CE - 110010315000202300962011SENTENCIA20230629160115

Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00962-01

Demandante: GRATA ENOE MARTÍNEZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA

TERCERA DE ORALIDAD Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca primera instancia que declaró improcedente – encuentra configurado defecto sustantivo – ampara.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 14 de abril de 2023, por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado . En esta providencia se declaró improcedente el mecanismo judicial de la referencia por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Grata Enoe Martínez , actuando por intermedio de apoderado

general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Grata Enoe Martínez , actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín . Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y a la salud.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las sentencias proferidas el 7 de diciembre de 2022 y el 13 de septiembre de 2018, por las a utoridades judiciales accionadas, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 05001-33-33016-2014-01909-00/1.Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio efectivo, que le queda a la perjudicada para la protección de sus Derechos Fundamentales de rango constitucional, vulnerados en la sentencia proferida por el Juzgado

PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio efectivo, que le queda a la perjudicada para la protección de sus Derechos Fundamentales de rango constitucional, vulnerados en la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín y en segunda instancia el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE ORALIDAD.

SEGUNDA: Sea tutelado el derecho a la IGUALDAD, A LA VIDA DIGNA, A LA SALUD, considerados como fundamentales por nuestra Constitución Política.

TERCERO: Se revoque to talmente la Sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín y en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE ORALIDAD en sentencias del 13 de septiembre de 2018 y del 07 de diciembre de 2022, respectivamente.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín y en segunda instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE ORALIDAD, que, en el término de ley, procedan a emit ir nueva sentencia dentro del proceso referido, acorde con la constitución y la ley, y los precedentes Judiciales de la Corte Constitucional aplicables al caso en comento.

QUINTA: Se ordene realizar las comunicaciones del caso para el cumplimiento de lo ordenado. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. La accionante informó que, mediante providencia de 30 de septiembre de

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. La accionante informó que, mediante providencia de 30 de septiembre de 20081, el Juzgado Cuarto Administr ativo Oral del Circuito Judicial de Medellín no accedió a su pretensión de otorgarle la pensión de sobrevivientes a la que considera tiene derecho con ocasión de la muerte de su hijo William Antonio Martínez. Ello, tras declarar probada la excepción de fal ta de agotami ento de los recursos que por ley fueran necesarios en ese momento, puntualmente en sede administrativa, y la configuración de inepta demanda.

6. Con ocasión de lo anterior, el 24 de agosto de 2009 , le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional e l reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. P ara el efecto, puso de presente que su hijo al momento d el fallecimiento «acreditaba un total de 229.85 semanas, de las cuales 156 corresponden a las cotizadas dentro de los tres últimos años». No obstante , su solicitud fue denegada mediante las Resoluciones 584 del 2 de marzo y 4366 de 29 de noviembre de 2010.

1 Rad. 2007-00016.Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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7. La señora Martínez impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos , la cual se identificó con el radicado 050 0133-31-008-2011-01601-00/1. El litigio fue resuelto mediante las sentencia s de 7 de junio de 2012 y 6 de noviembre de 2013, en el sentido de declarar probada la falta de legitimación en la causa por activa por ausencia de l registro civil que acreditara e l parentesco existente entre la accionante y el occiso William

Martínez.

8. Posteriormente, la señora Martínez incoó nuevamente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 584 y 4366 de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional (r ad. 05001 -33-33-016-2014-0190900/1). En esa oportunidad, por sentencias de 13 de septiembre de 2018 y 7 de diciembre de 2022, las autoridades judiciales accionadas en esta tutela declararon configurada la excepción de cosa juzgad a y se inhibieron para pronunciarse de fondo.

9. Al respecto, explicaron que entre las sentencias dictadas dentro de los procesos 2011-01601 y 2014 -01909 existía identidad de: actos acusados, pretensiones, hechos y causa . El tribunal hizo énfasis en que, si bien las prestaciones soci ales como la pensión son periódicas e imprescriptibles, no

procesos 2011-01601 y 2014 -01909 existía identidad de: actos acusados, pretensiones, hechos y causa . El tribunal hizo énfasis en que, si bien las prestaciones soci ales como la pensión son periódicas e imprescriptibles, no quiere decir que no se afecten por el fenómeno de la cosa juzgada y que «un mismo acto administrativo pueda cuestionarse en innumerables ocasiones».

10. Para reforzar su conclusión citó el auto dictad o por el Consejo de Estado dentro del expediente 17001 -23-33-000-2014-00092-01 y ahondó en que, aunque la pensión es un derecho imprescriptible y frente al cual no opera la caducidad, es susceptible de que se declare la cosa juzgada cuando se pretende más de dos veces la declaratoria de nulidad de actos que ya fueron objeto de estudio en su legalidad.

1.4. Sustento de la vulneración

11. La parte actora alegó, respecto del proceso 2011 -01601, que si bien era cierto que no aportó el registro civil de nacimient o de William Martínez, se pasó por alto que sí lo allegó para la solicitud presentada ante el Ministerio de Defensa Nacional, tal como consta «en el considerando Quinto de la Resolución No. 582 (sic) del 02 de marzo de 2010».

12. Aseveró que no se debatió el reconocimiento de su pensión, ni se profundizó en argumentos que avalaran o rechazaran la procedencia o improcedencia de la misma. Lo único que se dijo en ese momento, fue que al no obrar registro civil de nacimiento que pudiera certificar el parentesco en tre la demandante y el occiso, se declaraba la falta de legitimación por activa.

improcedencia de la misma. Lo único que se dijo en ese momento, fue que al no obrar registro civil de nacimiento que pudiera certificar el parentesco en tre la demandante y el occiso, se declaraba la falta de legitimación por activa.

13. Frente a la sentencia del 7 de diciembre de 2022, en su sentir desconoce el principio de la buena fe, porque su sola manifestación de ser madre del señor William Martínez goz a de presunción de veracidad. Asimismo, porque elloDemandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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estaba probado dentro del proceso administrativo a través de las resoluciones 584 de 2010 y 08878 de 17 de agosto de 1993 , en la que la cartera ministerial mencionada la reconoció como madre del fallecido para otorgarle las prestaciones económicas por muerte.

14. Arguyó que no se puede encont rar configurada la cosa juzgada por cuanto no se ha analizado si tiene derecho , o no , al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Al respecto, citó que, de conform idad con el artículo 304 del Código General del Proceso (en adelante CGP), no constituyen cosa juzgada las sentencias « que declaren probada la excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento».

15. Agregó que, según el artículo 303 CGP, el derecho no se ha extinguido,

temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento».

15. Agregó que, según el artículo 303 CGP, el derecho no se ha extinguido, porque la pensión es una prestación que no prescribe y se puede reclamar en cualquier tiempo.

16. Respecto a su derecho pensional , afirmó que se debe inaplicar «el artículo 8 del Decreto 2718 y en su lugar, dar aplicación al artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 y con base en esta norma, reconocer la pensión de sobrevivientes».

1.5. Trámite de primera instancia

17. Por auto de 28 de febrero de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo . En consecuencia, ordenó no tificar en calidad de accionado s al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de M edellín. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

1.6. Intervención del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de

Decisión

18. Refirió que la decisión objeto de censura no satisface el requisito general de la relevancia constitucional porque la parte actora pretende hacer de este instrumento una instancia adicional del proceso ordinario. Añadió que la sentencia no adolece de ningún defecto y que fue respetuosa del debido proceso. Por último, indicó que sí se configuró la cosa juzgada, pues se encontró que, respecto de otro proceso, hubo identidad de partes, objeto, hechos y pretensiones.

proceso. Por último, indicó que sí se configuró la cosa juzgada, pues se encontró que, respecto de otro proceso, hubo identidad de partes, objeto, hechos y pretensiones.

1.6.2. El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional fueron debidamente notificados del auto admisorio, pero guardaron silencio.Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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1.7. Sentencia de primera instancia

19. En providencia de 14 de abril de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró que el mecani smo constitucional de la referencia era improcedente porque no revestía relevancia constitucional.

20. Para fundamentar su decisión explicó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional del proceso que negó las pretensiones de la parte actora. Asimismo, que este tipo de procesos tiene carácter excepcional y que no le corresponde al juez constitucional revisar o evaluar la interpretación que los jueces naturales de la s causas que den lugar a la configuración de la cosa juzgada.

1.8. Impugnación

21. La parte actora impugnó la decisión de primer grado. Al respecto, señaló que en ninguna de las decisiones en las que ha solicitado al reconocimiento de

la configuración de la cosa juzgada.

