CE - 050012333000201501920011SENTENCIA20230927084854

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-2019)

Demandante: María Eleyda Pérez Liñán

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se inhibió para resolver de fondo el asunto.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Eleyda Pérez Liñán , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) 60597 del 27 de diciembre de 20 07; ii) RDP022940

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) 60597 del 27 de diciembre de 20 07; ii) RDP022940 del 20 de mayo de 2013; iii) RDP008241 del 10 de marzo de 2014, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia; iv) RDP013993 del 2 de2

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán mayo de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la última decisión y la confirmó; y v) RDP030978 del 10 de octubre de 2014, con la que se negó nuevamente la prestación . Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de edad y 20 años de servicio, en cuantía del 75% del salario y con la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de labor; ii) pagar el valor de las mesadas pensionales y «adicionales» desde la fecha de adquisición del estatus de pensionada; ii i) actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; iv) cancelar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) dar cumplimiento a la sentencia en los

estatus de pensionada; ii i) actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; iv) cancelar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora María Eleyda Pérez Liñán nació el 1 0 de enero de 1956, por lo que cumplió 50 años de edad el 10 de enero de 2006.

1. Se vinculó al servicio docente mediante el Decreto 0054 del 19 de octubre de 1979 en el empleo de institutora en la Institución Educativa Alfonso López.

1. Laboró por más de 20 años en la docencia oficial a través de los siguientes nombramientos a) Decreto 725 del 17 de mayo de 1985; y b) Decreto 2297 del 14 de agosto de 1985, expedidos por el gobernador de Antioquia para prestar servicios de enseñanza primaria como directora rural, respectivamente.}3

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán iv) Solicitó en varias oportunidades ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

1. Solicitó en varias oportunidades ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 23, 25, 53 y 58 de la Constitu ción Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que l os actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulner aron expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que la señora Pérez Liñán sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden departamentales y/o nacionalizadas, y 50 años de edad.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:1

1. Los actos administrativos que incumben a este proceso fueron debidamente motivados, pues se fundamentaron en la aplicación correcta de las normas que regulan la pensión gracia y a su vez tuvieron en cuenta los elementos fácticos de la parte demandante para concluir que no existe razón para reconocer la prestación deprecada.

1. La demandante no cumplió con los requisitos de la Ley 91 de 1989, pues no

la parte demandante para concluir que no existe razón para reconocer la prestación deprecada.

1. La demandante no cumplió con los requisitos de la Ley 91 de 1989, pues no demostró que tuviese vinculación alguna con la docencia departamental, municipal

1 Folios 111 al 114.4

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán o distrital a 31 de diciembre de 1980, por ende, se evidencia que no hay lugar a reconocer lo pretendido, ya que se excedería el ámbito de aplicación de la norma.

Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, inexistencia de la obligación y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 24 de septiembre de 2018 , se inhibió para resolver de fondo el asunto , con sustento en las siguientes consideraciones:2

1. En el sub judice la actora radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia el 8 de marzo de 2007, la cual fue resuelta negativamente por Cajanal mediante la Resolución 60597 del 21 de noviembre de 2007, argumentando que el tiempo de servicio en el car go de institutora municipal no se puede tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión . La anterior decisión no fue objeto de recursos.

1. El 4 de marzo de 2013, la señora Pérez Liñán solicitó otra vez el reconocimiento del a pensión gracia , petición q ue fue resuelta negativamente por

no fue objeto de recursos.

1. El 4 de marzo de 2013, la señora Pérez Liñán solicitó otra vez el reconocimiento del a pensión gracia , petición q ue fue resuelta negativamente por la UGPP mediante la Resolución RDP022940 del 20 de mayo de 2013, argumentando que se desestimaron los tiempos correspondientes al período del 22 de octubre de 1979 al 30 de diciembre de 1984, por cuanto el tiempo de servicios fue certificado por el alcalde del municipio de Apartadó y este no es el competente para hacerlo. Ese acto no fue objeto de recurso alguno.

