CE - 012333000201900389011SENTENCIA20231201153336

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001233300020190038901 (1321-2023)

Demandante: Valentina Jaramillo Marín

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023.

MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Valentina Jaramillo Marín instauró demanda en contra de la NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión “grado 23”, utilizada para denominar el cargo de abogado asesor, contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que creó de manera permanente dicho cargo.

Que se declare la nulidad del Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018, mediante el cual se negó la reliquidación con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el “grado 23”, que se le han venido cancelando a la demandante y el cargo “ abogado asesor de Tribunal Judicial”, conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo neg ativo, con ocasión del recurso de apelación interpuesto el 3 de septiembre de 2018 contra la mencionada resolución.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 2

A título de restablecimiento del derecho, que se reconozca que el cargo de abogado asesor que ha desempeñado la demandante, no ostenta ninguna denominación o grado adicional al de “ abogado asesor” de Tribunal Judicial, conforme lo contemplado por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1257 de 2015, 245

asesor que ha desempeñado la demandante, no ostenta ninguna denominación o grado adicional al de “ abogado asesor” de Tribunal Judicial, conforme lo contemplado por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019, así como los que lo modifiquen o sustituyan.

Que la remuneración salarial mensual del cargo de “ abogado asesor” debe liquidarse conforme lo preceptuado por el Gobierno Nacional a través los mencionados decretos.

Que se ordene a la demandada a reconocer, liquidar y pagar, con efectos retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales (bonificaciones, primas, vacaciones, cesantías y demás), existentes entre el “ grado 23” y el cargo de “abogado asesor de Tribunal Judicial”, conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial expedidos por el Gobierno Nacional, durante el tiempo de vinculación, en el cargo de abogado asesor.

Que se reconozca que los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause la demandante, en el cargo de abogado asesor grado 23, deben regirse por lo contemplado en los Decretos que para el efecto expida el Gobierno Nacional, siempre bajo la denominación de abogado asesor de Tribunal Judicial.

Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean indexadas según el IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; que se cancelen los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia.

Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, de conformidad

IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; que se cancelen los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia.

Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución , señala que es el Gobierno Nacional quien debe fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Que el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que se dispuso que el Gobierno Nacional, fijar ía dicho régimen para los empleados de la Rama Judicial.

Que, en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República, expide anualmente los Decretos en materia salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los que se establece la remuneración mensual para el abogado asesor de Tribunal Judicial y se indica que para los cargos cuyaRadicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 3 denominación no esté señalada se regirá por una escala, dentro de la que se encuentra el grado 23.

Que no obstante estar definido el cargo de abogado asesor dentro de los pertenecientes a los Tribunales Judiciales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó en los Tribunales Judiciales del país de manera transitoria y posteriormente de forma permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23, cuando los decretos expedidos por el Presidente, fueron

Superior de la Judicatura, creó en los Tribunales Judiciales del país de manera transitoria y posteriormente de forma permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23, cuando los decretos expedidos por el Presidente, fueron enfáticos en señalar que única y exclusivamente se puede acudir a esa escala salarial cuando la remuneración del cargo no se encuentre señalada.

Que los salarios que se presentan entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el rotulado grado 23, ostentan una diferencia salarial, lo que genera un saldo a favor de la demandante por la indebida liquidación mensual realizada, ya que siempre debió tomarse el valor de la escala salarial establecida para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y no el del grado 23.

Que la demandante estuvo vinculada a la Rama Judicial fungiendo el cargo de abogado asesor desde el 3 de noviembre de 2015 y hasta el 12 de septiembre de 2016 y, por ende, le son aplicables en su integridad los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019.

Que, en virtud de lo anterior, el 23 de julio de 2018, se solicitó a la parte demandada, inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad, la expresión grado 23 contenida en los Acuerdos que le otorgan al cargo de abogado asesor del Tribunal Administrativo de Caldas, una remuneración diferente a los empleados que ocupan el cargo de abogado asesor de Tribunal a nivel nacional.

Que, a esa solicitud, se le dio respuesta negativa, a través de la Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018 , frente al cual se interpuso recurso

el cargo de abogado asesor de Tribunal a nivel nacional.

