CE - 130012333000201300160011SENTENCIA20230727101506

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 13 001 -23 -33 -000 -2013 -00160 -01 (4261 -2017)

Demandante: Sirle de la Candelaria Méndez Montero

Demandado: Municipio de Magangué

Temas: Sanción Moratoria - Cesantías Definitivas –

Exigibilidad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 17 de marzo de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar 1, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda instaurada en contra del municipio de Magangué y se inhibió para resolver de fondo la controversia.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2. La señora Sirle de la Candelaria Méndez Montero , por intermedio de apoderad a, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

2.1. La demanda 2.

2. La señora Sirle de la Candelaria Méndez Montero , por intermedio de apoderad a, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

CPACA , solicitó lo siguiente:

(i) La declaración de nulidad del Oficio de 13 3 de enero de 2012 expedido por la Secretaría de Educación del

1 Con ponencia del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez. 2 f. 2 y s.s. 3 Tanto en la demanda como en las demás intervenciones de la apoderada de la actora se indica que el Oficio demandado tiene fecha de expedición 23 de eneroNulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 municipio de Magangué por medio del cual se le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

(ii) Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la demandada a reconocerle y pagarle 4:

«[…] a. De la Sanción moratoria por el no pago oportuno del Auxilio de Cesantías equivalentes a un (1) día de salario por cada día de mora acorde como lo establece el art. 2º. de la Ley 244 de 1995,

«[…] a. De la Sanción moratoria por el no pago oportuno del Auxilio de Cesantías equivalentes a un (1) día de salario por cada día de mora acorde como lo establece el art. 2º. de la Ley 244 de 1995, de la siguiente manera: por cada año dejado de consignar así: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

b. Las sumas que resulten en el literal anterior deben ser Indexadas acorde con la formula establecida por la jurisdicción Contencioso Administrativo y teniendo el I.P.C, establecido por el DANE ».

(iii ) Igualmente solicitó que se condene en costas al municipio de Magangué y que se le ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 193 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.1. Supuestos fácticos.

3. Como sustento de las pretensiones se indicó lo siguiente:

• La señora Sirle de la Candelaria Méndez Montero se vinculó laboralmente con el municipio Magangué, desde el 22 de julio de 2003 en el cargo de docente de primaria en provisionalidad de la Institución Educativa «Coyongal» y posteriormente fue trasladada a la institución educativa de «N uestra señora del Carmen de Barbosa » hasta el 5 de agosto de 2011 cuan do fue declarado insubsistente su nombramiento. • El ente accionado no consignó dentro del plazo legal a la cuenta individual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las sumas que le correspondían por

declarado insubsistente su nombramiento. • El ente accionado no consignó dentro del plazo legal a la cuenta individual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las sumas que le correspondían por concepto del auxilio de cesantías , de los años 2003 a 2010. • La demandante elevó solicitud ante el ente accionado acerca del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías , - no precisó la fecha -. • En respuesta de lo anterior, el municipio de Magangué emit ió

de 2011, pero constatado el documento ( f. 18) se advierte que se profirió el 13 de enero de 2011. 4 Folio 2.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 el Oficio de l 13 de enero de 2012 suscrito por el secretario de educación municipal a través del cual se le negó su petición. • Contra la anterior determinación la apoderada de la acciona nte interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, frente a los cuales la entidad no se pronunció , con lo cual , se configuró un acto ficto de la administración. • Según la demanda la indemnización moratoria corresponde en este caso a un día de salario por cada día de retardo en la

de apelación, frente a los cuales la entidad no se pronunció , con lo cual , se configuró un acto ficto de la administración. • Según la demanda la indemnización moratoria corresponde en este caso a un día de salario por cada día de retardo en la obligación de no consignar , año por año , las cesantías a partir del 16 de febrero de 2004 y hasta que efectivamente se realice el pago.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación.

