CE - 050012331000199800937011SENTENCIA20230815161207

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Número interno: 05001-23-31-000-1998-00937-01(35826)

Demandante: CONVEL S.A. Y OTRO

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Asunto: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. NORMAS DE ALCANCE NO NACIONAL-Valor probatorio.

DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. PRUEBA PERICIAL-Tiene como fin verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-Antes de la Ley 142 de 1994, su régimen era el previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. LEY 80 DE 1993-Aplicación del derecho privado. CONTRATO DE OBRA-Por la fecha de suscripción del contrato se aplica Ley 80 de 1993. CONTRATO DE OBRA-Características. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Concepto LIQUIDACIÓN BILATERALConcepto. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERALSusceptible de control judicial, si contiene salvedades, por vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO E INCUMPLIMIENTO-Diferencias. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Se protege su aspecto económico, frente a las distintas variables que podrían afectarlo e impone el deber de adoptar medidas para garantizar la equivalencia de las

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Se protege su aspecto económico, frente a las distintas variables que podrían afectarlo e impone el deber de adoptar medidas para garantizar la equivalencia de las prestaciones. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATOSon fuentes el ius variandi, el hecho del principe y los factores exógenos a las partes del negocio. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-Lesión del derecho de crédito del cocontratante. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-No es fuente de desequilibrio económico. FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS-Puede producir incumplimiento del contrato y comporta la indemnización de los perjuicios. REAJUSTES DE PRECIOS-Objeto. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATONo se probó el incumplimiento por la entidad demandada. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA-Requisitos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de abril de 1994, Empresas Públicas de Medellin-EPM y el Consorcio Convel S.A.-Coninsa S.A. celebraron contrato de obra, para la construcción e instalación de redes hidrosanitarias y de servicios sanitarios para el edificio de EPM. Alegó que EPM incumplió el contrato n.” 9/DJ-996/30, pues debió reconocerle el pago del reajuste de las obras extras y adicionales con una fórmula que no tuviera un «valor2 Expediente n. 35.826

EPM incumplió el contrato n.” 9/DJ-996/30, pues debió reconocerle el pago del reajuste de las obras extras y adicionales con una fórmula que no tuviera un «valor2 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones fijo» relacionado con el anticipo. Además, que la entidad se enriqueció sin justa causa.

ANTECEDENTES El 20 de abril de 1998, las sociedades Coninsa S.A. y Convel S.A., miembros del Consorcio Convel S.A.-Coninsa S.A., a través de apoderado judicial, formularon demanda de controversias contractuales contra EPM. Solicitaron $142.045.989 por indemnización de perjuicios. En apoyo de sus pretensiones, afirmaron que las obras extras y adicionales generaron un desequilibrio en las prestaciones del contrato, pues esas obras se reajustaron con la «fórmula de reajuste» dispuesta para las obras ordinarias. Adujeron que esa fórmula tenía un «valor fijo» que representaba el anticipo y que las obras adicionales y extras se ajustaron por un menor valor, pues no se pactó anticipo para su ejecución. El 10 de noviembre de 1998 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, EPM sostuvo que la fórmula de reajuste fue conocida por el contratista desde el proceso de selección. En el contrato, además, no se pactó que el componente fijo de la fórmula correspondía al anticipo. Expuso que el contratista —en las actas bilaterales— aceptó la fórmula para reajustar las obras extras. El 27 de febrero de

de selección. En el contrato, además, no se pactó que el componente fijo de la fórmula correspondía al anticipo. Expuso que el contratista —en las actas bilaterales— aceptó la fórmula para reajustar las obras extras. El 27 de febrero de 2003, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante alegó que las pruebas acreditaron que la fórmula de reajuste mantenía el equilibrio del contrato en las obras ordinarias, pero no en las adicionales y extras. La demandada agregó que los testigos acreditaron que el componente fijo de la fórmula no tenía nada que ver con el anticipo. El Ministerio Público guardó silencio. El 21 de abril de 2008, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que la demandante conoció la fórmula de reajuste desde el pliego de condiciones y no se acreditó el daño. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 16 de julio de 2008 y admitido el 10 de octubre siguiente. La recurrente esgrimió que era deber de la entidad preservar el valor de la remuneración del contratista. Agregó que no podía prever que se iban3 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones a presentar obras adicionales o extras. El 7 de noviembre de 2008 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.8 CCA!.

Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en controversias contractuales, según el artículo 136 CCA, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos 1 Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma vigente a la fecha de presentación de la demanda —20 de abril de 1998—. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos referentes a contratos cuando la cuantía exceda de $3.500.000, que según

presentación de la demanda —20 de abril de 1998—. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos referentes a contratos cuando la cuantía exceda de $3.500.000, que según el artículo 265 CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el momento de presentación de la demanda era $18.850.000.4 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones de hecho o derecho que le sirven de fundamento. El artículo 55 de la Ley 80 de 1993, por su parte, estableció que la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esa ley prescribirían en el término de 20 años, contados a partir de la vigencia de los mismos. La Sala ha sostenido, con el fin de armonizar estas normas, que las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la civil de los servidores públicos se rigen por la «prescripción de la acción» de 20 años, mientras que las demás, esto es, las derivadas de la validez del contrato, de los actos jurídicos y de los hechos contractuales que no le son imputables a las partes (hecho del principe, hechos imprevisibles, etc.), se les aplica la caducidad de 2 años (art. 136 CCA). Según la demanda, EPM incumplió el contrato pues no le reconoció el pago del reajuste de las obras extras y adicionales con una fórmula que no tuviera un «valor fijo» relacionado con el anticipo. La demanda se interpuso en tiempo —-20 de abril de 1998-, esto es, dentro del término previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993,

relacionado con el anticipo. La demanda se interpuso en tiempo —-20 de abril de 1998-, esto es, dentro del término previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, pues el 17 de febrero de 1997 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato, en la que quedó consignada la reclamación relacionada con la revisión de la fórmula de reajuste [hecho probado 10.4]. Legitimación en la causa

4. Las sociedades Coninsa S.A. y Convel S.A. -miembros del Consorcio Convel S.A.-Coninsa S.A.— y EPM están legitimadas en la causa por activa y pasiva por ser las partes del contrato n.” 9/DJ-996/30 [hecho probado 10.2]. !. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se incumple un contrato cuando el contratante reajusta las obras adicionales y extras con la fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato, con la inclusión del componente fijo previsto por las partes. tl. Análisis de la Sala ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de marzo de 2000, Rad. 17.333 [fundamento jurídico C] y sentencia del 22 de julio de 2009, Rad. 17.552 [fundamento jurídico 2.1]. La providencia Rad. 17.333 se puede consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 794, disponible en: https://cutt iy/OQ9KFJH.5

Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones

Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. Según el artículo 188 CPC y el artículo 141 CCA, las normas de alcance no nacional deben aportarse al proceso en copia auténtica. La Sala reitera que las normas de carácter territorial seccional o local que se encuentre a disposición del público en las páginas institucionales de las entidades se reputan auténticas para todos los efectos legales. Se trata de un medio admisible, eficaz, válido y con fuerza obligatoria para acreditar el contenido del texto de las normas de alcance no nacional y, por tanto, satisfacen la exigencia prevista en los artículos 188 CPC y 141

CCA!. Los Acuerdos n”. 58 de 1955 y 69 de 1997 serán valorados, pues se encuentren a disposición del público en la página web de la entidad.

8. En el proceso se practicó un dictamen pericial (f. 417-453 c. 1), que fue aclarado y complementado a solicitud de la parte demandada (f. 455-469 c. 1). El objeto del dictamen era verificar si la fórmula de reajuste pactada en el contrato fue aplicada después de que se amortizó el anticipo, determinar si se produjo un desequilibrio de las prestaciones por la aplicación de la fórmula y cuantificar ese detrimento y sus intereses. Los peritos concluyeron que, de acuerdo con lo pactado, el «factor

después de que se amortizó el anticipo, determinar si se produjo un desequilibrio de las prestaciones por la aplicación de la fórmula y cuantificar ese detrimento y sus intereses. Los peritos concluyeron que, de acuerdo con lo pactado, el «factor constante» de la fórmula de reajuste prevista en el contrato correspondía al monto del anticipo y que, en consecuencia, como las partes no pactaron fórmula de reajuste luego de amortizarlo, debieron aplicar una fórmula que denominaron «b» pues era lo que correspondía en «equidad». Dictaminaron que las partes en el contrato no pactaron que el valor fijo correspondía al anticipo, pero conceptuaron 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad. 19001-23-31-000-200500993-01 (AP) [fundamento jurídico 2.3.3].6 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones

00993-01 (AP) [fundamento jurídico 2.3.3].6 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones que en su experiencia siempre que este se incluía correspondía con esa suma.

Conforme al artículo 233 CPC, la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En consonancia, el artículo 236 establece que no es admisible sobre puntos de derecho. Como los peritos resolvieron aspectos que corresponden al juez del contrato, pues se basaron exclusivamente en la interpretación sobre la cláusula de reajuste, el dictamen pericial no tiene mérito probatorio.

9. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

187 CPC).

10. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 10.1 En diciembre de 1993, EPM abrió proceso de selección de contratista, para la construcción e instalación de redes hidrosanitarias y de servicios sanitarios para el edificio de EPM, según da cuenta copia auténtica del pliego de condiciones (f. 1290 c. 3).

construcción e instalación de redes hidrosanitarias y de servicios sanitarios para el edificio de EPM, según da cuenta copia auténtica del pliego de condiciones (f. 1290 c. 3). 10.2 El 26 de abril de 1994, EPM y el Consorcio Convel S.A.- Coninsa S.A. celebraron el contrato de obra n”. 9/DJ-996/30, según da cuenta copia simple del contrato (f. 13-16 c. 1). 10.3 En 1995 y 1996, las partes suscribieron las actas de modificación bilaterales n. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las partes en esas modificaciones ampliaron el plazo del contrato, descongelaron los índices de la fórmula de reajuste y acordaron revisar al final del contrato si había costos administrativos no resarcidos por la ampliación. Además, pactaron el pago adelantado de unos ítems, acordaron obras extras y7 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones adicionales y redujeron y cancelaron otras. Las partes pactaron reajustar los precios de las obras extras desde el mes inicial del contrato. El contratista siempre rechazó la exoneración de responsabilidad y la renuncia a reclamaciones, según da cuenta copia auténtica de esas actas y de las comunicaciones enviadas por el contratista,

(f. 34, 41-49, 36, 55-62, 39, 63-76, 23, 77-95, 25, 96-101, 32 y 103-110 c. 1).

10.4 El 17 de febrero de 1997, las partes suscribieron un acuerdo de «finiquito» al contrato n”. 9/DJ-996/30. Las partes acordaron que EPM había recibido a satisfacción las obras. El valor del contrato fue $4.771.829.950 -—$1.994.233.887 obra contractual, $1.713.561.514 obra extra y $1.064.034.549 reajustes—. El contratista dejó consignado que contra EPM tenía la reclamación sobre la revisión de la fórmula de reajustes para las obras en las que no hubo anticipo, según da cuenta copia auténtica del acuerdo (f. 17-20 c. 1). El régimen jurídico del contrato

11. Como EPM celebró el contrato n”. 9/DJ-996/30 de obra el 26 de abril de 1994, es preciso determinar el régimen jurídico de ese contrato, para la época de su suscripción.

Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. Para la fecha de suscripción del contrato n”. 9/DJ-996/30 —26 de abril de 1994—, EPM era un establecimiento público, es decir, era entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n.” 58 de 1955. En ese momento, la Ley 80 de 1993 estaba vigente en su mayoría, pues fue publicada el 28 de octubre de ese año

EPM era un establecimiento público, es decir, era entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n.” 58 de 1955. En ese momento, la Ley 80 de 1993 estaba vigente en su mayoría, pues fue publicada el 28 de octubre de ese año y según el artículo 81 todas sus normas debían entrar a regir a partir del 1” de enero 5 En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, EPM se transformó en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo 069 del 10 de diciembre de 1997. https //www.epm.com.co/site/Portals/5/documentos/InformacionRelevante/8 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones de 1994, con excepción de las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciaría un año después de la promulgación de la ley. La Sala aclara que la Ley 142 de 1994 no se había expedido para la fecha en que se celebró el contrato, pues esto solo ocurrió el 1 de julio de 1994 y entró a regir con su publicación el 11 de julio siguiente.

Como la Ley 80 de 1993 estaba vigente al momento en que se celebró el contrato y EPM era entidad estatal según esa ley (art. 2), pues era un establecimiento público, el régimen jurídico aplicable al contrato n”. 9/ DJ-996/30 es el dispuesto en el Estatuto General de la Contratación, esto es, por regla general, por las disposiciones comerciales y civiles (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de

el Estatuto General de la Contratación, esto es, por regla general, por las disposiciones comerciales y civiles (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3” de la Ley 153 de 1887).

12. El artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 dispuso que se denomina contrato de obra el que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Así, a diferencia de lo que ocurría con el artículo 81 del Decreto ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 no le confiere al contrato de obra el calificativo de «pública», ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de «carácter público o directamente destinado a un servicio público».

El contrato de obra es un contrato solemne (arts. 1500 CC, 39 y 41 Ley 80), bilateral, oneroso (art. 1457 CC), conmutativo (arts. 1498 CC y 28 Ley 80), intuito personae y de tracto sucesivo, en virtud del cual una persona se obliga a realizar un trabajo material sobre inmuebles, sin subordinación, a cambio de un precio. Como las partes celebraron un contrato para la construcción e instalación de redes hidrosanitarias y de servicios sanitarios, uno de los contratantes era un establecimiento público y este se perfeccionó el 26 de abril de 1994, el contrato es

partes celebraron un contrato para la construcción e instalación de redes hidrosanitarias y de servicios sanitarios, uno de los contratantes era un establecimiento público y este se perfeccionó el 26 de abril de 1994, el contrato es de obra y se rige por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 31.628 [fundamento jurídico 4].9 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones

13. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo”.

