CE - 012333000201900221011SENTENCIA20231018121630

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 680012333000201900221 00 (68754)

Demandante: MUNICIPIO DE MOGOTES

Demandado: HERIBERTO AMADO GÓMEZ

Tema: Ley 1437 de 2011. Régimen jurídico aplicable Ley 678 de 2001.

Presunción de culpa grave por v iolación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. No se probó culpa grave. Confirma sentencia de primera instancia. Sin costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 19 de febrero de 2015 , el Tribunal Administrativo de Santander declaró patrimonialmente responsable a l municipio de Mogotes por las lesiones que sufrió Melquis Fabián Camacho Estévez, por lo que ordenó pagar a la víctima y a sus familiares perjuicios morales y materiales. Como el municipio de Mogotes fue condenado en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición

víctima y a sus familiares perjuicios morales y materiales. Como el municipio de Mogotes fue condenado en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de Heriberto Amado Gómez, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido el servidor público que con su actuación gravemente culposa causó el daño antijurídico por el cual fue condenado.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de junio de 20172, el municipio de Mogotes, mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de

1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Fl. 1, Samai expediente digital.2

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Demandante: Municipio de Mogotes

Heriberto Amado Gómez , para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago de $ 407.379.643 a Melquis Fabián Ca macho Estévez y sus familiares , realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 19 de febrero de 2015.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que para “el mes de septiembre de 2010 la alcaldía municipal de Mogotes junto con el Instituto de deportes y recreación municipal de mogotes -INDERMO-”, adelantaron obras de reparación, pintura y mantenimiento del coliseo municipal Juan de Dios Arias.

Refiere que para desarrollar las obras de mantenimiento “el director del INDERMO

deportes y recreación municipal de mogotes -INDERMO-”, adelantaron obras de reparación, pintura y mantenimiento del coliseo municipal Juan de Dios Arias.

Refiere que para desarrollar las obras de mantenimiento “el director del INDERMO contrató verbalmente al menor de edad Melquis Fabian Camacho Estévez” , quien cumplía un horario de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm y recibía una remuneración de “20.000 pesos diarios”.

Manifiesta que el 23 de septiembre de 2010 , el menor Melquis Fabián Camacho Estévez mientras se encontraba trabajando en el techo del coliseo municipal Juan de Dios Arias se rompió una teja causando su caída hasta el suelo, desde una altura aproximada de 1 5 metros, lo cual le generó graves lesiones, traumatismos y contusiones.

Sostiene que, en virtud de los anteriores hechos, Melquis Fabián Camacho Estévez y sus familiares presentaron demanda de reparación directa contra el municipio de Mogotes y el instituto de deportes y recreación municipal de Mogotes -INDERMO-, en la que solicit aron que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por las lesiones que sufrió Melquis Fabian Camacho Estévez. Resalta que, mediante providencia del 28 de febrero de 2014 , el Juzgado Primero de Descongestión de San Gil declaró la concurrencia de culpas entre el municipio de Mogotes y Melquis Fabián Camacho Estévez por las lesiones que sufrió este último, y condenó a pagar al municipio perjuicios materiales e inmateriales a los demandantes.

Destaca que la parte demandante y demandada presentaron recurso de apelación

último, y condenó a pagar al municipio perjuicios materiales e inmateriales a los demandantes.

Destaca que la parte demandante y demandada presentaron recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero de Descongestión de San Gil.3

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Demandante: Municipio de Mogotes

Señala que, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015 , el Tribunal Administrativo de Santander modificó la sentencia proferida el 28 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero de Descongestión de San Gil, en el sentido de imputar el daño antijurídico únicamente al municipio de Mogotes.

Atendiendo a que el municipio de Mogotes fue condenado en el proceso referido y esta entidad afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de Heriberto Amado Gómez, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado, toda vez que en calidad de alcalde del municipio de Mogotes “incurrió en el hecho omisivo de no contratar con las formalidades legales, aquellas reparaciones locativas que se estaban ejecutando en el coliseo Juan de Dios Arias del municipio de Mogotes y que fueran la causa que desencadenara los hechos donde resultó lesionado el menor Melquis Fabián Camacho Estévez”.

