CE - 050012331000200600945011SENTENCIA20230515182320

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-31-000-2006-00945-01 (62.643)

Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Referencia: Reparación directa

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se probó la condición de propietario, poseedor o tenedor del demandante – FALLA EN EL SERVICIO – Aprehensión de bienes en proceso de extinción de dominio – No se configuró – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Ausencia de daño – No se demostró que el bien aprehendido hubiera sufrido un deterioro anormal.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación contra la sentencia q ue accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable por los daños ocasionados con la aprehensión y deterioro de un vehículo de servicio público en el marco de un proceso de extinción de dominio.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Tribunal

público en el marco de un proceso de extinción de dominio.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, dispuso lo siguiente

(transcripción literal, incluidos posibles errores):

“PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la inmovilización y deterioro del vehículo de servicio público Daewoo Racer STL Modelo 1995, Placa TIV 873, color amarillo, Motor C15SF407805, Serie KLATF19T1SC5011788, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

“SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de NORVEY DE JESÚS VÉLEZ ACEVEDO la suma de treinta y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($37.049.345) por concepto de lucro cesante consolidado.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Referencia: Reparación directa

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“TERCERO. CONDÉNESE igualmente a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -, a pagar a favor de HÉCTOR GIOVANI ESCOBAR CASTAÑEDA la suma de dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($2.538.448) por concepto de daño emergente.

GENERAL DE LA NACIÓN -, a pagar a favor de HÉCTOR GIOVANI ESCOBAR CASTAÑEDA la suma de dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($2.538.448) por concepto de daño emergente.

“TERCERO (sic). DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

“CUARTO. Sin costas en esta instancia.

“QUINTO. Por Secretaría NOTIFICAR a las partes como lo dispone el artículo 173 del C.C.A.

“SEXTO. En firme este proveído, archívese el expediente”.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada por los señores Norbey de Jesús Vélez Acevedo y Héctor Giovani Escobar Castañeda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y

fundamentos legales son los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada con ocasión de los perjuicios causados con la aprehensión y deterioro del vehículo de servicio público de placas TIV - 873.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) cincuenta y dos millones doscientos sesenta mil pesos ($52.260.000) por concepto del lucro cesante causado desde el 28 de enero de 2002 – fecha de inmovilización - hasta el 19 de noviembre de 2003 – fecha de venta – a favor del señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo; ii) cinco millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintisiete pesos ($5.242.627) por concepto del daño emergente derivado de las

Vélez Acevedo; ii) cinco millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintisiete pesos ($5.242.627) por concepto del daño emergente derivado de las reparaciones realizadas al vehículo y el pago de honorarios por representación judicial, a favor del señor Héctor Giovani Escobar Castañeda , quien ejerció como apoderado del señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo ; iii) siete millones ciento veinte mil pesos ($7.120.000) por concepto del lucro cesante causado desde el 19 de noviembre de 2003 – fecha de compra - hasta el 19 de febrero de 2004 – fecha de finalización de reparaciones -, a favor del señor Héctor Giovani Escobar Castañeda; y, iv) entre doscientos (200) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes1.

Hechos

1 Folios 62 y 63 del cuaderno 1.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro

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5. La parte actora señaló que el 31 de julio de 2000, el señor Héctor Giovani Escobar Castañeda vendió a Norbey de Jesús Vélez Acevedo un automóvil de servicio público -taxide placas TIV-873, marca Daewoo Racer STL, modelo 1995, con motor C15SF407805 y serie KLATF19T1SC5011788, que se encontraba afiliado a la empresa Tax Super.

servicio público -taxide placas TIV-873, marca Daewoo Racer STL, modelo 1995, con motor C15SF407805 y serie KLATF19T1SC5011788, que se encontraba afiliado a la empresa Tax Super.

6. El 22 de enero de 2002, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos ordenó el inic io oficioso del trámite de extinción de dominio sobre el mencionado vehículo y el 28 de enero siguiente se produjo su aprehensión, oportunidad en la que el señor Vélez Acevedo presentó oposición y posteriormente, solicitó la restitución del vehículo.

