CE - 150012333000202300203011SENTENCIA20230726142559

Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 15001-23-33-000-2023-00203-01

Accionante: Mary Georgina Vanegas Castro y otros Accionados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa, en las que se declaró saneado el proceso , frente al otorgamiento de poderes.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 21 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, a través de la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Los señores Mary Georgina Vanegas Castro , Gonzalo Lemus Jaimes y Ramón Enrique Galvis Gutiérrez promovieron acción de tutela para que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proce so e igualdad , los cuales consider aron

ANTECEDENTES

Los señores Mary Georgina Vanegas Castro , Gonzalo Lemus Jaimes y Ramón Enrique Galvis Gutiérrez promovieron acción de tutela para que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proce so e igualdad , los cuales consider aron vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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HECHOS

La parte actora afirmó que el 29 de marzo de 20 23 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunj a, en la audiencia inicial, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales, por cuan to en los poderes allegados no se determinó el extremo pasi vo de la litis, razón por la que el despacho judicial le concedió un término de 5 días a partir de la notificación en estrados , a la parte demandante, para que los aportara debidamente.

Indicó qu e el apoderado de la parte activa únicamente allegó cuatro poderes y solicitó 10 días más para dar cumplimiento a lo ordenado, debido a que no había podido ubicar a los demás demandantes , por lo que el 13 de a bril de 2023 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja fijó como fecha para la cont inuación de la audiencia inicial el 28 de abril de ese año, momento en el cual debían obrar en el expediente los poderes.

Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja fijó como fecha para la cont inuación de la audiencia inicial el 28 de abril de ese año, momento en el cual debían obrar en el expediente los poderes.

Adujo que interpuso recurso de reposición contra el auto del 13 de abril d e 2023, bajo el entendido de que los términos son de estricto cumplimiento para las partes, por lo que los poderes presentados se enviaron por fuera del plazo fijado, que transcurrió entre el 30 de marzo y el 12 de abril de esa anualidad, y, en esa medida, debió darse por terminado el proceso, al no corregirse opo rtunamente; adicionalmente, requirió aclarar y reponer el auto para precisar si amplió el plazo de 10 días para presentar los poderes.

Señaló que el 13 de abril de 2023 el Juzgado precitado decid ió no reponer el auto, otorgó la prórroga al término solicitado y programó audiencia para el 20 de abril de ese año.

Aseguró que el 27 de abril de 2023 aquel advirtió que el auto del 13 de ese mes y anualidad no se encontraba en firme porque se interpuso el recurso de reposición y procedió a reanudar el plazo al lí otorgado y, en consecuencia, reprogramó la continuación de la audiencia inicial para el 8 de mayo del año en curso y requirió a la parte demandante para que allegara los poderes antes de la nuev a fecha y hora.Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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la parte demandante para que allegara los poderes antes de la nuev a fecha y hora.Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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Aseveró que el 27 de abril de 2023, minuto s después del registro en SAMAI de la nueva fecha, el extremo activo remitió algunos de los poderes y el 8 de mayo de ese año allegó otros.

Agregó q ue el 8 de mayo de 2023, durante la audiencia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja evidenció que el apoderado de la parte demandante, en escritos del 12 y 27 de abril y 8 de mayo de 2023, atendió el requerimiento, allegando los poderes, en los que se identificó a las demandadas.

Expuso que en esa oportunidad precisó que faltaban los poderes de los señores Víctor Ramírez y Yenny Yolanda Rivera ; algunas inconsistencias en el aportado a nombre de la señora Nubia Yannet Aguirre y que los correos no correspond ían al del Registro Nacional de Abogado s, por lo que no se satisfacía lo prev isto en el artículo 5.° del Decreto 806 de 2020; sin embargo, el Juzgado determinó que esas situaciones no impedían la continuidad del proceso y exhor tó al apoderado de la parte demandante para que realizara los registros pertinentes y el correo electrónico coincidiera con el plasmado en el registro de abogados.

situaciones no impedían la continuidad del proceso y exhor tó al apoderado de la parte demandante para que realizara los registros pertinentes y el correo electrónico coincidiera con el plasmado en el registro de abogados.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición en contra de la determinación previa y el Juzga do Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja repuso la decisión de entender saneadas las falen cias relacionadas con los poderes y nuevamente concedió un término de diez días al abogado para que lo s allegara, en los que deb ía constar la dirección de correo informada en el Registro Nacional de Abogados, y suspendió la audiencia para el 1.° de junio de 2023.

Manifestó que el 31 de mayo de 2023 la parte demandante allegó dos poderes con la nueva dirección electrónica, juridicostunja@gmail.com, sin la certificación respectiva, y aclaró que la s eñora Nubia Yaneth Aguirre manifestó desistir de continuar con el proceso ; y aquel, al día siguiente , aportó memorial con dos poderes y certificación del registro del correo.

