CE-11001-03-15-000-2021-02812-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO

SUPERADO / SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE LA PRÁCTICA JURÍDICA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ACREDITACIÓN DE LA PRÁCTICA JURÍDICA – La solicitud de reconocimiento fue atendida durante el trámite de la acción de tutela La señora [M.A.R.G.] estimó vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de petición, en atención a que la entidad accionada no había adelantado ninguna actuación, a fin de resolver su solicitud de certificar la práctica jurídica realizada, como requisito para optar por el título de abogada, conforme lo había solicitado mediante correo electrónico de 2 de febrero de 2021. (…) Ahora bien, revisado el contenido del informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la Sala encuentra que la autoridad en comento expidió la Resolución 2947 de 25 de mayo de 2021, acto administrativo con el que se certificó la práctica jurídica realizada por la señora [M.A.R.G.]. Asimismo, consultados los documentos allegados al plenario, se encuentra que dicha decisión se notificó personalmente a la dirección electrónica (…), la cual es perteneciente a la señora [M.A.R.G.]; de igual manera, se destaca que esta coincide con los datos aportados en la solicitud de inscripción y en esta acción constitucional. Al respecto se advierte que la situación que la accionante estimaba lesiva de los derechos fundamentales al

debido proceso, al trabajo y de petición se superó, en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, profirió el acto administrativo con el cual se certificó la práctica jurídica realizada por la actora y le comunicó esa decisión oportunamente. Así las cosas, se destaca que el objeto de la tutela de la referencia se circunscribía a que la autoridad accionada resolviera los asuntos planteados en precedencia. Comoquiera que la situación que originó la tutela cesó en el trámite de esta, la Sala considera que el asunto sub judice se enmarca en el escenario de la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02812-00(AC)

Actor: MARÍA ALEJANDRA ROJAS GARCÍA Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD NACIONAL DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE TOLIMA Acción de tutela – Fallo de primera instancia La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la señora María Alejandra Rojas García, quien actúa en nombra propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia

y el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones La señora María Alejandra Rojas García, quien actúa en nombre propio, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, de petición y a la igualdad, que estima lesionados por la el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, como consecuencia de no haber dado trámite a la solicitud de expedición de la Resolución que acredite la práctica profesional realizada por la actora, a fin de optar por el título de abogada, radicada el 22 de febrero de 2021.

En amparo de los derechos invocados, solicita: “Primero. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, consagrados en los artículos 13, 25, 26 y 27 de la Constitución Política. Segundo. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura Bogotá D.C. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Consejo Seccional de la Judicatura Tolima; expedir Resolución de Práctica Jurídica”.

2. Hechos La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación: La señora María Alejandra Rojas García radicó vía electrónica, los documentos

exigidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se certificara la práctica jurídica realizada, a efectos de optar por el título de abogada. El anterior trámite se llevó a cabo el 2 de febrero de 2021. Sostuvo que el 19 de febrero de 2021, revisó la página web del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la que encontró que el trámite se encontraba radicado. Expuso que el 22 de febrero de 2021 solicitó información de la solicitud a la referida entidad, quien le manifestó que el requerimiento se encuentra en trámite, sin que al efecto señale la fecha en que obtuvo la respuesta. La señora Rojas García señaló que con posterioridad a la radicación de su petición, la entidad accionada no ha desplegado actuación alguna, con el fin de expedir la Resolución que certifique la práctica judicial y, con ello, cumplir los requisitos de grado contenidos en la Ley. Concluyó que esa situación redunda en que no pudiera graduarse dentro de las fechas fijadas por la Universidad en la que cursó sus estudios, debido al no cumplimiento de los requisitos exigidos.

3. Trámite Mediante auto de 25 de mayo de 2021 se admitió la tutela y se ordenó notificar a la autoridad accionada, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

4. Intervenciones El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de

Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que dio trámite a la petición de la accionante. En tal virtud, puso de presente que mediante Resolución 2947 de 25 de mayo de 2021, certificó la práctica jurídica realizada por la señora Rojas García, decisión que fue notificada a la actora en forma personal, a través de correo electrónico enviado en la misma fecha. El Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima pidió su desvinculación del trámite del amparo de la referencia, puesto que lo pretendido por la actora es únicamente del resorte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 6 de abril de 2021.

2. Problema jurídico La Sala debe resolver si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de petición del señor Santiago Bermúdez Barrera, como consecuencia de no haber tramitado oportunamente la solicitud de inscripción radicado mediante correo electrónico de 2 de febrero de

2021. Sin embargo, se debe determinar en forma previa si en el caso de marras se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, debido al presunto

trámite efectuado por la autoridad accionada, con miras a dar solución a la petición de la accionante. Generalidades de la acción de tutela Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

3. Caso concreto La señora María Alejandra Rojas García estimó vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de petición, en atención a que la entidad accionada no había adelantado ninguna actuación, a fin de resolver su solicitud de certificar la práctica jurídica realizada, como requisito para optar por el título de abogada, conforme lo había solicitado mediante correo electrónico de 2

de febrero de 2021. Ahora bien, revisado el contenido del informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la Sala encuentra que la autoridad en comento expidió la Resolución 2947 de 25 de mayo de 2021, acto administrativo con el que se certificó la práctica jurídica realizada por la señora María Alejandra Rojas García. Asimismo, consultados los documentos allegados al plenario, se encuentra que dicha decisión se notificó personalmente a la dirección electrónica alejandrarojas8@hotmail.es, la cual es perteneciente a la señora María Alejandra Rojas García; de igual manera, se destaca que esta coincide con los datos aportados en la solicitud de inscripción y en esta acción constitucional. Al respecto se advierte que la situación que la accionante estimaba lesiva de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de petición se superó, en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, profirió el acto administrativo con el cual se certificó la práctica jurídica realizada por la actora y le comunicó esa decisión oportunamente. Así las cosas, se destaca que el objeto de la tutela de la referencia se circunscribía a que la autoridad accionada resolviera los asuntos planteados en precedencia. Comoquiera que la situación que originó la tutela cesó en el trámite de esta, la Sala considera que el asunto sub judice se enmarca en el escenario de la carencia actual de objeto por hecho superado. La Corte Constitucional mediante sentencia T 358 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), se refirió a esa figura y definió

sus elementos de la siguiente manera: “La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental”. La Sala advierte que la acción de tutela de tutela se presentó el 20 de mayo de 2021 y dentro de su trámite, la autoridad accionada resolvió la solicitud de la parte actora y comunicó a esta su decisión, lo cual constituía el fin último de la acción

constitucional; motivo por lo que se estima que cualquier orden que se llegare a impartir sería inocua, dadas la situación actual del asunto. En ese contexto, la Sala considera que el asunto aquí discutido no puede ser objeto de un mayor estudio, habida cuenta que la presunta conducta lesiva despareció en trámite de la tutela. En ese contexto, se advierte que se configura la carencia actual de objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad demandada fue absuelta y desapareció el motivo que obligó a la actora a ejercer este mecanismo constitucional.

III. DECISIÓN En conclusión, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela presentada por la señora María Alejandra Rojas García, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción de amparo de la referencia, atendiendo a las razones expuestas en precedencia. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente CÉSAR PALOMINO CORTÉS ………… Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER……...SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