CE - 110010315000202302575011SENTENCIA20231017124529

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

Actor: Jorge Roberto Bernal

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02575-01

Demandante: JORGE ROBERTO BERNAL

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. I nscripción al programa Familias en Acción en su Fase IV – Transición a Renta Ciudadana

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 4 de julio de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República, por la s razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

de Estado, en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República, por la s razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por no satisfacer el requisito de subsidiariedad respecto a los reparos atribuidos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS- (…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El act or afirmó que es una persona en condición de discapacidad con un porcentaje de “55.8%” y tiene una clasificación en el SISBEN A5.

Relató que siendo miembro activo del Ejército Nacional, en junio de 1996 sufrió un atentado terrorista por lo que la junta mé dica de la Dirección de Sanidad Militar determinó “incapacidad relativa y permanente del 33.2% NO apto físicamente. Retírese del servicio a la mayor brevedad posible” y, por ende, fue dado de baja.

Mencionó que pese a su condición no obtuvo pensión de in validez y se vencieron los términos para presentar los recursos de reposición y de apelación. Además, indicó que no es beneficiario de la “ prestación humanitaria periódica para v íctimas del conflicto armado” prevista en el Decreto 600 de 2017 , la cual fue concebida para las “víctimas que el hecho que les causó la discapacidad igual o superior al 50%, hubiere ocurrido posterior al año 1997”.

Expuso que la presidencia de la República creo el programa Renta Ciudadana

para las “víctimas que el hecho que les causó la discapacidad igual o superior al 50%, hubiere ocurrido posterior al año 1997”.

Expuso que la presidencia de la República creo el programa Renta Ciudadana para los hogares que se encuentren en los Grupos A y B del SISBEN que, a su juicio, “es para los hogares que se encuentren calificados en pobreza extrema y pobreza moderada”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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Por último, m anifestó que luego de constatar que no fue seleccionado para ser beneficiario del programa Renta ciudadana, en tres o portunidades solicitó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ser incluido en dicho programa, pero en las respuestas se le indic ó que no fue seleccionado “porque no está en las manos de la Directora, dicha decisión por orden directa del Presidente de la Republica de incluir únicamente a las personas que se encontrasen en pobreza moderada y pobreza extrema con hijos entre 0 a 18 años y se ordenó excluir personas que a pesar de estar en pobreza extrema, no tuvieran conformado un hogar tradicional de acuerdo a los dogmas religiosos con esposa e hijos como debe ser, pues se considera que un hogar unipersonal no es focalizable de este tipo de subsidio del Estado”.

2. Fundamentos de la acción

El demandante, quien actú a en nombre propio, presentó acción de tutela en

hijos como debe ser, pues se considera que un hogar unipersonal no es focalizable de este tipo de subsidio del Estado”.

2. Fundamentos de la acción

El demandante, quien actú a en nombre propio, presentó acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y a la no discriminación, al no ser incluido como beneficiario en el programa “ Familias en Acción en Transición a Renta Ciudadana”.

Afirmó que “la orden presidencial” contraviene los artículos 19, literal a) y 18 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 1 .

Resaltó que la Corte Constitucional ha señalado que las personas en condición de discapacidad son sujetos de especial protecc ión constitucional reforzada “ y que la igualdad debe ser real y efectiva en favor de las personas que por su condición económica, física y mental se encuentran en debilidad manifiesta”.

Para terminar, e xplicó que las madres cabeza de hogar y los adultos m ayores cuentan con el programa de “ Familias en Acción y el Programa subsidio al adulto mayor que esté calificado en el grupo A del SISBEN” . Sin embargo, sostuvo que las personas en co ndición de discapacidad calificadas en el SISBEN A, no tienen un subsidio pese a que se encuentran en una condición de debilidad manifiesta por su situación económica, física y mental, por lo que , afirmó, “la igualdad no es real y efectiva en el trato que recibimos de parte del jefe del Estado”.

3. Pretensiones

El accionante formuló en el escrito de tutela la siguiente:

real y efectiva en el trato que recibimos de parte del jefe del Estado”.