7. Trascurrido más de un año desde la inmovilización del automotor, el 28 de enero de 2003, su antiguo propietario Héctor Giovani Escobar Castañeda accedió a comprar el vehículo al señor Vélez Acevedo, como medida de saneamiento, por la suma de diecisiete millones de pesos ($17.000.000).

8. Mediante resolución del 31 de julio de 2003, confirmada el 3 de septiembre de la misma anualidad, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de extinción del dominio, por lo que el 15 de diciembre de 2003, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Risaralda) ordenó la entrega del vehículo, la cual se hizo efectiva el 24 de diciembre siguiente.

9. La parte actora sostuvo que el vehículo fue entregado “en pésimas condiciones y con algunos cambios irregulares” , por lo que requirió reparaciones en la pintura,

cual se hizo efectiva el 24 de diciembre siguiente.

9. La parte actora sostuvo que el vehículo fue entregado “en pésimas condiciones y con algunos cambios irregulares” , por lo que requirió reparaciones en la pintura, latonería, motor, tapicería, rodamientos, luces, taxímetro, así como el cambio de los emblemas de la empresa a la que se encontraba afiliado, puesto que durante el tiempo que estuvo bajo custodia de las autoridades fue utilizado por sus agentes con una placa diferente TIV-876 y con emblemas de la empresa Taxi Ger.

10. Concluyeron que los ante riores hechos le ocasionaron perjuicios materiales e inmateriales que debían indemnizarse por parte de la demandada.

La defensa

11. Notificado en debida forma el auto admisorio 2, la Nación - Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que los demandantes debían soportar la investigación y trámites que culminaron con la devolución del vehículo, dado que el automotor estaba presuntamente vinculado con el punible de secuestro y solo durante el trámite se demostró que los hoy demandantes eran terceros adquirentes de buena fe.

2 Folio 76 del cuaderno 1.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

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12. Asimismo, indicó que no incurrió en dilaciones injustificadas durante la entrega del vehículo; y que las averías que hubiera podido presentar eran imputables al

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12. Asimismo, indicó que no incurrió en dilaciones injustificadas durante la entrega del vehículo; y que las averías que hubiera podido presentar eran imputables al Fondo para la Defensa y Libert ad Personal de la Policía Nacional, a quien le fue entregado el bien para su custodia.

13. En este sentido, propuso como excepciones: i) “ausencia de falla en la prestación del servicio”, ii) “inexistencia de daño antijurídico”, y iii) “ausencia de error judicial”3.

14. Surtida la etapa probatoria4, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

15. La parte actora señaló que no existía mérito para inmovilizar el vehículo, dado que había pasado a terceros adquirentes de buena fe; además, indicó que aún no se habían levantado ni cancelado las anotaciones realizadas en virtud del proceso de extinción del dominio5.

16. En esa oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión

17. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por considerar que la pasiva incurrió en un error jurisdiccional al incautar un bien que había sido adquirido por un tercero de buena fe, “incluso antes de que el procesado penalmente hubiera cometido el delito por el cual se investigaba y por el cual inició el proceso de extinción de dominio” . En su

3 Folios 77 a 85 del cuaderno 1.

fe, “incluso antes de que el procesado penalmente hubiera cometido el delito por el cual se investigaba y por el cual inició el proceso de extinción de dominio” . En su

3 Folios 77 a 85 del cuaderno 1. 4 Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la demanda, que comprenden: certificado de tradición y libertad del vehículo de placas TIV -873, expedido el 18 de marzo de 2005 (folios 3 y 4, C.1.); resolución del 3 de septiembre de 2003 proferida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá (folios 5 a 20, C.1.); resolución del 31 de julio de 2003, proferida por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá (folios 21 a 23, 430 a 497 C.1.); oficio No 2768 del 15 de diciembre de 2003 dirigido Al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal ordenando la entrega del vehículo (folios 24, 25, 422 y 423, C.1.); providencia del 9 de diciembre de 2003 proferida por el Juzgado Único Penal del Circ uito Especializado de Pereira (folios 26, 27, 322 y 323, C.1.); comunicación sin fecha legible emanada del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal dirigida al señor Héctor Giovani Escobar Castañeda (folio 28, C.1.); acta de entrega del automotor del

