CE - 050012331000200300631021SENTENCIA20230815144654

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00631-02(37376)

Actor: INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NORMA PROCESAL-Aplicación inmediata. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO-Acción procedente frente a actos proferidos antes de la celebración del contrato. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. COPIAS SIMPLES-Vator probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. NULIDAD ACTO DE ADJUDICACIÓN EN LEY 446 DE 1998-Es procedente dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, publicación o notificación, siempre que no se haya celebrado el contrato. CADUCIDAD DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-El término para formular la demanda contra actos precontractuales que terminan el proceso de selección es de 30 días. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Acceso a la justicia.

ACTO DE ADJUDICACIÓN, LEY 446 DE 1998-Una vez celebrado el contrato, la nulidad del acto de adjudicación se debe pedir con la nulidad absoluta del contrato. DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN-Requisitos para ejercicio de función administrativa por particulares. PROPUESTA MÁS FAVORABLE-Concepto. CONVENIO DE AUTORIZACIÓN-Debe hacerse convocatoria pública sujeta a

COLABORACIÓN-Requisitos para ejercicio de función administrativa por particulares. PROPUESTA MÁS FAVORABLE-Concepto. CONVENIO DE AUTORIZACIÓN-Debe hacerse convocatoria pública sujeta a principios de la Ley 80 de 1993. DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA-Orienta los procesos de selección. NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN-Para que proceda la indemnización de perjuicios se debe demostrar no solo el vicio de nulidad, sino que la propuesta del demandante era la mejor. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-No era un requisito para este tipo de contrato. DAÑO EMERGENTE-Gastos de elaboración de la oferta. LUCRO CESANTE-No se probó. EQUIDAD-Criterio auxiliar. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO-La equidad es un criterio excepcional ante imposibilidad probatoria absoluta. COSTAS EN CCAimprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de un acto administrativo y negó el restablecimiento del derecho. SÍNTESIS DEL CASO En enero de 2002, el alcalde de Medellín autorizó a los particulares a prestar el servicio de control y revisión de taxímetros de la ciudad —según los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998. La entidad abrió convocatoria pública y calificó las2 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones propuestas. Antes de seleccionar un proponente, revocó todos los actos

Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones propuestas. Antes de seleccionar un proponente, revocó todos los actos administrativos del proceso de selección, pues no se surtieron algunas etapas previstas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Uno de los proponentes alegó la nulidad de esa decisión, pues los actos administrativos no podían ser revocados sin el consentimiento del titular y la convocatoria pública no debía seguir el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. ANTECEDENTES El 14 de febrero de 2003, la sociedad Inversiones Agudelo Zapata Ltda., a través de apoderado judicial, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín. Solicitó la nulidad de la Resolución n'. 344 de 2002, que revocó las actuaciones administrativas relacionadas con la licitación pública n.”. 01 de 2002. Pidió los perjuicios derivados de la no adjudicación del convenio. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la "esolución vulneró normas superiores, pues los actos administrativos —particu'aresno podían ser revocados sin el consentimiento expreso del titular y tampoco se respetó el procedimiento de la revocatoria. Agregó que la convocatoria pública no debía seguir el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y hubo desviación de poder. El 9 de abril de 2003, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda por caducidad. El 19 de febrero de 2004, el Consejo de Estado revocó esa decisión, admitió la demanda y ordenó su notificación. En el escrito de

por caducidad. El 19 de febrero de 2004, el Consejo de Estado revocó esa decisión, admitió la demanda y ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el Municipio de Medellín sostuvo que «se revocaron todas las actuaciones, pues el desconocimiento de la Ley 80 de 1993 hacía imposible la selección objetiva. Agregó que el proponente sólo tenía una expectativa frente a la adjudicación. El 11 de septiembre de 2006 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que se acreditó la desviación de poder, pues la entidad adelantó varios procesos de selección y solo en este revocó las actuaciones. Expuso que, además, la demandante no estaba inscrita en el registro único de proponentes. El Ministerio Público guardó silencio. El 28 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia3 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que la Resolución n”. 344 de 2002 era nula, porque la entidad no vinculó al demandante al procedimiento administrativo y se configuró desviación de poder, porque no existieron razones fácticas, ni jurídicas para revocar el proceso de selección y lo que se buscaba era no suscribir el convenio con la demandante. Negó el restablecimiento del derecho, pues no se acreditó la utilidad dejada de percibir. La parte demandante interpuso