Refirió que el 1.° de junio de 2 023, en la audiencia inicial, el Juzgado Primer o Administrativo del Circuito Judicial de Tunja tuvo por saneado el proceso respectoRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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de los poderes allegados y aclaró que frente a los demás se pronunciaría al proferir decisión de fondo.

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de los poderes allegados y aclaró que frente a los demás se pronunciaría al proferir decisión de fondo.

Mencionó que formuló recurso de reposición en contra de la anterio r decisión, dado que para el momento en que se allegaron los poderes, es decir, el 12 y 27 de abril y el 8 de mayo de 2023 no se encontraba el correo de juridicostunja@gmail.com en el Registro Nacional de Abog ados, pero el Juzgado precitado no repuso la de cisión, a pesar de la exigencia del artículo 5.° de la Ley 2213 de 2022 y de que los dos poderes del 31 de mayo de 2023 los allegó de forma extemporánea, sin la certificación del correo.

Así las cosas, afirm ó que con el auto del 1.° de junio de 2023 prof erido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Ju dicial de Tunja se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad , puesto que aquel no dio cumplimiento a la Ley 2213 de 2022 , dado que la dirección electrónica contenida en los poderes allegados el 12 y 27 de abril y el 8 de mayo de 2023 no coincidía con el correo inscrito en el Registro Nacional de Abogados , pese a los múltiples requerimientos, especialmente, el del auto del 8 de mayo de 2023, y a las variadas prórrogas.

Agregó que el abogado del extremo activo no allegó la certificación del SIRNA, en la que constaba que su correo era juridicostunja@gmail.com, el 31 de mayo de 2023, como lo aseguró el Juzgado, sino el 1.° de junio de ese año, ello es,

la que constaba que su correo era juridicostunja@gmail.com, el 31 de mayo de 2023, como lo aseguró el Juzgado, sino el 1.° de junio de ese año, ello es, después que algunos demandantes ya habían otorgado poder al abogado, cuando la dirección electrónica registrada era hjprieto13@hotmail.com.

Así mismo, expuso que los dos poderes allegados el 31 de mayo de 2023 fueron extemporáneos lo que da lugar a la terminación de la actu ación y a devolver la demanda a la parte demandante, al ten or del artículo 101 del Código General del Proceso.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar su s derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y, e n consecuencia, deprecó rev ocar el auto del 1.° deRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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junio de 2023, que dio por saneados los poderes aportados el 12 y 27 de abril, 8 y 31 de mayo y 1.° de junio de 2023 con la certificación del Registro Nacional de Abogados aportados ext emporáneamente, y ordenar la terminación de la actuación y devolver la demanda conforme al artículo 101 de l Código General del Proceso, con el fin de garantizar el debido proceso, la aplicación de los derechos constitucionales y el cumplimiento de las normas procesales y sustanciales.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

Proceso, con el fin de garantizar el debido proceso, la aplicación de los derechos constitucionales y el cumplimiento de las normas procesales y sustanciales.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 13 de junio de 2023, mediante proveído, en el que se ordenó notificar a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja , como accionado; y a los demandantes del proceso de reparación directa, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terr itorio, al municipio de Tunja, a Findeter, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los señores Sonia Chaparro García y José María Aponte Quintero , como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja , por conducto de su titular, luego de hacer algunas precisiones fácticas sobre las actuaciones adelanta das en el proceso de reparación directa 2013-00148 y pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, manifestó que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional respecto a los argumentos relacionados con la superación del término otorgado en el auto del 8 de mayo de 2023 para sanear las falen cias del poder y la fecha de radicación del certificado del SIRNA , dado que esas situaciones no implican la transgresión del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.

Al respecto, esclareció que el hecho de entende r saneados los poderes allegados después de los 10 días concedidos en el proveído referenciado no puede

fundamental al debido proceso de la parte accionante.

Al respecto, esclareció que el hecho de entende r saneados los poderes allegados después de los 10 días concedidos en el proveído referenciado no puede considerarse una vulneración a ese derecho, cuando, en todo caso, la decisión de saneamiento se adoptó en el desarrollo de la audiencia inicial programa da, siendo esa la actuación procesal siguiente a aquella en que se ordenó que se allegaranRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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los poderes con los requerimientos del artículo 75 del Códi go General del Proceso y a la que asistieron to dos los sujetos procesales. En esa medida, estimó que la apoderada judicial de los demandantes pretende que se declare una transgresión ius fundamental simplemente por dar prevalencia al derecho sustancial sob re el formal.

De igual forma, indicó que no p uede entenderse que se conculcó un derecho, por haberse cargado, en el aplicativo SAMAI, el certificado del SIRNA el mismo día de la continuación de la audiencia inicial, pues en esa diligencia se señaló que s e había realizado por parte de esa instancia la consulta en ese sistema, la cual permitió determinar que e l correo electrónico previsto en los poderes se encontraba en el mencionado registro.

Por otra parte, en cuanto a los reproches consistentes en que s e tuvieron por saneados los poderes otorgados antes de la fecha en que el abogado actualizó su

encontraba en el mencionado registro.

Por otra parte, en cuanto a los reproches consistentes en que s e tuvieron por saneados los poderes otorgados antes de la fecha en que el abogado actualizó su dirección electrónica en el SIRNA y que no allegó nuevos poderes en atención al auto del 8 de mayo de 2023 , refirió que no se estructuró ninguno de los defectos , dado que la decisión se emitió con base en las normas procesales y en los pronunciamientos jurisprudencia les aplicables al asunto y se garantizó el debido proceso.

Al respecto, adujo que la determinación se ajustó a las previsiones del artículo 5.° de la Ley 2213 de 2022 acerca de los requisitos de los poderes especiales, puesto que los correos contenidos e n aquellos coincidían con el correo electrónico registrado por el profesional del derecho en el SIRNA , lo cual fue debidamente analizado y sustentado normativamente y con base en la Sentencia C420/ 20. Añadió que desde la declaratoria de la excepción de inepta demanda que dio lugar a la orden de subsanación de los poderes y hasta la audiencia inicial del 1.° de junio de 2023 ha resaltado y justificado de bidamente el carácter saneable de aquella y ha llamado la atención a la parte demandante acerca del cumpli miento de las cargas procesales, con lo que ha ejercido los poderes de instrucción propios del operador judicial.

Por último, sostuvo que la acción de tutela no es el escenario constitucional idóneo para abordar nuevamente algún debate jurídico en torno a la decisión adoptadaRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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para abordar nuevamente algún debate jurídico en torno a la decisión adoptadaRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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por el despacho dentro del proceso de reparación directa que se ciñó a los postulados procesales que le eran aplicables. Por consiguiente, solicitó declarar la improcedencia de aquella.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El municipio de Tu nja, por medio de apoderada, mencionó que ninguno de los hechos relatados por los accionantes es imputable a la Alcaldía Mayor de ese ente territorial, pues no tuvo injerencia ni participación en l as decisiones objeto de esta acción constitucional y, en esa medida, en el presente asunto opera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva , por lo cual requirió su desvinculación.

El Minis terio del Interior , a través de la jefe de la O ficina Asesora Jurídica, después de hacer un recuento de lo peticionado en esta acción, afirmó que existe falta de legitimación material en la causa por pasiva, por la inexistencia de nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundame ntales invocados por los accionantes y la acción u omisión de su parte, pues esto último se alega respecto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

De otro lado, aclaró que tiene la condición de demandado en el proceso, cuyas

invocados por los accionantes y la acción u omisión de su parte, pues esto último se alega respecto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

De otro lado, aclaró que tiene la condición de demandado en el proceso, cuyas decisiones judiciales son objeto de discusión, pero no compart e la tesis de los accionantes, dado que no es procedente la terminación de aquel, en tanto la indebida representación no afecta la validez del medio d e control, como ocurriría en la etapa de admisi ón de la demanda, sino el cumplimiento de las cargas procesales en perjuicio de la parte demandante.

En consecuencia, peticionó declarar probada la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimac ión en la causa por pasiva en lo atinente a él y ordenar su desvinculación.

La Superintendencia de Notar iado y Registro , mediante la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, luego de resumir los antecedentes de la presente tutela, sostuvo que no tiene legiti mación en la causa por pasiva, comoquiera que e n ningúnRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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aparte de la acción se estableció que fuera la cau sante de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

Findeter, por conducto de su representante legal, alegó una falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe man ifestación o prueba alguna con

de los derechos fundamentales.

Findeter, por conducto de su representante legal, alegó una falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe man ifestación o prueba alguna con la que pued a establecerse que ha transgredido o amenazado derecho alguno de los accionantes, razón por la cual deprecó su desvinculación.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Te rritorio, mediante apoderado, aseguró que no ha conculcado los derechos fundamentales de los accionantes y solicitó denegar la presente acción y excluirlo del trámite.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 21 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, negó las pretensiones de la tutela formulada, porque consideró que la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja no se apartó arbitrariamente del procedimiento judicial.

Para el efecto , realizó , inicialment e, una síntesis de las determinaciones adoptadas relativas a los poderes, en el proceso de reparación dire cta, y aclaró que los autos discutidos únicamente fueron los expedidos el 1.° de junio de 2023, mediante los cuales se declaró saneada la actuación y se confirmó esa decisión en sede de reposición.