4. En la demanda se citaron como disposiciones violadas los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25 , 29, 53 y 125 de la Constitución Política y el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, así como la s Ley es 6ª de 1945, 65 de 1946 y 91 de 1989, y finalmente el Decreto 1 160 de

1947.

5. Al explicar el concepto de violación la libelista sostuvo, en síntesis, que todo servidor público tiene derecho a que se le reconozcan y paguen, las cesantías que deben ser consignadas antes del 15 febrero del año siguiente en el fondo cor respondiente junto con los intereses del 12% anual y si la administración no procede así está obligada a reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se produzca el pago definitivo de las cesantías, o sea que el pago tardío de las mismas d ebe ir acompañado del reconocimiento de la indemnización moratoria.

2.2. Contestación 5.

6. La entidad accionada ejerció oposición, a través de escrito visible a folio s 42 y s.s. , pero mediante providencia adoptada en el curso

2.2. Contestación 5.

6. La entidad accionada ejerció oposición, a través de escrito visible a folio s 42 y s.s. , pero mediante providencia adoptada en el curso de la audiencia inicial , celebrada el 25 de febrero de 2014 , cuya acta obra a folios 90 y siguientes, se tuvo por no contestada la demanda en atención a qu e no s e a llegó el acta de posesión del alcalde municipal.

5 Ff. 42 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 2.3. La sentencia de primera instancia 6.

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 17 de marzo de 2017 en la cual declaró la configuración de la excepción ineptitud sustantiva de la demanda y en consecuencia se inhibió para conocer de fondo la controversia.

8. En primer lugar, el Tribunal señaló que en el presente caso la demandante solicitó la nulidad del Oficio de 13 de enero de 2012 expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Magangué y como consecuencia de ello , que se le reconozca y orden e el pago de la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso , derivada de la no consignación oportuna de sus

como consecuencia de ello , que se le reconozca y orden e el pago de la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso , derivada de la no consignación oportuna de sus cesantías correspondientes a los años 2003 a 2010.

9. Indicó que en el oficio señalado la entidad le manifestó a la señora Méndez Montero que no era procedente su solicitud toda vez que tenía un trámite de cesantías pendientes que no había podido ser enviado a la Fiduprevisora por falta de documentos que la solicitante debía aportar. Igualmente, la entidad guardó silencio frente a los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos el 27 de enero de 2012 contra el oficio inicial , razón por la cual se configuró el acto ficto o presunto negativo d e la administración.

10. A partir de lo anterior p recisó el Tribunal :

«Observa la Sala que en el sub examine la actuación administrativa adelantada por la demandante en procura de la definición de su derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, no fue objeto de pronunciamiento expreso por parte de la entidad accionada, teniendo en cuenta que el oficio acusado en el sub examine, no definió la situación particular y concreta de la actora frente a la petición de reconocimiento y pago de l a referida sanción; por lo que frente a esta se configuró el silencio administrativo negativo, naciendo en consecuencia un acto administrativo ficto que no fue objeto de enj uiciamiento en el sub judice. Contrario a ello, el acto que se acusa determinó que no era procedente la solicitud elevada, pues la accionante tiene un trámite

naciendo en consecuencia un acto administrativo ficto que no fue objeto de enj uiciamiento en el sub judice. Contrario a ello, el acto que se acusa determinó que no era procedente la solicitud elevada, pues la accionante tiene un trámite de cesantías definitivas pendientes, el cual no ha podido ser enviado a la Fiduprevisora por falta de documentos que la solicitante debe aportar, lo que no guarda relación alguna c on la pretensión de la accionante, máxime si lo que es materia de discusión en el sub lite es la sanción moratoria originada en la no consignación oportuna de las cesantías que el Municipio de Magangué como empleador estaba obligado a consignar en el fondo de cesantías escogido por la empleada, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente a aquél en

6 Ff. 226 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 que fueron causadas, y no la que surge finalizada la relación laboral, prevista en la Ley 244 de 1995. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto en pár rafos precedentes se tiene que, la parte actora debió demandar en el sub examine el acto administrativo ficto o presunto negativo, que surgió de la falta de respuesta a la petición elevada el día 26 de diciembre

precedentes se tiene que, la parte actora debió demandar en el sub examine el acto administrativo ficto o presunto negativo, que surgió de la falta de respuesta a la petición elevada el día 26 de diciembre de 2011 (FI. 13), al haber transcurrido más de 3 meses sin que la administración hubiere notificado a la accionante decisión que la resolviera 7.»

