CE-11001-03-15-000-2021-03836-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – No acreditado / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – No fueron planteadas por las partes /

APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRECEDENTE

JURISPRUDENCIAL HORIZONTAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Derivados de la modificación del contrato / AUSENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]sta Colegiatura considera que, en efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha dispuesto una regla en torno a la necesidad de elevar salvedades y reclamaciones en el acta de liquidación del contrato estatal, como presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de demandas por controversias contractuales. En este punto, la Sala destaca que esta disposición no se debe entender como requisito de procedencia del mencionado medio de control, sino de la prosperidad del petitum de la demanda, circunstancia que, como se verá más adelante guarda relación con el principio de buena fe contractual, y la disposición normativa, de que las partes dentro del contrato no pueden ir en contra sus propios actos. (…) En ese orden ideas, luego de analizar la providencia controvertida, esta Colegiatura considera que la decisión del operador jurídico acusado se ajusta a derecho y no desconoció el criterio adoptado en las

sentencias en cita, ya que, si bien estas disponen la necesidad de advertir reclamaciones y salvedades en el acta de liquidación, como presupuesto de la prosperidad de las pretensiones, ello no implica o prohíbe que el juez natural de la causa, con fundamento en un principio de derecho (buena fe contractual) y antecedente horizontal, considere que en los casos donde no existe un acta de liquidación del contrato, y se suscriban voluntariamente adiciones contractuales sin salvedades, la consecuencia sea la imposibilidad de solicitar perjuicios con ocasión a estas modificaciones. Lo anterior, con el fin de garantizar la buena fe contractual y el hecho de que las partes no pueden ir en contra de sus propios actos. Dicha argumentación encuentra sustento en el artículo 1602 del Código Civil, que como lo expuso la providencia expedida al interior del expediente con radicado interno No. 14.113, es aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” De modo que lo acordado por los sujetos contractuales produce las consecuencias a que se refiere el artículo citado. Luego, desde este punto de vista, resulta plausible el argumento de la autoridad accionada, que se refiere a que “la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios del

consentimiento)”, ello bajo el presupuesto de que el contrato es ley para las partes, consideración que a la postre se encuentra acorde al fundamento del antecedente presuntamente desconocido, el cual dispone que “cuando no se deja en la actuación contractual constancia concreta de la reclamación, se entiende que no existe inconformidad”. En consecuencia, esa Sala considera que la providencia controvertida está debidamente motivada con sustento en un principio que gobierna los contratos estatales, sumado a antecedente horizontal aplicable al caso concreto, en el cual se argumentaron las razones por las cuales considera que no es viable reclamar perjuicios con ocasión de actos contractuales que suscribieron en el ejercicio de la autonomía y voluntad de las partes, sin que ninguna de ellas haya manifestado alguna observación, salvedad o reclamo al respecto, decisión se encuentra acorde a su vez con la autonomía e independencia judicial con la que cuenta el juez de conocimiento, así como de la norma en cita.

FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03836-00(AC)

Actor: AQUILINO ALFONSO MURGAS CASTAÑEDA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN

“B”

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial - desconocimiento del precedente - NiegaFALLO DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Aquilino Alfonso Murgas Castañeda y otros contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 17 de junio de 2021, los señores Aquilino Alfonso Murgas Castañeda, Luz Elaine Rodríguez Díaz y Julieta Araújo Calderón, por conducto de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “B”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y a la confianza legítima”.

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por la mencionada autoridad judicial que en sentencia de 17 de marzo de 2021 revocó parcialmente la decisión de 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones del medio de control de controversias contractuales identificado con el radicado 20001-23-31-000-2012-00140-02, promovido por

Aquilino Alfonso Murgas Castañeda y Casimiro Rodríguez Chinchía1, (integrantes del Consorcio Caloy) contra el departamento de Cesar. 1.2. Hechos De la solicitud de tutela y del expediente, se advierten los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:  El 27 de marzo de 2012, los señores Aquilino Alfonso Murgas Castañeda y Casimiro Rodríguez Chinchía, integrantes del Consorcio Caloy, presentaron demanda en el ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del departamento del Cesar, por el desequilibrio económico del contrato de obra No. 475 de 2007, por la presunta falta de planeación en la que incurrió la entidad, lo que conllevó a múltiples suspensiones y prórrogas no atribuibles a la contratista. Asimismo, en la demanda se solicitó liquidar judicialmente en contrato.  Dicho asunto le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar, el cual, el 20 de agosto de 2015, resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Consorcio Caloy, al suscribir las respectivas suspensiones y prórrogas del contrato, no reclamó en ellas los conceptos que demanda ante la jurisdicción. En este punto manifestó, con sustento en la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, “que no solo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales,

guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar los contratos modificatorios o adicionales”. Decisión que se recurrió en apelación.  El 17 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió revocar parcialmente la decisión del tribunal, en el sentido de condenar2 al departamento del Cesar por la mora en el pago del acta de avance de obra No. 5, liquidar judicialmente el contrato y negar las demás pretensiones de la demanda.  La negativa se fundó en las mismas consideraciones del a quo, esto es, por el silencio u omisión del contratista en torno a reclamaciones o salvedades al momento de suscribir los contratos adicionales (otrosí), argumento que a su vez se sustentó en la prevalencia del principio de buena fe contractual, sumado a que las partes no pueden ir en contra sus propios actos. 1 Las señoras Luz Elaine Rodríguez Díaz y Julieta Araújo Calderón son cesionarias de los derechos litigiosos de Casimiro Rodríguez Chinchía, según se observa a folios 6 y 8 de la sentencia de 17 de marzo de 2021, dentro del proceso con radicado No. 20001-23-31-000-201200140-02. 2 La condena se discriminó así: “Aquilino Alfonso Murgas Castañeda la suma de $1.119.194, a Luz Elaine Rodríguez Díaz la suma de $559.597, y a Julieta Araújo Calderón la suma de $559.597, por concepto de intereses, por la mora en el pago del acta de avance de obra No. 5.”

 Esta sentencia se notificó por edicto que se desfijó el 27 de abril de 2021 y la solicitud de tutela se radicó el 17 de junio de 2021. 1.3. Fundamentos de la solicitud La parte actora considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y a la confianza legítima”, porque según la sentencia de 26 de septiembre de 2013, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del expediente con radicado interno 23.517, las reclamaciones solo son exigibles en el acta de liquidación del contrato y no en los documentos contentivos de suspensiones o prórrogas, “situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que el contrato nunca fue liquidado por el Consorcio Caloy y el Departamento del Cesar”. Asimismo, citó la sentencia de fecha 6 de julio de 2005, dentro del expediente con radicado interno 14.113, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, que también se refiere a las salvedades y objeciones en el acta de liquidación del contrato estatal como presupuesto de la “oportunidad para efectuar reclamaciones judiciales posteriores. (…) Así pues, las salvedades que se consignen en el acta de liquidación tendrán como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar en el futuro ante la autoridad judicial (…)”. La Sala aclara que si bien los accionantes no precisaron la configuración de algún defecto en su solicitud de tutela, en este caso se encauzarán los cargos al

desconocimiento del precedente. 1.4. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: “Primero: AMPARAR los derechos constitucionales invocados como infringidos de mis representados, a saber, debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y a la confianza legítima Segundo: REVOCAR O DEJAR SIN EFECTO PARCIALMENTE la providencia de fecha 17 de marzo de 2021, proferida por la Sección Tercera – Subsección B, de esta corporación, en el proceso (…), por ser violatoria de los derechos de mis poderdantes, y en consecuencia, se concedan todas las pretensiones de la demanda, en el sentido de que se declare que en el Contrato de Obra No. 475 de 2006 se produjo un desequilibrio de la ecuación contractual en detrimento del contratista CONSORCIO CALOY, y a su vez se condene al departamento del Cesar a pagar a favor de mis mandantes los mayores valores representados en la ejecución del contrato de obra en cuestión (…). (Negrillas del texto original) (…)” 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 23 de junio de 2021, el Despacho ponente admitió la solicitud de tutela, y ordenó: (i) notificar a la parte actora, así como a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y (ii) en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso al Tribunal Administrativo del Cesar y al señor Casimiro Rodríguez Chinchía. Finalmente, dispuso que, a través de la oficina de sistemas de la Corporación, se