1. El 31 de enero de 2014, volvió a peticionar la prestación gracia, la cual fue negada con la Resolución RDP008241 del 10 de marzo de 2014. En esa oportunidad el argumento principal se concretó en que se presenta ban inconsistencias en los tiempos de servicio prestados entre 1985 y 1987, teniendo

2 Folios 142 al 147. Con ponencia del magistrado Jairo Jiménez Aristizábal.5

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán en cuenta que las certificaciones allegadas reportaban diferentes t ipos de vinculación. En contra de dicha determinación se interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución RDP013993 del 2 de mayo de 2014.

1. En una nueva oportunidad, el 27 de junio de 2014, la actora solici tó el reconocimiento prestacional, que de igual modo fue denegad o a través de la

del 2 de mayo de 2014.

1. En una nueva oportunidad, el 27 de junio de 2014, la actora solici tó el reconocimiento prestacional, que de igual modo fue denegad o a través de la Resolución RDP030978 del 10 de octubre de 2014. Frente a este acto administrativo tampoco se interpusieron los recursos que procedían.

1. Teniendo en cuenta ello, no se puede pe rder de vista que el recurso de apelación es considerado como obligatorio en el sentido de que, si es procedente para agotar la vía gubernativa, se debe interponer.

1. Así las cosas, ante la jurisprudencia emitida entorno a la obligatoriedad de interponer el recurso de apelación contra las decisiones mediante las cuales le fueron negadas las solicitudes de reconocimiento de la pensión gracia y bajo el entendido de que la parte demandante no realizó el agotamiento previo del reclamo administrativo , en tratándose del ejercicio de la acción subjetiva de nulidad y restablecimiento del derecho, dicha circunstancia genera ineptitud sustantiva de la demanda, lo que conlleva necesariamente una decisión inhibitoria.

1. En suma, declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa por ausencia de reclamo administrativo previo, lo que genera ineptitud sustantiva de la demanda , en consecuencia, se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo.

1.4. El recurso de apelación

El apoder ado de la señora María Eleyda Pérez Liñán interpuso recurso de6

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)

Demandante: María Eleyda Pérez Liñán

El apoder ado de la señora María Eleyda Pérez Liñán interpuso recurso de6

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3

1. El debido agotamiento de la vía gubernativa debe estudiarse en el momento de admitir la demanda, igualmente la parte demandada puede alegarlo en la contestación, o máximo debería alegarse por petición de parte o de oficio en la audiencia inicial para garantizar el debido proceso. Así la s cosas, el Tribunal al indicar en el trámite de la referida audiencia que no existían vicios o irregularidades que debieran subsanarse y/o que dieran origen a la nulidad de lo actuado o a una sentencia inhibitoria, sin duda alguna generó la expectativa de que iba a emitir una decisión de fondo basada en el principio de confianza legítima.

1. Nótese que el elemento que echa de menos el fallador es un requisito formal que no afecta el derecho sustancial de las cosas. «Cuando existe una clara supremacía de dere chos, es perfectamente posible inaplicar la normatividad por vía de excepción con la finalidad de mantener un orden jurídico y garantizar los derechos».

1. Debe tenerse en cuenta que la señora Pérez Liñán siempre actuó ante la UGPP en nombre propio, esto es, sin representación de abogado, razón por la cual siempre creyó que su insistente petición de reconocimiento prestacional algún día sería positiva, empero el resultado fue desafortunado «pues la UGPP no accedió y

UGPP en nombre propio, esto es, sin representación de abogado, razón por la cual siempre creyó que su insistente petición de reconocimiento prestacional algún día sería positiva, empero el resultado fue desafortunado «pues la UGPP no accedió y como es obvio NUNCA va a acceder a dicha so licitud, y afirmo tal situación ya que como es evidente las resoluciones fueron contestadas de manera negativa, la contestación de la demanda igualmente. Por lo que no puede presumir ahora el tribunal que fuere necesaria la negación del recurso de apelación».

1. Es claro también que la entidad desconoc e el requisito de agotamiento de vía gubernativa toda vez que no lo alegó o actuó de mala fe haciendo incurrir a la señora Pérez Liñán en error.

