CE - 180012331000201800025011SENTENCIA20230803160430

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 18001233100020180002501 (1338 -2020 )

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Nacional.

Incorporaciones a planta de personal sin solución de continuidad. Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá el 21 de noviembre de 2019 , que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Alba Luz Fierro Cuevas , por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Alba Luz Fierro Cuevas , por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió declarar la nulidad de l Auto ADP 007829 del 15 de junio de 2016 , por medio del cual , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y

1 En adelante UGPP . 2 Folios 1 a 32. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 pago de la pensión gracia y ordenó el archivo de la solicitud.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 23 de agosto de 2015 en cuantía de $2.509.849,37; (ii) reajustar la pensión según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; (iii) realizar los ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; (iv) cumplir la sentencia dentro del término previsto en el

100 de 1993; (iii) realizar los ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; (iv) cumplir la sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 idem ; (v) pagar intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 201 1; y (vi) pagar las costas del proceso.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señor a Alba Luz Fierro Cuevas expuso que (i) nació el 26 de octubre de 1952, y (ii) estuvo vinculada como docente del 26 de febrero de 1973 al 19 de enero de 1974; y del 1 de febrero de 1974 hasta el 15 de julio de 1996 .

Indicó que el 8 de marzo de 201 6 solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y le fue negada mediante el Auto ADP 007829 del 15 de junio de 2016 , por considerar que con la nueva solicitud la peticionaria no había aportado nuevos elementos que permit ieran cambiar la decisión y ordenó el archivo.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Argumentó que el acto adm inistrativo demandado fue expedido de forma irregular, ya que no debió ordenar el archivo de la solicitud sino que debió s ujetarse al procedimiento administrativo general, y seguir lo previsto en el artículo 34 del CPACA , y en consecuencia , formar el expediente como lo ordena el artículo 36 idem , abrir un capítulo de pruebas conforme al artículo 40, buscar la correcciónNulidad y restablecimiento del derecho

seguir lo previsto en el artículo 34 del CPACA , y en consecuencia , formar el expediente como lo ordena el artículo 36 idem , abrir un capítulo de pruebas conforme al artículo 40, buscar la correcciónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 de irregularidades que se hubieren presentado en la actuación administrativa conforme al artículo 41 ibídem , y finalmente , proferir una decisión cuyo contenido ha debido estar enmarcado en e l artículo 42 de la misma codificación .

Por lo anterior, indicó que con el Auto ADP 007829 del 15 de junio de 2016 , la entidad demandada incurrió en falsa motivación e infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que no cumplió con el procedimiento y adicionalmente, no es cierto que no se hubieran aportado nuevos elementos de juicio, dado que precisamente en esta oportunidad se indicó y se probó lo referente al proceso de descentralización de la educación sin que la entidad se hubiere p ronunciado sobre ese aspecto.

De otro lado, i ndicó que la actora se vinculó inicialmente mediante el Decreto 091 del 23 de febrero de 1973, suscrito por el gobernador del Huila y prestó sus servicios del 26 de febrero de 1973 hasta el 19 de enero de 1974, «tiempo de carácter Departamental, que

el Decreto 091 del 23 de febrero de 1973, suscrito por el gobernador del Huila y prestó sus servicios del 26 de febrero de 1973 hasta el 19 de enero de 1974, «tiempo de carácter Departamental, que quedó cobijado por la nacionalización de la educación prevista en la Ley 43 de 1975 y por tanto tiempo válido para la pensión gracia. » (s ic)

Posteriormente, se vinculó como docente de educación básica, según Resolución 2576 del 18 de abril de 1974, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, laborando en la Escuela Anexa Normal Superior del municipio de Florencia, departamento de l Ca quetá.

Sobre este último periodo afirmó que «Con vínculo nacional laboró hasta el día 15 de julio de 1996. »

Seguidamente señaló que: «El vínculo laboral de carácter nacional, descrit o, mutó a Departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que el Departamento de Caquetá fue certificado según Resolución No. 6145 del 26 de diciembre de 1995, proferida por el Ministerio deNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Educación Nacional y la Nación - Ministerio de Educación Naci onalle entregó la educación al Departamento de Caquetá, según acta

Bogotá D.C. – Colombia 4 Educación Nacional y la Nación - Ministerio de Educación Naci onalle entregó la educación al Departamento de Caquetá, según acta del 16 de julio de 1996, suscrita entre las dos entidades mencionadas. Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicio que corren desde el 16 de julio de 1996 hasta el 3 0 de diciembre de 2003 son de carácter TerritorialDepartamental y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

El vínculo laboral de carácter Departamental descrito […] mutó a municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el Mun icipio de Florencia fue certificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, y el Departamento le entregó la educación al Municipio de Florencia, según Acta del 31 de diciembre de 2003. Como consecuencia de la descentralización lo s tiempos de servicio que corren desde el 31 de diciembre de 2003 hasta la fecha, son de carácter Territorial - Municipal y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.» (sic)

Con base en lo expuesto, solicitó que le sea reconocida la pens ión gracia toda vez que cumplió con todos los requisitos establecidos para acceder a dicha prestación.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que el acto administrativo se encuentra ajustad o a derecho , en tanto que no es posible reconocer la pensión gracia a los docentes que han ostentado un tipo de vinculación

demanda por considerar que el acto administrativo se encuentra ajustad o a derecho , en tanto que no es posible reconocer la pensión gracia a los docentes que han ostentado un tipo de vinculación nacional , tal y como ocurre en el presente caso .

Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de la obligación demandada; (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo; (i ii) prescripción ; y (iv) la innominada o genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo del Caquetá e n acatamiento al artículo

4 Folios 177 a 181. 5 Folios 208 a 214. CD allegado a folio 224 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial conjunta el 17 de octubre de 2019 , oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«[…] establecer si el acto demandado es inválido por expedición irregular, efecto al cual deberá determinarse si se pretermitió indebidamente el procedimiento administrativo pertinente; por falsa motivación, en la medida en que las inconsistencias señaladas por la parte actora existan y afecten la legalidad de la decisión adoptada; y /o, por infracció n a las normas en que debió fundarse,

motivación, en la medida en que las inconsistencias señaladas por la parte actora existan y afecten la legalidad de la decisión adoptada; y /o, por infracció n a las normas en que debió fundarse, efecto al cual habrá de establecerse si la demandante laboró al menos veinte años con vinculación de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado. » (sic)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia del 21 de noviembre de 2019, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

Como fundamento de la decisión, indicó que contrario a la manifestado por la actora , la entidad emitió respuesta a la petición presentada, pues, no solo se remitió a las numerosas peticiones realizadas previamente y reiteró lo dicho, sino que , de manera expresa dio respuesta al nuevo argumento, en el sentido de que la vinculació n fue nacional, y dicha situación no es posible contemplarla a efecto de la pensión que reclama , con lo que se constata que fue debidamente motivada .

Concluyó que no hay lugar a anular el acto por los vicios de expedición irregular y falsa motivación.

De otro lado, con base en lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, recalcó que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de que la plaza a ocupar sea de ca rácter

6 Folios 239 a 245 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

gracia es la acreditación de que la plaza a ocupar sea de ca rácter

6 Folios 239 a 245 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 territorial nacionalizada, al margen del origen de los recursos que financiaban el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Respecto de la Ley 60 de 1993, señaló que con esta se descentralizó en los departamentos y distritos el servi cio educación, y es a partir de esa transferencia funcional que la actora pretende obtener respaldo a su pretensión, ya que sin desconocer de forma alguna que su vinculación fue realizada en una plaza nacional, procura que en virtud del proceso de descentr alización , la naturaleza jurídica de la vinculación mute a territorial.

El tribunal puntualizó que no le asiste razón a la actora , toda vez que, de acuerdo con los referentes normativos que rigen la pensión gracia, la incorporación de los docentes que ha bían sido nombrados en una plaza de carácter nacional, y pasaron a la planta de personal departamental o municipal, no implica que esa plaza cambie su naturaleza, ni que el docente adquiera per se , el carácter de docente territorial.