publicara en la página web del Consejo de Estado la información correspondiente a la acción de la referencia. 1.6. Contestaciones Efectuadas las notificaciones correspondientes, se presentó la siguiente intervención: 1.6.1. Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado Mediante correo electrónico de 28 de junio de 2021, el ponente de la decisión demandada intervino en el presente trámite constitucional, en el sentido de indicar que la providencia cuestionada contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Por lo anterior, precisó que se estará a lo dispuesto por la Sala dentro del presente trámite. 1.6.2. Los terceros con interés en las resultas del proceso, pese a que fueron debidamente notificados, no rindieron informe.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presentó una vulneración al derecho “al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y a la confianza legítima”, por parte

de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de la sentencia de 17 de marzo de 2021, que revocó parcialmente la providencia de 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de del Cesar. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii) generalidad del defecto que fundamenta la solicitud de tutela, y (iv) el caso concreto. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la

procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y a la confianza legítima”. De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las garantías constitucionales alegadas por la parte actora, se infiere que la autoridad judicial incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente, por lo que se evidencia que la controversia versa sobre un asunto constitucional y trasciende un estudio de lo meramente legal. 2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. accionante fue proferida en el marco del medio de control de controversias contractuales identificado con el radicado número 20001-23-31-000-2012-0014002,, promovida por los señores Aquilino Alfonso Murgas Castañeda y Casimiro Rodríguez Chinchía (integrantes del Consorcio Caloy) contra el departamento del Cesar. 2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión cuestionada, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó parcialmente la providencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de del Cesar, fue emitida el 17 de marzo de 2021.

Luego, comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 17 de junio de 2021, es claro que el mecanismo constitucional fue ejercido antes de transcurridos 6 meses, lo cual resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable. 2.4.4. Respecto a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto teniendo en cuenta que contra la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no procede ningún recurso, y que los cargos alegados por la parte accionante no encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. Superado lo anterior corresponde a la Sección analizar el cargo que fundamenta la solicitud de tutela. 2.6. De la generalidad del defecto encauzado A juicio de la parte demandante, sus garantías constitucionales invocadas fueron transgredidas con ocasión de la providencia de 17 de marzo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual resolvió revocar parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de condenar al departamento del Cesar por la mora en el pago del acta de avance de obra No. 5, liquidar judicialmente le contrato y negar las demás pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la autoridad reprochada desconoció lo dispuesto en las

sentencias de 6 de julio de 2005 y de 26 de septiembre de 2013, proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación, al interior de los expedientes identificados con el radicado interno 14.113 y 23.517, respectivamente, las cuales, a su juicio, establecen que las salvedades solo son exigibles en el acta de liquidación del contrato, “situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que el contrato nunca fue liquidado por el Consorcio Caloy y el Departamento del Cesar” Ahora bien, como los accionantes no determinaron un defecto en específico en contra de la providencia controvertida, la Sala analizará la presente acción de tutela a través del defecto de desconocimiento del precedente, el cual se adecúa a los fundamentos de su solicitud de amparo constitucional. Al Respecto de este defecto, desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado. Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.»”7. 2.7. Caso concreto

Como viene de explicarse, los accionantes controvierten la sentencia de 17 de marzo de 2021 proferida por Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó parcialmente la decisión de primera instancia, ello, al considerar que no le era exigible realizar salvedades o reclamaciones en las prórrogas y suspensiones que suscribió con la entidad contratante. Ahora, con el fin de resolver este cargo, a la Sala le resulta pertinente hacer alusión a lo dispuesto en las sentencias presuntamente desconocidas y las consideraciones de la autoridad accionada para negar las pretensiones que se refieren a los perjuicios derivados del presunto desequilibrio económico del contrato de obra No. 475 de 2007. En primer lugar, la sentencia de 6 de julio de 2005 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del proceso identificado con el radicado interno 14.113 expone los alcances del acta de liquidación del contrato y advierte lo siguiente: “Debe recordarse que el acto de liquidación es la terminación auténtica de la relación contractual; es la expresión final y de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y obligaciones; puede acontecer en él que algo que constituyó una inconformidad en el pasado resulte finalmente olvidado, o que se haya comprendido -por la fuerza de las razones de la otra parteque la exigencia no tenía razón de ser. (…)” Por su parte, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, proferida por la Subsección C de la Sección misma sección, dentro del expediente No. 23.517,