24 de diciembre de 2003 (folios 29 y 424, C.1); licencia de tránsito y SOAT del vehículo TIV-873 (folio 30, C.1.); certificaciones del 18 de diciembre de 2003 y 12 de marzo de 2004, expedidas por Tax Super (folios 31 y 32, C.1.); tarjeta de contro l del vehículo TIV-873 (folio 33, C.1.); fotografías del vehículo de placas TIV -876 (folios 35 a 45, C.1); recibos, facturas y comprobantes de consignación (folios 46 a 61, C.1.); ii) certificado de tradición y libertad del vehículo de placas TIV-873, expedido el 15 de febrero de 2007 (folios 223 y 224, C.1.); iii) historial del vehículo de placas TIV -873 obrante en los archivos de la empresa Tax Super (folios 225 a 321, C.1.); iv) inventario del automóvil TIV -873 de 28 de enero de 2002 (folios 349 y 353, C .1.); v) copia de la cédula de ciudadanía de Norbey de Jesús Vélez Acevedo (folio 350, C.1.); vi) poder especial otorgado por Norbey de Jesús Vélez Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda (folios 351 y 352, C.1.); vii) memorial del 25 de noviembre de 20 03 dirigido al Juzgado Único Especializado de Pereira solicitando la devolución del vehículo (folios 354 y 355, C.1.); viii) historial del vehículo de placas TIV-873 obrante en los archivos de la empresa Tax

Super (folios 356 a 420, C.1.); ix) dictamen pericial presentado el 13 de junio de 2007 por perito avaluador de perjuicios (folios 507 a 515, C.1); y, x) aclaración al dictamen pericial de 21 de agosto de 2007 (folios 516 a 519, C.1). 5 Folios 543 a 545 del cuaderno 1.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

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criterio, la retención del bien sin que se hubiera podido comprobar por las autoridades compete ntes la comisión de una conducta punible, generaba un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas.

18. En relación con el deterioro del automotor, sostuvo que si bien en el acta de entrega no se hizo salvedad alguna respecto de las condiciones en que se recibió el vehículo, ni tampoco obra en el expediente el inventario de entrega, los medios de prueba permitían inferir que el automotor estaba en buenas condiciones de funcionamiento cuando fue inmovilizado y que no fue entregado en buen estado, por cuanto: i) al momento de ser incautado prestaba el servicio público de taxi en la empresa Tax Super; ii) no se registraron desperfectos en el inventario realizado al momento de la inmovilización y iii) la entidad demandada no contradijo el dicho de la parte actora sobre los daños sufridos por el vehículo; además, manifestó que en el presente asunto no se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, dado que la responsabilidad por la indebida administración de los

la parte actora sobre los daños sufridos por el vehículo; además, manifestó que en el presente asunto no se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, dado que la responsabilidad por la indebida administración de los bienes recaía solida riamente sobre la entidad que decidió su decomiso o la imposición de una medida cautelar.

19. En consecuencia, condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante a favor del señor Norbey de Jesús Vélez Ac evedo y por concepto de daño emergente derivado del pago de honorarios de abogado a favor de Héctor Giovani Escobar Castañeda, mientras que negó el reconocimiento de los demás perjuicios deprecados en la demanda por falta de prueba sobre su acreditación6.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

20. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en el cual solicitó revocar la sentencia, por considerar que no incurrió en una falla en el servicio o error jurisdiccional, toda vez que actuó en cumplimiento del marco legal que regulaba la materia al iniciar el proceso de extinción de dominio, adelantar la investigación, decretar medidas cautelares sobre el bien, entregarlo para su administración al Fondo Nacional para la Def ensa de la Libertad Personal y, posteriormente, decretar la improcedencia de la extinción del dominio y ordenar su devolución, más aun cuando existían pruebas sobre la posible comisión de un delito con dicho bien, así como de su uso y goce por parte del sindicado.