Posteriormente, sostuvo que con el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 se permitió a los sujetos procesales conferir poderes a través de medios electrónicos con la flexibilización de ciertos requisito s, y precisó que la inclusión del correo electrónico del mandatario judicial en el memorial de apoderamien to es una exigencia en virtud de su consagración legal, pero no constituye un fin en sí

con la flexibilización de ciertos requisito s, y precisó que la inclusión del correo electrónico del mandatario judicial en el memorial de apoderamien to es una exigencia en virtud de su consagración legal, pero no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la autenticidad e integri dad del poder conferido, por lo que si estos se encuentran satisfechos no puede entenderse aquel como indebidamente otorgado.Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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En esa medida, aseveró que negar el derecho de postulación exclusivamente por anomalías atinentes a la indicación del correo ele ctrónico del apoderado, a pesar de que pueda n constatarse dichos atributos, se traduciría en un exceso rit ual manifiesto. Así, explicó que la dirección electrónica que aparecía en los poderes no era la que el apoderado había registrado inicialmente en el S IRNA; sin embargo, no existe discusión alguna f rente a si este le pertenecía, tanto así que dentro del trá mite de saneamiento actualizó sus datos en el sistema en mención; además, el registro no tiene efectos constitutivos ni puede desconocerse la manifestación de la voluntad de los poderdantes.

Por último, declaró que no accedería a las solicitudes de desvin culación, pues la presencia de las entidades que las elevaron se debe a que tienen un interés directo en las resultas del proceso , debido a su calidad de demandados en el

Por último, declaró que no accedería a las solicitudes de desvin culación, pues la presencia de las entidades que las elevaron se debe a que tienen un interés directo en las resultas del proceso , debido a su calidad de demandados en el medio de control de reparación directa.

IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia, para lo cual afirmaron que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la igualdad por defecto procedi mental absoluto y que el a quo no se pronunció sobre los vencimientos de los términos judiciales , a pesar de que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja tuvo por saneado el proceso por una solicitud del abogado del 31 de mayo de 20 23 de tener como entregados los poderes allegad os el 12 y 27 de abril y 8 de mayo de esta anualidad , cuand o debía era terminar la actuación , en los términos del artículo 101 del Código General del Proceso.

Igualmente, aseguraron que en primera instancia de esta acción tampoco hubo un pronunciamiento sobre el incumplimiento frente a lo ordenado en el auto de 8 de mayo de 2023 consistente en allegar los poderes donde se consignara la dirección de correo electrónica informada en el Registro Nacional de Abogados.

Adicionalmente, expusieron que el a quo no estudió el artículo 5.° de la Ley 2213 de 2022, según el cual en el poder debe indicarse expresamente la dirección electrónica que deberá coincidir con la inscrita en dicho registro , pues losRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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electrónica que deberá coincidir con la inscrita en dicho registro , pues losRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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allegados el 12 y 27 de abril y 8 y 31 de mayo de 2023 no mencionan el correo electrónico del apoderado que, además, debí a coincidir con la inscrita que, en ese momento, era hjprieto13@hotmail.com y no juridicostunja@gmail.com.

Así mismo, insistieron en que el apoderado allegó la certificación del SIRNA con el registro del correo juridicostunja@gmail.com el 1.° de junio d e 2023, pese a que los términos fenecieron el 23 de mayo de ese año.

De otro lado, afirmaron que debe analizarse el defecto procedimental absoluto y la aplicación de las normas, no solo el estudi o de la providencia que afectó el derecho fundamental del d ebido proceso del 1.° de junio de 2023. Agreg aron que en el proceso de reparación directa el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja prorrogó los términos judiciales, aun cuan do estaban vencidos, a solicitud del abogado, y omitió que los poderes estaban indebidamente otorgados y, por ende, carecían de legitimación en la causa por activa.

En consecuencia, solicitaron revisar la decisión de primera instancia y acceder a la impugnación, en el sentido de revocarla y conceder las pretensi ones tendientes a

y, por ende, carecían de legitimación en la causa por activa.

En consecuencia, solicitaron revisar la decisión de primera instancia y acceder a la impugnación, en el sentido de revocarla y conceder las pretensi ones tendientes a que se ordene la terminación del proceso al tenor del artículo 101 del Código General del Proceso , por no haberse subsanado y allega do oportunamente los poderes conforme al artículo 5.° de la Ley 2213 de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judi ciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla l a totalidad de los requisitos

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.Radicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

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generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de e studio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediab le a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acc ión de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se

determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita s usceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circu nstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos funda mentales; máxime si tales fallos están sometido s a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que tor na definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 1 5001 -23 -33 -000 -2023 -00203 -01

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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judi cial que profirió

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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judi cial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuan do el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge c uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que pr esentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácti cos y jurídicos de sus decisiones en el entendi do que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alc ance de un derecho fundamental y el juez ordina rio aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vincula