3 Folios 153 al 160.7

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán v) El Tribunal creó una expectativa legitima en una persona de la te rcera edad «pues su falta de acuciosidad no le permitió ver los errores o la ineptitud de la demanda y dejó transcurrir el proceso durante tres largos años para finalmente expedir un fallo inhibitorio y no puede mi representada ahora soportar las cargas procesales de los errores que comete la administración en la prestación del servicio, menos cuando se trate de derechos tan importantes como la seguridad social, que al final lo que busca es garantizar en las personas una expectativa en su calidad de vida, entre otras cosas proteger las contingencias propias de la edad».

1. En ese orden, solicitó fuera expedida una decisión de mérito.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

su calidad de vida, entre otras cosas proteger las contingencias propias de la edad».

1. En ese orden, solicitó fuera expedida una decisión de mérito.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora María Eleyda Pérez Liñán , por conducto de apoderado descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos invocados en la demanda para aseverar que sí le asiste derecho a beneficiarse de la pensión gracia que reclama.4

1.5.2. La demandada

La UGPP, solicitó que fuera confirmada la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que no se agotó el trámite del recurso de apelación en sede administrativa.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

4 Índices 11, 12, 13, 14 y 20 de la Plataforma Samai. 5 Índice 18 de la Plataforma Samai.8

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)

Demandante: María Eleyda Pérez Liñán

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

En los términos del recurso de apelación interpuesto, incumbe a la Sala determinar si la omisión de la parte actora en interponer recursos contra la s Resoluciones expedidas por la UGPP mediante la s cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia, como requisito de procedibilidad para acudir

determinar si la omisión de la parte actora en interponer recursos contra la s Resoluciones expedidas por la UGPP mediante la s cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia, como requisito de procedibilidad para acudir ante esta jurisdicción, daba lugar a emitir un pronunciamiento inhibitorio , como en efecto ocurrió en el trámite de la primera instancia.

2.1.1. Para resolver ese interrogante debe precisarse que e l agotamiento de los recursos en la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal necesario para acceder a la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, el cual cumple con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de las personas frente a la administración y la oportunidad para que ésta reevalúe sus actos administrativos, y si es del caso, adicione, aclare, modifique o revoque su decisión inicial.

El artículo 67 del CPACA, al regular la notificación p ersonal de las decisiones administrativas, estableció que en la diligencia de notificación se debe entregar al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y hora, indicándosele los recursos que legalmen te proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para su ejercicio, en los siguientes términos:

Artículo 67. Notificación personal . Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al i nteresado, a su

6 Folio 202.9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)

Demandante: María Eleyda Pérez Liñán

6 Folio 202.9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden , las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. (Negrillas fuera de texto).

De acuerdo con ell o, el legislador estableció a cargo de la administración el deber de indicarle a la parte interesada con toda precisión los recursos que conforme al ordenamiento jurídico resultan procedentes ejercer contra la decisión administrativa.

En ese orden, los artículos 74 y 76 del CPACA previeron los recursos que proceden contra los actos administrativos y la oportunidad para presentarlos , respectivamente. Los artículos en mención estipulan lo siguiente:

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisione s de los ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

[…]

Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

[…]

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

[…] El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiari o del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.10

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán De esta manera, el recurso de reposición tiene como finalidad poner en consideración de la autoridad admi nistrativa que profirió el acto, los argumentos necesarios para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione y, por su parte el de apelación es considerado como obligatorio, en el sentido de que es ineludible su ejercicio para agotar la actuación administrativa. En este caso, la reconsideración del asunto objeto de discusión, se pone en manos del inmediato superior administrativo de quien expidió el acto.

Por otro lado, el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, estableció lo siguiente:

reconsideración del asunto objeto de discusión, se pone en manos del inmediato superior administrativo de quien expidió el acto.

Por otro lado, el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, estableció lo siguiente:

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

[…]

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Por consiguiente , cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios, por lo que se constituye en un requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el previo agotamiento del procedimiento administrativo.