11. Con base en el anterior razonamiento, consideró que no era posible adelantar el análisis de legalidad del Oficio de 13 de enero de 2012 al no contener la manifestación de voluntad de la administración que se pretendió atacar respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías definitiva s. Además, la pretensión de nulidad de ese oficio no con lleva la pretensión anulatoria del acto presunto de la administración que debió formularse y el juez no está habilitado para decidir sobre pretensiones que no fueron depre cadas por la parte actora en su demanda.

2.4. Recurso de apelación 8.

12. La apoderad a de la accionante presentó escrito de apelación en el cual señaló que debe revocarse la sentencia impugnada y concederse las pretensiones de la demanda.

13. Para tal efecto manifestó que el Tribunal Administrativo de Bolívar inadmitió la demanda el 17 de mayo de 2013 , porque no se anexó constancia de presentación de los recursos contra el acto administrativo inicial , lo cual estimó como indispensable para establecer la ocurrencia del silencio administrativo. En consecuencia, l a parte actor a subsanó la demanda el 28 de mayo

anexó constancia de presentación de los recursos contra el acto administrativo inicial , lo cual estimó como indispensable para establecer la ocurrencia del silencio administrativo. En consecuencia, l a parte actor a subsanó la demanda el 28 de mayo de 2013.

14. Según la apoderada la demanda va encaminada a que se declare la nulidad del acto ficto presunto , configurado por el silencio de la administración al no resolver los recursos interpuestos contra e l Oficio de 13 de enero de 2012 emitido por la

Secretaría de Educación Municipal de Magangué.

7 Cita de cita. De conformidad con el artículo 40 del Decreto 01 de 1984 vigente al momento de elevar la petición. 8 ff. 232 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6

15. Por tanto, en virtud del auto de 17 de mayo de 2013 es claro que el Tribunal Administrativo tuvo conocimiento que también se demand ó el acto ficto de la admini stración señalado, y por ello, la demanda se corrigió y quedó subsanada en los términos en que le indicó esa corporación.

16. Por esto, indicó que lo que se demanda es el silencio administra tivo negativo que operó por parte del municipio de

demanda se corrigió y quedó subsanada en los términos en que le indicó esa corporación.

16. Por esto, indicó que lo que se demanda es el silencio administra tivo negativo que operó por parte del municipio de Magangué al no desatar la reclamación administrativa.

2.5. Alegatos de segunda instancia.

2.5.1. La apoderada de la demandante 9 señaló, en síntesis, que deben evitarse las sentencias inhibitorias de conformidad con lo señalado por el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 , por lo que las demandas solo deben ser rechazadas cuando no sea n susceptibles de control judicial.

2.5.2. Tanto la parte demandada como e l agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad 10.

17 . Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

18 . La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA ).

19 . Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 11 del

9 Folio 251 10 Folio 253. 11 «ARTÍCULO 328. CO MPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas part es hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

20 . En el presente caso, la demandante es apelante únic a, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección A se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problema s jurídico s.

21 . De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los fundamentos de la sentencia impugnada, a la Sala de Subsección le corresponde determinar si ¿en este caso se

3.2. Problema s jurídico s.

21 . De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los fundamentos de la sentencia impugnada, a la Sala de Subsección le corresponde determinar si ¿en este caso se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda como lo determinó el Tribunal, o si por el contrario se encuentran dados los elementos para fallar de fondo la controversia?

22. Dependiendo de la respuesta al anterior interrogante corresponderá a la Sala determinar si ¿ a la accionante le asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 , modificatoria de la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2003 a 2010 12?