21. De otra parte, sostuvo que no incurrió en defectuoso funcionamiento de la

devolución, más aun cuando existían pruebas sobre la posible comisión de un delito con dicho bien, así como de su uso y goce por parte del sindicado.

21. De otra parte, sostuvo que no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dado que su actuación no fue deficiente, arbitraria, demorada o abiertamente ilegal y/o errada, puesto que se ajustó al marco legal previsto para el efecto; asimismo, insistió en que no está llamada a responder por el deterioro de bienes incautados, ya que la custodia, cuidado y debida

6 Folios 562 a 580 del cuaderno principal.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

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administración del vehículo correspondía al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, según lo establecido en la Ley 282 de 1996, reglamentada por el Decreto 2100 de 1996, lo cual configuraba la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero7.

Alegatos

22. La Fiscalía General de la Nación reiteró que no incurrió en falla en el servicio, dado que el daño no le es imputable8.

23. El Ministerio Público consideró que la pasiva es responsable del daño deprecado en la demanda, por cuanto dispuso la inmovilización del vehículo a pesar de que el bien había sido adquirido lícitamente por los demandantes y, por tanto, resultaba improcedente la acción de extinción de dominio9.

24. En esa oportunidad procesal, la parte actora guardó silencio.

de que el bien había sido adquirido lícitamente por los demandantes y, por tanto, resultaba improcedente la acción de extinción de dominio9.

24. En esa oportunidad procesal, la parte actora guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Legitimación en la causa por activa de Héctor Giovani Escobar Castañeda

25. Le corresponde al juez al momento de dictar sentencia analizar los presupuestos procesales de la acción, los que no pueden ni deben entenderse saneados o clausurados por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso. La certeza de esta obligación está fijada en la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018 10, en la que la Sala Plena de esta Sección se pronunció en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de fondo.

26. El señor Héctor Giovani Escobar Castañeda adujo en la demanda que era propietario del vehículo de servicio público -taxide placas TIV-873 aprehendido en el proceso de extinción del dominio.

27. Al respecto, se precisa que en los términos del artículo 4711 de la Ley 769 de 2002, la tradición de los automotores requiere registro, de modo que solo son

7 Folios 581 a 584 del cuaderno principal. 8 Folios 614 a 618 del cuaderno principal. 9 Folios 634 a 640 del cuaderno principal. 10 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 Folios 634 a 640 del cuaderno principal. 10 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth. 11 “Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo”.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

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pruebas idóneas para acreditar la propiedad adquirida con origen en un título traslaticio de dominio, aquellas que demuestren el modo, es decir, la inscripción del título correspondiente en el Registro Nacional Automotor, por lo que, como prueba de lo anterior, se debe aportar el certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente y/o la tarjeta de propiedad, sin que sea necesario allegar al proceso el título, esto es, el contrato mediante el cual se adquirió el vehículo, pues este último documento nada aporta al proceso, en la medida en que este solo dará cuenta de los términos y condiciones del negocio.

28. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra que el certificado de tradición del vehículo de placas TIV -873 aportado al expediente no acredita que el

que este solo dará cuenta de los términos y condiciones del negocio.

28. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra que el certificado de tradición del vehículo de placas TIV -873 aportado al expediente no acredita que el señor Héctor Giovani Escobar Castañeda hubiera sido propietario del automotor durante el período en que estuvo sujeto a la acción extintiva, esto es, desde el 22 de enero de 2002, cuando fue aprehendido el vehículo, al 24 de diciembre de 2003, cuando fue devuelto a su propietario, por cuanto durante dicho lapso únicamente aparece registrado con tal calidad el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo.

