CE - 012333000202300577011SENTENCIAREVOCAPAR20231005153002

Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 76001-23-33-000-2023-00577-01

Demandantes: RAFAEL PÉREZ POTES Y OTROS

Demandado: PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE CALI

Tema Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Contrato de mandato y poder. Trámite agotamiento conciliación prejudicial. Revoca para amparar1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte acci onante, contra la sentencia del 31 de agosto de 202 3, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 22 de agosto de 202 3, los señores Rafael Pérez

Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 22 de agosto de 202 3, los señores Rafael Pérez Potes y otros2, por medio de apoderado judicial solicitaron la protección de sus

1 Al respecto, se precisa que se atenderá el antecedente de esta sección dictado el 24 de agosto de 2023. Expediente 76001-23-33-000-2023-00428-01. 2 Aguilón Valenciano, Diego; Morales Castro, Carlos Arturo; Carvajal Cort és, Germán; Méndez Hernández, Argemiro; Urrea Polindara, Blanca Rovira; Gómez Ortega, Martha Liliana ; Vela Guerrero, Catherinne; Vallejo Cardona, Nora Elisa ; Vivas Azcárate, Alba Lucía; Jaime Pulgarín, Nelly; Urrea de Godoy, Mariela ; Londoño Sánchez, Dolly ; Burbano Apr áez, Rosa Johanna ; Segura German, Genny Ofir ; Martínez Varela, Elizabeth ; Arango Ramírez, Olga ; Mosquera Hinestroza, Alejandra ; Araújo Rosero, Magola ; Trochez Paz, María Del Carmen ; Otálvaro Ceballos, Sandra Liceth; Andrade Rodríguez, Luz Marina; Jaimes Porras, Nidia Esther; QuinteroDemandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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derechos fundame ntales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por parte de la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Admi nistrativos de Cali con la decisión del 11 de enero de 2023 , mediante la cual ordenó allegar los poderes de los convocantes con facultad para conciliar por el acta d el 16 de febrero de la misma anualidad y por la constancia del 7 de marzo del mismo año, de no haberse agotado el requisito de procedibilidad dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de noviembre de 2022.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., fines sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los principios y derechos constitucionales; 228 acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y 230 amparar el somet imiento a la ley contenidos en la Carta Política; vulnerados en el trámite de conciliación prejudicial por la PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, al emitir el Auto de fecha 11 de Enero de 2023 exi giendo poderes adicionales y

prejudicial por la PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, al emitir el Auto de fecha 11 de Enero de 2023 exi giendo poderes adicionales y diferentes a los documentos aportados (contratos de mandato con facultad de apoderamiento), Acta de audiencia de fecha 16 de Febrero de 2023 en la cual no se tiene en cuenta lo aportado (contratos de mandato con facultad de apoderamiento), y expedición de Constancia de rigor remitida a fecha 07 de Marzo de 2023 en la cual, NO quedó agotado el requisito de procedibilidad respecto a mis representados y accionantes, para acudir a instancias judiciales, al interior del proceso de co nciliación con radicado No. E -2022681493 del 24 de noviembre de 2022.

2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE a la PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y/o emitir constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad respecto a mis representados, para acudir a instancias judiciales, al interior del proceso de conciliación con radicado No.

E-2022-681493 de l 24 de noviembre de 2022, en razón a que debe darse pleno cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA

pleno cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO

Serna, Leslie ; García Caicedo, Faysuly ; Correa Correa, Carlos Arturo ; Mallungo Yunda, Jhon Jairo; Caicedo Monsalve, Gustavo Adolfo; Restrepo Martínez, Diana Catherine.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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SUSTANCIAL, consagrados en la Constitución Política Nacional, que han sido vulnerados por el ente accionado.

3.- Ordenar por consiguiente, que se tengan en cuenta las razones de hecho y de derecho argumentadas en el recurso de reposición presentado contra el Auto del 30 de Noviembre de 2022, y/o en el escrito de subsanación de conciliación, a fin de garantizar derechos constitucionales y/o fundamentales.

1.3. Hechos

Sostuvo que, e l 24 de noviembre de 2022 radicó solicit ud de conciliación prejudicial que correspondió en reparto a la accionada.

