CE-11001-03-15-000-2021-02499-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / INTERPRETACIÓN LITERAL / SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN EL EJÉRCITO NACIONAL / EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN – Para uno de los beneficiarios del causante en calidad de hijo / ACRECIMIENTO DE LA PENSIÓN – La cuota parte correspondiente al hijo al que se le extinguió la pensión acrece a la de sus hermanos y a la del cónyuge del causante / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En el sub lite se tiene que la inconformidad de la actora radica en el hecho de que las autoridades accionadas para decidir el asunto sometido a su consideración no observaron el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, que establece los beneficiarios de las prestaciones sociales causadas por los miembros de la fuerza pública que fallezcan, en el sentido de consagrar que estas se deben distribuir en la mitad para el cónyuge sobreviviente y la otra para los hijos del causante, sino que, por el contrario, aplicaron el artículo 188 ibidem, que ordena que en caso de extinción del derecho de uno de los beneficiarios «[…] la porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de éstos entre sí la del cónyuge […]», lo que quebranta sus garantías superiores, puesto que la obliga a recibir un porcentaje menor (33.33%) al que legalmente le corresponde (50%), máxime cuando es la única de los hijos del fallecido señor [U.B.] (q. e. p. d.) que aún tiene derecho a

recibir cuota parte pensional. (…) se colige que en el sub lite las autoridades accionadas (i) acogieron el régimen pensional vigente para las fuerzas militares aplicable al momento de fallecimiento del causante (29 de octubre de 2006), esto es, el Decreto 1211 de 1990; (ii) realizaron la distribución de la prestación social inicialmente reconocida a sus beneficiarios en la proporción legal (50% para la cónyuge y 50% en partes iguales para los 3 hijos) y (iii) una vez extinguida la cuota parte de la primera hija (año 2012), ordenaron el acrecimiento proporcional de la de los demás, y para la época en la que se suspendió la del siguiente hijo (año 2016), mantuvieron el mismo criterio, por lo que en la actualidad la cónyuge sobreviviente tiene el 66,67% y la tutelante el 33,33% del total de la prestación social reconocida. De acuerdo con este panorama se advierte que no se configura el defecto sustantivo alegado, puesto que los magistrados accionados en momento alguno limitaron el alcance del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, habida cuenta de que si bien es cierto que la aludida disposición reglamenta lo atañedero al orden de los beneficiarios de las prestaciones sociales causadas por muerte de los miembros de las fuerzas militares, también lo es que, en efecto, es el artículo 188 ibidem el que regula en forma puntual cómo procede el acrecimiento de la cuota parte pensional en el evento en que se extinga para alguno de los beneficiarios, al contemplar que la «[…] porción del cónyuge acrecer[á] la de los hijos y la de éstos entre sí y a la del cónyuge», es decir, que el

incremento opera de manera indistinta entre los dos tipos de beneficiarios , tal como se determinó en los actos administrativos acusados, por consiguiente, no había lugar a acceder a las súplicas deprecadas en la demanda ordinaria. Por otra parte, las afirmaciones de la tutelante, consistentes en que la decisión reprochada quebranta sus garantías superiores, puesto que la sitúa en condición de desigualdad con la otra beneficiaria de la prestación social, al desconocer que pertenecen a hogares diferentes y que a la fecha estudia medicina, por ende, requiere de recursos económicos adicionales para cubrir sus gastos, carece de la entidad suficiente para acceder al amparo, por cuanto, se reitera, su cuota parte se ha incrementado proporcionalmente y en los términos contemplados por el ordenamiento jurídico, distinto es que desde su reconocimiento le haya correspondido un porcentaje menor (por cuanto el señor [U.B.] [q. e. p. d.] tenía 3 hijos), al que le fue asignado a la señora [E.P.G.C.]. Cabe anotar que en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial no corresponde al juez constitucional cuestionar la interpretación normativa que realiza el juez natural para desatar un asunto sometido a su consideración, siempre y cuando ello no comporte una decisión arbitraria, lo cual, como se explicó, no ocurre en el sub lite.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1211 DE 1990 – ARTÍCULO 163 / DECRETO 1211 DE 1990 – ARTÍCULO 185 / DECRETO 1211 DE 1990 – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02499-01(AC)

Actor: ÉRIKA ANDREA USMA CASTILLO

Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y JUEZ PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DE MOCOA Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y seguridad social Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra la sentencia de 1º de julio de 2021, emitida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo. La señora Érika Andrea Usma Castillo, a través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y seguridad social, presuntamente quebrantados por los señores magistrados del Tribunal

Administrativo de Nariño y Juez Primero (1º) Administrativo de Mocoa. Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 18 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el de 19 de septiembre de 2018, con el que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Mocoa negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de Retiro de las Fuerzas

Militares (expediente 86001-33-31-001-2015-00051-01); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia, en la que se concedan las súplicas formuladas en ese trámite contencioso-administrativo. 1.2 Hechos. Relata la accionante que nació el 29 de mayo de 2000 y es hija de los señores Gloria Elcy Castillo Sánchez y Gildardo Usma Buenaventura (q. e. p. d.), quien prestó sus servicios al Ejército Nacional, en el grado de sargento viceprimero, por lo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció asignación de retiro, por conducto de Resolución 2633 de 17 de julio de 2000, y falleció el 29 de octubre de 2006, época en la que se encontraba casado con la señora Edna Patricia Guzmán Chaves, de cuya unión nacieron Luisa Fernanda y Gustavo Adolfo Usma Guzmán. Que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de Resolución 3989 de 11 de diciembre de 2006, le concedió pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del señor Usma Buenaventura (q. e. p. d.), prestación social que se distribuyó en un «[…] 50% a la esposa y el 16.67% para cada uno de los hijos», no obstante, comoquiera que el 1º de marzo de 2012 fue suspendida la cuota pensional correspondiente a la señora Luisa Fernanda Usma Guzmán1, el aludido organismo expidió la Resolución 7131 de 13 de noviembre de ese año, con la que «[…]

ordenó [el] acrecimiento en favor de la esposa [al 55.56%] y los dos hijos menores del fallecido [22.22%]». Dice que, por lo anterior, su señora madre presentó solicitud de revocación directa de la última de las mencionadas Resoluciones, para que «[…] se acrecentara su mesada», lo que le fue negado mediante Resolución 1473 de 5 de abril de 2013, con fundamento en que «[…] el art[ículo] 185 del Decreto Ley 1211 de 1.990 consagra que los beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de […] suboficiales […] en goce de asignación de retiro o pensión, se pagarán la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del Causante [y] en caso de extinción de pensiones el artículo 188 previó que, la porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de éstos entre sí la del cónyuge». Que por la situación fáctica expuesta en precedencia, el 25 de febrero de 2014 promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (expediente 86001-33-31-001-2015-0005101), encaminado a obtener la anulación parcial de las Resoluciones 7131 de 2012 y 1473 de 2013 y, en consecuencia, lo deprecado en sede administrativa, del que conoció en primera instancia el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Mocoa, que el 3 de marzo de 2015 admitió el aludido trámite ordinario y el 20 de octubre

siguiente celebró la audiencia inicial, de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sostiene que la mencionada Caja, a través de Resolución 4025 de 8 de junio de 20162, suspendió la cuota pensional de su hermano Gustavo Adolfo Usma Guzmán, por consiguiente, dispuso que ese porcentaje (22.22%) «[…] se dividiera entre la mesada […] de la […] [tutelante] y de EDNA PATRICIA GUZMÁN CHAVES y le asignó a la primera un 33.33% y a la segunda un 66.67% cuando 1 Quien expresó por escrito que terminó su carrera profesional, por lo que desistía de su cuota parte pensional. 2 Toda vez que aquel «[…] no acreditó los requisitos legales para continuar devengando la prestación». debió entregar la mitad a cada una […]» del valor total de la prestación, de acuerdo con el artículo 185 del Decreto 1211 de 19903. Que una vez surtido el correspondiente trámite procesal el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Mocoa, con sentencia de 19 de septiembre de 2018, negó a las pretensiones formuladas, al considerar que «[…] si bien es cierto que existe un porcentaje para reconocer la pensión por sustitución, también lo es que para efectos del acrecimiento de las cuotas partes de los beneficiarios por extinción del derecho de alguno de ellos, la norma sin distinción señala que esta será distribuida acrecentando las cuotas de los hijos entre sí y con inclusión de la cuota parte de la cónyuge y por este motivo la liquidación realizada [en los actos

administrativos acusados] se ajusta a los preceptos legales». Indica que con ocasión del recurso de apelación por ella interpuesto4, el 18 de noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión de primera instancia, al estimar que el artículo 188 del Decreto 1211 de 1990 consagra de manera taxativa que la porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, en esa medida, no hay lugar a realizar mayores interpretaciones de la aludida norma, puesto que «[…] la cuota parte que se extinguió fue la de […] Gustavo Adolfo Usma […] razón por la que [aquella] debía acrecer la cuota parte de sus hermanas y la de su madre, sin que sea relevante que los reconocidos como beneficiarios en calidad de hijos, compartan la misma progenitora o no». Que la decisión censurada incurre en defecto sustantivo, dado que los magistrados accionados limitaron el alcance del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, norma que no solo fija el orden de beneficiarios de las prestaciones sociales por muerte de los miembros de la fuerza pública, sino el porcentaje en el que se deben reconocer, por cuanto decidieron acoger el artículo 188 ibidem, que ordena su acrecimiento indistintamente entre hijos y cónyuge, lo que comporta una desigualdad, puesto que solo le fue asignado el 33.33% de la mesada, cuando debería ser el 50%, máxime cuando pertenece a un hogar distinto al de la señora Guzmán Chaves y actualmente estudia «[…] una carrera profesional [medicina] que implica una erogación económica muy alta […] situación que la ha llevado a

buscar un préstamo del Icetex» para solventar los gastos que debe sufragar. 1.3 Contestaciones de la acción. 1.3.1 El señor director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por conducto de apoderada, se opone al presente trámite constitucional, toda vez que lo que pretende la tutelante es reabrir un debate jurídico que ya fue decidido de manera definitiva por la jurisdicción competente, en cuyo proceso se preservaron las garantías fundamentales de las partes intervinientes y, en todo caso, en el sub 3 Acto administrativo puesto en conocimiento del despacho de primera instancia el 1º de septiembre de 2016 por la parte actora, con el propósito de que también se emitiera un pronunciamiento sobre su legalidad, en atención a que «[…] se trata del mismo problema de interpretación […]» que contienen las Resoluciones acusadas en esas diligencias. 4 En atención a que se desconoció el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, que prevé que la pensión de sobrevivientes debe distribuirse por partes iguales entre el cónyuge sobreviviente y los hijos del causante. lite no se encuentra acreditado perjuicio irremediable alguno que habilite su procedencia. 1.3.2 La señora Edna Patricia Guzmán Chaves, a través de apoderado, sostiene que, tal como lo indicaron las autoridades accionadas, «[…] la normatividad del régimen pensional […] especial de las fuerzas militares […] [es claro] en indicar, que el acrecimiento pensional se hace conforme a orden de beneficiario […]», como ocurrió en el asunto sub judice, por lo que la interpretación del artículo 188

del Decreto 1211 de 1990, consistente en que al perder el derecho uno de los hijos del causante se debe acrecentar su mesada en forma proporcional a la reconocida a los demás beneficiarios, se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, por tanto, se deben negar las súplicas aquí deprecadas. 1.3.3 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y Juez Primero (1º) Administrativo de Mocoa guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para el efecto. 1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 1º de julio de 2021, el Consejo de Estado (sección cuarta) declaró improcedente la presente acción, con fundamento en que no colma el presupuesto de relevancia constitucional, habida cuenta de que la tutelante «[…] formuló inconformidades que coinciden con las que se expusieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió e insiste en que debe darse aplicación al artículo 185 del Decreto 1211 de 1990 relacionado con el orden de beneficiarios, a la figura del acrecimiento, cuando quedó explicado por la autoridad judicial accionada que existía norma específica que regulaba esa figura (acrecimiento), en concreto el artículo 188 de la citada disposición especial aplicable al personal de las Fuerzas Militares […]», de modo que pretende «[…] revivir la discusión jurídica que ya fue estudiada y definida […] conforme a las pruebas obrantes en el proceso y de conformidad con las normas y jurisprudencia aplicables, sin que sea posible, como pretende la accionante, que se vuelva sobre el estudio de un asunto que ya definió

el juez natural de manera motivada y razonable». 1.5 Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada, la actora la impugnó, al estimar que en el sub lite sí se satisface la exigencia de relevancia constitucional, distinto es que el a quo no efectuó el análisis integral de los argumentos planteados en la solicitud de amparo, pues se limitó a trascribir las consideraciones de las autoridades accionadas sin detenerse a examinar el quebranto de sus garantías superiores, comoquiera que se le negó el reconocimiento del porcentaje (50%) que por ley le corresponde en condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su padre, el señor Gildardo Usma Buenaventura (q. e. p. d.).

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de 19916 y 257 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente impugnación. 2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o

vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 18 de noviembre de 2020, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la de 19 de septiembre de 2018, con la que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Mocoa negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la actora contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (expediente 86001-33-31-001-2015-00051-01); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad y seguridad social invocadas en la solicitud de amparo. 2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en

realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de 5 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

7 «ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,

POPULARES Y DE GRUPO. […] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto […]». 8 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en

una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos

ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo

de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra

sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho

fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación: La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos. En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su

posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos11. 9 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 10 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

11 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201412, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad. 2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues re