CE - 110010315000202301117011SENTENCIA20230525171936

Demandantes: Miriam Sotto y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01117-01

Demandantes: MIRIAM SOTTO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y desconocimiento del precedente – revoca negativa y declara improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 29 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B que negó la petición de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 2 de marzo de 2023, los señores Esperanza Preciado

Subsección B que negó la petición de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 2 de marzo de 2023, los señores Esperanza Preciado Jiménez, Kevin Andrés Charry Preciado, Duván Andrés Charry Preciado, Yolman David Charry Preciado1, Dago Felipe Charry Vela, Delcy Magaly Vela Rodríguez 2 , Dioselino Charry, Myrian Osorio de Charry, Melba Patricia Charry Osorio, Dioselino Charry Osorio, Francy María Charry Osorio, Nelly Andrea Charry Osorio y Gustavo Adolfo Charry Osorio3 ; Jaime Auno Rodríguez, Nohemy Amaya Monroy y Nicolás Rodríguez Campos4 ; Miriam Sotto, Laura María Castillo Sotto, Diana Lucía Castillo Sotto, Edgar Castillo Amézquita, Flor de María Archa Londoño, Leidy Yarina Castillo Delgado, Astrid Castillo Delgado, María Derly Castillo Delgado, Wilson Castillo Archa, Víctor Mejía Arcila, Alba Lucha López Archa y John Harvin López Arcila 5, actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el

Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

1 El abogado Benjamín Herrera Agudelo manifestó actuar como agente oficioso del señor Yolman David Charry Preciado. 2 En nombre y representación del menor Brayan Steven Charry Vela 3 Familiares del señor Dagoberto Charry Osorio. 4 Grupo familiar del señor Jaime Alberto Rodríguez Amaya. 5 Grupo familiar del señor Fardi Castillo ArcilaDemandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro

4 Grupo familiar del señor Jaime Alberto Rodríguez Amaya. 5 Grupo familiar del señor Fardi Castillo ArcilaDemandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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2 Catalina, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundament ales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia dictada por la mencionada autoridad judicial el 25 de agosto de 2022, por medio de la cual confirmó la decisión del 30 de abril de 2015 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa iniciado por los tutelantes contra la Nación - Ejército Nacional identificado con el radicado 41001-33-31-006-200700157-00/01

1.2. Pretensiones

3. Los tutelantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, como consecuencia de ello pidieron: “Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Huila. Sección Tercera. Subsección A, notificada el 12 de septiembr e de 2022,

Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Huila. Sección Tercera. Subsección A, notificada el 12 de septiembr e de 2022, profiriendo en su reemplazo, la que ordene el Juez de Amparo Constitucional y conforme a los lineamientos que allí se dispongan al amparar los Derechos Fundamentales ya enunciados.”6

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Los tutelantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por la muerte de los señores Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi Castillo Arcila, Óscar Javier Moreno Urazan, Dagoberto Charry Osorio y Jaime Alberto Rodríguez Amaya como consecuencia de un ataque milita r.

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva, quien profirió sentencia el 30 de abril de 2015 en la que negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, exoneró a la entidad demandada, pues concluyó que fue el actuar de las víctimas el causante del daño, toda vez que los occisos abrieron fuego contra los uniformados y estos respondieron en legítima defensa.

6. La parte demandante apeló la decisión, recurso que fue desatado por el

6 Transcripción fiel del original con posibles errores.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro

6 Transcripción fiel del original con posibles errores.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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3 Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 en sentencia de 25 de agosto de 2022 8 , en la que confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró que nin guna de las pruebas arrimadas al plenario permitía inferir que los hechos obedecieron a una ejecución extrajudicial, por el contrario, se probó que estos murieron por las heridas causadas por armas de fuego dentro de un enfrentamiento con los integrantes d el tercer pelotón de la Compañía Berlín del Ejército Nacional.

1.4. Sustento de la vulneración

7. La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo del 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

8. En primer lugar, alegó que el mecanismo constitucional está revestido de relevancia constitucional en la medida en que se trata de una grave violación de derechos humanos derivada de la ejecución extrajudicial de 5 ciudadanos en la vereda El Encanto de Pitalito (Huila).

relevancia constitucional en la medida en que se trata de una grave violación de derechos humanos derivada de la ejecución extrajudicial de 5 ciudadanos en la vereda El Encanto de Pitalito (Huila).

9. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que no se valoraron en conjunto y de

manera integral las siguientes pruebas:

a) Los protocolos de necropsia de los señores Jaime Alberto Rodríguez Amaya, Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo Arcila, que evidenciaban los numerosos impactos de proyectil y las diferentes trayectorias para cada una de las víctimas.

b) La versión del único sobreviviente, el señor José Yesid Farfán Ortiz, el cual manifestó que nunca hubo enfrentamiento con los uniformados. P uso de presente que la autoridad judicial consideró que esta declaración tenía falencias e incoherencias que le restaban credibilidad, sin valorarla en conjunto con las demás pruebas, sobre todo con la versión rendida ante la Procuraduría General de la Nación.

c) Las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las víctimas, que daban cuenta que la ejecución extrajudicial la perpetró el Ejército Nacional.

7 El proceso fue remitido por el Tribunal Adm inistrativo del Huila en desarrollo de lo dispuesto en materia de descongestión en el Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. 8 Decisión que fue notificada el 12 de septiembre de 2022.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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4 d) Los informes fotográficos y topográficos que permitían evidenciar la posición ventajosa de lo s treinta soldados que integraban el dispositivo militar con armas de fuego de largo alcance.

e) Los dictámenes de balística, tales como el n.º 10625 del 31 de agosto de 2011, firmado por el señor Antonio Sánchez Mora, el informe pericial 837 del 30 de marzo de 2007 y el informe 970 del 23 de abril de 2007, de los cuales era posible establecer el lugar desde donde dispararon los soldados y el mal estado de conservación de las pistolas 765 y 9mm.

f) La orden de operaciones y los informes de inteligencia, que demostraban que se diseñó una emboscada lineal, en un sitio caracterizado por varias curvas, con militares ubicados a ambos lados de la vía, en lugares preponderantes y con armas de dotación oficial de largo alcance y dos equipos de cierre.

g) Las indagatorias e intervenciones de los militares en los procesos penal y disciplinario y del sargento Deiger de Jesús Pérez, encargado de lanzar la proclama, que daban cuenta de la posición dominante de los militares y de la forma como fueron masacradas las víctimas.

10. A juicio de los tutelantes, la autoridad judicial se limitó a enunciar las pruebas,

proclama, que daban cuenta de la posición dominante de los militares y de la forma como fueron masacradas las víctimas.

10. A juicio de los tutelantes, la autoridad judicial se limitó a enunciar las pruebas, sin fundamentar la decisión en las mismas, pues a su juicio, del material probatorio antes mencionado se desprendía la existencia de “falsos positivos” y no resultaba razonable concluir que el daño había ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de las víctimas.

11. Por otra parte, afirmó que se desconoció el precedente del Consejo de Estado9 relacionado con ejecuciones extrajudiciales, en el que se concluyó que

9 Ver sentencias: (i) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad: 44001-23-31-000-2011-0008001 (55.287). Actor: Margelis Rodríguez Hernández. C.P: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; (u) Consejo de Estado. Actor: María del Carmen Chacón. Rad: 41001 -23-31-0001994-076544-01 (20601). C.P: Dr. Danilo Rojas Betancourth; Aparte 21. 4.3; Sentencia del 09 de mayo de 2012. Rad 6300 -12-33-1000-1998-01-00001 (18751), 63001233 -1999-0061301 (18999); (iii) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Actor: Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001 -23-31-0002001-0216-01 (24335). C.P: Stella Conto Días Del Castillo;

Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001 -23-31-000-2010-00178-01 (47671).

C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; (iv) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 05 de marzo de 2015. Actor: Luis Enrique Zapata Castrillón. Rad: 05001 -23-31000-2004-03617-01. C.P: Ramiro Pasos Guerrero; (y) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de abril d e

2014. Rad: 41001 -23-31-000-1993-07386-00 (28075). C.P: Dr. Danilo Rojas Betancourth; (vi) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de julio de 2014. Rad: 52001-23-31-000-1999-0095601 (28541). Actor: Manuel Antonio Burgos Burgos. C.P: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Actor: Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001 -23-31-000-2001-0216-01 (24335). C.P: Stella Conto Díaz Del Castillo. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 05 de marzo de 2015. Actor: Luis Enrique Zapata Castrillón. Rad: 05001 -23-31-000-2004-03617-01. C.P: Ramiro Pasos Guerrero. Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01

(47671). C.P: Jaime Orlando Santofimi o Gamboa. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de abril de 2014. Rad: 41001 -23-31-000-199307386-00 (28075). C.P: Dr. Danilo Rojas

Betancourth.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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5 había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto las muertes tuvieron como causa el impacto de los proyectiles disparados por varios oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, no en el marco de un encuentro armado, sino producto de una ejecución sumaria.

12. En este punto, puso de presente que el precedente desconocido, establecía

las siguientes reglas:

“(i) hechos de esta naturaleza infringen normas nacionales e internacionales, constituyendo obligación gubernamental establecer la verdad, impo ner sanciones, evitar su repetición y fijar normas de control; (II) obligación de proteger a testigos y familiares de amenazas de violencia o cualquier forma de intimidación así como suministrar información de todo el trámite de las investigaciones a las v íctimas, velando porque los responsables sean juzgados adecuada y oportunamente; (iii) para la demostración del nexo causal con la actividad Estatal, han posibilitado las Altas

suministrar información de todo el trámite de las investigaciones a las v íctimas, velando porque los responsables sean juzgados adecuada y oportunamente; (iii) para la demostración del nexo causal con la actividad Estatal, han posibilitado las Altas Corporaciones, acudir a la prueba indiciaria, que ordinariamente demuestra: (1) que la inactividad probatoria de la parte demandada, constituye indicio de responsabilidad debiendo flexibilizarse; (II) los testimonios y las indagatorias del proceso penal, pueden ser valorados como indicios, especialmente aquellos que establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar'; (iv) también han sido decididos algunos casos, con fundamento en el régimen objetivo de responsabilidad, derivado de la utilización de armas de fuego'; (y) que las ejecuciones extrajudiciales han obedecido a un patrón gen eralizado así: Una ficticia operación militar, ofertas de trabajo, la ejecución se produce en lugares alejados, alteración de la escena, los ejecutados no disparan armas de fuego, les colocan armas en sus manos, los informes atentan contra la lógica y la e xperiencia por ubicar las víctimas con armas de fuego, las trayectorias de los disparos muestran el asesinato por la espalda y desde un sitio distante donde se encontraba la tropa, acreditándose así el estado de indefensión; (vi) las victimas aparecen como NN, sin documentos, sin bienes.”

13. La parte actora solicitó que se tuviera en cuenta como prueba, el expediente de la JEP en un macro caso que considera tiene relación con los hechos objeto de esta tutela. Dicho expediente fue remitido al trámite de la tutela objeto de la

13. La parte actora solicitó que se tuviera en cuenta como prueba, el expediente de la JEP en un macro caso que considera tiene relación con los hechos objeto de esta tutela. Dicho expediente fue remitido al trámite de la tutela objeto de la referencia. No obs tante, frente al mismo no se expuso de manera concreta, las piezas procesales, pruebas o actuaciones que tendrían incidencia en el sub judice.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

14. Mediante auto dictado e l 7 de marzo de 2023, el magistrado ponente de primer grado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Tribunal Administrativo del Huila.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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15. Así mismo, se dispuso la vinculación al titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva10 y al comandante del Ejército Nacional como terceros con interés en el resultado del proceso.

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados

1.5.2.1. Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados

1.5.2.1. Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

16. Manifestó que los demandantes proponen la misma discusión jurídica que presentaron como apelación en el proceso de reparación directa, por cuanto, si bien alegan que las providencias objeto de tutela incurrieron en un defecto fáctico, lo cierto es que lo que pretenden es que se reabra el debate jurídico.

17. En todo caso, consideró que se realizó un adecuado análisis del material probatorio tanto en primera como en segunda instancia y a partir de ello tuvo por demostrada la culpa exclusiva de las víctimas en la consumación del daño.

1.5.2.2. Ministerio de Defensa Nacional

18. Sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que el asunto ya fue objeto de análisis y valoración probatoria en el proceso ordinario.

1.5.2.3. El titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y los magistrados del Tribunal Adm inistrativo del Huila guardaron silencio en esta oportunidad.

1.6. Sentencia de primera instancia

19. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B dictó sentencia el 29 de marzo de 2023 en la que negó el amparo solicitado al encontrar que no se configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.

20. Puso de presente que el tribunal, después de hacer una valoración conjunta de las pruebas, en especial de los informes técnicos de necropsia, la orden

configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.

20. Puso de presente que el tribunal, después de hacer una valoración conjunta de las pruebas, en especial de los informes técnicos de necropsia, la orden fragmentaria de operaciones n.º 3 8 "misil", el álbum fotográfico, el bosquejo topográfico, el informe ejecutivo, las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las víctimas y del señor José Yesid Farfán Ortiz, consideró que ninguna de ellas arrojaba la certeza de que los mie mbros del Ejército indiscriminadamente y de manera desproporcional atentaron contra la vida de los

10 El Juzgado que conoció en primera instancia fue el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva. Luego el expediente pasó a la autoridad judicial vinculada.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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7 señores Jaime Alberto Rodríguez Amaya, Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo Arcila, por el contrario, encontró probado que las muertes se dieron en el marco de un enfrentamiento armado en el cual las víctimas tuvieron participación, y no, como consecuencia de una ejecución extrajudicial.

