CE - 012333000202300327011SENTENCIA20231031121337

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: CIELO CARDOZO HERRERA

Accionados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL TOLIMA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – los obstáculos de índole administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfrute de las vacaciones a que tienen derecho los empleados judiciales.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Cielo Cardozo Herrera solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la familia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJIBO23 -1562 de 28 de agosto de 2023 1 y a la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 20232, proferidos por la Dirección Ejecutiva

atribuyó al Oficio núm. DESAJIBO23 -1562 de 28 de agosto de 2023 1 y a la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 20232, proferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Tolima y por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué , respectivamente , y mediante los cuales se afectó el disfrute de sus vacaciones individuales.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo de citadora grado 3, en propiedad, y que desempeña sus funciones en e l Centro de Servicios

1 Mediante el cual se niega la solicitud de expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, para la contratación de un reemplazo de la señora Cielo Cardozo Herrera. 2 Mediante la cual «se niega el disfrute de unas vacaciones».2

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué , por lo que su régimen de vacaciones es individual, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Estatutaria núm. 270 de 7 de marzo de 19963.

2.2. Adujo que , actualmente, se encuentra pendiente de disfrutar los siguientes

lo que su régimen de vacaciones es individual, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Estatutaria núm. 270 de 7 de marzo de 19963.

2.2. Adujo que , actualmente, se encuentra pendiente de disfrutar los siguientes períodos de vacaciones causados: (i) entre el 12 de mayo de 2021 y el 11 de mayo de 2022; y (ii) entre el 12 de mayo de 2022 y el 11 de mayo de 2023.

2.3. Refirió que por lo anterior, el 14 de agosto de 2023, solicitó a su nominador, el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, conceder sus vacaciones, por lo que, en atención a ello, dicho funcionario le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Ibagué la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para contratar a un reemplazo por motivo de vacaciones, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

2.4. Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Ibagué, a través de Oficio núm . DESAJIBO23-1562 de 28 de agosto de 2023, informó que no existía disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo, por lo que debía distribuirse la carga laboral entre los demás empleados , de conformidad con la Circular núm. PSAC05-89 de 18 de noviembre de 20054.

2.5. Refirió que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué , mediante la Resolución

2.5. Refirió que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué , mediante la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 2023, decidió negar el disfrute de sus vacaciones, argumentando para ello la necesidad del servicio.

2.6. Con base en lo señalado, la actora adujo que los actos mencionados vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la familia y a la igualdad , en tanto que por no expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, el nominador no accedió a conceder sus vacaciones.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Con fundamento en lo expuesto le solicito señor Magistrado, que se protejan mis derechos fundamentales invocados y se ordene:

1. A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la provisión de los recursos necesarios para que el Juez Coordinador del C entro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adopte las medidas que sean necesarias para conceder las vacaciones equivalentes a 50 días continuos por cada año de servicio, solicitadas por esta servidora.

3 «Estatutaria de la Administración de Justicia». 4 Por medio de la cual se regula lo atinente a la: «ASIGNACION DE RECURSOS PARA REEMPLAZOS POR VACACIONES DEL PERSONAL TITULAR EN LOS DESPACHOS JUDICIALES, EXCEPTO LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO».3

DEL PERSONAL TITULAR EN LOS DESPACHOS JUDICIALES, EXCEPTO LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO».3

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

1. Al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, para una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie los recursos solicitados, me conceda el disfrute de las vacaciones solicitadas […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de septiembre de 2023 , el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo del Tolima, admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las accionadas y a la vinculada, se allegaron los

siguientes informes:

5.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima rindió informe en los siguientes términos:

5.2. Advirtió que es una entidad de carácter técnico -administrativo, por lo que no cuenta con autonomía presupuestal y que se rige por las directrices emanadas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y por el Consejo Superior de la Judicatura. En ese sentido, indicó que debía respetar lo contemplado en la Circular

cuenta con autonomía presupuestal y que se rige por las directrices emanadas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y por el Consejo Superior de la Judicatura. En ese sentido, indicó que debía respetar lo contemplado en la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de noviembre de 20115, que reglamenta lo relacionado con la asignación de recursos para el disfrute de las vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones individuales, con excepción de quienes ostenten la calidad de empleados judiciales, como es el caso de la actora.

5.3. De otro lado, alegó la improcedencia de la acción de tutela por cuanto no cumplía con el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, ya que en este caso no está amenazado un derecho fundamental y lo pretendido por la parte actora puede ser ventilado ante el juez de lo contencioso administrativo o el juez laboral.

5.4. Igualmente, destacó que en la sentencia de 25 de junio de 2021 6, proferida por el Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela promovida en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio se resolvió que era improcedente ordenarle a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y/o a las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir y contratar los reemplazos de los empleados judiciales.