considera: “En efecto, el acta de liquidación del contrato contiene el balance financiero en cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, de manera que cuando se firmen de común acuerdo entre éstas, sin objeciones o salvedades, se pierde la oportunidad de efectuar reclamaciones judiciales posteriores.” 8 Bajo las orientaciones de la Jurisprudencia de esta Corporación conviene precisar que la acción contractual que se promueva en relación con 7 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 Febrero de 2001, Exp. 11689, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. diferencias surgidas de un negocio jurídico que previamente ha sido objeto de liquidación bilateral o voluntaria, por acuerdo entre las partes, en principio, únicamente puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la respectiva liquidación final del contrato, con fundamento en las siguientes razones9:…”. Así pues, las salvedades que se consignen en el acta de liquidación tendrán como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar en el futuro ante la autoridad judicial el cumplimiento de aquellas obligaciones que a su juicio hubieren quedado pendientes o impagadas durante la ejecución del contrato, razón por la cual deben ser claras y concretas. A propósito del preciso alcance que corresponde a las salvedades o reservas que respecto de una liquidación bilateral formula alguna de las partes del contrato, la

Jurisprudencia de esta Corporación ha advertido “(…) que las salvedades u objeciones que el contratista deja en el acta de liquidación del contrato deben ser claras y concretas; de otra manera, su inclusión resulta ineficaz.10. La Jurisprudencia de la Sala ha precisado el asunto en los siguientes términos: (…) para efectos de poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como esta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones (…).” De lo expuesto, esta Colegiatura considera que, en efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha dispuesto una regla en torno a la necesidad de elevar salvedades y reclamaciones en el acta de liquidación del contrato estatal, como presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de demandas por controversias contractuales. En este punto, la Sala destaca que esta disposición no se debe entender como requisito de procedencia del mencionado medio de control, sino de las prosperidad del petitum de la demanda, circunstancia que, como se verá más adelante guarda relación con el principio de buena fe contractual, y la disposición normativa, de que las partes dentro del contrato no pueden ir en contra sus propios actos. Aclarado lo anterior, esta Sección hará alusión a las consideraciones de la autoridad judicial accionada para negar las pretensiones que se refieren a los perjuicios derivados del desequilibrio económico del contrato de obra No. 475 de 2007: 9 Sobre este tema ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Sentencia de julio 6 de 2005, Expediente 14.113, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 16 Febrero de 2001, Exp. 11689, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. “16. 2) Perjuicios derivados de la mayor permanencia en la obra. La Sala comparte íntegramente las consideraciones expuestas por el Tribunal para negar esta pretensión. En efecto, la pretensión de reconocimiento de perjuicios derivados de la mayor permanencia en la obra estaba llamada a fracasar, puesto que el Consorcio Caloy no efectuó salvedades al respecto antes o después de suscribir los actos de prórroga y suspensión del contrato de obra No. 475 de 2006 o en los mismos actos y, como lo han reiterado esta Sección y, por supuesto, esta Subsección, de acuerdo con el principio de buena fe que debe gobernar la ejecución de los contratos estatales, “la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios del consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos11”. Por consiguiente, se confirmará esta decisión adoptada en primera instancia.” En ese orden ideas, luego de analizar la providencia controvertida, esta

Colegiatura considera que la decisión del operador jurídico acusado se ajusta a derecho y no desconoció el criterio adoptado en las sentencias en cita, ya que, si bien estas disponen la necesidad de advertir reclamaciones y salvedades en el acta de liquidación, como presupuesto de la prosperidad de las pretensiones, ello no implica o prohíbe que el juez natural de la causa, con fundamento en un principio de derecho (buena fe contractual) y antecedente horizontal, considere que en los casos donde no existe un acta de liquidación del contrato, y se suscriban voluntariamente adiciones contractuales sin salvedades, la consecuencia sea la imposibilidad de solicitar perjuicios con ocasión a estas modificaciones. Lo anterior, con el fin de garantizar la buena fe contractual y el hecho de que las partes no pueden ir en contra de sus propios actos. Dicha argumentación encuentra sustento en el artículo 1602 del Código Civil, que como lo expuso la providencia expedida al interior del expediente con radicado interno No. 14.113, es aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” De modo que lo acordado por los sujetos contractuales produce las consecuencias a que se refiere el artículo citado. Luego, desde este punto de vista, resulta plausible el argumento de la autoridad accionada, que se refiere a que “la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene

por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios del consentimiento)”, ello bajo el presupuesto de que el contrato es ley para las partes, consideración que a la postre se encuentra acorde al fundamento