1.8. Impugnación

21. La parte actora impugnó la decisión de primer grado. Al respecto, señaló que en ninguna de las decisiones en las que ha solicitado al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se le han negado las pretensiones , ni se ha resuelto de fo ndo la controversia. Sobre la decisión enjuiciada en particular, manifestó que se declaró su falta de legitimación por la ausencia de un documento que demostrara su parentesco con William Martínez, pese a que en la Resolución 584 de 2010 se le reconoció como tal por el Ministerio de Defensa

Nacional.

22. Alegó que, si en gracia de discusión era necesario el registro civil de nacimiento de su hijo, debió inadmitirse la demanda y requerirle el documento.

23. Discutió que la prestación requerida es de tracto sucesi vo y que no prescribe el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, el cual puede solicitar en cualquier tiempo.

24. Añadió que, de conformidad con la sentencia de 7 de diciembre de 2017 dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, existen dos tipos de cosa juzgada, la formal y la material. En su caso, no se configuró la cosa juzgada material porque no se ha analizado si tiene derecho a devengar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado el 14 de abril de 2023 . Lo anterior, de con formidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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2.2. Cuestión previa

26. Tanto en el escrito de tutela como en el de im pugnación, la actora se encuentra inconforme con que dentro del proceso 2011 -01601 se le haya declarado la falta de legitimación en la causa por activa. Sin embargo, sus pretensiones constitucionales recaen en las sentencias dictadas d entro del proceso 201 4-01909-01, en el que se declaró la cosa juzgada bajo el argumento que, respecto del proceso 2011 -01601, había identidad de partes, objeto, causa y pretensiones.

27. Teniendo en cuenta que el objeto de esta acción en cuanto a pretensiones se circunscribe a l as sentenci as del expediente 2014 -01909-01,

objeto, causa y pretensiones.

27. Teniendo en cuenta que el objeto de esta acción en cuanto a pretensiones se circunscribe a l as sentenci as del expediente 2014 -01909-01, solamente se estudiará si la decisión de segundo grado – por ser la que le puso fin al proceso – incurrió en el defecto propuesto por la parte actora.

28. Adicionalmente, se aclara que contra los fallos dictados den tro del proceso 2011-01601 ya se decidió una acción de tutela (rad. 25000-23-37-0002014-00479-00) y que contra estos no hay una solicitud expresa en esta oportunidad.

2.3. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas

(pasiva).

30. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora Grata Enoe Martínez conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-016-201401909-00/1. Por tanto, es la titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.

31. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tri bunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín se encuentra n legitimados en la causa por

31. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tri bunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín se encuentra n legitimados en la causa por pasiva, por ser los operadores judiciales que profir ieron las providencias reprochadas, sin perjuicio de que el debate se sitúe en torno a la sentencia de segundo grado por ser la que definió la litis que se debate.

2.4. Problemas jurídicos

32. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pruebas incorporadas al expediente , la intervención allegada en el trámite del proceso y el escrito de impugnación; corresponde a esta Sala decidirDemandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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si confirma, modifica o revoca el fallo de 14 de abril de 2023 de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.

 ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

analizará lo siguiente:

 ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la igual dad

33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

analizará lo siguiente:

 ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la igual dad de la señora Grata Enoe Martínez al dictar la sentencia de 7 de diciembre de 2022?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii) requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

35. La Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 2. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales4.

36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia se estableci eron seis requisitos adjetivos de procedencia 6 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial7.

de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia se estableci eron seis requisitos adjetivos de procedencia 6 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial7.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho q ue originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro queDemandante: Grata Enoe Martínez

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho q ue originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro queDemandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

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37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunt o y examinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se s uperan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser con siderada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 7 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en nor mas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el

con base en nor mas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo cond ujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisament e en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una le y limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Grata Enoe Martínez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00962-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

40. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela

concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela

2.6.1. Tutela contra tutela

41. La Sala no encuen tra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 7 de diciembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05001-33-33-016-2014-01909-00/1.

2.6.2. Inmediatez

42. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en segunda instancia (art. 302 CGP 8). Lo anterior toda vez que se profirió el 7 de diciembre de 2 022, se notificó el 9 de diciembre siguiente y la acció n constitucional se radicó el 22 de febrero de 2023 a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.

43. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada . Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados

establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada . Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 200510. Esto, con el fin de determinar la procedencia de la acción constituc ional contra providencia judicial11.

8 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecu toriada la providencia que resuelva los interpuestos». 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que

contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la deci