3. 3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3. 3.1 Del auxilio de cesantías en la labor docente. Sanción Moratoria por pago tardío de cesantías a docentes afiliados al

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

23 . A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo,

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» 12 Como se solicitó en la demanda.Nulidad y Restablecim iento del Derecho

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» 12 Como se solicitó en la demanda.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 y en sus artículos 12 13 y 17 14 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de ser vicio prestado con posterioridad al 1.º de enero de 1942, liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6º del Decreto 1160 de 1947.

24 . No obstante, en 1989 con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Pres taciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

25 . Precisamente el numeral 3.º del artículo 15 de la norma citada 15, dispone el reconocimiento d e cesantías a favor del personal docente.

26 . La condición de los docentes como servidores públicos fue

13 «Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio,

dispone el reconocimiento d e cesantías a favor del personal docente.

26 . La condición de los docentes como servidores públicos fue

13 «Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemnizacion es o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contra to».

14 «Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se t endrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)».

15 «Artículo 15. […]

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Social es del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. De enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y

los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. » [Resaltado de la Sala ].Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 reforzada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en las sentencias C – 741 de 2012 16 y C – 486 de 2016 17, en las que determinó que los docen tes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación

determinó que los docen tes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva al cumplir una misión ex presa dentro de las secretarías de educación territoriales.

27 . En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docentes oficiales, indicando que es u n régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 244 de 1995 y su posterior reforma, la Ley 1071 de 2006.

28 . Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 18 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en sus primeros artículos se señalaron unos tiempos perentorios

16 Corte Constitucional. Sentenci a de 26 de septiembre de 2012, en la que se declaró inexequible el proyecto de ley 114 de 2009 Senado – 296 de 2010 Cámara, “Por medio de la cual se interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15, numeral 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989”.

17 Corte Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016, por medio de la

artículo 15, numeral 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989”.

17 Corte Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016, por medio de la cual se declaró inexequible el artículo 89 de Ley 1769 de 2015 “ por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fis cal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.

18 «Artículo 1º. (Subrogado por el artículo 4º. de la Ley 1071 de 2006). Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definiti vas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. […] Artí culo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación d e las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido

(45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación d e las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los serv idores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas[…] ».Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los servidores públicos.

29 . Como puede observarse, estas disposiciones legales no solo impusieron unos términos específicos para el reconocimiento, liquidación y p ago de las cesantías, sino que también indicaron una sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor de los trabajadores públicos, tal y como lo señala el artículo 2º de la Ley 1071 de 2006 19.

30 . No obstante, como las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se contrajeron, en concreto, al reconocimiento de cesantías del personal docente, la interpretación de los funcionarios judiciales en

30 . No obstante, como las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se contrajeron, en concreto, al reconocimiento de cesantías del personal docente, la interpretación de los funcionarios judiciales en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de esa prestación no fue u niforme, situación que motivó la expedición de la sentencia SU -336 de 2017 20, donde la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legale s y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006».

31 . Esta Corporación, a través de la Sección Segunda, en sent encia de unificación de 18 de junio de 2018, se pronunció respecto de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial, del cual se puede inferir que a los docentes oficiales les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanció n moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la 1071 de 2006, por cuanto si bien gozan de un régimen especial, lo cierto es que no se puede hacer distinción, pues se tratan a su vez de servidores públicos, postura que se acompasa con lo señal ado por la Corte Constitucional según sentencia de unificación del 17 de octubre de 2018, relacionada previamente.

19« Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los

Constitucional según sentencia de unificación del 17 de octubre de 2018, relacionada previamente.

19« Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.» 20 Corte Constitucional, sentencia SU -336 de 201 7, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 13 0012333000201300160 -01 (4261 -2017) Dem andante: Sirle de la Candelaria Méndez Monter o

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 32 . En efecto, en el fallo CE -SUJ -SII -012 -2018 21, la Sección Segunda sostuvo que «los docentes integran la categoría