CE - 012333000201800936011SENTENCIA20230216075922

Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01

Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE

IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 68001-23-33-000-2018-00936-00 (2489-2022)1

Demandante : Juan Carlos Tavera Mendoza

Demandada : Unidades Tecnológicas de Santander Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia de 21 de octubre de 202 1 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control 2. El señor Juan Carlos Tavera Mendoza, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para que se acojan las pretensi ones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] oficio […] DATH-221 […] de

Administrativo (CPACA), para que se acojan las pretensi ones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] oficio […] DATH-221 […] de 12 de julio de 2018 expedido por la […] [d] irectora [a]dministrativa de [t]alento [h]umano de las Unidades Tecnológicas de SantanderUTS, mediante el cual despachó desfavorablemente el derecho de petición elevado por el accionante […] [sobre si] existió una relación laboral bajo el principio de contrato realidad […]».

A título de restablecimiento del derecho, se condene (i) al pago de los «[…] salarios dejados de percibir, auxilio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, compensación en dinero de las vacaciones, prima[s] de servicio, […] de navidad [y] […] de antigüedad, también la multa establecida en el artículo 5 de la Ley 187 de 1959, el subsidio de transporte, la indemnización por despido unilateral y sin justa causa, indemnización por la mora en el pago de las prestaciones sociales, auxilios y demás emolumentos legales con indexación [a]

Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai. 2 Índice 2 del Samai.2

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que […] tiene derecho derivados de la relación laboral desde el 09 de febrero

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Juan Carlos Tavera Mendoza contra las Unidades Tecnológicas de Santander

que […] tiene derecho derivados de la relación laboral desde el 09 de febrero de 2005 hasta el 11 de diciembre del año 2015 […]», junto con la sanción moratoria «[…] por no haber cancelado las prestaciones sociales debidas en su tiempo […]» y «[…] por el no pago oportuno de los intereses de las cesantías […]», y «[…] la indemnización por ruptura del contrato de trabajo de manera unilateral sin que mediara una causa justa […]»; (ii) al reembolso de «[…] lo consignado […] como aportes a la seguridad social, realizando los descuentos del valor que le corresponde sufragar como trabajador […]», así como «[…] los gastos […] dentro de la vinculación […] como fue el [p]ago de pólizas de cumplimiento que debió constituir para que le fuera otorgado cada uno de los contratos […]» y de los descuentos por las estampillas «pro-UIS», «prodesarrollo», «pro-hospital», «pro-cultura», «pro-adulto mayor » y «proelectrificación», por la «ordenanza 12» y de reforestación, y por la retención de servicios del 6%. Lo anterior, con la respectiva indexación y las costas a que haya lugar.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] fue vinculado por las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) mediante la celebración de contratos de prestación de servicios […] bajo los números 067-2005, 197-2005, 036-2006, 042-2007, 0114-2008, 0260-2009, 000746-2010, 993-2010, 000066contratos de prestación de servicios […] bajo los números 067-2005, 197-2005, 036-2006, 042-2007, 0114-2008, 0260-2009, 000746-2010, 993-2010, 0000662011, 000113 -2012, 000083-2013, 1616 -2013, 000123 -2014 y 000230 -2015 […] [cuyo] objeto común […] era, que […] presta[ba] en forma personal sus servicios como [a]uxiliar [a]dministrativo adscrito a la [o]ficina [a]sesora de [p]laneación […]».

Que «[…] recibió de manera mensu al el pago por la labor realizada, cumpliendo tareas y actividades similares durante todo el periodo laborado con un horario establecido y estando bajo la supervisión, control y subordinación de funcionarios de planta adscritos a la entidad pública […]», por lo que se configuró una verdadera relación laboral.

Afirma que «[d] urante su permanencia como trabajador de las Unidades Tecnológicas de Santander […] desempeñ[ó] diversas labores y actividades como integrante de la [o]ficina [a]sesora de [p]laneación, […] registradas en los informes de ejecución de cada contrato […] y de ninguna manera se […] trataba de actividades transitorias, que s [í] podían ser desarrolladas con el personal de planta pues además correspondía al giro normal de los negocios de la entidad demandada […]».3

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Que «[…] le asignaron y suministraron no solo los elementos y herramientas de trabajo necesarios para realizar su labor u obra contratada, sino que le fue asignada la responsabilidad de administrar, cuidar y velar por el mantenimiento y conservación de los inventarios de bienes que se encontraban a cargo de la [o]ficina de [p]laneación […]»; asimismo, «[…] le impartieron [ó]rdenes e instrucciones […] al igual que a todos los demás empleados de planta [y] […] le asignaron actividades diferentes a las contratadas […]».

