CE - 012333000202300052011SENTENCIA20230518160522

Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 18001-23-33-000-2023-00052-01

Demandante: DIANA MILENA VALLEJO HERNÁNDEZ

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas:

Tutela de fondo - Vacaciones individuales de empleados de la Rama Judicial. Derecho al descanso laboral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, el 17 de abril de 2023. En ese fallo se accedió a las pretensiones de la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. El día 30 de marzo de 2023, la ciudadana Diana Milena Vallejo Hernández, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. El día 30 de marzo de 2023, la ciudadana Diana Milena Vallejo Hernández, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – (Huila), la Coordinación Administrativa de Florencia y el Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad.

2. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y a la salud, en razón a que consideró que las anteriores garantías constitucionales le fueron conculcadas por las autoridades tuteladas porque se le negó el disfrute de sus vacaciones. Esto, con fundamento en que no hay un certificado de disponibilidad presupuestal para designar a alguien que l a reemplace en las funciones que desempeña y que estas no las pueden asumir sus compañeros por el exceso de carga laboral que actualmente soporta el despacho judicial en el que trabaja.Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1.- TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, derecho a la igualdad y a la salud plasmados en la Carta Política.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1.- TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, derecho a la igualdad y a la salud plasmados en la Carta Política.

2.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva-Huila y Coordinación Administrativa de Florencia, realizar todos los trámites administrativos necesarios a fin de que sea expedido el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nombramiento de un empleado judicial que remplaza a la suscrita DIANA MILENA VALLEJO HERNÁNDEZ, durante el periodo de disfrute de las vacaciones a que tiene derecho.

3.- A su vez, se ORDENE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva -Huila y Coo rdinación Administrativa de Florencia, que una vez sea expedido el certificado de disponibilidad presupuestal el mismo, sea enviado de forma inmediata a la Dra. Ingrid Yurani Ramírez Martínez, en calidad de titular del Juzgado 03 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, para que esta, proceda a conceder las vacaciones solicitadas por la suscrita DIANA MILENA VALLEJO HERNÁNDEZ y efectúe el nombramiento en provisionalidad para su remplazo.

4.- Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados y/o vulnerados y que usted durante el trámite tutelar pueda evidenciar se están vulnerando.

1.3. Hechos

4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos

amenazados y/o vulnerados y que usted durante el trámite tutelar pueda evidenciar se están vulnerando.

1.3. Hechos

4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales que se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso:

5. La señora Diana Milena Vallejo Hernández se encuentra vinculada a la Rama Judicial como Oficial Mayor Circuito Grado 00 en el Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.

6. El 22 de marzo de 2023, solicitó a la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia la concesión de vacaciones individuales, a partir del 26 de mayo de 2023 hasta el 16 de junio 2023. Para fundamentar su solicitud explicó que contaba con un periodo causado y no disfrutado, correspondiente al trascurrido entre el 26 de enero de 2022 y el 25 de enero de

2023.

7. Con ocasión de lo anterior, l a juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva la expedición del C ertificado de Disponibilidad Presupuestal (en adelante CDP) para poder designar un reemplazo y concederle el disfrute de las vacaciones solicitadas por la accionante. No obstante, por OficioDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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DESAJNEO23-1159 del 27 de marzo del mismo año, la entidad negó su solicitud. Como fundamento, precisó que solo está permitida la expedición de CDP para designar el reemplazo de funcionarios judiciales.

8. En consecuencia, mediante la Resolución 010 del 28 de marzo de 2023 la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó su petición. Lo anterior, tras explicarle que bajo las condiciones de carga laboral en las que se encontraba el despacho, le era imposible acceder a su requerimiento.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora inició con un breve recuento acerca de las características del juzgado respecto del cual ocupa el cargo de sustanciadora. Así, manifestó que: Es importante señalar que el Juzgado 03 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, recibe una carga trimestral de peticiones en promedio de 800, ingreso de 75 procesos para su conocimiento, ingreso de 123 tutelas, contando con un total de procesos activos de 2.500 aproximadamente, debiendo mantener una adecuada productividad y ef iciencia en pro de las exigencias de los usuarios del servicio judicial, en especial de aquellas privadas de su libertad, las cuales demandan asuntos de urgencia en todo el proceso de ejecución de la pena, dado el alto volumen de procesos a su cargo.

exigencias de los usuarios del servicio judicial, en especial de aquellas privadas de su libertad, las cuales demandan asuntos de urgencia en todo el proceso de ejecución de la pena, dado el alto volumen de procesos a su cargo.

10. Precisó que el descanso remunerado ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental intrínsicamente relacionado con los derechos al trabajo y a la salud.

1.5. Trámite de la acción

11. Mediante auto de 30 de marzo de 2023 se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y

Medidas de Seguridad de Florencia.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia

12. Compareció a través del coordinador del área de asistencia legal.

13. En primer lugar, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo porque existe otro medio de defensa judicial y no se encontró acreditado la existencia de un perjuicio irrem ediable que amerite la intervención del juez constitucional.