Mencionó que, l a demandada mediante auto del 30 de noviembre de 2022, notificado el 6 de diciembre de la misma anualidad, inadmitió la solicitud

prejudicial que correspondió en reparto a la accionada.

Mencionó que, l a demandada mediante auto del 30 de noviembre de 2022, notificado el 6 de diciembre de la misma anualidad, inadmitió la solicitud indicando “además, se advierte la ausencia de los poderes que deben conferir los convocantes a quien funge como su apoderada (Dra. ANGELA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAREAL), y que, a su vez, sustituye poder al doctor OSMAN HIPOLITO ROA SARMIENTO, conforme a la previsión del artículo 2.2.4.3.1.1 .5. del Decreto Ley 1069 de 2015 y el ius postulandi…”

Refirió que con memorial del 15 de diciembre de 2022 se presentó recurso de reposición frente a la exigencia de los poderes.

Manifestó que m ediante auto del 5 de enero de 2023 la autoridad acusada resolvió no reponer el auto de inadmisión, el cual quedó en firme.

Precisó que, el 11 de enero de 2023 se presentó escrito de subsanación argumentando la validez de los contratos de mandato con facultad de apoderamiento.

Añadió que, en auto del 11 de en ero de 2023 la Procuraduría 58 fijó fecha para celebración de la audiencia de conciliación el 16 de febrero de 2023 y exhortó al abogado allegar los poderes que lo facultan para presentar la solicitud de conciliación a más tardar el día fijado para realizar la audiencia.

Expuso que, en acta de audiencia de 16 de febrero de 2023 incorporó, a título de prueba documental, en los términos del CGP, los poderes junto con los

conciliación a más tardar el día fijado para realizar la audiencia.

Expuso que, en acta de audiencia de 16 de febrero de 2023 incorporó, a título de prueba documental, en los términos del CGP, los poderes junto con los anexos habilitantes que dan cuenta de la postulación y la legitimación en la causa por activa y pasiva y agregó que la parte convocante no allegó poder respecto de los señores “ANGEL GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ,

BERNARDO LENIS, ALEXANDER HURTADO IBARBO, LAZARO LEON MEZA

MARTINEZ, RAFAEL PEREZ POTES, CARLOS CUELLAR RIVERA, LUIS

ANTONIO ESCOBAR RENTERIA, LUIS ANGULO VIVEROS, DIEGO AGUILON VALENCIANO, CARLOS ARTURO MORALES CASTRO, RUBEN DARIO TORRES CADENA, JULIO CESAR VILLAMOR GUTIERREZ, GERMANDemandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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CARVAJAL CORTES, RODRIGO GOMEZ, ARGEMIRO MENDEZ