Dice que, durante los « […] diez (10) años, diez (10) meses y dos (2) días de servicios, […] ejerció las labores encomendadas de manera personal y exclusiva […]»; de igual modo, « […] como ocurría con otros profesionales trabajadores de planta vinculados formalmente […] fue contratado para ejercer labores de docencia en el primer semestre del año 2015, además de las labores que desarrollaba como [p]rofesional de [a]poyo de la [o]ficina [a]sesora de [p]laneación […]».

Que el 8 de ju nio de 2018 solicitó de la accionada el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, negado con el acto acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 16,

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 16, 29 y 53 de la Constitución Política.

Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual el acto demandado está viciado de nulidad, pues niega el pago de las prestaciones reclamadas.

1.5 Contestación de la demanda 3. La entidad accionada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo introductorio y su defensa se limitó a la formulación de las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, inexistencia del contrato laboral y cobro de lo no debido.

1.6 La providenci a apelada 4. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 21 de octubre de 202 1, negó las súplicas de la demanda (con

3 Índice 2 del Samai. 4 Ibidem.4

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condena en costas), al considerar que se encuentran acreditados dos de los elementos de la relación laboral: la prestación pers onal del servicio y la remuneración; no obstante, frente al de la subordinación y dependencia, se tiene

condena en costas), al considerar que se encuentran acreditados dos de los elementos de la relación laboral: la prestación pers onal del servicio y la remuneración; no obstante, frente al de la subordinación y dependencia, se tiene que «[…] el actor prestó sus servicios en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander en un horario laboral de lunes a viernes de ocho de la mañana a doce del mediodía y de dos de la tarde hasta las seis de la tarde», pero «[…] ello por sí mismo no implica subordinación alguna, toda vez, que al tener que cumplir el objeto contractual dentro de la instalaciones donde se encontraba la oficina de planeación, es apenas lógico que debiera estar disponible dentro del horario de atención de las Unidades Tecnológicas de Santander, pues debían atenderse el objeto contractual para lo que fue vinculado».

Que «[…] no se demostró cuáles eran las consecuencias de no cumplir con el horario, es decir, si ello acarreaba memorandos, sanciones, descuentos, llamados de atención, etc. […]». A pesar de ello, si «[…] se aceptara como cierto que recibía ciertas instrucciones o el cumplimiento de un horario de trabajo, tal circunstancia no lleva de manera indefectible a deducir por este solo hecho que […] [el] demandante se encontrara en una relación de dependencia frente a sus superiores, tal como lo ha señalado el […] Consejo de Estado en recientes pronunciamientos donde, en casos similares, ha precisado que esa exigencia puede producirse en relaciones de coordinación, sin que pueda predicarse por ello la configuración de una relación laboral».

1.7 El recurso de apelación. El accionante, por conducto de apoderado,

que esa exigencia puede producirse en relaciones de coordinación, sin que pueda predicarse por ello la configuración de una relación laboral».

1.7 El recurso de apelación. El accionante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] los elementos que empleó el Tribunal […] para denegar las pretensiones de la demanda, es que las relaciones de trabajo […] fueron realizadas dentro del marco de coordinación, […] sin embargo en el expediente está más que probado el elemento de subordinación y dependencia […], por cuanto se emitieron órdenes y bajo estos presupuestos se desempeñ[aron] […] [esas] […] labores […]».

Que «[e]n la decisión […] [apelada] , se vislumbra un supuesto fáctico por indebida valoración probatoria por cuanto el juzgador no valoró pruebas debidamente aportadas en el proceso, […] determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probados los hechos y circunstancias que demuestran el elemento de subordinación indispensable para configurar el contrato realidad, cuando ciertamente dentro del acervo probatorio existe reiterada evidencia que lo demuestra […]».5

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II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 15 de febrero de 20225 y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de agosto

Tecnológicas de Santander

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 15 de febrero de 20225 y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de agosto siguiente6, en cumplimiento de l artículo 247 del CPACA 7; y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem el accionante presentó alegatos de conclusión 8 y el correspondiente agente del Ministerio Público rindió concepto9. De igual modo, el apoderado de la demandada allegó escrito con ese propósito, empero, no se tendrá en cuenta dado que ello ocurrió en forma extemporánea10.