En ese orden, la plaza ocupada por la demandante estuvo definida como nacional y así fue incorporada a la planta de l departamento,

naturaleza, ni que el docente adquiera per se , el carácter de docente territorial.

En ese orden, la plaza ocupada por la demandante estuvo definida como nacional y así fue incorporada a la planta de l departamento, razón que refuerza el mantenimiento del régimen prestacional que traía en virtud de la Ley 91 de 1989, y que , por definición , impide que sea tenido en cuenta para efectos de la pensión gracia.

Así las cosas, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La señor a Alba Luz Fierro Cuevas solicitó revocar la decisión , y en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

7 Folios 250 a 269.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Para el efecto, indicó que el tribunal incurrió en error al afirmar que la respuesta que la UGPP otorgó a su petición , satisfizo el mencionado derecho . Por ende, insistió en las razones es bozadas en la demanda en cuanto a que debió abrir debate probatorio , buscar corrección de irregularidades y proferir una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del CPACA, dado que, no solo se abstuvo de ello, sino que, no se pronunció respecto de los nuevos argumentos relacionados con la descentralización de la

buscar corrección de irregularidades y proferir una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del CPACA, dado que, no solo se abstuvo de ello, sino que, no se pronunció respecto de los nuevos argumentos relacionados con la descentralización de la educación, es decir , que no apreció las nuevas pruebas allegadas con la nueva solicitud, y en ese orden , la respuesta se produjo con violación del debido proceso.

Respecto de l as normas en que debió fundarse, indicó que si bien la plaza ocupada por la demandante fue nacional, también lo es que, desde que la descentralización de la educación se ejecutó , las plantas de personal dejaron de denominarse nacionales, en la medida en qu e fueron entregadas por la Nación a los departamentos y, posteriormente, de los departamentos a los municipios, lo que en consecuencia, lleva a asegurar que hoy en día, todas las plantas de personal descentralizadas, son territoriales , por lo cual, solicit ó tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.º del artículo 3.º de la Ley 60 de 1993.

Con base en lo anterior, sostuvo que la plaza nacional inicialmente ocupada, luego de que se consolidó el proceso de la educación, no continuó como nacional, comoquier a que dicho proceso afectó la plaza y , por lo tanto, a partir del 16 de julio de 1996 –fecha de entrega de la educación al departamento del Caquetá –, los periodos laborados resultan válidos para la pensión gracia por tratarse de tiempos de carácter territo rial .

En conclusión, indicó que la naturaleza de la planta docente sí cambi ó en virtud del proceso de la descentralización de la educación, y al haber mutado , la accionante tiene derecho a la

tiempos de carácter territo rial .

En conclusión, indicó que la naturaleza de la planta docente sí cambi ó en virtud del proceso de la descentralización de la educación, y al haber mutado , la accionante tiene derecho a la pensión gracia.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante 8 reiteró los argumentos del recurso de apelación.

6.2 La entidad demandada 9 solicitó confirmar la sentencia recurrida por considerar que se encuentra debidamente probado con las certificaciones que obran dentro del expediente , que la demandante no acreditó 20 años de servicio como docente territorial, pues el tiempo de servicio a partir del 1 de febrero de 1974 es de carácter nacional, y fue prestado de forma ininterrumpida , por lo tanto, no puede ser computado para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

El Ministerio Público guard ó silencio según el informe secretarial obrante a folio 283.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competenci a del juez de

8 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 14. 9 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 18 y 20. 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema s jurídico s

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

1. ¿El acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación y fue expedido de forma irregular?

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

1. ¿El acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación y fue expedido de forma irregular?

2. ¿La señor a Alba Luz Fierro Cuevas , en su calidad de docente oficial cuyo nombramiento fue nacional, posteriormente incorporada a la planta d e personal departamental y a la municipal, tiene derecho a l reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensió n gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios se ñalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vinculeNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión

de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cum plan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta sólo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de

no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derech o a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reco nocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 13 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de lo s recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes

educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i)

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacio nal como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233100020180002501 (1338 -2020)

Demandante: Alba Luz Fierro Cuevas

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha

los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra som etido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resalt