2. Contestación

en el coliseo Juan de Dios Arias del municipio de Mogotes y que fueran la causa que desencadenara los hechos donde resultó lesionado el menor Melquis Fabián Camacho Estévez”.

2. Contestación

El 13 de septiembre de 2017 3, el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil 4 admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al Ministerio Público. 2.1. Heriberto Amado Gómez5 se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que no actuó con culpa grave, pues fue el director del “INDERMO” , Edgar José Ardila Montero , quien contrató verbalmente al menor Melquis Fabián Camacho Estévez para realizar labores de mantenimiento al coliseo municipal Juan de Dios Arias sin entregarle las debidas herramientas de seguridad , por lo que él “ no participó en la determinación de las presuntas órdenes o actividades contractuales que generaron la condena en contra del municipio de Mogotes, por eso en ese sentido no es sujeto de endilgamiento (sic) de conducta gravemente culposa y menos dolosa”.

3 Fl. 109, Samai expediente digital. 4 Fl. 189, Samai expediente digital. Por auto del 24 de enero de 2019, el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil declaró la falta de competencia por factor cuantía para conocer del medio de control de repetición y, en consecuencia, remitió el expedi ente al Tribunal Administrativo de Santander, quien mediante proveído del 26 de marzo de 2019 avocó conocimiento del asunto conservando la validez de todas las actuaciones (Fl. 195 a 196 Sama expediente digital). 5 Fl. 135 a 145, Samai expediente digital.4

conservando la validez de todas las actuaciones (Fl. 195 a 196 Sama expediente digital). 5 Fl. 135 a 145, Samai expediente digital.4

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Demandante: Municipio de Mogotes

Finalmente, el señor Amado Gómez propuso las excepciones de inexistencia de dolo o culpa grave y falta de requisitos objetivos esenciales de la acción de repetición.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de octubre de 20186, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El municipio de Mogotes 7 y Heriberto Amado Gómez 8, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación de esta, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de marzo de 2022 9, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la conducta de Heriberto Amado Gómez no fue gravemente culposa.

Al efecto, sostuvo: “De la anterior reseña probatoria, destaca la Sala las subrayas que hace en la transcripción de la sentencia de segunda instancia, categórica en afirmar que el menor Melquis Fabián Camacho Estévez (víctima directa en el proceso de reparación directa), “fue contratado de forma verbal por el entonces director del INDERMO, señor Edgar José Ardila Montero”. Es decir, no existe evidencia, de algún grado de participación del demandado en los hechos que dieron

proceso de reparación directa), “fue contratado de forma verbal por el entonces director del INDERMO, señor Edgar José Ardila Montero”. Es decir, no existe evidencia, de algún grado de participación del demandado en los hechos que dieron lugar al daño: La condena en reparación directa, no tuvo origen en su acción u omisión personal; no resulta probado que el daño antijurídico y la conden a sobreviniente contra el municipio, sea consecuencia de un obrar gravemente culposo del aquí demandado. (…) Así, se tiene que, el alcalde municipal de la época aquí demandado, no fue quien dio la orden verbal a la víctima directa del daño, para que ese 23 de septiembre de 2010, accediera al techo del centro deportivo o coliseo; es más, ni siquiera había efectuado para ese momento, contrato alguno para el mantenimiento de ese inmueble. (…) Concluye así la Sala que el municipio no

6 Fl. 177, Samai expediente digital. 7 Fl. 183 a 186, Samai expediente digital. 8 Fl. 178 a 182, Samai expediente digital. 9 Samai link expediente digital.5

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cumplió con la carga que le asiste de probar que, la condena en su contra, tuvo origen en la acción u omisión gravemente culposa del demandado, para que se le imponga a éste el deber de asumir el valor de aquella indemnización, a cuenta de su patrimonio personal”.

En la parte resol utiva, el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de condenar en costas al municipio de Mogotes.

imponga a éste el deber de asumir el valor de aquella indemnización, a cuenta de su patrimonio personal”.

En la parte resol utiva, el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de condenar en costas al municipio de Mogotes.

5. Recurso de apelación

El 4 de abril de 202210, el municipio de Mogotes interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 19 de julio de 202211 y admitido el 12 de agosto de 202212.