14. Manifestó que no era procedente a través de la tutela, ordenar a la entidadDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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que representa adelantar acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos, como lo es la expedición de un CDP previo al otorgamiento de las vacaciones, cuando en el régimen legal no estaba previsto tal privilegio.

15. Afirmó que el acto administrativo no ha sido atacado ante las vías ordinarias de que dispone la accionante, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

16. De otro lado, señaló que no está conforme a la legislación actual del Consejo Superior de la Judicatura expedir un CDP para el reemplazo de cargos cuando se solicitan vacaciones, pues dicho presupuesto solo aplica para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios públicos, y no de empleados públicos como es el caso del actor. Ahora bien, excepcionalmente se permitiría para aquellos despachos judiciales que cuenten con tres o menos cargos, y en el caso del accionante no se encuentra cobijada bajo esta situación, toda vez que la planta de su despacho cuenta con 5 cargos en su planta de personal, un nominador y 4 empleados.

17. Finalmente, solicitó que se desvincule del presente trámite con fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva. Ello, dado que la vulneración alegada no le es atribuible.

1.6.2. Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medida s de Seguridad de Florencia

la vulneración alegada no le es atribuible.

1.6.2. Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medida s de Seguridad de Florencia

18. Manifestó que su despacho maneja una alta carga laboral pues recibe en promedio de 30 peticiones diarias (libertad por pena cumplida, libertad condicional, prisión domiciliaria, permisos administrativos, redenciones de pena, etc) que no alcanza a ser evacuada puesto que también funge como juez constitucional.

19. Explicó que c onforme a la última estadística realizada, la falta de un servidor obstruye ostensiblemente la administración de justicia, y obliga a que los demás servidores cumplan funciones adicionales y se sobrecarguen en su ejercicio laboral. Por esta razón, se negó el disf rute del periodo vacacional de la

señora Diana Milena Vallejo Hernández.

1.6.3. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

20. Indicó que no es procedente endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la accionante como vulneradora s recaen exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2.° y 6.° del artículo 106 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo de expedir el CDP para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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de sus vacaciones.Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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21. Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales de la accionante.

1.7. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión mediante sentencia del 17 de abril de 2023 amparó el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado. En consecuencia, le ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Neiva – Huila que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, solic ite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la provisión de los recursos necesarios para que la juez 3.º de Ejecución y Medidas de Seguridad de Florencia adopte las medidas que se requieran para conceder las vacaciones a la señora Diana Milena

Vallejo Hernández.

23. Así mismo, dispuso que, una vez el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nivel central otorgara los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, comunique a la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nivel central otorgara los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, comunique a la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, quien a su vez debía en un término de 48 horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la señora Diana Milena Vallejo Hernández.

24. Consideró el Tribunal, q ue existía una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que asuntos de índole administrativo no podían afectar el derecho al goce y disfrute del periodo de vacaciones que legalmente le asiste a la peticionaría. Máxime si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado de la garantía al trabajo en condiciones dignas.

25. Por lo anterior, el juez de tutela de primera instancia discurrió que el derecho al descanso fue vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, quien con su negativa a expedir el CDP para designar el reemplazo a la empleada que debe disfrutar vacaciones, encamina a la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia a negar las vacaciones por necesidad del servicio, pues su despacho no puede funcionar con un empleado menos, y tampoco es procedente recargar las funciones de quien sale a vacaciones, a los demás fun cionarios de la corporación, pues esto implicaría un desconocimiento de su derecho a trabajar de forma digna.

26. Finalmente, el juez del amparo de primer grado mencionó que no es de recibo que los funcionarios judiciales sí puedan acceder a vacaciones

implicaría un desconocimiento de su derecho a trabajar de forma digna.

26. Finalmente, el juez del amparo de primer grado mencionó que no es de recibo que los funcionarios judiciales sí puedan acceder a vacaciones individuales y para ellos sí exista la expedición del CDP respectivo para que se les nombre un reemplazo, pero se le dé un trato discriminatorio a los empleadosDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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judiciales, quienes tienen el mismo derecho a disfrutar de las vacaciones, pero que en caso de percibirlas implicaría que sus compañeros de trabajo deban asumir sus funciones, y que el despacho al cual prestan sus servicios, tenga que funcionar con un empleado menos.

1.8. Impugnación

1.8.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y la Coordinación Administrativa de Florencia.

27. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la presente acción de tutela.

1.9. Trámite en segunda instancia

28. Mediante auto de 2 8 de abril de 2023, el magistrado ponente de esta decisión ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial – Nivel Central.

29. La Dirección Ejecutiva de Administración – Nivel Central rindió informe en el que solicitó que se declarara configurada la temeridad en el actuar de la actora

Judicial – Nivel Central.

29. La Dirección Ejecutiva de Administración – Nivel Central rindió informe en el que solicitó que se declarara configurada la temeridad en el actuar de la actora al haber promovido nuevamente acción de tutela por los mismos hechos y contra las mismas entidades cuando previamente había presentado una en la que le fue amparado su derecho fundamental al descanso.

30. También, la autoridad vinculada solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva , al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del reemplazo de la accionante para la concesión de periodo de vacaciones que ha solicitado ante su nominador el Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Florencia, Caquetá.

31. Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela al estar dirigida intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto como lo es la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 y no cumplir los requisitos para ser tenida en cuenta como un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión el 17 de abril de 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en losDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

17 de abril de 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en losDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

32. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y la Coordinación Administrativa de Florencia solicitaron ser desvinculadas del presente trámite constitucional. A su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

33. La Sala negará esta petición, comoquiera que, con fundamento en las funciones que tiene asignadas esta s autoridades, según lo dispuesto en el artículo 98 de Ley 270 de 1996 1, deben ejecutar labores administrativas tales como la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que tengan un régimen individual de vacaciones.

2.3. Legitimación en la causa

34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos

34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que Diana Milena Vallejo Hernández está legitimada en la causa por activa. Esto, en la medida en que es quien solicitó el amparo al derecho al trabajo en condiciones dignas y al descanso, mediante la petición de disfrute de vacaciones a partir del partir del 26 de mayo de 2023 hasta el 16 de junio 2023, por tener un periodo pendiente causado y no disfrutado.

1 ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las

Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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37. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva , y el Juzgado 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad están legitimadas en la causa por pasiva. Esto, por ser las autoridades ante las cuales se radicó el requerimiento referido.

2.4. Problema jurídico

38. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si conforma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. Para tales efectos, se resolverá el

siguiente problema jurídico:

• ¿La decisión de no ordenar la aprobación presupuestal y la expedición del CDP para designar el remplazo de la señora Diana Milena Vallejo

siguiente problema jurídico:

• ¿La decisión de no ordenar la aprobación presupuestal y la expedición del CDP para designar el remplazo de la señora Diana Milena Vallejo Hernández en su labor como Oficial Mayor Circuito Grado 00 del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Florencia vulnera sus derechos fundamentales al trabajo en co ndiciones dignas, igualdad, salud y al descanso remunerado?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del mecanismo constitucional; iii) el derecho al descanso del servidor judicial y; iv) estudio del caso en concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

40. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisione s de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

41. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos para la defensa de los derechos que r eclama, la tutela es procedente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

42. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos

ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

42. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.Demandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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43. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.

2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Subsidiariedad

44. La accionante solicitó ante la juez 3.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia la concesión de sus vacaciones por el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2023 al 16 de junio de 2023.

45. En consecuencia, la mencionada juez solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva el certificado de disponibilidad presupuestal para que se designara su remplazo y pudiera disfrutar de sus vacaciones. Dicha

45. En consecuencia, la mencionada juez solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva el certificado de disponibilidad presupuestal para que se designara su remplazo y pudiera disfrutar de sus vacaciones. Dicha entidad profirió la Resolución DESAJNE023 -1159 del 27 de marzo de 202 3, en la que negó la petición por lo que dispone la Circular PSAC11-44 de 2011.

46. En virtud de lo anterior, la juez 3.º de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Florencia, negó las vacaciones, con fundamento en que no fue autorizado el CDP para nombrar una persona que se encargue de sus funciones, aunado a que la carga laboral que ostenta el despacho no permite la ausencia de uno de los servidores.

47. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración del Huila y la de no conceder las vacaciones por parte de su nominador, puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el articulo 138 del CPACA.

48. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la solicitud de amparo es el mecanismo adecuado para proteger los derechos invocados por la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad, en el q ue está plenamente demostrado que la accionante ve amenazado su derecho al descanso remunerado, el cual se relaciona íntimamente con los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.

demostrado que la accionante ve amenazado su derecho al descanso remunerado, el cual se relaciona íntimamente con los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.

49. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios para la protección efectiva y eficaz de los derechos. Esta falta de idoneidad haceDemandante: Diana Milena Vallejo Hernández Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00052-01

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imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano2.

50. En el presente caso, se advierte que la tutelante es una empleada judicial que ve amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado el cual, a su juicio, transgrede además el cúmulo de garantías constitucionales sobre las que invoca la protección.

51. Lo anterior, ante el posible riesgo inminente de que la señora Diana Milena Vallejo Hernández no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones, ante la falta de disponibilidad presupuestal para que su nominador pueda designar su remplazo, durante el tiempo en el que se encuentre en descanso.

52. Esto, resulta suficiente para que este jue z constitucional, de acuerdo con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia.

2.6.2. Inmediatez

52. Esto, resulta suficiente para que este jue z constitucional, de acuerdo con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia.

2.6.2. Inmediatez

53. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha señalado que el estudio de este requisito obedece a la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se genere tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción3.

54. De esta manera, en el caso en concreto la tutelante presentó este mecanismo constitucional el 30 de marzo de 2023. Es decir, menos de treinta días después de que el despacho judicial en el que labora le negó su derecho al descanso ante la falta del CDP para designar una persona que remplace sus funciones. En consecuencia, la Sala c