La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar — definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser:

escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la administración directamente y (iii) judicial?. La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, conjunta o de mutuo acuerdo, derivada del ejercicio de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Constituye un verdadero negocio jurídico?, un acuerdo negocial entre personas, es decir, entre sujetos de derecho capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios —error, fuerza y dolo— (arts. 1502, 1508 a 1516 CC) y que tiene por efecto finiquitar el contrato, al definir créditos y deudas recíprocas. Las partes de común acuerdo hacen, pues, el corte de cuentas con posterioridad a su terminación sobre las actividades desarrolladas en el marco del contrato (quién debe a quién, cuánto y por qué). Por ello, si no se dejan «salvedades» —concretas y específicas—- no se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001 Rad. 12.660 [fundamento jurídico

C] y sentencia de 4 de diciembre de 2006, Rad. 15.239 [fundamento jurídico 2.5], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 451-452, 453 y 478, disponible en https: //cutt ly/OQ9KFJH. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Rad. 18.971 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 454, disponible en https://cutt Iy/OQSKFJH. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de agosto de 1984, Rad. 3215 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 455, disponible en https://cutt.ly/OQOKFJH.10 Expediente n. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones contenidas0, por los vicios del consentimiento!? o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento.

Ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración cuenta con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el

la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el contratista. En la ausencia de las dos anteriores modalidades —ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad— corresponde al juez del contrato proceder a liquidar el contrato??. Como las partes expresamente dejaron consignado en el acuerdo de «finiquito» del contrato —que en esencia es una liquidación bilateral del contrato-, que sólo quedaba pendiente la reclamación sobre la revisión de la fórmula de reajuste para las obras en las que no hubo anticipo [hecho probado 10.4], la Sala procede a estudiar esa reclamación. El desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual

14. Según la demanda, la inoperancia de la fórmula de reajuste respecto de las obras adicionales y extras son fuente, al mismo tiempo, de reclamaciones por desequilibrio económico del contrato y por incumplimiento contractual.

15. Durante la fase de formación y al momento de celebrar un contrato, incluido el contrato público, las partes valoran beneficios y asumen determinados riesgos financieros que forman su ecuación económica. Esa ecuación, que no supone un equilibrio matemático sino una equivalencia razonable que preserva la intangibilidad de las prestaciones debe mantenerse durante su ejecución, sin perjuicio, claro está, de los riesgos contractuales que jurídicamente les incumba asumir!?.

equilibrio matemático sino una equivalencia razonable que preserva la intangibilidad de las prestaciones debe mantenerse durante su ejecución, sin perjuicio, claro está, de los riesgos contractuales que jurídicamente les incumba asumir!?. 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de octubre de 1980, Rad. 1960 [fundamento jurídico F], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, imprenta Nacional, 2018, p. 461, disponible en https://cutt. IyOQ9KFJH. 1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de junio de 2008, Rad. 16.293 [fundamento jurídico 5.2], en Antología Jurisporudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 465, disponible en https //cutt.ly/OQ9KFJH.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 14.287 [fundamento jurídico 5.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 469-470, disponible en https://cutt.iy/OQ9KF JH. “3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, Rad. 14855 [fundamento jurídico 11], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, imprenta Nacional, 2018, p. 391, disponible en: https: //cutt ly/OQ9KF JH11 Expediente n”. 35.826

Demandante: Coninsa S.A. y otro Niega pretensiones Por ello, a pesar de la importancia del postulado según el cual los contratos son ley para las partes y, por ende, deben cumplirse [pacta sunt servanda], se han moderado los efectos de la aplicación estricta del contrato, al hecho de que los términos originales del acuerdo se mantengan. Los contratos se hicieron para cumplirse, siempre que las condiciones originalmente acordadas se mantengan o sigan siendo las mismas frebus sic stantíbus].

Las partes conocen el beneficio que les reportará el contrato, sobre la base de una equivalencia de prestaciones. La entidad pública contratista busca cumplir los fines del Estado. El contratista persigue un beneficio económico en su favor. Al momento en que se forma el contrato se regula de forma simétrica su economía, mediante una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.

del Estado. El contratista persigue un beneficio económico en su favor. Al momento en que se forma el contrato se regula de forma simétrica su economía, mediante una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución. La preservación de la ecuación financiera es, pues, un propósito fundamental en la contratación pública. Por una parte, conviene al interés público, dado que mediante el contrato se persigue la provisión de los bienes, la correcta ejecución de obras o la buena prestación de un servicio (art. 2 CN) y, por otra, al contratista cuya remuneración razonable se soporta en criterios de justicia, equidad, garantía del patrimonio e igualdad ante las cargas públicas (arts. 13 y 58 CN). Las partes del contrato público deben so