5.5. Finalmente, resaltó que la pretensión de la parte actora vulnera el principio administrativo de planeación, en razón a que las ausencias por vacaciones individuales se deben prever para lograr adelantar las gestiones previas, tales como

5.5. Finalmente, resaltó que la pretensión de la parte actora vulnera el principio administrativo de planeación, en razón a que las ausencias por vacaciones individuales se deben prever para lograr adelantar las gestiones previas, tales como

5Circular PSAC11-44, asunto: «PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUALES». 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “C”-, sentencia de 25 de junio de 2021, expediente número 11001-03-15-0002021-02244-00, C.P. Nicolás Yepes Corrales.4

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

conseguir practicantes , judicantes, establecer un cronograma de trabajo y redistribuir las tareas.

5.6. El Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué rindió informe en el que indicó que la decisión de negarle las vacaciones a la empleada se tomó en razón a que esta tiene asignadas las funciones de : (i) recepción de correspondencia electrónica de la secretaría común, (ii) notificación de providencias, y (iii) apoyo a los escribientes adscritos a los 9 juzgados de la especialidad. Estas actividades deben ser cumplidas por personal calificado dentro del plazo oportuno.

5.7. Sostuvo que concederle las vacaciones a la señora Cielo Cardozo Herrera, sin

especialidad. Estas actividades deben ser cumplidas por personal calificado dentro del plazo oportuno.

5.7. Sostuvo que concederle las vacaciones a la señora Cielo Cardozo Herrera, sin contratar a su reemplazo, generaría traumatismos en la prestación del servicio de administración de justicia porque, aunque existen 3 cargos de citador del circuito que cumplen funciones similares a la actora, distribuir entre ellos las tareas resultaría desproporcionado y afectaría la eficiente atención a los usuarios.

5.8. Finalmente, aclaró que la decisión negativa frente a la concesión de las vacaciones no es por desconocimiento o pérdida del derecho al disfrute de estas, sino que esa decisión obedece a la necesidad del servicio y a la falta de asignación de recursos para contratar el reemplazo de la señora Cielo Cardozo Herrera.

5.9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderado judicial, rindió informe en el que expuso que correspondía a las direcciones seccionales administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y actuar en calidad de ordenadores del gasto , para el cumplimiento de sus obligaciones. Por esto advirtió que esa entidad no era la llamada a dar respuesta sobre el disfrute de las vacaciones de la actora.

5.10. Igualmente, refirió que existen varias sentencias de tutela que han amparado el derecho a disfrutar de las vacaciones de la parte accionante, pero que la orden ha sido dirigida a la respectiva dirección seccional, entre las cuales señaló la sentencia de 24 de junio de 20217 de la Corte Suprema de Justicia.

5.11. Seguidamente sugirió que el presente conflicto tuvo origen porque el nominador,

sido dirigida a la respectiva dirección seccional, entre las cuales señaló la sentencia de 24 de junio de 20217 de la Corte Suprema de Justicia.

5.11. Seguidamente sugirió que el presente conflicto tuvo origen porque el nominador, de manera caprichosa, se negó a concederle las vacaciones a la accionante hasta tanto no existiese un certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de un reemplazo para el cumplimiento de las respectivas funciones.

5.12. Finalmente, agregó que lo que procede en este caso es hacer una efectiva planeación del presupuesto y servicio con el fin de que se adelanten las gestiones previas que permitan contar con los apoyos administrativos y funcionales suficientes, que no afecte el cronograma de trabajo y que permita suplir la vacancia de los empleados judiciales.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente número 05001-22-03-0002021-00111-01, C.P. Francisco Ternera Barrios.5

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 14 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima concedió el amparo solicitado por la accionante, al considerar que se encontraban vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, con ocasión de la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 2023, proferida por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y

encontraban vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, con ocasión de la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 2023, proferida por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, y el Oficio núm. DESAJIBO23-1562 de 28 de agosto de 2023, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima, que decidieron no conceder las vacaciones a la accionante porque no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar su reemplazo.

7. En ese sentido, el fallo de primera instancia sostuvo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, al negarse a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la familia y a la igualdad de la accionante, debido a que esta entidad debía asegurar la disponibilidad de recursos para la contratación de un reemplazo de la trabajadora, pese a que en la Circular núm. PSAC11-44 de 2011 no se regula sobre el trámite de contratación de reemplazo de los empleados judiciales.

8. Igualmente, agregó que la solución a la presente controversia no podía ser conceder las vacaciones a la accionante, sin contratar el respectivo reemplazo, en tanto que ello afectaría la prestación del servicio y, además, al regresar la actora de su periodo vacacional tendría una carga laboral acumulada.

9. Finalmente, resaltó que en varias decisiones el Consejo de Estado ha concluido que no es posible negar el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales

su periodo vacacional tendría una carga laboral acumulada.

9. Finalmente, resaltó que en varias decisiones el Consejo de Estado ha concluido que no es posible negar el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales por falta de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, que garantice los recursos para nombrar un reemplazo.

10. Como medidas de restablecimiento de las garantías constitucionales vulneradas, el juez de primera instancia dispuso lo siguiente:

• Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué que solicite, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central los recursos necesarios para contratar el reemplazo de las vacaciones de la señora Cielo Cardozo Herrera, para que una vez tenga autorizado los recursos expida de manera inmediata el certificado de disponibilidad presupuestal, y lo comunique al Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que en el menor tiempo posible le conceda las vacaciones a la actora.

• Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ que en el término de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud enviada por la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué provea6

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

los recursos necesarios para el reemplazo de la señora Cielo Cardozo Herrera.

• Ordenar al Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

los recursos necesarios para el reemplazo de la señora Cielo Cardozo Herrera.

• Ordenar al Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que un plazo de 48 horas a partir de la comunicación de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal le autorice las vacaciones a la accionante.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por conducto de apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:

11.1. Afirmó que el acto administrativo que dispuso no conceder las vacaciones a la actora fue emitido por el Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, y que el oficio que decidió no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal fue emitido por la dirección seccional. Con base en ello, destacó que no tuvo injerencia en las citadas decisiones y debido a esto no se le podía imponer «[…] la obligación (…) de expedir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal con recursos que no cuenta, que no existen, que no se tienen […]».

11.2. Seguidamente indicó que son las direccion es seccionales las encargadas, conforme con los numerales 2 ° y 6° del artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, de administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial, y responder por su correcta destinación, por lo que reiteró que no es competente para dar respuesta a la petición de vacaciones de la señora Cielo

1996, de administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial, y responder por su correcta destinación, por lo que reiteró que no es competente para dar respuesta a la petición de vacaciones de la señora Cielo Cardozo Herrera.

11.3. Señaló que no era razonable que hubiesen sido encontrados responsables de la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Cielo Cardozo Herrera, con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 2023 y del Oficio núm. DESAJIBO23-1562 de 28 de agosto de 2023 , porque los citados actos fueron emitidos por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima, respectivamente.

11.4. Igualmente, solicitó la desvinculación de la entidad por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

11.5. Por último, agregó que la presente acción de tutela no era procedente porque estaba diri gida contra la Circular núm. PSAC11-44 de 2021, que es un acto administrativo de carácter general e impersonal, que no podía ser objeto de control a través de este mecanismo constitucional.7

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

201911.

VIII.2. Cuestión previa

13. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha de resolver, resulta necesario estudiar la legitimación en la causa por pasiva, a efectos de resolver la solicitud de desvinculación procesal presentada por la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ.

14. La Sala pone de presente, lo preceptuado en los numerales 2° y 7° del artículo 99 y el artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que en su tenor

literal disponen:

«[…] ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

JUDICIAL.

(…)

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

(…)

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

(…)

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

(…)

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.

(…)

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

(…)

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.

Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial […]». (Subrayado fuera del texto)

15. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene funciones relacionadas con la administración de bienes

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 9 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 10 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 11 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

y recursos para el debido funcionamiento de la Rama Judicial y, adicionalmente, funge como ordenador del gasto.

16. Por lo expuesto, se denegará la solicitud de desvinculación procesal presentada por

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central.

VIII.3. Problemas jurídicos

como ordenador del gasto.

16. Por lo expuesto, se denegará la solicitud de desvinculación procesal presentada por

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central.

VIII.3. Problemas jurídicos

16.1. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer si existe una vulneración de los derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 132 de 30 de agosto de 2023, que negó el disfrute del derecho a las vacaciones de la accionante, y del Oficio núm. DESAJIBO23-1562 de 28 de agosto de 2023 , que dispuso no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de un reemplazo.

17. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales

18. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado .

Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

19. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la

Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

19. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de las mismas originado por la actividad laboral.

20. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

«[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados e n la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una

12 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.9

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]»13. [Negrilla fuera del texto]

de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]»13. [Negrilla fuera del texto]

21. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que : «[…] uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»14.

En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la interpretación sistemática15 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Política, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

22. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996, en

los siguientes términos:

«[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de vein tidós días continuos por cada año de servicio […]».

23. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado

artículo, precisó lo siguiente:

«[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello, como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente - fijar o modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacacionesindividuales o colectivas -, sin que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]». (Negrilla fuera del texto)

24. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus

24. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus

13 Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 14 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. 15 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.10

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00327-01

Accionante: Cielo Cardozo Herrera

vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Jud icatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Fami