CE - 012333000201900103011SENTENCIAFALLO20230123190529

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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: CÉSAR EDUARDO MARTÍNEZ CUEVAS

Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO1

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes de docente oficial. Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril de

2019. Ingreso base de liquidación conforme a las previsiones de la Ley 71 de 1988 y en atención a la calidad especial de educador estatal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011

O-002-2023

ASUNTO

Decide la Subsección los recursos de apelación formulado s por la s partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 26 de enero de

Ley 1437 de 2011

O-002-2023

ASUNTO

Decide la Subsección los recursos de apelación formulado s por la s partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor César Eduardo Martínez Cuevas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de la Resolución 008841 del 23 de octubre de 2018 por medio del cual la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

1 En adelante FNPSM. 2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. 3 Ver expediente digital obrante en el primer renglón, índice 2 del registro en SAMAI.2

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Magisterio, negó la petición de reconocimiento pensional presentada por el demandante el 6 de septiembre de 2018.

2. A título de restablecimiento del derecho , se condene a la autoridad demandada a reconocer y pagar a favor del libelista una pensión de

demandante el 6 de septiembre de 2018.

2. A título de restablecimiento del derecho , se condene a la autoridad demandada a reconocer y pagar a favor del libelista una pensión de jubilación por aportes equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas a favor de aquel durante el último año anterior a la adquisición de su estatus jurídico, es decir, con efectividad desde el 2 de diciembre de 2014 cuando cumplió 60 años de edad y 1.000 semanas de cotización , ello sin exigir la demostración del retiro definitivo del servicio en razón de la compatibilidad de dicha prestación con el salario como educador oficial.

3. Conminar a la parte pasiva del litigio al pago de las mesadas atrasadas a partir del momento de la consolidación del derecho hasta cuando el demandante sea incluido en nómina.

4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA en cuanto a la actualización monetaria de los valores a cancelar, reconocimiento de intereses moratorios, y finalmente, que se condene en costas a la entidad demandada.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda4

1. El señor César Eduardo Martínez Cuevas nació el 15 de noviembre de

1952. Durante su vida laboral realizó cotizaciones al extinto ISS (hoy Colpensiones) para un total acumulado de 322,43 semanas.

2. El demandante ejerció labores como docente al servicio de las secretarías de educación de los municipios de Jenesano y Samacá desde el 2 de agosto de 1989 a través de órdenes de prestación de servicios.

Posteriormente, aquel fue nombrado en provisionalidad como educador

de educación de los municipios de Jenesano y Samacá desde el 2 de agosto de 1989 a través de órdenes de prestación de servicios. Posteriormente, aquel fue nombrado en provisionalidad como educador oficial del departamento de Boyacá a partir del 15 de marzo de 2004 , y al menos, a la fecha de presentación de la demanda ( 30 de noviembre de 2018), este continuaba en desempeño de dicho cargo.

3. El libelista solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación el 6 de septiembre de 2018 ante la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Esta entidad negó tal petición a través de la Resolución 008841 del 23 de octubre de 2018 , pues exigió la acreditación de más de 1.300 semanas y la demostración del retiro definitivo del servicio pa ra conceder la prestación.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al

4 Idem. 5 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).3

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4 Idem. 5 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).3

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 20 de noviembre de 2020.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se emitió pronunciamiento respecto de estos medios de defensa puesto que no fueron planteados en tal sentido por la entidad demandada.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] 1. El problema jurídico se contrae a determinar si le asiste razón a la parte demandante en que debe declararse la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 008841 del 23 de octubre de 2018 proferida por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

demandante en que debe declararse la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 008841 del 23 de octubre de 2018 proferida por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por medio de la cual negó al demandante el reconocimiento de la pensión por aportes de que trata el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, o si por el contrario, le asiste razón a la demandada cuando afirma que como el demandante fue vinculado al servicio educativo oficial con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2 003, el reconocimiento pensional debe realizarse conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993.