HERNANDEZ, RUBIELA VIVAS TAFURTH, BLANCA ROVIRA URREA

POLINDARA, MARTHA LILIANA GOMEZ ORTEGA, CATHERINNE VELA

GUERRERO, NORA ELISA VALLEJO CARDONA, INGRID GIZELA ZAFRA

POLINDARA, MARTHA LILIANA GOMEZ ORTEGA, CATHERINNE VELA

GUERRERO, NORA ELISA VALLEJO CARDONA, INGRID GIZELA ZAFRA

REINA, ALBA LUCIA VIVAS AZCARATE, LILIANA MORALES CEBALLOS,

NELLY JAIME PULGARIN, MARIELA URREA DE GODOY, FLOR NEYFFI

MENDOZA PARRA, DOLLY LONDOÑ O SANCHEZ, ROSA JOHANNA

BURBANO APRAEZ, GENNY OFIR SEGURA GERMAN, ELIZABETH

MARTINEZ VARELA, OLGA ARANGO RAMIREZ, ALEJANDRA MOSQUERA

HINESTROZA, MARTHA LUCIA PINILLOS HURTADO, MAGOLA ARAUJO

ROSERO, NANCY IZQUIERDO RAMOS, MARIA DEL CARMEN TROCHEZ

PAZ, LIZ J ENNY LLANTEN BASTIDAS, NHORA MILENA LUNA GUTIERREZ,

PAOLA ANDREA LOPEZ, SANDRA LICETH OTALVARO CEBALLOS, LUZ

ADRIANA DAVILA MEJIA, ELSY MARIBEL PORTILLA MARTINEZ, LUZ

MARINA ANDRADE RODRIGUEZ, NIDIA ESTHER JAIMES PORRAS,

CLAUDIA SOBEIDA GARCES ARROYO, LESL IE QUINTERO SERNA,

ALEXANDRA ERAZO ROMERO, SONIA BALANTA MARTINEZ, LUZ DARY

CESPEDES PENAGOS, FAYSULY GARCIA CAICEDO, MARLIN SANCHEZ

ORDOÑEZ, CAROLINA MARIA CASTILLO MATTA, CARLOS ARTURO

CORREA CORREA, EDUARD ZAMORANO, FABIO EVELIO FERNANDEZ

CARDONA, JHON JAIRO MALLUNGO YUNDA, LUIS FERNANDO MURCIA

CORREA CORREA, EDUARD ZAMORANO, FABIO EVELIO FERNANDEZ

CARDONA, JHON JAIRO MALLUNGO YUNDA, LUIS FERNANDO MURCIA

RIAÑO, OLMES BEDOYA CASTRO, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO MONSALVE y DIANA CATHERINE RESTREPO MARTINEZ. Colofón de lo anterior y acorde al numeral 16 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022 concatenado con la Ley 2213 de 2022, este Despacho declara que respecto a dichas personas NO SE ENTIENDE AGOTADO EL REQUISITO DE

PROCEDIBILIDAD EN EL PRESENTE ASUNTO…”

Indicó que, la procuraduría demandada expidió la respectiva constancia el 7 de marzo de 2023, de no haberse agotado e l requisito de procedibilidad dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E -2022-681493 del 24 de noviembre de 2022 frente a las mencionadas personas.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la autoridad demand ada incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.

Expuso que la accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues emitió la constancia de rigor remitida el 7 de marzo de 2023, pese a que no quedó agotado el requisito de procedibilidad para acudir a instancias judiciales respecto a sus representados y accionantes, al interior del proceso de conciliación con radicado E -2022-681493 del 24 de noviembre de 2022.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros

instancias judiciales respecto a sus representados y accionantes, al interior del proceso de conciliación con radicado E -2022-681493 del 24 de noviembre de 2022.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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Precisó que, la vulneración es permanente en el tiempo, y el ente accionado, actuó en forma arbitraria, lo cual constituye una vía de hecho , por cuanto a sus representados y accionantes se les exig ió poderes adicionales, habiéndose aportado desde la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, los documentos (contratos de mandato con facultad de apoderamiento) idóneos, válidos y aceptados en jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como como se mencionó y se puso en conocimiento de la procuraduría accionada al interior del procedimiento conciliatorio.

Añadió que, también incurrió e n defecto fáctico y sustantivo, en razón a que, la entidad cuestionada omitió dar la respectiva valoración a los argument os de hecho y de derecho manifestados en el recurso de reposición y en el escrito de subsanación, o se hace una indebida interpretación frente a los documentos aportados respecto de los accionantes, pues las razones de hecho y/o de derecho de su validez y aceptación, fueron manifestadas en debida forma ante

subsanación, o se hace una indebida interpretación frente a los documentos aportados respecto de los accionantes, pues las razones de hecho y/o de derecho de su validez y aceptación, fueron manifestadas en debida forma ante la entidad demandada, y no se tienen en cuenta, vulnerando el principio de la prevalencia al derecho sustancial sobre las formas.

1.5. Trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del C auca mediante auto del 23 de agosto de 2023 admitió la acción de tutela contra la Procuraduría 58 Judicial I para asuntos administrativos de Cali y vinculó al Ministerio de Educación y al Distrito de Santiago de CaliSecretaría de Educación.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Procuraduría 58 Judicial I para asuntos administrativos de Cali

Esta entidad se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al considerar que en garantía del acceso a la administración de justicia de los convocantes admitió la solicitud de conciliación otorgándole al apoderado mayor tiempo para allegar los poderes.