2.1 Actor. Reiteró sus planteamientos del libelo introductorio y alzada.

2.2 Ministerio Público. El señor procurador tercero delegado ante esta Corporación presentó concepto en el que solicita que la sentencia recurrida sea revocada, por cuanto «[…] surge la certeza [de] que el trabajo ejecutado fue subordinado y dependiente, no autónomo como lo sopes ó el juez de primera instancia al valorar parcialmente la prueba testimonial y no tener en cuenta, en debida forma, los indicios a que se refiere la […] jurisprudencia […]» de esta Corporación.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, c orresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la accionada el pago de prestaciones sociales no devengadas

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, c orresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la accionada el pago de prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como auxiliar administrativo de la oficina asesora de planeación , en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y

5 Ib. 6 Índice 4 del Samai. 7 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021. 8 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 10. 9 Ibidem, índice 11. 10 De acuerdo con la información contenida en Samai, el expediente ingresó al despacho para proferir sentencia el 19 de septiembre de 2022, en tanto que los alegatos de conclusión de la accionada fueron aportados el 28 siguiente.6

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continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de p lanta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron « solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las

que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales », contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C -154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:7

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Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractualescontrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza , como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o depe ndiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo .

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 11, «[p] or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

11 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.8

modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

11 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.8

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Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue de clarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C -614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

Corte Constitucional, en sentencia C -614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que s e oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingre saron a la administración mediante el concurso de méritos.9

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De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada

Tecnológicas de Santander

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones la borales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado « contrato realidad » aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales12.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda13 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la

la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentraña r de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público , dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente poses ión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en

12 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente : 5001 -23-31-000-1998-03542-01 (202-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 13 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33000-2012-00020-01 (316-2014), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.10

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cuenta para decidir el asunto sub examine.

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cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Caso concreto . A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco norma tivo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) El accionante prestó sus servicios como auxiliar administrativo de la oficina asesora de planeación del ente demandado , en forma personal e interrumpida, desde el 9 de febrero de 2005 hasta el 11 de diciembre de 2015, en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios14:

Contrato Inicio Finalización Tiempo de duración 67-2005 09-02-2005 09-05-2005 3 meses 197-2005 10-05-2005 15-12-2005 7 meses y 5 días Otrosí al 197-2005 16-12-2005 30-12-2005 15 días 36-2006 02-01-200615 15-12-2006 11 meses y 13 días Interrupción de 15 días hábiles 42-2007 11-01-2007 14-12-2007 11 meses y 3 días Interrupción de 35 días hábiles 114-2008 07-02-2008 12-12-2008 10 meses y 5 días Interrupción de 37 días hábiles 260-2009 09-02-2009 10-12-2009 10 meses y 1 día Interrupción de 38 días hábiles

Interrupción de 37 días hábiles 260-2009 09-02-2009 10-12-2009 10 meses y 1 día Interrupción de 38 días hábiles 746-2010 08-02-2010 11-06-2010 4 meses y 3 días Interrupción de 37 días hábiles 993-2010 09-08-2010 10-12-2010 4 meses y 2 días Otrosí al 993-2010 ----- 30-12-2010 22 días Interrupción de 5 días hábiles 66-2011 07-01-2011 30-12-2011 11 meses y 23 días Interrupción de 12 días hábiles 113-2012 19-01-2012 14-12-2012 10 meses y 24 días Interrupción de 18 días hábiles 83-2013 15-01-2013 30-06-2013 5 meses y 15 días Interrupción de 4 días hábiles 1616-2013 08-07-2013 13-12-2013 5 meses y 5 días Interrupción de 17 días hábiles 123-2014 13-01-2014 12-12-2014 11 meses

14 Índice 2 del Samai, contentivo del expediente digital en primera instancia. 15 No hubo interrupción, dado que el 1º. de enero de 2006 fue festivo.11

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Interrupción de 19 días hábiles

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Juan Carlos Tavera Mendoza contra las Unidades Tecnológicas de Santander

Interrupción de 19 días hábiles 230-2015 14-01-2015 11-12-2015 10 meses y 28 días

Las copias de los contratos están acompañadas de su certificación de cumplimiento, expedida por la jefe de la oficina asesora de planeación del ente accionado y la constancia de las actividades realizadas por el demandante, en cumplimiento de cada contrato, junto con sus actas de liquidación16.

b) Informes de análisis de conveniencia para la contratación de personal por prestación de servicios, suscritos por la jefe de planeación de la demandada, con los que se acredita la necesidad de vincular, por contrato de prestación de servicios, a una persona que sirva de apoyo administrativo en la oficina asesora de planeación17.

c) Certificados expedidos por el secretario general de la accionada, por medio de los cuales se verific ó que no existe personal suficiente, para «[p]re