2. En caso de accederse a la declaratoria de nulidad pedida por la (sic) demandante, debe establecerse si es procedente reconocer al demandante la pensión por aportes de que trata la referida norma en cuantía del 75% de los salarios y primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status que se dio el 2 de diciembre de 2014, cuando el demandante cumplió 60 años de edad y 1000 semanas de cotización.

3. En caso de acceder a las referidas pretensiones, deberá determinarse si el reconocimiento de dicho derecho impone el retiro definitivo del cargo por parte del demandante o si por el contrario, dicho reconocimiento es compatible con el salario percibido como docente oficial. […]». (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 26 de enero de 2022 por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 26 de enero de 2022 por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el tribunal expuso que el Consejo de Estado en sentencia de unificación proferida el 22 de enero de 2015 señaló que la actividad docente, aunque no tenga un vínculo laboral directo con alguna entidad pública, debe tenerse en cuenta para efectos pensionales, tesis que acogió en la medida en que el legislador ha consagrado en las nuevas concepciones subjetivas y

6 Ver expediente digital obrante en el primer renglón, índice 2 del registro en SAMAI.4

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adjetivas, la importancia de la jurisprudencia como fuente material del derecho, y la fuerza vinculante que esta debe tener cuando se trata de una sentencia que unifica decisiones judiciales, pues en ella se interpreta el sentido práctico de la ley.

Seguidamente planteó que conforme a esta línea jurisprudencial, la determinación del régimen a aplicar en el caso de los docen tes lo define la fecha en que el educador hubiese ingresado al servicio del Magisterio, puntualmente, indicó que si este lo hizo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, deberá aplicarse el contenido en la Ley 33 de 1985 o en la

fecha en que el educador hubiese ingresado al servicio del Magisterio, puntualmente, indicó que si este lo hizo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, deberá aplicarse el contenido en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988 según los presupuestos fácticos que acredite el reclamante, y si lo hizo con posterioridad a la primera ley en comento, se deberán tener en cuenta las previsiones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Añadió que los tiempos servidos a la docencia oficial mediante contratos de prestación de servicios deben computarse para efectos del reconocimiento pensional, y si fueron anterio res a la Ley 812 de 2003 deben ser tenidos en cuenta para conservar el régimen anterior, por cuanto el requisito fijado para el efecto, es haber estado vinculado al servicio educativo oficial con anterioridad a su vigencia, como en efecto sucede en el caso de la relación contractual por OPS.

Frente a la situación particular del libelista adujo que este fue vinculado al servicio de la educación oficial con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues si bien el vínculo legal y reglamentario con el Magisterio ocurrió a partir del 15 de marzo de 2004 con los nombramientos provisionales, conforme a los pronunciamientos de unificación expedidos al interior de los procesos radicados 0775 -2014 y 0088 -15, lo s servicios prestados como maestro oficial bajo los contratos de prestación de servicios deben tenerse en cuenta para efectos pensionales.

Precisó además que según se extrae de la providencia proferida por el

maestro oficial bajo los contratos de prestación de servicios deben tenerse en cuenta para efectos pensionales.

Precisó además que según se extrae de la providencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Tunja el 28 de junio de 2017 y allegada dentro del expediente administrativo del demandante, esa autoridad judicial declaró la relación laboral entre el municipio de Samacá y el señor C ésar Eduardo Martínez Cuevas desde el año 1992 hasta el año 2002, para lo cual ordenó a aquella entidad territorial la consignación de los aportes pensionales a Colpensiones, orden que fue cumplida según se evidencia en las pruebas relacionadas anteriormente y en el cuadro en que se sintetizó la historia laboral del libelista por par te del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por lo anterior, sostuvo que el régimen pensional que cobija al docente es el anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, que en principio sería el contenido en la Ley 33 de 1985. Sin embarg o, dado que el reclamante en este caso cuenta con cotizaciones efectuadas al antiguo ISS hoy Colpensiones, es procedente realizar el reconocimiento prestacional por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, toda vez que aquel cuenta con 20 años de servicio y más de 60 años de edad. Aunado a ello manifestó que conforme a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al que le compete el reconocimiento del derecho en mención.5