fácticas, ni jurídicas para revocar el proceso de selección y lo que se buscaba era no suscribir el convenio con la demandante. Negó el restablecimiento del derecho, pues no se acreditó la utilidad dejada de percibir. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 21 de julio de 2009 y admitido el 23 de septiembre siguiente. Esgrimió que el perjuicio quedó acreditado con la prueba documental y que la liquidación debía hacerse en equidad. El 29 de octubre de 2009 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante hizo una liquidación del perjuicio. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.3 CCA, esto es, $99.600.000.

Acción procedente

2. Las normas de derecho procesal —por regla generalson de aplicación inmediata, pero solo rigen hacia el futuro. Las leyes concernientes a la

supera la suma prevista en el artículo 132.3 CCA, esto es, $99.600.000. Acción procedente

2. Las normas de derecho procesal —por regla generalson de aplicación inmediata, pero solo rigen hacia el futuro. Las leyes concernientes a la 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2003, $332.000, por 300. Se aplican las cuantías previstas en la Ley 448 de 1998, pues a la fecha de interposición del recurso de apelación ya habían entrado en vigencia las cuantías, según la Ley 954 del 28 de abril 2005.4

Expediente n. 37.376

Demandante: inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones sustanciación y ritualidad de los juicios no tienen carácter retroactivo, porque prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empez:ar a regir, salvo los eventos excepcionales y taxativos que señaló la ley (art. 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 626 CGP). Según el artículo 87 CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y vigente al momento de la presentación de la demanda -14 de febrero de 2003, los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato —con ocasión de la actividad contractual— podían ser demandados mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de esos actos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Como la Resolución n”. 344 de 2002 revocó todas las actuaciones adelantadas en la convocatoria pública n”. 01 de 2002 antes

contrato, la ilegalidad de esos actos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Como la Resolución n”. 344 de 2002 revocó todas las actuaciones adelantadas en la convocatoria pública n”. 01 de 2002 antes de que la entidad seleccionara a un proponente, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho. Caducidad

3. De conformidad con el artículo 87 CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación. Una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta del contrato debía solicitarse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento o en un término igual al de vigencia del contrato —si era superior—, sin que en nirigún caso excediera cinco años (art. 136.10.e CCA).

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, consideró que el término de treinta días para solicitar la nulidad —art. 87 CCA— no operaba para los actos que no dieran lugar a la celebración de un contrato —como la declaratoria de desierta— al considerar que eran actos previos, precontractuales o «separables». En esos eventos, el término de caducidad para demandar la nulidad de esos actos era el previsto en el artículo 136.2 CCA, esto es, el general de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, rad. n. 36124 [fundamento jurídico 1],

contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, rad. n. 36124 [fundamento jurídico 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tom» A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 819-820, disponible en https://cutt.Iy/OQ9OKFJH.5 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones o ejecución del acto. Posteriormente, la Corporación se apartó de este criterio al estimar que los actos que no terminaban en la celebración de un contrato, como la declaratoria de desierta, también eran expedidos en ejercicio de la actividad contractual y con ocasión de ella. Ese criterio fue extendido a otros actos como la revocatoria directa contra el acto de apertura. En esos eventos la demanda debía presentarse dentro los 30 días siguientes a su notificación'. La demanda se presentó el 14 de febrero de 2003, fecha para la cual la jurisprudencia consolidada se inclinaba por estimar que el término de caducidad contra los actos precontractuales que terminaban el proceso de selección era de cuatro meses. Criterio que solo vino a ser cambiado en el año 2006, para determinar que esos actos se sujetaban al término de caducidad de 30 días previsto en el artículo 87 CCA. Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos sobre todos los casos a los que se aplica, no se puede desconocer que un nuevo criterio, aplicado a las demandas interpuestas con anterioridad, puede —como sucede en

Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos sobre todos los casos a los que se aplica, no se puede desconocer que un nuevo criterio, aplicado a las demandas interpuestas con anterioridad, puede —como sucede en este casoentrañar una afectación al derecho de acceso a la justicia (art. 229 CN), al imponer una carga desproporcionada al demandante, luego de muchos años de estar pendiente de que se resuelva su controversia. Como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia del Consejo de Estado establecía que el término de caducidad de la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que daban por terminado un proceso de selección era de cuatro meses, se estudiará la caducidad del término para formular la acción conforme a ese criterio. La Resolución n. 344 de 2002 se notificó por edicto el 18 de octubre de 2002. Como el término de cuatro meses vencía el 19 de febrero de 2003, la demanda se interpuso en tiempo —14 de febrero de 2003—. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 14 de junio de 2002, Rad. 19.078 y auto del 14 de agosto de 2003, Rad. 22848 [fundamento jurídico 1.c)], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 857, disponible en https://cutt ly/OQ9KFJH. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de agosto de 2006, Rad. 29.231 [fundamento jurídico 2].

https://cutt ly/OQ9KFJH. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de agosto de 2006, Rad. 29.231 [fundamento jurídico 2]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de noviembre de 2014, Rad. 31297 [fundamento jurídico 2.1], en Antología Junisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 203, disponible en https: //cutt ly/OQO9KFJH.6 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones Legitimación en la causa

4. Inversiones Agudelo Zapata Ltda. está legitimada por activa, pues participó en la convocatoria pública n”. 001 de 2002 [hecho probado 9.3]. El municipio de Medellín está legitimado por pasiva, pues fue la entidad que abrió el proceso y revocó todos los actos administrativos de la convocatoria pública n. 001 de 2002

[hechos probados 9.6 y 9.7]. il. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la demandante presentó la mejor propuesta en una convocatoria pública que se regía por el artículo 111 de la Ley 489 de 1998 y si acreditó los perjuicios que sufrió por no haber sido seleccionada. [A Análisis de la Sala

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la Resolución n”. 344 de 2002, pero negó el restablecimiento del derecho. Como el demandante es apelante único y recurrió exclusivamente la decisión de negar el restab ecimiento

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la Resolución n”. 344 de 2002, pero negó el restablecimiento del derecho. Como el demandante es apelante único y recurrió exclusivamente la decisión de negar el restab ecimiento del derecho, la Sala se limitará a estudiar este asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. En el expediente obran recortes de prensa (f. 322-334 c. 1). Las inforrnaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condicionzs serán valoradas en este proceso”. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [lundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378 [fundamento juridico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento jurídico 3.2]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de7 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones

8. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 9.1 El 3 de enero de 2002, el alcalde del Municipio de Medellín, por Resolución n. 004 de 2002, autorizó la prestación del servicio de control y revisión de los taxímetros a particulares, previa convocatoria pública y en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998. Conforme al acto, delegó en el secretario de transporte y tránsito la elaboración de los términos de referencia, el proceso de

taxímetros a particulares, previa convocatoria pública y en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998. Conforme al acto, delegó en el secretario de transporte y tránsito la elaboración de los términos de referencia, el proceso de selección y la celebración del convenio, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 34-35 c. 1). 9.2 El 15 de marzo de 2002, la Alcaldía de Medellín publicó en el periódico «El Mundo» la convocatoria pública n. 001 de 2002, para que «se adjudique la autorización administrativa, para el control y revisión de taxímetros a vehículos tipo taxi» en Medellín, según da cuenta copia simple de la publicación (f. 42 c. 1). 9.3 El 22 de marzo de 2002, la secretaría de transportes y tránsito de Medellín hizo la apertura de las propuestas. Inversiones Agudelo Zapata Ltda., Asprotax y Comercializadora Servisuper Ltda. se presentaron al proceso, según da cuenta copia simple del acta de apertura (f. 396-398 c. 1). 9.4 El 2 de abril de 2002, la entidad puso en conocimiento de los proponentes el resultado de la evaluación de las propuestas, según da cuenta copia simple del oficio y de la tabla de comparación (f. 218-219 c. 1). Conforme al cuadro de comparación, el resultado de la evaluación fue el siguiente: Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjiduK.8 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

disponible en https://bit ly/3gjiduK.8 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL

Asprotax 50 Servisuper 39 Inversiones Agudelo Zapata Ltda. 97,7 9.5 El 5 de junio de 2002, el secretario de transporte y tránsito de Medellin envió una comunicación a Inversiones Agudelo Zapata Ltda. Conforme el documento, en el estudio realizado por esa entidad se consideró que esa socieclad había alcanzado el mayor puntaje. Sin embargo, por la magnitud de la «adjudic:lación» se haría una revisión al procedimiento, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 227 c. 1). 9.6 El 10 de septiembre de 2002, la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín, por Resolución n”. 344 de 2002, revocó los siguientes actos administrativos: i) Resolución n”. 163 de 2002; ii) oficio del 13 de marzc de 2002; ii) «convocatoria pública 001 de 2002»; iv) «aviso de prensa, convocatoria pública»; v) pliego de condiciones; vi) adenda n”. 1; vii) acta de apertura de propuestas, viii) oficio del 2 de abril de 2002; ix) tablas de evaluación de las propuestas y x) oficio del 5 de junio de 2002. En el acto se ordenó devolver a los proponentes el dinero pagado por la venta de los pliegos, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 25-31 c. 1).

propuestas y x) oficio del 5 de junio de 2002. En el acto se ordenó devolver a los proponentes el dinero pagado por la venta de los pliegos, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 25-31 c. 1). 9.7 El 15 de octubre de 2002, Inversiones Agudelo Zapata Ltda. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución n”. 344 de 2002, que fueron negados por improcedentes, según da cuenta copia simple del recurso y del «auto» del 12 de noviembre de 2002 (f. 298-314 c. 1). Procedencia del restablecimiento del derecho derivado de la nulidad de actos precontractuales

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la Resolución n'. 344 de 2002, que terminó la convocatoria pública n”. 001 de 2002. Sin embargo, negó el restablecimiento del derecho porque no se acreditó el perjuicio sufrido.

Como la parte demandante recurrió la sentencia en lo que se refiere al restablecimiento del derecho denegado, corresponde a la Sala úricamente9 Expediente n, 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones determinar si es procedente su reconocimiento.

11. La Sala reitera que en los eventos en que se demanda la nulidad de un acto administrativo que termina el proceso de selección o el de adjudicación, el demandante debe cumplir una doble carga probatoria: debe demostrar que el acto lesiona normas del ordenamiento jurídico y que su propuesta era la mejor y más conveniente para la Administración —selección objetiva—. No basta con demostrar

demandante debe cumplir una doble carga probatoria: debe demostrar que el acto lesiona normas del ordenamiento jurídico y que su propuesta era la mejor y más conveniente para la Administración —selección objetiva—. No basta con demostrar la ilegalidad del acto para que prospere la indemnización de perjuicios, sino que es indispensable que el demandante pruebe que su propuesta era la mejor y que, por tanto, debió ser escogido durante el proceso de selección?. En el proceso deben obrar todos los ofrecimientos recibidos y el pliego de condiciones o términos de referencia del proceso de selección, pues sólo con fundamento en esos documentos se puede determinar si la propuesta de la parte demandante era la mejor y más conveniente para la Administración? En todo caso, el proponente vencido tiene la carga de acreditar —a través de los distintos medios de convicción— que su propuesta cumplía todos los requisitos técnicos, económicos y jurídicos previstos en el pliego de condiciones y que, comparada con las demás propuestas, era la más conveniente. Debe acreditar, pues, los motivos por los que considera que era la mejor propuesta!”,

12. El artículo 110 de la Ley 489 de 1998, en consonancia con los artículos 123 y 210 CN, prevé que las personas naturales y jurídicas privadas pueden ejercer funciones administrativas, bajo ciertas «condiciones» previstas en ese precepto.

En consonancia, el artículo 111 prevé que para conferir el ejercicio de funciones administrativas a particulares, se requiere: ¡) la expedición de un acto administrativo que determine las funciones específicas que serán encomendadas al particular, las calidades y requisitos que debe reunir el particular, las condiciones para su ejercicio, la forma de remuneración y la duración del encargo;

administrativo que determine las funciones específicas que serán encomendadas al particular, las calidades y requisitos que debe reunir el particular, las condiciones para su ejercicio, la forma de remuneración y la duración del encargo; y ii) la celebración de un convenio con el particular por cinco años, mediante un 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2011, Rad. 18293 [fundamento jurídico 9], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 170, disponible en: https://cutt.lIy/OQ9KFJH. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2011, Rad. 18293 [fundamento jurídico 4.2]. 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1996, Rad. 12179 [fundamento jurídico párr. 54], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 226, disponible en: https://cutt Iy/OQ9KFJH.10 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones procedimiento de convocatoria pública que siga los principios de la Ley 80 de 1993 para la contratación por parte de entidades estatales. En el convenio par celebrar se deben pactar las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 ce 1993 y demás normas complementarias. De modo que, mediante la descentralización por colaboración, el orden jurídico