Agregó que, en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2022 y el 16 de febrero de 2023 (fecha de la audiencia) el abogado allegó los poderes de la gran mayoría de sus representado s y frente a ellos se agotó el requisito de procedibilidad, sin embargo, respecto de algunos no se allegó poder, por lo que decidió no tener por agotado el requisito.

Indicó que la norma establece que en materia de conciliación en asuntos contencioso adm inistrativo las partes deben actuar a través de apoderado debidamente constituido.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros

Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali

contencioso adm inistrativo las partes deben actuar a través de apoderado debidamente constituido.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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Señaló que, el CGP establece que se puede otorgar poder mediante escritura pública si es poder general o mediante un escrito en el cual se deben establecer claramente los asuntos a representar - poder especial, el cual se puede otorgar incluso por mensaje de datos.

Mencionó que, el abogado, pese a tener muchos mecanismos para obtener los poderes, sumado al lapso de más de 2 meses que le otorgó la entidad para su acreditación, no allegó lo solicitado.

Expuso que, tampoco se observa la existencia de alguna razón o imposibilidad para el otorgamiento de los poderes.

Refirió que, el abogado pretende que se tenga el contrato de mandato como poder, cuando el Consejo de Estado ha dejado claro que el mandato regula la relación contractual interna entre mandante y mandatario, pero no constituye un instrumento para demostrar el apoderamiento ante autoridades judiciales o la procuraduría.

1.6.2. Distrito de Santiago de Cali

Sostuvo que carece de competencia para atender las pretensiones de los accionantes.

Manifestó que, la acción de tutela es improcedente al cumplirse el requisito de la inmediatez, pues trascurrieron más de 6 meses desde que se resolvió no

Sostuvo que carece de competencia para atender las pretensiones de los accionantes.

Manifestó que, la acción de tutela es improcedente al cumplirse el requisito de la inmediatez, pues trascurrieron más de 6 meses desde que se resolvió no reponer la inadmisión de la solicitud de conciliación.

Consideró que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad porque los actores pretenden mediante la tutela remediar sus errores y omisiones atacando una decisión administrativa en firme que goza de presunción de legalidad.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de l 31 de agosto de 2023 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

Hizo mención del trámite conciliatorio y sus actuaciones, a partir de lo cual destacó que, e n los contra tos de mandato se estableció que su objeto era la prestación de servicios profesionales para obtener el reconocimiento y pago de primas extralegales, sin determinar qué clase de primas, ni contra qué entidades, objeto contractual muy general, contrario a lo dispuesto en el artículo 74 del CGP, en el que establece que los poderes deben tener los asuntos debidamente determinados y claramente identificados, lo que no se puede inferir del contrato de mandato.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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Precisó que, sumado a ello, se da la facultad de a poderamiento, en los mismos términos genéricos, para el cumplimiento del objeto contractual.

Consideró que, de otro lado, el trámite de la conciliación extrajudicial establece que la solicitud debe presentarse mediante apoderado, aportando poder físico o electrónico conforme a la normatividad que regula el tema; que procede la inadmisión cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Ley 2220 de 2022, entre estos, el poder, y que en caso de no corregirse la inconsistencia se declara desistida la solicitud y se tiene por no presentada.

Agregó que, en el literal d) del artículo tercero de los contratos de mandato se dispuso “con este documento la mandante faculta al mandatario de manera expresa y especial para que confiera poder al profesional del derecho que este considere idóneo, a fin de presentar ACCIONES DE TUTELA por la vulneración de los derechos fundamentales del mandante”.

Señaló que, de darse validez al contrato de mandato en la forma pedida por el abogado, podría incurr ir en una vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, precisamente porque, como lo indicó la Corte Constitucional, no hay certeza de la intención de los accionante de poner en marcha los mecanismos de defensa de sus propios intereses, ni claridad, individualización y certeza de la pretensión de los actores en el otorgamiento del contrato de mandato.

no hay certeza de la intención de los accionante de poner en marcha los mecanismos de defensa de sus propios intereses, ni claridad, individualización y certeza de la pretensión de los actores en el otorgamiento del contrato de mandato.