3. Pretensiones

El accionante formuló en el escrito de tutela la siguiente:

“Honorables Magistrados y Magistradas del Consejo de Estado, pido ORDENAR al excelentísimo Presidente de la República de Colombia: Gustavo Francisco Petro Urrego, ordene a la Dependencia correspondiente inc luirme en la lista de beneficiarios del programa Renta Ciudadana”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia del certificado de discapacidad del accionante de 15 de septiembre de 2021, expedido por el Ministerio de Salud. • Copia de la historia clínica de consulta externa del señor Jorge Roberto Bernal Cárdenas de 25 de abril de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 19 de mayo de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, requirió al accionante para que allegara los soportes de las solicitudes que adujo haber presentado ante el Departamento

1 El demandante la denominó como “Declaración Universal sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, y ordenó vincular a esta última entidad como tercero interesado. Así mismo, dispuso l a notificación de esa providencia.

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Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, y ordenó vincular a esta última entidad como tercero interesado. Así mismo, dispuso l a notificación de esa providencia.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos y Profesional Especializado - Código 2028 - Grado 16, de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, pidió que se declare la improcedencia de solicitud por no acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente porque la parte actora no cumplió con el deber de probar que presentó una petición cuya omisión de respuesta pretende que se le ampare , pues no se allegaron las solicitudes supuestamente presentadas ante la entidad y de la revisión de la herramienta de ges tión documental Delta, no se evidencia que el demandante haya radicado solicitud relativa a la inscripción al programa Familias en Acción en su Fase IV – Transición a Renta Ciudadana o sobre algún otro asunto.

Destacó que el argumento del accionante relac ionado con que “ se ordenó excluir personas que a pesar de estar en pobreza extrema, no tuvieran conformado un hogar tradicional de acuerdo a los dogmas religiosos con esposa e hijos como debe ser” , es una interpretación personal que carece de fundamento po rque el programa no estableció en ningún modo lo manifestado por el actor.

Explicó que Familias en Acción es un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas – TMC que inició su operación des de el año 2000, para mitigar el

programa no estableció en ningún modo lo manifestado por el actor.

Explicó que Familias en Acción es un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas – TMC que inició su operación des de el año 2000, para mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobres del país.

Señaló que por medio de la L ey 1532 de 2012 el programa de Familias en Acción se convirtió en ley de la República, con cobertura nacional y se comple mentó con la Ley 1948 de 2019, por lo que mediante la Resolución No. 659 del 13 de abril del 2021, la entidad reglamentó la etapa de transición del programa de la Fase III a la Fase IV y estableció el pro ceso de inscripciones de las familias que formarían parte del programa, porque la metodología del S ISBEN III a SISBEN IV había cambiado.

Mencionó que para garantizar el debido proceso, se dio un lapso de transición de Fase III a Fase IV de 16 meses desde abril de 2021 y hasta agosto de 2022, para que los hogares solicitaran ser encuestados bajo la metodología del SISBEN IV.

Sostuvo que conforme con la Resolución No. 0659 de 13 de abril de 2021, se establecieron los criterios de focalización para inscribir en la Fase IV del Programa los cuale s son: “ a) Que el Hogar hubiese sido encuestado con la metodología de SISBEN IVA. b) Que la Unidad de Gasto de la familia en el hogar se encuentre clasificada en los subgrupos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 o B4 d el SISBEN IV. c) Que la

SISBEN IVA. b) Que la Unidad de Gasto de la familia en el hogar se encuentre clasificada en los subgrupos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 o B4 d el SISBEN IV. c) Que la anterior Unidad de Gasto tenga registrada en su composición niños, niñas y adolescentes menores de 18 años”.

Precisó que el proceso de inscripción se realiza de forma masiva y periódica , es de responsabilidad compartida entre el p rograma y las entidades territoriales y no se encuentra permanentemente abierto.

Anotó que por medio de la Resolució n No. 00542 del 16 de marzo de 2023, se reglamentó el programa de Familias en Acción y se dio apertura a la Fase IV de operación. Se deter minó que para ser potenciales participantes de esta fase losRadicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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hogares deben estar previamente inscritos en Familias en Acción con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con los siguientes criterios:

“a. Hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04.

b. Hogares víctimas de desplazamiento forzado en situación de pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04.

b. Hogares víctimas de desplazamiento forzado en situación de pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04.

c. Hogares afrodescendientes en situación de pobreza y pobreza extrema que se gún la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04.

d. Hogares indígenas en situación de pobreza y pobreza focalizados mediante los listados censales reportados por las autoridades indígenas, de acuerdo con los c riterios de selección concertados con la comunidad”.