29. Es de resaltar que si bien mediante memorial del 25 de noviembre de 2003, Héctor Giovani Escobar Castañeda, actuando en representación de Norbey de Jesús Vélez Acevedo 12, manifestó al Juzgado Único Penal del Ci rcuito Especializado de Pereira que el 18 de noviembre anterior tuvo que pagar el valor del taxi a su actual propietario como medida de saneamiento; lo cierto es que el traspaso solo se registró hasta el 16 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a los hechos de la presente acción, de ahí que para los efectos de esta causa no sea posible tener por acreditada su condición de propietario y, menos aún, de poseedor o tenedor, por sustracción de materia, toda vez que el vehículo se encontraba aprehendido por órdenes de la Fiscalía.

30. Así las cosas, al no encontrarse prueba del interés jurídico del señor Héctor Giovani Escobar Castañeda con la pretensión formulada, por cuanto no se demostró

encontraba aprehendido por órdenes de la Fiscalía.

30. Así las cosas, al no encontrarse prueba del interés jurídico del señor Héctor Giovani Escobar Castañeda con la pretensión formulada, por cuanto no se demostró su calidad de propietario, poseedor o tenedor del bien aprehendido, se impone deducir su falta de legitimación en la causa por activa, lo que da lugar a negar las pretensiones que formuló.

Problema jurídico

31. Verificado el contenido del recurso de apelación, el debate jurídico se orienta a determinar si la pasiva está llamada a responder por la aprehensión y deterioro del vehículo de servicio público de placas TIV-873. En caso de que así se concluya, se determinará si se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, en los términos invocados por la recurrente.

12 En el expediente obra un poder especial, amplio y sufic iente otorgado por el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda para que adelante cualquier trámite judicial o administrativo relacionado con el vehículo de placas TIV-873 (folios 351 y 352, C.1.).Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

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32. Como ruta para el análisis y decisión de los aspectos antes indicados, la Sala recapitula los siguientes hechos cuya prueba milita en el expediente:

• El 28 de julio de 2000, el señor Jhon Carlos Lucero Herrera vendió el automóvil

32. Como ruta para el análisis y decisión de los aspectos antes indicados, la Sala recapitula los siguientes hechos cuya prueba milita en el expediente:

• El 28 de julio de 2000, el señor Jhon Carlos Lucero Herrera vendió el automóvil de servicio público de placas TIV-873, marca Daewoo, línea Racer STI, modelo 1995, a Héctor Giovani Escobar Castañeda y Luz Fanny Roldán Roldán; quienes, el 31 de julio siguiente, traspasaron su propiedad al señor Norbey de Jesús Vélez

Acevedo13.

• En el marco del proceso de extinción de dominio iniciado sobre los bienes de las personas capturadas en la “Operación Guaitara” , entre ellas, el señor Jhon Carlos Lucero Herrera, por el secuestro extorsivo de diez (10) extranjeros ocurrido el 12 de octubre de 2000, producto del cual recibieron trece millones de dólares como pago por su liberación, el 22 de enero de 2002, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos inició el trámite y ordenó la ocupación, embargo y secuestro de los bienes que figuraban en cabeza de los vinculados con dichos hechos, entre ellos, el vehículo de placas TIV873, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 333 de 1996 14 -resolución no obrante en el expediente-.

• En cumplimiento de la orden anterior, el 28 de enero de 2002, el Grupo Gaula

No. 2 de la Policía Nacional inmovilizó el vehículo, dejando constancia en el acta de inventario que la antena y el limpiaparabrisas se encontraban en mal estado, así

No. 2 de la Policía Nacional inmovilizó el vehículo, dejando constancia en el acta de inventario que la antena y el limpiaparabrisas se encontraban en mal estado, así como que las llantas y la batería tenían un estado de conservación regular 15. Acto seguido, el automotor fue puesto a disposición del Fondo para la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional16.

• Mediante resolución del 31 de julio de 2003, la Fiscalía Cuarta de Descongestión de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre algunos bienes de propiedad de terceros ajenos al proceso, entre estos, el vehículo de servicio público de placas TIV-873, disponiendo oficiar a las autoridades pertinentes una vez surtido el grado jurisdiccional de consulta.

Sobre el particular precisó que si bien el vehículo perteneció a una de las personas que participó en los hechos acontecidos el 12 de octubre de 2000; lo cierto es que el automotor pasó a terceros hasta llegar a Norbey de Jesús Vélez Acevedo en los

13 Folios 3, 4, 223 y 224 del cuaderno 1. 14 La información se extrae de la resolución del 3 de septiembre de 2003 (folios 5 a 20, C.1.) y del oficio No. 2768 del 15 de diciembre de la misma anualidad (folios 24 y 25, C.1.) 15 Folio 349 del cuaderno 1. 16 Si bien no obran en el expediente las actuaciones mediante las cuales se dejó el vehículo a disposición del

2768 del 15 de diciembre de la misma anualidad (folios 24 y 25, C.1.) 15 Folio 349 del cuaderno 1. 16 Si bien no obran en el expediente las actuaciones mediante las cuales se dejó el vehículo a disposición del Fondo para la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional, la información se extrae del oficio No. 2768 del 15 de diciembre de 2003, mediante el cual se solicitó la entrega d el automotor a la referida entidad (folios 24 y 25, C.1.)Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

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primeros meses del 2000, “cuando aún el insuceso no se había producido” , y que su buena fe en la adquisición, esto es, el convencimiento de que actuaba bajo los parámetros legales y su solvencia económica, estaba demostrada con las declaraciones sobre el modo de compra y procedencia de los recursos empleados para el pago, rendidas por Héctor Giovani Escobar Castañeda, antiguo propietario del vehículo, y Jorge Enrique Boada Sánchez, empleado del señor Vélez Acevedo17.

• El 3 de septiembre de 2003, la Unidad de Fiscal ía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión del 31 de julio anterior, por considerar que el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo era un adquirente de buena fe18.

• Con base en lo anterior, el 25 d e noviembre de 2003, el señor Héctor Giovani

de julio anterior, por considerar que el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo era un adquirente de buena fe18.

• Con base en lo anterior, el 25 d e noviembre de 2003, el señor Héctor Giovani Escobar Castañeda, actuando en representación de Norbey de Jesús Vélez Acevedo19, solicitó al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira la entrega del vehículo. En esa oportunidad, el señor Escoba r Castañeda manifestó que el 18 de noviembre de 2003 tuvo que pagar el valor del taxi a su actual propietario, como medida de saneamiento20.

• En proveído del 9 de diciembre de 2003, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira ordenó la entrega del vehículo al señor Vélez Acevedo o a quien representara sus intereses 21, decisión que fue comunicada al Fondo para la Defensa y Libertad Personal de la Policía Nacional con el oficio No. 2768 del 15 de diciembre siguiente22.

• Mediante acta del 24 de diciembre de 2003, el Grupo Gaula de la Policía Nacional hizo entrega del vehículo al señor Héctor Giovani Escobar Castañeda, en la cual se anotó que en el inventario anexo – no obrante en el expediente – el propietario del vehículo dejó consignado que recibía el automotor a total satisfacción y que estaba conforme con su actual estado de conservación23. - El 16 de marzo de 2004, el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo realizó el traspaso de la propiedad del vehículo a Héctor Giovani Escobar Castañeda24.

17 Folios 430 a 497 del cuaderno 1.

traspaso de la propiedad del vehículo a Héctor Giovani Escobar Castañeda24.

17 Folios 430 a 497 del cuaderno 1. 18 Folios 5 a 20 del cuaderno 1. 19 En el expediente obra un poder especial, amplio y suficiente otorgado por el señor Norbey de Jesús Vélez Acevedo a Héctor Giovani Escobar Castañeda para que adelante cualquier trámite judicial o administrativo relacionado con el vehículo de placas TIV-873 (folios 351 y 352, C.1.). 20 Folios 354 y 355 del cuaderno 1. 21 Folios 26, 27, 322 y 323 del cuaderno 1. 22 Folios 24 y 25 del cuaderno 1. 23 Folio 29 del cuaderno 1. 24 Folios 3, 4, 223 y 224 del cuaderno 1.Radicación: 05001233100020060094501 (62.643)

Actor: Norbey de Jesús Vélez Acevedo y otro

Demandado: Na