CE - 012339001201500504011SENTENCIASENTENCIA20231030114755

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737)

Demandante: Tobías Daza Tovar

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737)

Demandantes: Tobías Daza Tovar Demandada: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SAS-SIVA Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema. Responsabilidad del Estado por ocupación de bienes inmuebles Subtema 1. Elementos de la Responsabilidad. Subtema 2. Responsabilidad objetiva. Subtema 3. Causal de exoneración del hecho de un tercero.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 19 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de l Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Tobías Daza Tovar, propietario del predio “Villa Luz”, ubicado en el municipio de Valledupar, aduce que, con ocasión de la ejecución del contrato de obra número 001-2013, cuyo objeto era “ la construcción en pavimento rígido de vías y espacio público en las Comunas 2-3-4-5 para la puesta en marcha del Sistema Estratégico

001-2013, cuyo objeto era “ la construcción en pavimento rígido de vías y espacio público en las Comunas 2-3-4-5 para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar” , el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SAS -SIVA -en adelante “SIVA” -, ocupó de manera permanente una franja de terreno del inmueble referido, conducta antijurídica queaseguró- le ocasionó un daño patrimonial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

Tobías Daza Tovar, el 15 de octubre de 2015, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con la pretensión de que se declare administrativamente responsable al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SAS-SIVA, por los perjuicios sufridos como consecuencia “de la ocupación del inmueble conformado por una franja de terreno de propiedad [del demandante] (…) en un área aproximada de terreno de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS (8.825,38 M2) (…) con ocasión de la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LAS COMUNAS 2, 3, 4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, DE LA CIUDAD DE

1 Demanda. Folios 1 a 23, cuaderno 1.2

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737)

1 Demanda. Folios 1 a 23, cuaderno 1.2

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR . dentro del tramo comprendido

entre la Carrera 38 entra (sic) la Avenida 450 años y la Calle 18A2”.

Consecuencialmente, solicitó se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que se pasan a referenciar: (i) por concepto de daño emergente, la suma de $767.935.116,12 y (ii) por lucro cesante $97.361.592,16.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de octubre de 2015, inadmitió la demanda dado que el accionante omitió aportar el certificado de existencia y representación de la entidad demandada. Subsanado el yerro, el Tribunal admitió la demanda el 4 de febrero de 20162. Notificada la decisión3 y corridos los traslados de ley, la entidad demandada presentó su escrito de contestación de la demanda.

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar-SIVA4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones deprecadas por la parte demandante, en la medida en que no se encontraba acreditado el daño antijurídico ni su imputación, teniendo en cuenta que la entidad no ha ocupado ningún bien o predio de propiedad del señor Tobías Daza Tovar, del cual sea legítimo titular del derecho real de dominio, toda vez que las obras de infraestructura se realizaron sobre terrenos de propiedad del

cuenta que la entidad no ha ocupado ningún bien o predio de propiedad del señor Tobías Daza Tovar, del cual sea legítimo titular del derecho real de dominio, toda vez que las obras de infraestructura se realizaron sobre terrenos de propiedad del municipio de Valledupar, de conformidad con los estudios de títulos realizados a los predios ubicados en el áre a afectada. Propuso estas excepciones: i) falta de legitimación en la causa por activa, porque no se encuentra demostrado el título de propiedad a nombre del señor Tobías del predio sobre el que se materializó la obra pública objeto del presente litigio; ii) inexistencia del daño antijurídico y la imputación, en atención a que el SIVA no ha ocupado ningún bien que sea propiedad del demandante, pues las obras se ejecutaron sobre terrenos de propiedad del municipio de Valledupar; y iii) caducidad, en consideración a que la demanda fue presentada por fuera del término de 2 años a partir del conocimiento del daño, pues la obra comenzó su fase de construcción el 3 de abril de 2013 (tal como consta en el acta de inicio , la cual fue socializada por los medios de comunicación, lo que constituyó un hecho notorio ), y la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 5 de mayo de 2015.

