CE-11001-03-15-000-2021-03023-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / SOLICITUD DE INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA EN EL TRÁMITE INCIDENTAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Por adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se aplicó criterio jurisprudencial que corresponde con el caso [L]a Sala evidencia que los medios de convicción arrimados al trámite incidental en el que fue sancionado el señor director de infraestructura de la Uspec, no prueban el cumplimiento de la orden consignada en la sentencia de 9 de febrero de 2021, emitida por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja dentro del expediente constitucional 15001-33-33-010-2021-00019-00, consistente en instalar escalones y «agarramanos» en el camarote de la celda 40 del patio 1 del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, circunstancia por la que se entiende satisfecho el factor objetivo de responsabilidad. Respecto del factor subjetivo, se observa que también concurre en el caso sub examine, porque si bien al incidente de desacato se adosaron memoriales en los que se enunciaron las actuaciones administrativas adelantadas con el fin de intervenir las cárceles del país, no demuestran que el sancionado surta acciones específicamente orientadas a obedecer el precitado mandato judicial, lo que involucra renuencia. En ese orden de ideas y ante la falta de

elementos probatorios que acrediten diligencia por parte del señor director de infraestructura de la Uspec en el acatamiento del fallo de 9 de febrero de 2021, resultaba dable que los señores magistrados demandados, en el respectivo grado jurisdiccional de consulta, confirmaran la multa impuesta por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja, porque aquel incumplió su carga de la prueba. (...) Así las cosas, se reitera, la afirmación de que el señor director de infraestructura de la Uspec no demostró el cumplimiento de la orden de tutela por la que fue sancionado ni actuaciones pertinentes con ese fin, corresponde a una deducción razonable de los elementos materiales probatorios obrantes en el trámite constitucional 15001-33-33-010-2021-00019-02, por lo que no merece reproche alguno en esta instancia judicial, situación que impone concluir que la providencia acusada no adolece de defecto fáctico. (...) La Sala no evidencia que los señores magistrados demandados hayan desconocido la regla jurisprudencial a la que hace alusión la tutelante, habida cuenta de que, tal como se precisó al estudiar el defecto fáctico, no se acreditaron actuaciones pertinentes para instalar escalones y «agarramanos» en el camarote asignado al señor [M.G.C] en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, lo que constituye renuencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03023-00(AC)

Actor: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SALA DE DECISIÓN 6 DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y JUEZ DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO DE TUNJA Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) contra los señores magistrados de la sala de decisión 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá y Juez Décimo (10º) Administrativo de Tunja, por la presunta vulneración de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por conducto del señor jefe de la oficina asesora jurídica del organismo, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente quebrantada por los señores magistrados de la sala de decisión 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá y Juez Décimo (10º) Administrativo de Tunja.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los autos de (i) 4

de mayo de 2021, mediante el cual el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja sancionó con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) al señor director de infraestructura del ente, dentro del incidente de desacato promovido por el señor Melquisedec González Camargo (expediente 15001-33-33-010-2021-00019-02); y (ii) 13 de mayo del año en curso, con el que el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala de decisión 6) lo confirmó, al desatar el correspondiente grado jurisdiccional de consulta; en su lugar, se ordene a las autoridades demandadas dictar una nueva providencia en la que inapliquen dicha penalidad. 1.2 Hechos. Relata la accionante que el 21 de enero de 2021 el señor Melquisedec González Camargo, quien se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (Boyacá), instauró acción de tutela contra los señores directores generales del ente y de esa cárcel (expediente 15001-33-33010-2021-00019-00), con el propósito de que se le ampararan sus garantías superiores de petición, vida, salud y dignidad humana y se ordenara a las allí accionadas (i) atender un requerimiento que presentó el 10 de diciembre de 2020, encaminado a que se adecuaran los «colocapies para subir y bajar la plancha alta del camarote» a él asignado; y (ii) ejecutar esa intervención.

Que del asunto constitucional conoció el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja, que el 27 de enero de 2021 lo admitió, motivo por el cual se rindió el respectivo informe dentro de esas diligencias, en el que indicó que para poder efectuar la modificación exigida, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debía reportar su necesidad, trámite que no se había surtido, por ende, no estaba facultada para satisfacer las pretensiones del señor González Camargo. Dice que el 9 de febrero de 2021 el aludido Juzgado amparó las prerrogativas superiores invocadas por el allí demandante y le ordenó que (i) le comunicara a aquel, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, el oficio E.2021-294 de 24 de enero de la presente anualidad (con el que se despachó la solicitud que formuló el 10 de diciembre de 2020); y (ii) desplegara las respectivas actuaciones, en los cinco (5) días posteriores, con el fin de instalar los escalones y «agarramanos» del camarote de la celda 40 del patio 1 del mencionado establecimiento carcelario. Que impugnó la anterior providencia, al estimar que el ordenamiento jurídico establece un procedimiento para las intervenciones locativas en los centros de reclusión, el cual no se había agotado en lo atañedero a lo requerido por el señor González Camargo, situación que impedía cumplir la última de las órdenes enunciadas en el párrafo precedente, no obstante, la determinación judicial fue confirmada el 16 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo

de Boyacá (sala de decisión 6)1. Sostiene que el señor Melquisedec González Camargo promovió incidente de desacato en su contra, porque, a su juicio, no obedeció los referidos mandatos, decidido el 4 de mayo de 2021 por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja, en el sentido de multar con tres (3) smlmv a su señor director de infraestructura, proveído confirmado el día 13 siguiente por el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala de decisión 6), al desatar el correspondiente grado jurisdiccional de consulta. Que las providencias cuestionadas adolecen de defecto fáctico, toda vez que no advirtieron que los medios de convicción allegados al precitado trámite constitucional, daban cuenta de que suscribió el contrato de obra 139-2020 (en atención a la facultad de contratación directa consagrada en el Decreto 440 de 20 de marzo de 2020), con la finalidad de realizarle mantenimiento al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, que contempla mejoramientos en las lavanderías, áreas comunes, sistema de tratamiento de agua, etc., con lo que se salvaguardan los derechos constitucionales fundamentales del recluso González Camargo. 1 No indica los argumentos que se emplearon para confirmar el fallo de 9 de febrero de 2021. Aduce que los autos censurados también incurren en desconocimiento del precedente, puesto que a pesar de que la Corte Constitucional ha indicado que la sanción por desacato debe estar precedida de la comprobación de renuencia

por parte de la autoridad encargada de acatar las órdenes de tutela (elemento subjetivo), ello no se efectuó en las diligencias dentro de las cuales se impuso la multa materia de controversia, porque las pruebas demostraban que se ejecutaban adecuaciones en la cárcel en la que está privado de la libertad el señor Melquisedec González Camargo, con el objeto de garantizar sus prerrogativas superiores.

II. TRÁMITE PROCESAL Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 28 de mayo de 2021, admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sala de decisión 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá y Juez Décimo (10º) Administrativo de Tunja y dispuso vincular al señor Melquisedec González Camargo, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. 2.1 Contestaciones de la acción. 2.1.1 El señor Juez Décimo (10º) Administrativo de Tunja pide negar el amparo deprecado, toda vez que si bien es cierto que la actora acreditó que le notificó al señor Melquisedec González Camargo el oficio E.2021-294 de 24 de enero de 2021, también lo es que no demostró que se haya obedecido la orden de tutela consistente en la instalación de escalones y «agarramanos» en el camarote de la celda en la que aquel se encuentra recluido, situación que ameritaba imponer la sanción por desacato, máxime cuando las adecuaciones que se surten en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana

Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita están orientadas a contrarrestar la propagación del virus COVID-19, pero no ha atender el aludido mandato judicial. Agrega que la multa se impuso en razón a que aunque en el oficio 2021EE61267 de 14 de abril de 2021, expedido por la subdirectora de construcción y conservación de la Uspec, se priorizó el mantenimiento y reparación de mesones, posapiés y planchas superiores de los camarotes, no se había adelantado actuación alguna en ese sentido, lo que involucra negligencia pasible de castigo. 2.1.2 Los señores magistrados de la sala de decisión 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del ponente de la providencia atacada de 13 de mayo de 2021, afirman que esta no quebranta derechos constitucionales fundamentales, por cuanto, al desatar el correspondiente grado jurisdiccional de consulta, analizaron minuciosamente las pruebas adosadas al trámite incidental y determinaron que no daban cuenta de que se hayan desplegado actuaciones administrativas encaminadas a dar cabal cumplimiento a la sentencia de 9 de febrero de 2021 del Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja. 2.1.3 El señor Melquisedec González Camargo guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983

de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la accionante, que aduce quebranto del derecho constitucional fundamental al debido proceso. 3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 3.3 Cuestiones preliminares. 3.3.1 Legitimación en la causa por activa. Luego de valorar los elementos de convicción que reposan en las presentes diligencias, se evidencia que la multa objeto de reproche en el trámite de la referencia, fue impuesta al señor director de infraestructura de la Uspec, porque a pesar de que era el encargado de atender la orden consignada en el fallo de 9 de febrero de 2021, que decidió la tutela 15001-33-33-010-2021-00019-00 (consistente en instalar escalones y «agarramanos» en el camarote de la celda 40 del patio 1 del Establecimiento

Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita), no lo hizo. Con la finalidad de determinar si la actora tiene legitimación en la causa por activa en el asunto sub judice, resulta oportuno indicar que las sanciones por desacato se dirigen a las personas naturales llamadas a cumplir los respectivos mandatos de tutela, premisa de la que se colige que en el evento en que un servidor público no los obedezca, pese a ser el obligado, el destinatario de aquellas es él y no el ente estatal al que pertenece. En ese orden de ideas, cabe aclarar que si bien dicho servidor está facultado para instaurar una tutela encaminada a controvertir providencias que lo sancionan con los correctivos previstos el artículo 522 del Decreto 2591 de 19913, la entidad pública en la que labora también está habilitada para tal propósito, toda vez que en el aludido escenario las órdenes cuya desatención produce la multa o arresto se imponen en razón a la relación de sujeción existente entre aquellos. Así las cosas, la Uspec cuenta con la prerrogativa de acudir a esta instancia judicial con el fin de atacar la multa, en atención a que su director de infraestructura fue castigado por tener esa condición (y no como persona natural) y no obedecer una orden de tutela atañedera a las funciones de la entidad, situaciones de las que se infiere que media un interés de aquella en las presentes diligencias derivada del vínculo que tiene con ese empleado. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, se concluye que la Uspec tiene legitimación en la causa por activa en este asunto constitucional.

3.3.2 Delimitación de la providencia atacada. La actora pide dejar sin efectos los autos de (i) 4 de mayo de 2021, mediante el cual el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja sancionó con multa de tres (3) salarios smlmv a su director de infraestructura, dentro del incidente de desacato promovido por el señor Melquisedec González Camargo (expediente 1500133-33-010-2021-00019-02); y (ii) 13 de los mismos mes y año, con el que el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala de decisión 6) lo confirmó, al desatar el correspondiente grado jurisdiccional de consulta. Sin embargo, la Sala centrará su estudio jurídico en la providencia de 13 de mayo de 2021, por ser la que decidió de manera definitiva el referido trámite incidental. 3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar el proveído de 13 de mayo de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala de decisión 6) confirmó, en grado jurisdiccional de consulta, la sanción por desacato impuesta al señor director de infraestructura de la Uspec el día 4 anterior por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo de Tunja, dentro del 2 «La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo

que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción». 3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». trámite constitucional 15001-33-33-010-2021-00019-02; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo. 3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos

fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de

los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia

constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo

adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación: La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos. En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional

para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales4, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos6. Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20147, proferido por la sala plena de 4 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 5 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 6 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-0029300, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de

febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7 Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,

C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad. 3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor director de infraestructura de la Uspec; (ii) contra el proveído censurado no procede recurso alguno, toda vez que se dictó en grado jurisdiccional de consulta y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el

requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judi