se deben pactar las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 ce 1993 y demás normas complementarias. De modo que, mediante la descentralización por colaboración, el orden jurídico autoriza de manera amplia la asunción de funciones administrativas po" parte de los particulares. Por esta vía la entidad pública transfiere algunas de sus funciones por un tiempo determinado al particular, que al desarrollarlas autónomamente asume las responsabilidades correspondientes y, en todo caso, sometido a los controles que ejerza la Administración otorgante (art. 114). Todc ello en consonancia con la sentencia C-866 de 1999, que, al estudiar la constitucionalidad de los artículos correspondientes de la Ley 489, fijó algunos criterios deli nitadores para su ejercicio. En particular, que no se puede afectar la materia objeto de la competencia (objetivos legales), en los términos del artículo 150.7 CN.

13. Según el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 —vigente al momento de los hechos y aplicable por expresa remisión de la Ley 489-— y aplicable a la corwvocatoria pública n”. 001 de 2002, la selección es objetiva cuando se selecciona la oferta más favorable a la entidad y a sus fines, sin que medien factores subjetivos. Este precepto —en consonancia con el artículo 24.5 relativo a los plegos de condiciones, como instrumentos que hacen realidad el deber de selección objetivadetermina las reglas que posibilitan la escogencia de la propuesta más favorable. El ofrecimiento más favorable es aquel que es más ventajoso para la entidad, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato —contratación

favorable. El ofrecimiento más favorable es aquel que es más ventajoso para la entidad, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato —contratación directa—, sin que se tengan en cuenta factores diferentes a los contenidos en dichos documentos o sólo alguno de ellos. Para escoger la oferta más favorable, la Administración debe comparar los ofrecimientos recibidos y consultar los precios o condiciones del mercado y los estudios de la entidad «V de los organismos consultores designados. La Administración en la contratación estatal —en todos los procedimientos y modalidades— debe respetar los criterios de selección objetiva fijados previamente11 Expediente n. 37.376

Demandante: Inversiones Agudelo Zapata Ltda.

Accede parcialmente a pretensiones para la escogencia del contratista. El contrato debe ser adjudicado al proponente que haya presentado la mejor propuesta, la cual será evaluada por la entidad con fundamento en las condiciones que rigen el proceso de selección —pliegos de condiciones o términos de referencia—.

14. Según la demanda, la propuesta de Inversiones Agudelo Zapata Ltda. debió ser seleccionada para el control y revisión de taxiímetros a vehículos tipo taxi en la ciudad de Medellín, pues fue la propuesta con el mejor puntaje en la evaluación que realizó la entidad.

Está acreditado que el alcalde del municipio de Medellín, por Resolución n”. 004 de 2002, autorizó la prestación del servicio de control y revisión de los taxímetros a particulares [hecho probado 9.1]. El 15 de marzo de 2002, la Alcaldía de

de 2002, autorizó la prestación del servicio de control y revisión de los taxímetros a particulares [hecho probado 9.1]. El 15 de marzo de 2002, la Alcaldía de Medellín publicó la convocatoria pública n”. 001 de 2002 [hecho probado 9.2]. El 22 de marzo de 2002, la entidad hizo la apertura de las propuestas. Al proceso de selección se presentaron Agudelo Zapata Ltda., Asprotax y Servisuper [hecho probado 9.3]. La entidad hizo una evaluación de las propuestas y determinó que Inversiones Agudelo Zapata Ltda. obtuvo el mejor puntaje [hecho probado 9.4]. El 10 de septiembre de 2002, la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín terminó el proceso de selección al revocar los actos administrativos que dieron origen al mismo [hechos probados 9.6 y 9.7].

15. En el proceso obran las propuestas aportadas por Inversiones Agudelo Zapata Ltda., Asprotax y Comercializadora Servisuper Ltda. En las propuestas cada uno de los oferentes anexó los documentos que acreditaban su exp