El juez de primera instancia celebró audiencia inicial el 8 de noviembre de 20165, en la que: i) verificó que no había alguna circunstancia constitutiva de nulidad procesal que invalidara las actuaciones surtidas hasta ese momento; ii) negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y caducidad y , se abstuvo de pronunciarse sobre la excepción de inexistencia del daño antijurídico y

procesal que invalidara las actuaciones surtidas hasta ese momento; ii) negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y caducidad y , se abstuvo de pronunciarse sobre la excepción de inexistencia del daño antijurídico y la imputación para que fuera resuelta al momento de proferir sentencia de méritolas partes no expresaron desacuerdo alguno con dicha determinación -; iii) fijó el objeto del litigio en los siguientes términos “determinar si hay lugar o no, a declarar la responsabilidad administrativa del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA S.A.S.” y consecuentemente debe responder por los perjuicios alegados en el libelo introductorio, con ocasión a la ocupación de hecho permanente en un área de aproximadamente de (sic) ocho mil ochocientos veinticinco punto treinta y ocho metros cuadrados (8.825,38 m2), a raíz de las obras de construcción de pavimento rígido de vías y espacio público en las comunas 2, 3, 4 y 5 de propiedad del señor Tobías Daza Tovar” -decisión que no fue recurrida por las

2 Auto admisorio de la demanda. Folios 211 y 212, cuaderno 1. 3 Diligencias de notificación. Folios 219 a 229, cuaderno 1. 4 Contestación a la demanda de la Nación – Rama Judicial. Folios 269 a 281, cuaderno 1. 5 Acta de audiencia inicial y cd. Folios 293 a 304, cuaderno 1.3

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737)

Demandante: Tobías Daza Tovar

5 Acta de audiencia inicial y cd. Folios 293 a 304, cuaderno 1.3

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar partes-; iv) agotó la etapa conciliatoria regulada en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sin éxito; y v) abrió la etapa de pruebas.

En la audiencia de pruebas 6, el Tribunal corrió traslado7 a las partes para que alegaran de conclusión, como en efecto ocurrió8; y al Ministerio Púbico para que emitiera su concepto, el cual guardó silencio.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia, el 19 de octubre de 20179, en la que declaró no probada la excepción de mérito propuesta por el SIVA, denominada “inexistencia del daño antijurídico y la imputación y, declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los daños ocasionados a la parte demandante, como consecuencia de la ocupación permanente del predio de su propiedad, debido a la construcción de una obra pública realizada en cumplimiento del Plan Vial del municipio de Valledupar. Por lo anterior, condenó a la demandada a pagar a título de perjuicio materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, “las sumas que resulten liquidadas como consecuencia del respectivo incidente de liquidación de perjuicios que deberá adelantar mediante el trámite incidental” (condena en abstracto) y ordenó a la parte actora, una vez se produzca la reparación del daño por parte de la entidad demandada, realizar las

del respectivo incidente de liquidación de perjuicios que deberá adelantar mediante el trámite incidental” (condena en abstracto) y ordenó a la parte actora, una vez se produzca la reparación del daño por parte de la entidad demandada, realizar las diligencias administrativas pertinen tes a efectuar la transferencia “de la propiedad del predio que fuere ocupado por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, debidamente desenglobados del perdió de mayor extensión”.

En sus consideraciones, puso de presente que el criterio jurispru dencial reiterado en casos de responsabilidad del Estado por ocupación permanente de bienes inmuebles, ha sido de carácter objetivo, por lo que se hacía indispensable determinar la existencia real y efectiva de la ocupación del bien inmueble por parte de la administración pública e , igualmente, acreditar el daño antijurídico causado con dicha ocupación.

En consecuencia, el juez de la primera instancia sostuvo que la titularidad del predio aludido se encontraba acreditada en cabeza del señor Tobías Daza Tovar, de conformidad con el folio de matrícula número 190-26530.