Que, a esa solicitud, se le dio respuesta negativa, a través de la Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018 , frente al cual se interpuso recurso de apelación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta al mismo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 21 de septiembre de 2019 y notificada a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó el cargo de abogado asesor grado 23, con base en las facultades constitucionales y legales, específicamente las señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996; que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo como un cargo nominado, es decir, sin escala, sino que se determinó un grado especifico cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 4

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) , accedió a las pretensiones de la demanda; al respecto señaló que el Consejo Superior de la Judicatura ejerció de manera discrecional la facultad de crear, fusionar, trasladar y suprimir cargos, sin justificar la necesidad de crear el cargo de “abogado asesor grado 23 ” en condiciones salariales y prestacionales diferentes a las del cargo de abogado asesor que ya existía en forma nominada.

justificar la necesidad de crear el cargo de “abogado asesor grado 23 ” en condiciones salariales y prestacionales diferentes a las del cargo de abogado asesor que ya existía en forma nominada.

Así mismo, indicó que la entidad demandada creó o varió la remuneración aplicable al cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial sin tener la facultad para ello, resultando en el pago de salarios y prestaciones de manera inferior al del grado nominado legalmente constituido con el Decreto 57 de 1993.

En consecuencia, el a quo inaplicó por inconstitucional la expresión “Grado 23” para nominar al cargo de Abogado Asesor, contenida en los Acuerdos que crearon y prorrogaron dicho cargo para el Tribunal Superior de Manizales, por cuanto carecía de competencia para crear o variar la remuneración para ese cargo. De igual manera, declaró la nulidad de i) la Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018, por medio de la cual se negó la reliquidación de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo Abogado Asesor “grado 23” y el de Abogado Asesor de Tribunal Judicial” ; y ii) del acto ficto o presunto derivado del silencio de la administración respecto del recurso de apelación interpuesto en contra de la mencionada resolución.

Como restablecimiento del derecho, ordenó cancelar las diferencias salariales y prestacionales por el tiempo que se haya desempeñado en el cargo de abogado asesor “grado 23”. Respecto a la figura de la prescripción, precisó que no se configuró, toda vez que no transcurrieron 3 años entre el desempeño del cargo y la fecha de la reclamación.

asesor “grado 23”. Respecto a la figura de la prescripción, precisó que no se configuró, toda vez que no transcurrieron 3 años entre el desempeño del cargo y la fecha de la reclamación.

Finalmente, condenó en costas procesales a la entidad demandada, fijándo las agencias en derecho por valor de $3.440.000.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que a la demandante se le han realizado sus pagos, de conformidad con los decretos salariales vigentes expedidos para cada año por el Gobierno Nacional.

Que, en materia de la fijación de la remuneración salarial y prestacional de los servidores judiciales, la competencia se encuentra por regla general en cabeza del Gobierno Nacional, con algunas excepciones en los temas que establece la misma ley.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 5

Que esa facultad no ha sido arrogada por el Consejo Superior de la Judicatura, al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, toda vez que con la expedición del mismo únicamente se pretendía la creación entre otros, de un cargo de abogado asesor grado 23 y no la regulación del régimen salarial y prestacional, toda vez que esa facultad radica en el Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1992.

Que, es claro que el Consejo Superior de la Judicatura, tiene competencia en lo que respecta al funcionamiento de Despachos, la carrera judicial y el manejo de empleo

dispuesto en la Ley 4.ª de 1992.

Que, es claro que el Consejo Superior de la Judicatura, tiene competencia en lo que respecta al funcionamiento de Despachos, la carrera judicial y el manejo de empleo tendiente a crear, modificar y suprimir cargos de la administración de justicia, en los límites y bajo las condiciones previstas en la Constitución y la ley.

Que cada uno de los cargos que conforman la planta de personal de la Rama Judicial tiene definido su régimen salarial y prestacional en los decretos correspondientes, expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, que las escalas definidas en los mismos, son incompatibles entre sí.