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

mención.5

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Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en lo expuesto señaló que la pensión debe liquidarse sobre el 75% de la asignación básica y la bonificación mensual docente devengados por el demandante durante el año anterior a la adquisición del status pensional, sin exigir el retiro del servicio docente conforme lo previsto en los artículos 5.° del Decreto 224 de 1992 y 70 del Decreto 2277 de 1979, los cuales concibieron que el goce de dicha prerrogativa no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, permite a tales servidores percibir ambos conceptos simultáneamente.

Frente a la verificación del fen ómeno de la prescripción de mesadas, expuso que no hay lugar a decretar la, toda vez que la exigibilidad del derecho pensional se dio a partir del 25 de febrero de 2018, mientras que la petición de reconocimiento se presentó el 6 de septiembre de 2018, es decir, cuando no habían transcurrido más de tres años entre el primer y el segundo evento como lo contempla el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera: i) declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado; ii) ordenó a la entidad demandada a título de restablecimiento del derecho, reconocer a favor del

profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera: i) declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado; ii) ordenó a la entidad demandada a título de restablecimiento del derecho, reconocer a favor del señor Martínez Cuevas la pensión de jubilación bajo los preceptos de la Ley 71 de 1988, calculada con el 75% del promedio de la asignación básica y la bonificación mensual percibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional , con efectividad desde el 25 de febrero de 2018 y sin exigir el retiro definitivo del servicio; y iii) condenó a la parte pasiva a pagar los montos adeudados al libelista de manera indexada.

RECURSOS DE APELACIÓN

Parte demandante7: formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente. Solicitó que esta sea revocada de forma parcial , a fin de modificar la fecha de efectividad de la prestación reconocida.

Sobre el punto adujo que contrario a lo manifestado por el a quo, al 13 de febrero de 2020 el tiempo laborado por el libelista era de 27 años, 2 meses y 7 días, al punto de que la fecha en que completó 7.200 días laborados o 20 años de servicio, fue el 30 de diciembre de 2012 cuando efectivamente adquirió el estatus jurídico pensional, ello habida cuenta de que el señor Martínez Cuevas cumplió 60 años el 15 de noviembre de 2012, es decir, cuando aún le hacía falta colmar la exigencia del tiempo de labor oficial.

Asimismo señaló que la reclamación administrativa fue radicada ante la entidad territorial demandada el 4 de septiembre de 2018, por lo que operaria

cuando aún le hacía falta colmar la exigencia del tiempo de labor oficial.

Asimismo señaló que la reclamación administrativa fue radicada ante la entidad territorial demandada el 4 de septiembre de 2018, por lo que operaria la prescripción de las mesadas causadas antes del 4 de septiembre de 2015, data que correspondería a la fecha desde cuando se deberán reconocer las mesadas pensionales atrasadas a la parte activa.

Por último aseveró que la liquidación de la pensión debía efectuarse con base en los factores de la asignación básica y horas extras, ello conforme a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 en desarro llo del proceso con radicación 680012333000201500569-01.

7 Idem.6

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Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Parte demandada 8: interpuso recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia en orden de que esta sea revocada y en su lugar se denieguen los pedimentos del libelista.