21. En relación con el desconocimiento del precedente manifestó que los pronunciamientos que se citaron como desconocidos n o tienen el alcance de

consecuencia de una ejecución extrajudicial.

21. En relación con el desconocimiento del precedente manifestó que los pronunciamientos que se citaron como desconocidos n o tienen el alcance de sentencia de unificación a la luz de lo previsto en los artículos 270 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y concluyó que carecen de carácter vinculante.

22. No obstante, afirmó que:

“En cada proceso los medios de prueba que tuvo a su disposición el juez fueron diferentes, lo cual implicó que, si bien en todos los casos se discutió la configuración de la falla del servicio derivada de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario de civiles víctimas d el conflicto armado interno, las circunstancias en que estos se produjeron resultaron distintas en cada proceso, pues en todas esas providencias, a diferencia de lo que ocurrió en el asunto de la referencia, se encontró probado que no hubo enfrentamiento entre los militares y las víctimas y, por tanto, se concluyó que se trató de una ejecución extrajudicial, contrario a lo que arrojaron las pruebas en el presente asunto en el que se demostró que los occisos abrieron fuego contra los uniformados y pese a que estos lanzaron la proclama en la que se identificaron como miembros del Ejército Nacional, las víctimas haciendo uso de armas de fuego continuaron su ataque.”

1.7. Impugnación

23. Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2023, el apoderado judicial de la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de amparo constitucional.

parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de amparo constitucional.

24. Los recurrentes insistieron que los protocolos de necropsia no fueron debidamente valorados sino únicamente re ferenciados, pues de aquellos se advertía que las víctimas recibieron 25 impactos de los cuales 14 eran posteroanteriores y 11 antero-posteriores, en diferentes partes del cuerpo.

25. Adicionalmente, puso de presente que la versión del único sobreviviente d e la ejecución extrajudicial fue valorada en forma indebida ya que no mereció credibilidad por supuestas falencias e inconsistencias, desconociendo la flexibilización probatoria que debe prevalecer en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

26. Consideró equivocada la conclusión de la autoridad judicial accionada y del juez constitucional de primera instancia en relación con las declaraciones de las esposas de las víctimas quienes reconocieron los cadáveres en la morgue.Demandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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27. En igual sentido, reiteró el defecto fáctico expuesto en la demanda de tutela frente a las demás pruebas enunciadas y adujo que la culpa de las víctimas consistió únicamente en estar presentes en el lugar de los hechos con el fin de adquirir droga,

frente a las demás pruebas enunciadas y adujo que la culpa de las víctimas consistió únicamente en estar presentes en el lugar de los hechos con el fin de adquirir droga, asunto que, a su juicio, fue utilizado como un señuelo.

28. En relación con desconocimiento del precedente indicó:

“Inconcebible, que por la falta de una Sentencia de Unificación, que no existe en materia de los mal denominados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales, se descarte las numerosas sentencias constitutivas de Doctrina Probable que han enseñado que para la demostración del nexo causal con la actividad Estatal, se puede acudir a la prueba indiciaria 11 , que ordinariamente demuestra: (i) que la inactividad probatoria de la parte demandada, constituye indicio de responsabilidad, debiendo flexibilizarse las exigencias probatorias 12; (II) que los testimonios y las indagatorias del proceso penal, pueden ser valorados como indicios, especialmente aquellos que establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar 13 (iii) que los hechos ocurren en lugares alejados; (iv) la presencia de un reclutador; (y) el hecho ordinariamente ocurre en personas con antecedentes o p ropósitos criminales; (vi¡) ordinariamente las personas aparecen cargadas con armamento; (viii) la manipulación de la escena de los hechos.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 29 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 29 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta

Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

30. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección B en la acción de tutela del vocativo de la referencia , instaurada por la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Actor: Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001 -23-31-0002001-0216-01 (24335). C.P: Stelia Conto Díaz Del Castillo. 12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 05 de marzo de 2015. Actor: Luis Enrique Zapata Castrillón. Rad: 05001-23-31-000-2004-03617-01. C.P: Ramiro Pasos Guerrero

13 Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).

C.P: Jaime Orlando Santofimio GamboaDemandante: Miriam Sotto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01

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31. En consecuencia, con fundamento en e l examen de la situación fáctica expuesta por los tutelantes, en la valoración del material probatorio recaudado, en las causales de procedibilidad de la acción de tutela y en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial.

32. De encontrarse superados, la Sala establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos de la parte actora, al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

2.3. Razones jurídicas de la decisión.

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias jud iciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su procedencia16.

35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declar a la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Miriam Sotto y otros

Demandado: Tr