Por otra parte, advirtió que, de acuerdo con el recaudo de los testimonio s de los funcionarios adscritos al área técnica de la oficina de planeación municipal, encargados de hacer los informes pertinentes previos al proceso de ejecución del proyecto urbanístico, estos fueron contestes en informar que de dichos estudios se denotó el hallazgo de anomalías en los linderos de los predios adquiridos por el municipio de Valledupar para la construcción general de la obra , descubrimientos que fijaron en un sobrepaso de esos linderos, es decir, que para ese momento se

denotó el hallazgo de anomalías en los linderos de los predios adquiridos por el municipio de Valledupar para la construcción general de la obra , descubrimientos que fijaron en un sobrepaso de esos linderos, es decir, que para ese momento se comprobó “obra en exceso”, razón por la cual sugirieron la realización de un estudio jurídico de títulos a fin de determinar si había algún terreno diferente a los adquiridos, que podría llegar a ser afectado con la ejecución de la obra pública. Así entonces, el Tribunal cons ideró que, el análisis de las declaraciones referidas, permitía establecer serios indicios a favor de la imputación realizada por el demandante, pues a partir de estos se demostraba claramente qu é, con la

6 Celebrada el 25 de enero de 2017 y continuada el 22 de junio de 2017 . Actas de audiencia de pruebas y cds. Folios 315 a 319 y 381 a 385, cuaderno 1. 7 Decisión que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 383, cuaderno 1. 8 Alegatos de conclusión de l SIVA en primera instancia, folios 388 a 391, cuaderno 1. Alegatos de conclusión del demandante en primera instancia, folios 392 a 398, cuaderno 1. 9 Sentencia de primera instancia. Folios 407 a 452, cuaderno principal.4

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar construcción o ejecución de la Avenida Sierra Nevad a en la ciudad de Valledupar, efectuada por el SIVA, se afectó de manera indefinida el derecho real de dominio del accionante.

Demandante: Tobías Daza Tovar construcción o ejecución de la Avenida Sierra Nevad a en la ciudad de Valledupar, efectuada por el SIVA, se afectó de manera indefinida el derecho real de dominio del accionante.

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Cesar, indicó que, en virtud al dictamen pericial que reposa en el expediente, el requisito de la demostración de la ocupación se encontraba satisfecho, en la medida en que de conformidad con lo analizado por el perito, el inmueble denominado “Villa Luz” de propiedad del señor Daza Tovar, fue ocupado con ocasión de la ejecución del con trato de obra pública número 001 -2013 suscrito por el SIVA con la Unión Temporal Vial Cesar, cuyo objeto, consistió en la construcción de la carrera 38 - Avenida Sierra Nevada, en la ciudad de Valledupar.

No obstante lo anterior, el a quo manifestó que acogía parcialmente el referido dictamen pericial, en el entendido que como “dicha experticia comprende dos partes técnicas a saber: i) La identificación de la ocupación de hecho por parte del SIVA y ii) La liquidación de los perjuicios irro gados al demandante”, solo se tendría en cuenta la primera, en la medida en que las labores técnicas para identificar con claridad la ocupación y despojo de las porciones de tierra de propiedad del demandante estaban suficientemente documentadas, cumpliend o así la experticia con las exigencias dispuestas por el artículo 226 del Código General del Proceso, sumado al hecho de que el dictamen no fue objetado por las partes. En cuanto a la segunda parte de dictamen, precisó que la liquidación de los perjuicios irrogados al

con las exigencias dispuestas por el artículo 226 del Código General del Proceso, sumado al hecho de que el dictamen no fue objetado por las partes. En cuanto a la segunda parte de dictamen, precisó que la liquidación de los perjuicios irrogados al demandante, carecía de un “una serie de pruebas y aspectos técnicos que permitan concretar de forma fehaciente la causación de los mismos”.

Por consiguiente, dado que no existía duda alguna frente a la existencia de perjuicios materiales, a título de daño emergente y lucro cesante y que el dictamen pericial no reunía (en cuanto a la liquidación de perjuicios), los requisitos más elementales de firmeza, claridad, comple titud y fundamentación, el Tribunal condenó en abstracto con la finalidad de que se iniciara un incidente de liquidación de perjuicios. Para el efecto manifestó:

“En el caso que nos ocupa, las bases para el cálculo de los perjuicios irrogados al demandante, serán las siguientes: i) el daño emergente consiste en el cálculo del valor del precio del inmueble ocupado, y ii) el lucro cesante se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir como consecuencia de la ocupación del mismo. Para la liquidación de este rubro, el demandante deberá acreditar en el trámite incidental que en efecto sobre los terrenos ocupados de facto se tenía proyectada la construcción de un proyecto urbanístico, o en su defecto, acreditar la actividad productiva relacionada con el mismo”.