Afirmó que en el Sistema de Inform ación del Programa de Familias en Acción – SIFA III, no se encuentra ningún registro del accionante, lo que indica que el señor no cumple con los requisitos de focaliz ación establecidos en para ser un potencial beneficiario pues no fue participante de Familias en Acción y no acreditó tener a su cargo menores de 18 años.

Reiteró que los criterios para conformar la base de potenciales beneficiarios era ser participantes de familias en Acción y que en su núcleo familiar estuviera conformado por menores de 18 años , sin embargo, el demandante no cumple con los requisitos.

Resaltó que la focalización de los programas va a dirigid a a los grupos de ciudadanos que cumplan los criterios establecidos sin hacer ningún tipo de distinción o discriminación alguna por ser personas discapacitadas, por lo que no es procedente que por vía de tutela se alteren órdenes de priorización o se le otorgue de manera expedita el beneficio una pers ona que no acreditó c umplir con los requisitos del programa.

es procedente que por vía de tutela se alteren órdenes de priorización o se le otorgue de manera expedita el beneficio una pers ona que no acreditó c umplir con los requisitos del programa.

Aclaró que la entidad no tiene funciones y competencias dirigidas exclusivamente a las personas en condición de discapacidad, por lo que no es la competente para satisfacer las pretensiones del demandante.

Por último, manifestó que el señor Jorge Roberto Bernal ha recibido atención por parte del Estado , en tanto se le han entregado incentivos económicos por los programas de Ingreso Solidario “por valor de $500.000 M/Cte., correspondiente al último ciclo operativo del año 2022, período noviembre y diciembre (giros 32 y 33 giros) ya que el pago que se hacía bimensual ” y en el año 2021 y 2022 percibió beneficios económicos del programa de devolución del IVA.

6.2. Respuesta de la Presidencia de l a República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva , pues carece de competencia para intervenir en el asunto.

Expuso argumentos similares a los expuestos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en relación con el Programa Familias en Acción Fase IV – Renta Ciudadana

Explicó que la Resol ución No. 659 de 13 de abril de 2 021 dispuso que mediante acto administrativo se dará inicio formal al programa Familias en Acción Fase IV – Renta Ciudadana con las familias que estén inscritas y validadas durante las dos

Explicó que la Resol ución No. 659 de 13 de abril de 2 021 dispuso que mediante acto administrativo se dará inicio formal al programa Familias en Acción Fase IV – Renta Ciudadana con las familias que estén inscritas y validadas durante las dos etapas del proceso de inscripción, por lo que por medio de la Resol ución No.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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00542 del 16 de marzo de 2023, se reglamentó el mencionado programa y se dio apertura a la cuarta a la Fase IV de operación y se establecieron los siguientes criterios:

“Artículo 9. Criterios para la conformación de la base de datos de potencia les hogares participante del programa Familias en Acción. Podrán ser potenciales participantes del programa Familias en Acci ón, los hogares con niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años, con tipo de documento de identidad colombiano, que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

a. Hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04. b. Hogares víctimas de desplazamiento forzado en situación d e pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04. c. Hogares afrodescendientes en situación de pobreza y pobreza extrema que según la

extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04. c. Hogares afrodescendientes en situación de pobreza y pobreza extrema que según la información registrada en el SISBÉN IV estén clasificados entre los Grupos A01 al B04. d. Hogares indígenas en situación de pobreza y pobreza focalizados mediante los listados censales reportados por las autoridades indígenas, de acuerdo con los criterios de selección concertados con la comunidad”.

Expuso que la norma establece que para hacer parte de la Fase IV Renta Ciudadana los participantes deben estar inscritos en el programa Familias en Acción, por lo que procedió a revisar el Sistema de Información del Programa Familias en Acción – SIFA II I con los datos de identificación del señor Jorge Roberto Bernal y no encontró ningún registro, “ porque los benefi ciarios del programa Ingreso Solidario hacen parte de la población en mayor grado de vulnerabilidad, que merece una protección diferenciada por parte del Estado”.

Por lo anterior, manifestó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep ública es ajeno a la administración y al manejo del programa de renta ciudadana y no interviene en los aspectos operativos y en la entrega de rec ursos respecto de los cuales el demandante reclama su ingreso.

Afirmó que priorizar la necesidad del accionante por vía de acción de tutela alteraría la organización del programa y perjudicaría los derechos de quienes cumpliendo las condiciones de ley est án por delante de él, por lo que consideró que el demandante debe informar su situación ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de encontrar solución a l problema administrativo que denuncia.

cumpliendo las condiciones de ley est án por delante de él, por lo que consideró que el demandante debe informar su situación ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de encontrar solución a l problema administrativo que denuncia.

En ese marco, sostuvo que el a mparo constitucional incumple con el requisito de subsidiaridad porque el actor cuenta con otros mecanismos de defensa para solucionar los reclamos planteados , sin precisar cuáles son los medios a los que se refiere de manera general.

Por último, refirió que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva , por cuanto no tiene el control sobre las acciones u omisiones en las que pueda incurrir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

6.3. Intervención del actor con ocasión al requerimiento del auto admisorio

El accionante sostuvo que “ debido a que la persona que me apoya en la decisión, estuvo pendiente monitoreando las conversaciones mas no GRABO las comunicaciones mediante las cuales hice las solicitudes referidas a Prosper idad Social, no puedo enviar los soportes que se me requiere, pues lo único que tengo es el registro de las 3 comunicaciones realizadas el presente año”, realizadas el 6 y 7 de abril y 2 de mayo de 2023.

Sostuvo que en las comunicaciones le afirmaron que “los beneficiarios de los programas: devolución del IVA, Familias en Acción e Ingreso Solidario, quedanRadicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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integrados en el único programa renta ciudadana de trasferencias monetarias por parte del Estado como su nombre lo indica, para los ciudadanos colombian os que se encuentren en Pobreza Moderada y en Pobreza Extrema, el cual es de carácter no asistencialista y limitado en tiempo, destinado a la superación de la pobreza. Le explico que es limitado, pues no es una renta vitalicia”

Finalmente reiteró que la exclusión del programa “es contraria a lo dispuesto en la Norma de Normas y la jurisprudencia de las Altas Cortes que disponen que la igualdad debe ser real y efectiva”.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 4 de julio de 2023, (i) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y (ii) declaró improcedente la acción de tutela por desa tender el requisito de subsidiariedad respecto a los reparos atribuidos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-. Esas determinaciones las sustentó en los siguientes argumentos:

En relación con la primera de cisión, indicó que la Pre sidencia de la República no es la encargada de regular o ejecutar el programa denominado Tr ánsito a Renta Ciudadana el cual es objeto de reclamo en la acción de tutela, por lo que no se le puede atribuir la vulneración de los derechos del accionante.

es la encargada de regular o ejecutar el programa denominado Tr ánsito a Renta Ciudadana el cual es objeto de reclamo en la acción de tutela, por lo que no se le puede atribuir la vulneración de los derechos del accionante.

Aclaró que si bien en el relato de tutela el actor manifestó que el subsidio no se le otorgó por “ una orden directa del Presidente de la República” , lo cierto es que es una afirmación que carece de sustento probatorio, por lo que no prospera.

Respecto de la improcedencia de la acción , refirió que el demandante no acreditó haber presentado peticiones ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de inclusión como beneficiario en el programa Familias en Acción en Tránsito a Renta Ciudadana, lo que permite colegir que no agotó los mecanismos idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le otorga para proteger sus derechos.

Manifestó que pese a que allegó unas capturas de pantalla que dan cuenta de registros de llamadas al número que aparece reportado en la página de la entidad, las imágenes no constituyen material probatorio suficiente que permita constatar el contenido de las mismas.

Afirmó que según el informe rendido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el Sistema de Gestión Documental de la entidad no obra ningún registro sobre alguna petición presentada por el actor en la que hubiese solicitado la inscripción al programa Tránsito a Renta Ciudadana, por lo que al no encontrar pruebas de la vulneración de los derec hos alegados, la acción de tutela se torna improcedente.

Advirtió que la acción de tutela “no puede ser utilizada como un mecanismo

encontrar pruebas de la vulneración de los derec hos alegados, la acción de tutela se torna improcedente.

Advirtió que la acción de tutela “no puede ser utilizada como un mecanismo supletivo con el propósito de evadir los requisitos exigidos para optar y acceder a los programas de subsidios creados por el Gobierno Nacional, asunto que, por demás, escapa de la órbita de competencia del juez constitucional, quien no ostenta facultades para actuar como ordenador del gasto e impartir instrucciones a las entidades para que otorguen los beneficios correspondie ntes, pues existen unos procedimientos reglados propios para la destinación y adjudicación de dichos recursos económicos en cabeza de cada de las auto ridades administrativas encargadas de ello”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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Para terminar, anotó que no se acreditó la existencia de un p erjuicio irremediable que habilite la acción de tutela como mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó la sentencia, con base en los siguientes argumentos:

Advirtió que el artículo 66 de la Ley 2294 de 2023 cre ó el programa Renta Ciudadana, en el que se “ordena priorizar para ser beneficiarios las personas en condición de discapacidad, además de lo establecido en el artículo 5 de la Ley

Advirtió que el artículo 66 de la Ley 2294 de 2023 cre ó el programa Renta Ciudadana, en el que se “ordena priorizar para ser beneficiarios las personas en condición de discapacidad, además de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2281/23 que es el soporte jurídico para seleccionar los beneficiarios de las transferencias del Estado, se ordena priorizar a los Discapacitados, V íctimas, Campesinos y Hogares en condición de pobreza, siendo irrefutable que yo tengo esas cuatro (4) condiciones 1) grupo A SISBEN, 2) campesino, 3) víctima del conflicto reconocido por la Unidad para Victimas por 5 hechos victimizantes”.

Sostuvo “que el señor presidente de la Republica anunci ó que serán incluidos en el programa Renta Ciu dadana a los integrantes de Bandas criminales e integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley. Resulta asombroso que en el proveído que se impugna se considere que no se vulnera los derechos deprecados, pues téngase en cuenta honorables Mag istrados y Magistradas que se incluyen personas al margen de la Ley que no están incluidas en el artículo 66 de la Ley 2294/23 y se excluyen a quienes la ley ordena priorizar para recibir el beneficio, en concordancia con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales firmados por Colombia”.

Por último, manifestó que la decisión del juez de primera instancia relacionada con el agotamiento de los recursos establecidos en el ordenamiento “ contradice su propia Jurisprudencia (sentencia 00538 de 2017) hubiera tenido razón la sala si el DPS en el paginario hubiera esbozado que no me focalizado para recibir Renta

el agotamiento de los recursos establecidos en el ordenamiento “ contradice su propia Jurisprudencia (sentencia 00538 de 2017) hubiera tenido razón la sala si el DPS en el paginario hubiera esbozado que no me focalizado para recibir Renta Ciudadana por no tramitar la petición, pero ratifico mi afirmación que me negaba el derecho. Lo anterior confirmaba mi argumento que dice la Sección Tercera que no logre demostrar, aquí se me debió aplicar lo dispuesto en su propia Jurisprudencia. La Sección Tercera en su valoración encuentra que el presidente de la república no le compete el asunto y es verdad que se reclama un derecho que está plasmado en la Jurisprudencia, la Constitución y especialmente en la Ley 2294/23 y el señor presidente como lo ordena la norma de normas (artículo 188 numerales 10 y 11) está llamado a hacer cumplir a sus ministros y jefes de Departamentos Administrativos, las leyes que el mismo promulga, en este caso concreto la Ley 2294/23 y 2281/23”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente pa ra decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar , en los términos del escrito de impugnación, si como lo sostuvo el a quo, la solicitud de amparo es improcedente. En caso de

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar , en los términos del escrito de impugnación, si como lo sostuvo el a quo, la solicitud de amparo es improcedente. En caso de que la respuesta a este interrogante sea negativa, le corresponde a la SalaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02575-01

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establecer si se vulneraron al accionante los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y a la no discr iminación, al no estar inscrito en el programa Familias en Acción en su Fase IV – Transición a Renta Ciudadana.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitu d de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judic ial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala observa que el accionante acudió al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales a la vida digna, a la iguald