Sobre el particular, esta Corporación se pronunció sobre el presupuesto procesal de agotamiento de los recursos administrativos al considerar que: «la exigencia en comento recae en relación con el recurso de apelación y tiene co mo propósito satisfacer la necesidad de usar los recursos legales obligatorios para impugnar los actos administrativos, de manera que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas, modificarlas o aclararlas antes de que el juez, con ocasión de la puesta en marcha del aparato judicial, estudie su legalidad».7

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2018, Rad.

aclararlas antes de que el juez, con ocasión de la puesta en marcha del aparato judicial, estudie su legalidad».7

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2015-06524-01(3894-17), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.11

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)

Demandante: María Eleyda Pérez Liñán

No obstante, debe tenerse en cuenta que la obligación indicada se encuentra supeditada a que en el acto administrativo se informe con total claridad al usuario sobre la procedencia de los recursos.

Adicionalmente, la exigencia del mentado precepto no pue de dejar de lado situaciones particulares que vulneren o desconozcan derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia , relacionados con reconocimientos prestacionales para la contingencia de la vejez . Esta Corporación al respecto ha señalado lo siguiente:

La lectura anterior, amerita una reflexión que facilite la concordancia entre la obediencia al presupuesto gubernativo y el funcionamiento y plena vigencia de los principios y derechos constitucionales, pues como se señaló inicialme nte, en la práctica contencioso administrativa, la inobservancia del ejercicio obligatorio del recurso de apelación a que se reduce finalmente el agotamiento de la vía gubernativa, declina procesalmente la aspiración del administrado de ventilar el asunto en sede judicial de manera exitosa, bien por el rechazo inicial de la demanda que acaece en ausencia del mismo o bien por la resolución inhibitoria de la controversia, situación que choca frente a la realidad jurídica de derechos como la

asunto en sede judicial de manera exitosa, bien por el rechazo inicial de la demanda que acaece en ausencia del mismo o bien por la resolución inhibitoria de la controversia, situación que choca frente a la realidad jurídica de derechos como la seguridad social d e prevalente amparo constitucional como el discutido en el sub examine en donde la pretensión se encuentra dirigida a la realización del derecho jubilatorio de la actora, en tanto la exigencia de dicho presupuesto obstruye la vigencia del mismo en contraví a de claros preceptos supralegales que imponen al Estado su garantía.

En efecto, en el ordenamiento constitucional el derecho a la seguridad social goza de un especial tratamiento y protección en virtud de la entidad jurídica que representa. El artículo 48 de la Carta Política, consagra particularmente la seguridad social como un derecho inalienable e irrenunciable de las personas, cuya garantía y eficacia compromete directamente al Estado, en tanto permite el desarrollo de conceptos que constituyen pilar es esenciales del Estado Social de Derecho como lo son el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales del individuo como expresión obligatoria de la trascendencia de dicho concepto dentro del ordenamiento jurídico. 8

Frente al caso particular de las personas de la tercera edad, la seguridad social como derecho constitucional, adquiere una connotación ius fundamental en razón de la debilidad manifiesta de dicho grupo poblacional, pues ha de entenderse que su capacidad l aboral se encuentra prácticamente agotada y que su condición física luego de una vida de labor representa una situación desventajosa frente a los demás individuos, de manera pues que la efectividad del mismo, involucra y

capacidad l aboral se encuentra prácticamente agotada y que su condición física luego de una vida de labor representa una situación desventajosa frente a los demás individuos, de manera pues que la efectividad del mismo, involucra y

8 Corte Constitucional. T-528-07, T-558-97, T-299 de 1997, T-305-98, T-169-98, T-137-00, T-19000, T-1154-00, C-130-04, C-425-05.12

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán compromete directamente la vigencia de una serie de derechos como la dignidad humana, la vida, la integridad física y el mínimo vital, que hacen necesario un amparo especial, convirtiéndolo en un derecho de aplicación inmediata respecto a tales individuos, cuya expresión formal se encuentra consignada en los artículos 13 y 46 de la Carta Constitucional, en donde se señala como un imperativo para el Estado la protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la garantía de su derecho a la seguridad social.

De acuerdo con lo anteri or, es forzoso concluir que la exigencia contenida como requisito de acceso a la vía judicial en el artículo 135 del C.C.A. en armonía con el contenido de los artículos 50, 51, 62 y 63 ibidem, limita la eficacia material del derecho a la seguridad social de las personas de la tercera edad, en tanto impide su definición judicial y retarda su efectividad en contravía del prevalente amparo que al respecto consagran las normas constitucionales citadas exigible y vinculante tanto

derecho a la seguridad social de las personas de la tercera edad, en tanto impide su definición judicial y retarda su efectividad en contravía del prevalente amparo que al respecto consagran las normas constitucionales citadas exigible y vinculante tanto para las autoridades administrativas como para las judiciales; razón por la que en el sub lite, el conjunto normativo que instituye el sistema de vía gubernativa como presupuesto procesal debe ser inaplicado atendiendo a la cláusula de excepción contenida en el artículo 4° Superior, que impone la aplicación en rigor del ordenamiento constitucional de manera preferente en caso de incompatibilidad con la inferior.

Así las cosas, esta Corporación es consciente de que la sentencia inhibitoria no es la manera normal de concluir un asunto con tencioso, máxime cuando se encuentra de por medio la resolución de un derecho pensional , razón por la que en el sub lite , resulta necesario revisar el tema a la luz del ordenamiento constitucional en aras de examinar en estos casos la imperatividad de dicho presupuesto procesal.

2.2.2. Teniendo esto en consideración, la Sala observa que la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones: i) 60597 del 27 de diciembre de 2007; ii) RDP022940 del 20 de mayo de 2013; iii) RDP008241 del 10 de marzo de 2014, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia; iv) RDP013993 del 2 de mayo de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la última decisión y la confirmó; y v) RDP030978 del 10 de octubre de 2014, con la que se negó nuevamente la

resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la última decisión y la confirmó; y v) RDP030978 del 10 de octubre de 2014, con la que se negó nuevamente la prestación, que fueron proferidas por la entidad previsional demandada.

En la parte resolutiva de la Resolución RDP030978 del 10 de octubre de 2014, última mediante la cual se le negó el derecho se señaló lo siguiente (se precisa13

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19) Demandante: María Eleyda Pérez Liñán que en la parte resolutiva de las Resoluciones RDP022940 de 2013 y RDP008241

de 2014 se hizo la misma afirmación):

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el reconocimiento y pago de la pensi ón de jubilación gracia, solicitada por el (a) señor (a) PEREZ LIÑAN MARIA ELEYDA […]

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a señor (a) PEREZ LIÑAN MARIA ELEYDA , haciéndole (s) saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede (n) interpone r por escrito los recurso de Reposición y/o Apelación ante L A SUBDIRECTORA DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES (E). De estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) las siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Es pertinente indicar que i) la demandante en la etapa administrativa actuó en nombre propio, esto es , sin representación de apoderado, tal como se desprende de los derechos de petición que elevó a la UGPP,9 ii) ante la negativa de sus

Es pertinente indicar que i) la demandante en la etapa administrativa actuó en nombre propio, esto es , sin representación de apoderado, tal como se desprende de los derechos de petición que elevó a la UGPP,9 ii) ante la negativa de sus pretensiones presentaba nuevamente una reclamación sin hacer uso de los recursos exigidos, salvo en el caso de la Resolución RDP008241 del 10 de marzo de 2014, respecto de la cual radicó recurso de reposición , el cual fue desatado desfavorablemente con la Resolución RDP013993 del 2 de mayo de 2014; y iii) en la demanda solicitó la nulidad de todos los actos administrativos que fueron expedidos referentes a la prestación deprecada.

Así pues, encuentra la Sala que si bien para demanda r la nulidad de un acto administrativo particular es deber de la parte demandante haber ejercido en sede administrativa los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios para impugnar la decisión de la entidad, lo cierto es que la administración s e encuentra obligada a informar de manera clara e inequívoca a la parte actora los recursos que son procedentes contra el acto acusado, ante qué autorida