Por último , el Tribunal advirtió que dentro del expediente no reposaba ningún documento que demostrara que , entre el SIVA y el actor, se haya llevado a cabo algún tipo de acuerdo económico en relación con el inmueble o se haya adelantado

Por último , el Tribunal advirtió que dentro del expediente no reposaba ningún documento que demostrara que , entre el SIVA y el actor, se haya llevado a cabo algún tipo de acuerdo económico en relación con el inmueble o se haya adelantado algún proceso judicial sobre el gravamen aludido, de donde se colegía que la entidad demandada no adelantó los trá mites administrativos necesarios para adquirir el dominio de los terrenos o predios propiedad del demandante.

2.4. El recurso de apelación

EL SIVA, interpuso recurso de apelación10, en contra de la sentencia de primera instancia, con el fin de que esta Corporación profiera su revocación y, en su lugar

10 Recurso de apelación interpuesto por el SIVA. Folios 456 a 460, cuaderno principal.5

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar deniegue las pretensiones de la demanda. El recurso se sustentó en los siguientes

cargos:

2.4.1. Que el predio objeto de la litis, identificado con el número de folio de matrícula 190-26530, para el momento de ejecución del proyecto de la carrera 38, según estudio de títulos realizado por “la profesional en derecho del SIVA SAS” se encontraba sin área para la venta, tal y como consta en la anotación número 47 de dicha matrícula inmobiliaria, razón por la cual no requería iniciar el proceso de enajenación voluntaria, conforme lo establece la Ley 388 de 1997.

2.4.2. Conforme a lo anterior, consideró que no se encontraba acreditada la antijuridicidad del daño, ni la relación de causalidad adecuada entre el mismo y la

enajenación voluntaria, conforme lo establece la Ley 388 de 1997.

2.4.2. Conforme a lo anterior, consideró que no se encontraba acreditada la antijuridicidad del daño, ni la relación de causalidad adecuada entre el mismo y la ejecución de la obra, comoquiera que al momento de materializar la misma, la actuación legítima de un tercero concretada en la licencia de const rucción proferida por la Curaduría Urbana número 2 de Valledupar número 02001-LC-10-20059 del 26 de febrero de 2010, no indicaba que el área ocupada por los trabajos públicos perteneciera al demandante.

2.4.3. Manifestó que los testimonio s de Jorge Armando Maestre Jaraba y Luís Eduardo Yaruro carecían de valor probatorio toda vez que los mismos enunciaban “en varias ocasiones que se encontraban sin elementos de juicio e idoneidad jurídica, para determinar que el predio objeto de la litis er a de propiedad del demandante, ya que si bien es cierto los dos realizaron informes técnicos del área donde se encontraba el predio, apoyados en aerofotos por medio de un software de coordenadas originales de un levantamiento topográfico el cual no fue realizado por el IGAC, puesto que tal como lo manifiesta el arquitecto Maestre, la última actualización catastral en el municipio de Valledupar data de diciembre de 2013.

2.4.4. Sostuvo que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el testimonio del curador Iván Miguel Zuleta Fuentes, quien indicó que al predio objeto de la litis se le debió realizar una corrección por un error de transcripción de la licencia 0059 de 2010,

Iván Miguel Zuleta Fuentes, quien indicó que al predio objeto de la litis se le debió realizar una corrección por un error de transcripción de la licencia 0059 de 2010, aclarando en ese momento el área del predio mediante licencia de 3 de octubre de 2013.

2.4.5. Arguyó que, el error de las diferencias del área del predio objeto de la litis no fueron causados por la entidad demandada, ya que esta no es la competente para realizar aclaratorios, actualizaciones de cabidas y linderos u otro mecanismo para corregir el área del título para su tradición. Por último, agrego que, si el predio tuvo modificaciones o correcciones durante la puesta en marcha de la obra, era necesario que el propietario enunciara a SIVA sobre las mismas, para poder iniciar el levantamiento de insumos prediales tal como lo establece la Ley 388 de 1997 y 1682 de 2013.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 14 de febrero de 2018 , admitió el recurso de apelación interpuesto11; y, el 24 de mayo del mismo año , corrió traslado a las pa rtes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto12.

11 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 481, cuaderno principal. 12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 484, cuaderno principal.6

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar La parte actora , en sus alegaciones conclusivas 13, insistió en su postura

principal.6

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar La parte actora , en sus alegaciones conclusivas 13, insistió en su postura planteada en la primera instancia de este contencioso. La parte demandada y el Ministerio público guardaron silencio14.

III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

4.1. Competencia

La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, según los artículos 15015 y 152.616-17 del CPACA.

4.2. Vigencia del medio de control.

El literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA reguló lo concerniente al ejercicio oportuno del derecho de acción, en el sentido de indicar que, en materia de reparación directa, la demanda deberá presentarse “dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Sección unificó su criterio respecto al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos de ocupación permanente de un inmueble 18, en la que concluyó que cuando la ocupación ocurra con oca sión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad debe calcularse desde que la obra finalizó, porque el plazo para el ejercicio de la acción de reparación directa no puede

ocupación ocurra con oca sión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad debe calcularse desde que la obra finalizó, porque el plazo para el ejercicio de la acción de reparación directa no puede suspenderse indefinidamente y, al fina lizar la obra, se conocen los efectos producidos por la ocupación19.

Así mismo, indicó que el término para presentar la demanda, en casos especiales, también podría calcularse después de que el actor conoció de la finalización de la obra, siempre que no hubiera podido enterarse de este hecho en un momento anterior. Sobre este último supuesto, debe revisarse en cada situación concreta “que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a

13 Alegatos de conclusión de l demandante en segunda instancia. Folios 486 a 496, cuaderno principal. 14 Constancia secretarial. Folio 501, cuaderno principal. 15 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]”. 16 CPACA. “ Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”. 17 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2015, año en el que el salario mínimo

u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”. 17 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2015, año en el que el salario mínimo fue fijado en $6 44.350 mediante el Decreto 2731 de 2014. Por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $322.175.000, cifra superada la pretensión mayor de la demanda de la demanda, fijada en $865.286.708,88. Folios 23 y 24, cuaderno 1. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011, rad. 38.271. 19 Al respecto ver sentencias se la Sección Tercera, Subsección C, expedientes 51815 del 26 de mayo de 2021, 46986 del 11 de diciembre de 2019, 39779 -A del 14 de diciembre de 2018, entre otras.7

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”20.

En este caso, la parte actora presentó la demanda de reparación directa a causa de la ocupación permanente de un predio de su propiedad identificado con Folio de Matrícula 190-26530, con ocasión de la ejecución de un contrato de obra suscrito entre SIVA y la Unión Temporal Vial Cesar, la vigencia del medio de control de contabilizará desde el momento en que finalizó la obra.

Matrícula 190-26530, con ocasión de la ejecución de un contrato de obra suscrito entre SIVA y la Unión Temporal Vial Cesar, la vigencia del medio de control de contabilizará desde el momento en que finalizó la obra.

Sobre el particular, reposa en la actuación Acta de Recibo Parcial21 de Obra número 3 del 19 de julio de 2013, en la cual se advirtió “FECHA DE INICIO: 3 de abril de 2013 – FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de abril de 2013 – FECHA DE REINICIO: 02 de mayo de 2013 - FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2013”.

En el caso sub examine, se observa que, si bien no reposa en el expediente el Acta de Entrega de la obra, con lo aportado al proceso es posible inferir que esta culminó el 24 de diciembre de 2013. Sobre esta base, se colige que el término de dos años para la presentación oportuna de la demanda inició a partir del 25 de diciembre de 2013 hasta el 25 de diciembre de 2015. Por consiguiente, la demanda presentada el 15 de octubre de 2015, fue oportuna.