Esgrimió inicialmente que c ontrario a lo que aduce la parte demandante, del material probatorio practicado en la actuación se encuentra plenamente acreditado que el señor Martínez Cuevas se vinculó como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, al punto de que su régimen

acreditado que el señor Martínez Cuevas se vinculó como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, al punto de que su régimen pensional corresponde al de prima media fijado en las L eyes 100 de 1993 y 797 de 2003, es decir, en aten ción a los requisitos previstos en dicha normativa, con excepción de la edad de pensión de vejez que es de 57 años para hombres y mujeres. Sobre el punto resaltó que lo propio fue desarrollado por el Consejo de Estado en s entencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

Acotó que el docente reclamante adujo que aquel inicialmente fue vinculado como educador oficial a través de sendas órdenes de prestación de servicios suscritas con la Secretar ía de Educación de Boyacá, las cuales podían ser desvirtuadas cuando se demostrara la subordinación o dependencia ante el empleador. Sin embargo, afirmó que el señor Martínez Cuevas no probó la ocurrencia o configuración de un contrato realidad, mediante el cual se haya desvirtuado la autonomía e ind ependencia que confluyen en un contrato de prestación de servicios, por lo que, no ha surgido para la administración el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, p or cuanto para el caso sub examine la parte activa no ha perseguido dicha pretensión y por lo tanto debe considerarse solo como contratista, pues su relación legal y reglamentaria solo tuvo lugar desde el año 2004.

Con base en lo anterior, sobre la pensión de jubilación por aportes, señaló que esta se recon oce por la sumatoria de tiempos acumulados a entidades de

reglamentaria solo tuvo lugar desde el año 2004.

Con base en lo anterior, sobre la pensión de jubilación por aportes, señaló que esta se recon oce por la sumatoria de tiempos acumulados a entidades de previsión social ya sean públicas o privadas, siempre que sea necesario para completar el total del lapso de servicio en uno u otro régimen. De lo expuesto, dedujo que no hay lugar a reconocer la prestación debatida en favor del libelista, por cuanto, si bien este podía cumplir los requisitos para ser titular del aludido derecho previsto en la Ley 71 de 1988 , lo cierto es que aquel no era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA

INSTANCIA

Una vez presentado s los recursos de apelación por ambas partes, al estar dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante auto del 28 de junio de 2022 admitió dichas impugnaciones y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 día s siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria.

8 Idem.7

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Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

que las partes presentaran solicitud probatoria.

8 Idem.7

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Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 20 de octubre de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 13 del registro en SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s. De igual forma, según el artículo 328 del Código Gene ral del Proceso, el juez de segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿Al señor César Eduardo Martínez Cuevas en su calidad de docente oficial con acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilac ión a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71 de 1988 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales

al reconocimiento y pago de la pensión de jubilac ión a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71 de 1988 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con efectividad a partir de tal fecha sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial de docente oficial que detenta el demandante, resulta aplicable a su caso de reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, por lo que le asiste el derecho a que el FNPSM le otorgue y pague una pensión de j ubilación de conformidad con los preceptos de la Ley 71 de 1988, con inclusión solo de los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes, y sin condicionamiento a la demostración del retiro definitivo del servicio, ello como se explica a continuación:

 La calidad de docente oficial del demandante

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa, se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 71 de 1988.

Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su historia laboral, aquel realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy Colpensiones), provenientes de órdenes de prestación de servicio celebrados con los municipios de Jenesano y Samacá, a través de las cuales prestaba su

historia laboral, aquel realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy Colpensiones), provenientes de órdenes de prestación de servicio celebrados con los municipios de Jenesano y Samacá, a través de las cuales prestaba su servicio como maestro para la respectiva Secretaría de Educación. Igualmente indicó que efectuó aportes al Fondo Nacional de Prestaciones8

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sociales del Magisterio en razón de su vinculación legal y reglamentaria como docente oficial del departamento de Boyacá.

Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrime qu e el nombramiento formal del libelista como docente del magisterio oficial, solo ocurrió hasta el 15 de marzo de 2004 conforme al Decreto 166 del 25 de febrero del mismo año . Empero, el señor César Eduardo Martínez Cuevas aduce que a pesar de este hecho, l o cierto es que el desempeño de sus funciones como educador en las instituciones educativas públicas de la Secretaría de Educación de los municipios de Jenesano y Samacá, tuvo lugar desde el 2 de agosto de 1989 en razón de múltiples contratos de prestación de servicios para ejercer la labor de maestro estatal.

Ahora, con base en estas dos posturas factuales del litigio, resulta evidente que la entredicha condición de docente estatal, debe ser validada en esta

de servicios para ejercer la labor de maestro estatal.

Ahora, con base en estas dos posturas factuales del litigio, resulta evidente que la entredicha condición de docente estatal, debe ser validada en esta oportunidad, pues en atención a la data a par tir de la cual se asuma dicha calidad se podrá realizar el análisis pensional adecuado con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.

No obstante, para ello es indispensable verificar que en efecto el demandante en el presente caso, funge o se ha desempeñado como educador al servicio del Estado. Del material probatorio practicado en el sub examine se destaca el siguiente a efectos de determinar lo anunciado:

1. En los formatos únicos para la expedición d e certificado de historia laboral expedidos por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá el 5 de diciembre de 2018, se observa que el demandante laboró al servicio del municipio de Jenesano a través de sendas órdenes de prestación de servicios ejecutadas en los siguientes períodos: i) del 2 de agosto al 30 de noviembre de 1989, ii) del 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1990, y iii) del 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1991.

(Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).

1. Según el acta de audiencia inicial celebrada por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja el 28 de junio de 2017 en el proceso 201600014, promovido por el señor César Eduardo Martínez Cuevas contra el municipio de Samacá, es claro que dicha entidad territorial se obligó a efectuar aportes a pensión ante Colpensiones por la relación laboral

00014, promovido por el señor César Eduardo Martínez Cuevas contra el municipio de Samacá, es claro que dicha entidad territorial se obligó a efectuar aportes a pensión ante Colpensiones por la relación laboral encubierta entre ambos, cuya existencia se declaró en el proceso 20033483, esto por los siguientes períodos en los que el reclamante se desempeñó como docente contratado por órdenes de prestación de servicios, así: i) 1.° de septiembre a 30 de noviembre de 1992, ii) 1.° de febrero a 31 de mayo de 1993, iii) 1.° de junio a 31 de agosto de 1993, iv) 1.° de septiembre a 30 de noviembre de 1993, iv) 17 de marzo a 30 de noviembre de 1994, v) 23 de enero a 30 de abril de 1995, y vi) 1.° a 30 de mayo de 1995. (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).

1. Obra constancia suscrita el 13 de junio de 2003 por el director del núcleo educativo del municipio de Samacá, en la que expresamente se reconoce que: «[…] el profesor CÉSAR EDUARDO MARTÍNEZ CUEVAS, identificado con C.C. Nro. 6.756.058 de Tunja, laboró como docente mediante sucesivas Órdenes de Prestación de Servicios en este Municipio en las siguientes Instituciones y Períodos:9

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

siguientes Instituciones y Períodos:9

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)

Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del 1 de Septiembre de 1992 al 11 de Febrero de 1996 en el Colegio Nacionalizado.

Del 12 de Febrero de 1996 al 31 de Diciembre de 2002 en el Colegio LA LIBERTAD. […]» . (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).

1. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral emitido el 12 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá , en el que se indica que el libelista fungió como docente a través de orden de prestación de servicios vigente desde el 18 de febrero hasta el 12 de diciembre de 2003 . (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).

1. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral emitido el 12 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá del cual se extrae que el docente reclamante fue vinculado en provisionalidad como maestro estatal desde el 15 de marzo de 2004 conforme al Decreto 166 del 25 de febrero de 2004 , y ha ejercido como tal al menos hasta la fecha de expedición de aquel documento. (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI)

marzo de 2004 conforme al Decreto 166 del 25 de febrero de 2004 , y ha ejercido como tal al menos hasta la fecha de expedición de aquel documento. (Ver expediente digital o