Concluyó que, no existe una adecuada representación prejudicial y judicial de los docentes que se enlistan como accionantes, porque el contr ato de mandato no cumple las mismas funciones del poder especial que se requiere para garantizar la debida comparecencia al proceso prejudicial y judicial, aún en el ámbito constitucional; por lo tanto, la acción se debe denegar.

7. Impugnación

La sentencia de primera instancia se notificó vía electrónica el 1° de septiembre de 2023 y la parte actora impugnó con memorial recibido el 6 del mismo mes y año. Este recurso se concedió con auto del 20 siguiente.

La parte demandante solicitó que se revoque el f allo de primera instancia, pues consideró que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas, pues tras una exigencia de poderes para presentar la acción de tutela (que no es admisible por lo manifestado anteriormente y se continua con el exceso ri tual manifiesto), no se revisa el fondo del asunto o las razones por las cuales se presentó esta acción, donde lo sustancial es la vulneración de derechos fundamentales que deben ser objeto de garantía y protección prevalente.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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Reiteró que, al no haberse i ncluido a los accionantes en la constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad para acudir a instancias judiciales, se vulnera los derechos fundamentales objeto de tutela. Agregó que, si bien es cierto, la entidad accionada concedió término p ara aportar poder, dicho requerimiento incurre en un exceso ritual manifiesto (defecto procedimental, sustancial y fáctico objeto de tutela) por cuanto, se trata de una vía de hecho y actitud arbitraria por la procuraduría acusada , sin dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.

Refirió que, e n otras palabras, no hay garantía y protección a los derechos constitucionales y/o fundamentales, al no haber agotado el requisito de procedibilidad respecto a sus representados y accionantes, para acudir a instancias judiciales, pese a que los contratos de mandato allegados con la solicitud de conciliación son documentos válidos y suficientes.

Insistió en que, se allegue un poder independiente, por separado, diferente a los contratos de mandato con faculta d de apoderamiento aportados, y expedir la constancia de no haberse agotado el requisito de procedibilidad respecto a los aquí accionantes, vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia que son de carácter fundamental o c onstitucional, y a su vez, se desconoce el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

aquí accionantes, vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia que son de carácter fundamental o c onstitucional, y a su vez, se desconoce el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Reiteró que, la demandada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto a sus representados y accionantes, se l es exige poderes adicionales, habiéndose aportado desde la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, los documentos (contratos de mandato con facultad de apoderamiento) idóneos, válidos y aceptados en jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, como se mencionó y se puso en conocimiento de la al interior del procedimiento conciliatorio. Para tal efecto, citó:

…sentencia de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001 -03-15-000-201700923-01 Demandante: LIBIA DEL CARMEN LÓPEZ CHÁVEZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y OTRO, y, en providencia de fecha nueve (9) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ, en las cuales, se AMPARÓ los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia evitando que se incurra en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”.

OCTAVIO RAMÍREZ, en las cuales, se AMPARÓ los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia evitando que se incurra en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”.

Citó como antecedente la sentencia de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 24 de agosto de 2023, dictada dentro del expediente 76001-2333000-2023-00428-01.Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la se ntencia de primera instancia conforme a lo planteado por la parte impugnante.

 ¿La Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de

conforme a lo planteado por la parte impugnante.

 ¿La Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las accionantes por presuntamente incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la providencia del 11 de enero de 2023, mediante la cual ordenó allegar los poderes de los convocantes con facultad para conciliar, por el acta del 16 d e febrero de la misma anualidad y por la constancia del 7 de marzo del mismo año, de no haberse agotado el requisito de procedibilidad dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de noviembre de 2022?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas : (i) defecto procedimental y; (ii) caso concreto.

2.3. Defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido.

La jurisprudencia constitucional 4 ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

3 Por el cual se reglamen ta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 4 Sentencia T-620 de 2013Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

Política. 4 Sentencia T-620 de 2013Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

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En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional 5 ha dicho que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: “se aparta[n] por completo del procedimiento estable cido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles suste ntar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto par a el defecto

cuando la autoridad judicial concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto par a el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularida d dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales.

2.4. Caso concreto

La parte actora sostuvo que la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por presuntamente incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la providencia del 11 d e enero de 2023, mediante la cual ordenó allegar los poderes