4.3. La legitimación en la causa.

4.3.1. Por la parte activa la Sala constata que la persona so bre la que reca e el interés jurídico que se debate en este asunto, es Tobías Daza Tovar, en la medida que alega la ocupación permanente de un predio, bajo su dominio, denominado “Villa Luz”. Condición de propietario que se encuentra acreditada con el certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Val ledupar, del

que alega la ocupación permanente de un predio, bajo su dominio, denominado “Villa Luz”. Condición de propietario que se encuentra acreditada con el certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Val ledupar, del predio rural referido con la matrícula inmobiliaria número 190-26530, pues según la anotación 45 del 22 de marzo de 2011, radicación 2011-190-6-2842, se lee que en la Escritura Pública número 0096 del 1 de febrero de 2011, tramitada en la Nota ria Tercera de Valledupar, se especific aron los siguientes lotes: “CUADRO DE ÁREA

DE AFECTACIÓN AVENIDA SIERRA NEVADA 52.177.50 M 2, AFECTACIÓN

AVENIDA EL MAMÓN 5.370.23 M 2, AFECTACIÓN ACEQUÍA LAS MERCEDES 23.251.98 M 2, REMANENTE N°. 1 43.787.60, REMANENTE N°. 2 4.930.08 , REMANENTE N°. 3 5.212.27”, TOTAL: 134.731.13” 22. Por consiguiente, el señor Daza Tovar se encuentra legitimado en la causa por activa.

4.3.2. Por la parte pasiva , esta Colegiatura verifica que el daño invocado en la demanda proviene de la realización de trabajos públicos por parte del SIVA 23, de manera que esta entidad está llamada a ejercer el derecho de contradicción y defensa en el presente asunto.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Problemas jurídicos

4.1.1. Sobre el principio de congruencia y el alcance del recurso de apelación

20 Ibidem.

defensa en el presente asunto.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Problemas jurídicos

4.1.1. Sobre el principio de congruencia y el alcance del recurso de apelación

20 Ibidem. 21 Folios 269 a 273, cuaderno 1 22 Certificado de tradición y libertad número de matrícula 190-26530. Folios 28 a 43, cuaderno 1. 23 Contrato de Obra número 001-2013 suscrito entre Siva y la Unión Temporal Cial Cesar. Folios 247 a 254, cuaderno 1.8

Expediente: 20001-23-39-001-2015-00504-01 (60737) Demandante: Tobías Daza Tovar Al citado principio se le concibe como una regla orientadora del derecho procesal, según la cual, el operador jurídico de la causa se encuentra obligado a guardar en sus decisiones estrecha concordancia con los fundamen tos fácticos y peticiones formulados en la demanda.

En ese orden, el inciso segundo del artículo 281 de la Ley 1564 de 201224 contempla tres preceptos que debe seguir el juez en sus sentencias para cumplir dicha pauta procesal: (i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir sentencias en las que se condene al demandado por una cantidad superior a la solicitada o se concedan más cuestiones de las pedidas; (ii) no se pueden emitir fallos extra petita, o sea, sentencias en donde se condene al demandado basado en pretensiones distintas a las de la demanda y (iii) no se puede proferir sentencias por causas distintas a las invocadas en la demanda. Por su parte, el inciso tercero de la norma en comento prevé la

en donde se condene al demandado basado en pretensiones distintas a las de la demanda y (iii) no se puede proferir sentencias por causas distintas a las invocadas en la demanda. Por su parte, el inciso tercero de la norma en comento prevé la posibilidad de emitir fallos minima petita, es decir, providencias mediante las cuales se reconocen las pretensiones en su justa proporción, es decir, hasta donde el actor logró demostrar sus fundamentos de hecho y de derecho.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se expone en la demanda, es decir, que en estos procesos la sentencia está abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y los medios de convicción tanto regular como oportunamente agregados al plenario25.

Así, cualquier modificación del marco fáctico implicaría el desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso; ya que, por una parte, aquella sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los he chos presentados en la demanda y, por otra parte, jamás tendría opción de ejercer el derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio, eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuenci