber trascurrido 6 meses y 16 días de la fecha límite con que

febrero de 2017, observando que solo lo hizo en fecha 22 de agosto de 2017, es decir, después de haber trascurrido 6 meses y 16 días de la fecha límite con que contaba para controvertir la mencionada resolución. Pero además, sin que dentro de los actos acusados haya pretendido la nulidad de la prenotada resolución.

9 Consejo de Estado, sentencia del seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) , radicación: 25000-23-42000-2018-01124-01(3927-19), Actor: Actor: Luis Álvaro Moreno Penagos, D/do: Ministerio de DefensaEjército Nacional. 10 Visible a folio 15 del archivo denominado “15.- EXPEDIENTE PRESTACIONAL - NOLBERTO SANCHEZ TORRES” del índice 2 de SAMAI.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Actor: Nolberto Sánchez Torres.

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Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica tenía que ha ber demandado el acto administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha prestación económica, esto es, la Resolución 574 de 3 de febrero de 1998 dentro de la oportunidad correspondiente y no pretender revivir términos acaecidos a través de una nueva petición, por lo tanto, no es dable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia, dado que se ha configurado el fenómeno de caducidad que trata el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

a través de una nueva petición, por lo tanto, no es dable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia, dado que se ha configurado el fenómeno de caducidad que trata el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11 e inclusive, una ineptitud sustantiva de la demanda por no haber demandado la Resolución 574 de 3 de febrero de 1998.

2.1. Problema jurídico

El problema jurídico se circunscribe a establecer si resulta procedente controvertir la pérdida de capacidad laboral determinada mediante Acta de Junta Médico Laboral y ratificada por el Tribunal Médico de Revisión Militar con un dictamen rendido por un profesional especialista en seguridad y salud del traba jo teniendo en cuenta que el personal castrense se rige sobre la materia por un régimen especial.

Con el propósito de resolver e l problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares; ii) sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993 ; iii) de la situación de invalidez frente al Sistem a General de Pensiones ; iv) de la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social; v) de la Indemnización de la pérdida de la capacidad laboral en la Fuerza Pública; y, vi) del caso en concreto.

2.2. Marco normativo.

Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales

2.2. Marco normativo.

Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “(r)reglamento General de Incapacidades, Invalideces e

11 “(…) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA . La demanda deberá ser

presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…)”.Radicado No. 520012333000201800067 01.

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8 Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 regul ó la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual

Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 regul ó la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la policía nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían el el procedimiento.

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:

“(…) A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así: a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%. b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95% (…)”.

Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000 12 determinó una pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civ il al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico -Laboral o

12 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes

y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.”Radicado No. 520012333000201800067 01.

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Actor: Nolberto Sánchez Torres.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

9 Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido det erminada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuer do con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan: a. El setenta y cinco por cien to (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%). b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la dismi nución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la dismi nución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%). c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%). PARÁGRAFO 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez. PARÁGRAFO 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por