Que, según el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se creó a partir de esa fecha, un cargo de abogado asesor Grado 23 en el Tribunal Administrativo de Caldas, esto por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con base en las facultades constitucionales y legales, especialmente las señaladas en el art. 85 de la Ley 270 de 1996; y que, en razón de ello se observa que el cargo corresponde a la denominación de abogado asesor grado 23.

Consideró que la autoridad competente, no dispuso la creación del empleo como cargo “nominado”, es decir, sin escala de grado lo cual sí implicaría que se le aplique la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de los Tribunales Judiciales.

Finalmente, precisó que la entidad no debe ser condenada en costas, toda vez que no se presentó una conducta temeraria y los argumentos de defensa se encuentran legalmente justificados.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Finalmente, precisó que la entidad no debe ser condenada en costas, toda vez que no se presentó una conducta temeraria y los argumentos de defensa se encuentran legalmente justificados.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se admitió el recurso de apelación, en donde además, se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del Ministerio Público.

Las partes demandante y demandada, así como el señor Agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 6

CONSIDERACIONES

Cuestión preliminar

En el expediente se encuentra la solicitud de suspensión provisional del proceso presentada por el apoderado del Consejo Superior de la Judicatura mientras se expedía la sentencia de unificación a la que se refiere el auto del 20 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso 3071-2019.

Al respecto, se advierte que la misma no resulta procedente, toda vez que la referida sentencia de unificación fue aprobada en la sala del 2 de noviembre de 2023, tal como se expondrá en el siguiente acápite.

Problema jurídico

La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.

facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.

Además, deberá determinarse si la demandante, tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de la escala salarial señalada para el cargo de “ abogado asesor” de Tribunal Judicial en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 , 337 de 2018 y 991 de 2019, así como los que lo modifiquen o sustituyan.

Finalmente, como asunto adicional, se deberá resolver si resulta procedente o no la condena en costas impuesta en la sentencia objeto de apelación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de 20231, en la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó las pautas que en adelante se deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.

Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”.

vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023 . Expediente 3071-2019. Demandante: Orlando José Jiménez Cerra.

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)

7 La siguiente fue la regla de unificación fijada en la referida sentencia:

«UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados2, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”».

La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde crear los cargos y realizar las

La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorga tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996.

En este punto, la Sentencia de Unificación estableció:

“127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la denominación del cargo para su remuneración salarial -entendida como “el nombre indicativo de la función”3 ya había sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece una escala gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”4.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”,

su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que su consecuencia directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración salarial y prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”. (ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el artículo 2575 de la Ley 270 de 1996.

2 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 3 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto de 2012. 4 Negrilla y subrayas de la Sala. 5 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: […]Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 8 (iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento esencial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor desempeñada. (…)

por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento esencial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor desempeñada. (…)

130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los actos demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó una categorí a especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.

131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado de los nominados6 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del accionante, fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le corresponde, situación que desco noce los cánones constitucionales y legales que regulan las competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales del señor

Orlando José Jiménez Cerra. (…)

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en

Orlando José Jiménez Cerra. (…)

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 257 7 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Fr ente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”. 6 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la

obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”. 6 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 7 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 9 por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 19928, a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial”.

Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados9 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior

remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del mismo.

Se refirió también a la modificación de la denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, mencionando que el Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, por el cual modificó la denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23” y que, toda vez que las órdenes i mpartidas en primera instancia comprend ió el pago de diferencias salariales y prestacionales que se lleguen a causar mientras que el demandante se desempeñe como abogado asesor de tribunal, debe verificarse los efectos que generó la modificación en cuanto a la determinación del salario y las prestaciones sociales correspondientes a quienes venían desempeñándose como “abogado asesor” de tribunal.

Para el efecto, consideró que:

“151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo, las mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la escala salarial del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo

las mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la escala salarial del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo 4.° de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor nominado10.

152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha emitido la jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares, donde ha establecido que los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse con el salario del cargo de abogado asesor

8 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. 9 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 10 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023) 10 nominado11 en los términos de los decretos expedidos anualmente por el Ejecutivo.

153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la

Constitución Política – y el Pacto Internacional de Derechos Económicos

Ejecutivo.

153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la Constitución Política – y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales