CE-11001-03-15-000-2021-02232-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / EFECTOS DE LA SENTENCIA – Se hizo extensiva a todos los ciudadanos / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA

DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROHIBICIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS MANIFESTACIONES O ACTOS SIMBÓLICOS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL O DEL ESMAD – Pretensión estudiada en la acción de tutela interpuesta con anterioridad / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Expedida en cumplimiento de la orden dada en la sentencia de acción de tutela interpuesta con anterioridad / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Contra el Decreto de carácter general si se considera que no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar

prohibido El accionante manifestó que la finalidad del presente amparo es que el juez de tutela disponga que cese la amenaza de sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana. Si bien son varias las garantías invocadas, esta Sala entiende que, en consonancia con los presupuestos fácticos y los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, el derecho a la manifestación pública y pacífica es el que se principalmente se considera como amenazado. Como se expuso con antelación, el derecho a la protesta pacífica cuenta con una naturaleza intrínsecamente compleja y, debido a la convergencia de otros derechos en su ejercicio, su restricción arbitraria puede acarrear la vulneración de garantías tales como la integridad personal, la salud y la dignidad. Si bien, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la protesta pacífica tiene una dimensión colectiva en relación con su concreción, la titularidad de este es esencialmente individual, por lo que la presunta amenaza a dicha garantía se examinará a partir de la situación específica del señor [G.G.] como accionante, en el marco de los presupuestos fácticos expuestos. Es decir, teniendo en cuenta el marco convencional y constitucional expuesto, así como las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Sala analizará cada una de las pretensiones de la demanda de tutela y precisará si se configura la cosa juzgada constitucional o si hay lugar a pronunciarse de

fondo.Ahora, si se configura la cosa juzgada constitucional se deberá declarar la improcedencia de la acción por no superarse el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente sus inconformidades ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones a que haya lugar. (…) En el caso concreto del señor [G.G.] si bien no fungió como accionante en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.8. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos. (…) Lo anterior, significa que, en efecto, los titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución están legitimados para promover un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020. (…) “i) Se ordene de manera inmediata se deje de utilizar armas de fuego en las manifestaciones o actos simbólicos por parte de la Policía Nacional o del Esmad” La Sala advierte que, respecto de esta pretensión, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020,

se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia procediera a: “b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema. De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas. Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa. (…) Protocolo de acciones preventivas El uso

de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.” En cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica. (…) Ahora bien, si el accionante considera que dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. A su vez, si el señor [G.G] considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido, por regla general, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general

dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Para controvertir un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto / MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO – Decreto de carácter general, impersonal y abstracto / ASISTENCIA MILITAR – Procedencia ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia Se ordene que se prohíba de manera inmediata la presencia del ejército nacional (sic) en manifestaciones o actos simbólicos dentro del marco del paro nacional”. En relación con esta solicitud, se pone de presente que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia o calamidad pública. De conformidad con dicha norma y ante la situación de orden público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales. Por tanto, es dable concluir que el accionante pretende, por medio de esta solicitud, controvertir una norma de carácter general, impersonal y abstracto, por lo que la pretensión en

cuestión es improcedente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991. ACCIÓN DE TUTELA / GASES LACRIMÓGENOS / USO DE CARTUCHOS CON CARGA QUÍMICA CS POR PARTE LA POLICÍA NACIONAL – No constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es una actividad lícita regulada y reglamentada / DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA / PANDEMIA / COVID 19 / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA – No se suspende con ocasión a la emergencia sanitaria declarada / DEBER CONSTITUCIONAL DE TODA PERSONA DE PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD Y DE SU COMUNIDAD / PARTICIPACIÓN EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS – Quien participe debe asumir los riesgos que ello implique a nivel de contagio del virus como de la intervención de la Policía Nacional para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Se ordene se prohíba de manera inmediata la utilización de gases lacrimógenos al menos mientras pasa la emergencia del COVID 19” En relación con esta pretensión, se pone de presente que el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional para dispersar aglomeraciones o restablecer el orden público es una actividad lícita que está regulada en la Ley 525 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la

producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” hecha en Paris el trece (13) de enero de (1993)” y reglamentada por la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 “Por el cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”. Por otra parte, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS calificó el brote del virus Covid-19 como una pandemia, con fundamento en lo cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social profirió la Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. (…) Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 49 de la Constitución establece que “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”, esto significa que los ciudadanos tienen la obligación constitucional de actuar de manera diligente para preservar la salubridad pública. Desde el panorama fáctico y jurídico expuesto, se advierte que, si bien el derecho a la protesta pacífica no se suspende con ocasión de la emergencia sanitaria, lo cierto es que las personas deberían abstenerse de concurrir a escenarios en donde se presenten aglomeraciones o no se cumplan los protocolos de bioseguridad, por cuanto esto produce que los contagios y muertes por el virus covid-19 aumenten de manera acelerada. Por supuesto, quien decida libremente participar de las protestas y manifestaciones públicas debe asumir los riesgos que ello implica, tanto a nivel de contagio del virus como de las situaciones que se presentan cuando la Policía Nacional debe intervenir para

preservar la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, no es dable que un manifestante invoque la emergencia sanitaria producida por el covid-19 para que se suspenda el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional, pues, se reitera que al participar hoy en día en actividades en donde se presentan aglomeraciones y alteraciones al orden público se expone autónomamente a los riesgos que ello conlleva. Además, el uso de “gases lacrimógenos” no constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es un recurso legal con el que cuenta la Policía Nacional que se encuentra regulado y reglamentado. ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / VERIFICACIÓN DE QUE LOS CARTUCHOS CON CARGA QUÍMICA CS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL – Orden dirigida a la Defensoría del Pueblo para realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación del cuerpo policial Se ordene que en caso de que se continúe permitiendo la utilización de gases

lacrimógenos, exista una verificación previa por parte de la DEFENSORIA DEL PUEBLO y de la PROCURADURÍA de que dichos gases no están vencidos” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos. (…)” Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo debe verificar que los cartuchos con carga química CS cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizadas por parte de la Policía Nacional y, en especial, del Escuadró Móvil Anti Disturbios. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELAPara agenciar los derechos de los niños y niñas / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de

2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PROHIBICIÓN DEL USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL CUANDO EXCEPCIONALMENTE DEBE INTERVENIR EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS – Exigencia mayor cuando se encuentren presenten menores de edad Se ordene la prohibición de cualquier arma traumática o no traumática, en sitios donde se encuentren personas de la tercera edad o niños (…) la Corte Constitucional en la sentencia T-259 de 2018 afirmó que “existe la legitimación por activa para agenciar los derechos de los niños y niñas, por parte de terceros que manifiesten ese interés”, toda vez que es un deber de todo ciudadano velar por la protección de sus derechos. Por lo anterior, el señor [G.G.] está legitimado en la causa por activa. Ahora bien, respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se dispuso:“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se

abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.” Lo anterior significa que, en principio, la Policía Nacional debe abstenerse de usar de manera desproporcionada la fuerza cuando excepcionalmente debe intervenir en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Por supuesto, en los escenarios en donde estén presentes menores esta obligación es aún más exigente, comoquiera que la situación particular de vulnerabilidad de una persona que está empezando la vida hace que se encuentre en un estado de indefensión y en una condición de desigualdad física, psíquica, social y económica respecto del resto de seres humanos. Ello significa que, en efecto, un miembro de la Policía Nacional debe tener especial cuidado cuando en un escenario en el que se presente una alteración al orden público haya presencia de niños, pues, de ninguna manera puede utilizar la fuerza en la misma intensidad como si se tratara de personas adultas. (…) Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que la Policía Nacional cumpla con la referida obligación. ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE MECANISMOS DE CONVERSACIÓN CON TODOS LOS SECTORES INCLUYENDO LOS PROMOTORES DEL PARO Y LA OPOSICIÓN – Falta de relación clara entre esta pretensión y el fundamento fáctico y jurídico de la acción de tutela relacionado con el uso excesivo de la fuerza / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES Se ordene al GOBIERNO NACIONAL en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ crear unos mecanismos de conversación amplia con todos y cada uno de los sectores dentro de la realidad nacional incluyendo a los promotores del paro, a la oposición y demás en donde se pueda establecer”. La Sala advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Lo anterior, en la medida en que la inminencia del perjuicio invocado tiene como argumento central el supuesto uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. A su vez, de la situación particular del señor [G.G.], no se advierte que lo pretendido tenga alguna virtualidad en el cese de la amenaza alegada. Ahora bien, el derecho a la protesta cuenta con una dimensión colectiva en su ejercicio y concreción y, en el presente caso, de acuerdo con lo argüido por el accionante, las jornadas de protesta se originaron a partir de una serie de descontentos por parte de los manifestantes con algunas de las políticas que ha implementado el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el contexto específico en el que tiene lugar el diálogo y la concertación entre los protestantes y el Gobierno Nacional, en relación con las reivindicaciones y exigencias alegadas en el marco de las manifestaciones, obedece a una órbita esencialmente política, en la que el juez constitucional no puede intervenir.

ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA

CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS Se ordene que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN adelante la investigación de las muertes, desapariciones forzadas, torturas y demás realizadas por miembros de la fuerza pública en las manifestaciones, actos que son graves violaciones a derechos humanos” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” Así

mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: (…) 2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (…) Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones. ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PODER PREFERENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Para adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de faltas disciplinarias en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021 Se ordene a la PROCURADURÍA asumir de manera inmediata el poder preferente disciplinario e investigar todos y cada uno de los actos de miembros de la fuerza pública por graves violaciones de derechos humanos dentro de los que se encuentran asesinatos, torturas y desapariciones forzadas” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (…) en principio, la Procuraduría General de la

Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de faltas disciplinarias en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones. ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE UN CANAL HUMANITARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS A TODAS LAS POBLACIONES DEL PAÍS - – Falta de relación clara entre esta pretensión y el fundamento fáctico y jurídico de la acción de tutela relacionado con el uso excesivo de la fuerza / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Se ordene al GOBIERNO NACIONAL y cada uno de los alcaldes que creen de manera inmediata con los manifestantes un canal humanitario, por medio de la defensoría del pueblo, las misiones de verificación y demás entes que garantice el abastecimiento de alimentos y medicamentos a todas las poblaciones del país”. Se advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Es necesario reiterar que, si bien el derecho a la protesta se ejerce colectivamente mediante la reunión o asociación con otras personas, la titularidad de este es individual, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional. Por tanto, el acceso a lo pretendido por el

accionante está determinado por su situación fáctica particular. El señor [G.G.] alegó que los derechos fundamentales invocados se han visto amenazados, a partir de los distintos hechos presuntos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. En este sentido, no se advierte que lo pretendido cuente con la suficiente virtualidad para hacer cesar tal amenaza. ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ÓRGANOS CON

FUNCIONES DE MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN

LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIÓNES PÚBLICAS / GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS: ALCANCE E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO – Expedición de guía en cumplimiento de la orden dada en la sentencia de acción de tutela Se ordene que los órganos que tienen funciones de Ministerio Público Procuraduría y Personería, además de la defensoría del pueblo (sic) realicen el acompañamiento inmediato y constante a cada una de las marchas y

manifestaciones dentro del marco del paro nacional en el país”. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral séptimo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 (…) Por otra parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en sus intervenciones, aseguraron que “para dar cumplimiento a la orden contenida en el numeral séptimo” de la sentencia de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 expidieron de manera conjunta la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público (…) Lo anterior significa que, en principio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deben acompañar las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga acompañamiento a los manifestantes por parte de las referidas autoridades. ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE UN COMITÉ NACIONAL DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE LAS GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS – Falta de exposición de razones por la que es necesaria la creación de dicho organismo y porque lo resuelto por el Alto Tribunal no resulta suficiente para que cese la amenaza alegada /

EXPEDICIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CONCOMITANTES Y POSTERIORES DENOMINADO ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Orden dada en la sentencia de acción de tutela Se ordene la creación de un comité Nacional de verificación independiente las graves violaciones a derechos humanos”. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República expedir el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posterior