5.1. La parte demandante 13, además de reiterar los argumentos de la demanda, sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas aportadas al proceso, esto es, las sentencias proferidas dentro del proceso de reparación directa, pues independientemente de la responsabilidad que le asistía al director del INDERMO, Edgar José Ardila Montero, el acalde del municipio de Mogotes también estaba en la obligación de responder por la condena proferida en contra de dicho municipio, al permitir que se contratara de forma verbal y sin los requisitos legales a un menor de edad para ejecutar obras de mantenimiento en el coliseo municipal.

Textualmente, el recurrente manifestó: “ independientemente de la responsabilidad del Director del INDERMO Edgar José Ardila Montero, no se puede desconocer la responsabilidad del entonces Alcalde Municipal de Mogotes Heriberto Amado Gómez en su condición de Representante Legal del Municipio de Mogotes entidad territorial propietaria del Coliseo Juan de Dios Arias, quien sabiendo que debía adelantar el contrato de obra para su mantenimiento y adecuación permitió que ilegalmente -de manera verbal - el Director del INDERMO Edgar José Ardila Montero, contrate al menor Melquis Fabián Camacho Estévez, para comenzar a

adelantar el contrato de obra para su mantenimiento y adecuación permitió que ilegalmente -de manera verbal - el Director del INDERMO Edgar José Ardila Montero, contrate al menor Melquis Fabián Camacho Estévez, para comenzar a adelantar parte del mantenimiento y adecuación del techo, lo cual condujo a su caída del mismo, ejecución de dichas labores, y además permitió que dichas labores adelantadas ilegalmente -sin firmarse contrato por parte del Municipio - se ejecutaran durante varios días hasta que ocurrió el mentado accidente el día 23 de

10 Samai link expediente digital. 11 Samai link expediente digital. 12 Samai índice 4. 13 Fl. 177 a 186, C. Ppal.6

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septiembre de 2010, para que posteriormente, es to es, el 12 de octubre de 2010, finalmente si adelantara la contratación de manera legal, ya cuando habían transcurrido 19 días desde el siniestro ocurrido en la salud de Melquis Fabián Camacho Estévez”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 14, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia15. No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3º del

2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia15. No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3º del artículo 198, 20116 y 24717 de la Ley 1437 de 2011, éste último modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 , se observa que el Ministerio público rindió concepto el 13 de septiembre de 2022.

6.1. El Ministerio Público18 rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, toda vez que se demostró que Heriberto Amado Gómez no participó directa o indirectamente en la contratación verbal del menor Melquis Fabián Camacho Estévez para realizar labores de mantenimiento en el coliseo del municipio de Mogotes , motivo por el cual no se configuraba la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001.

14 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 15 Samai, índice 8. 16 “Artículo 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente las siguientes providencias:

15 Samai, índice 8. 16 “Artículo 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: (…) 3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que se intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso de segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado. (…)”. 17 Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia. (…); 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicad as, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia (…)”. 18 Índice 10 Samai.7

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III. CONSIDERACIONES

18 Índice 10 Samai.7

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Demandante: Municipio de Mogotes

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servido res públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 19 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200120.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 21, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

19 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean

2011.

19 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en gara ntía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o serv idor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 20 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 21 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $407.379.643 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2017 el SMLMV ascendía a la suma de $737.717, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $368.858.500.8

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2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 22, en

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Demandante: Municipio de Mogotes

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 22, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política23, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque el municipio de Mogotes solicita declarar a Heriberto Amado Gómez patrimonialmente responsable del pago de $407.379.643 realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015.

3. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 24, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del de recho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del de recho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

22 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimi ento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 23 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglome rado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”9

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El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure26 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por demandar más

25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de l os plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabili dad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 26 Consejo de Estado, Sentencia del 3 0 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 27 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garan tía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.10

Radicado: 680012333000201900221 00 (68754)

Demandante: Municipio de Mogotes

allá del tiempo concedido por la ley procesal, sig nifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Radicado: 680012333000201900221 00 (68754)

Demandante: Municipio de Mogotes

allá del tiempo concedido por la ley procesal, sig nifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201228, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Admini strativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)29. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en c urso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o c omenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)30, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados31.

No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA 32, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “ régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se sup edita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.

jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se sup edita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigent