CE - 250002341000201900243011SENTENCIA20230314102048

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 250002341000201900243011

Demandante: Germán Armando González Bustamante

Demandada: Distrito Capital de Bogotá – Contraloría de Bogotá D.C.

Temas: Responsabilidad fiscal del contratista. Elementos de la responsabilidad fiscal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Germán Armando González Bustamante , en adelante la parte demandante, presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá – Contraloría de

Bogotá D.C., en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare la nulidad de los autos núm. 032 de 27 de agosto de 20183,

y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare la nulidad de los autos núm. 032 de 27 de agosto de 20183,

1 Demanda presentada el 7 de febrero de 2017, según obra a folio 1, en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” 3 “[…] Por el cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal No. 170100-0232/13 […]”2

Núm. único de radicación: 25000234100020190024301

Demandante: Germán Armando González Bustamante

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de 24 de septiembre de 20184 y de 25 de octubre de 20185, expedidas por la Contraloría de Bogotá D.C..

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo que contiene el fallo No. 032 del 27 de agosto de 2018, proferido por la Contraloría de Bogotá D.C., (fallo con responsabilidad fiscal), en lo concerniente a mi representado Germán Armando González Bustamante.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo que contiene el Auto de fecha

responsabilidad fiscal), en lo concerniente a mi representado Germán Armando González Bustamante.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo que contiene el Auto de fecha

25 de octubre de 2018, emanado por la Contraloría de Bogotá D.C., por medio del cual se desató entre otros, el recurso de apelación interpuesto contra el fallo No. 032 del 27 de agosto de 2018, acto que confirma en todas sus partes la providencia impugnada, en lo referente a mi mandante Germán Armando González Bustamante.

TERCERA: Que se condene a la demandada a pagar al demandante la indemnización por el lucro cesante sufrido por el demandante al encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado y, para desempeñar cargos públicos por cinco (5) años, a partir del 26 de octubre de 2018, (según certificado de antecedentes No. 120991542 que anexo), a razón de $ 3.213.600.00, por cada mes, indexados hasta que se satisfaga el pago; suma mensual que recibía el contratista como honorarios profesionales según contrato que recoge la orden de prestación de servicios No. 0271 de 28 de enero de 2011, que obra como prueba en estas diligencias.

CUARTA: Que se condene a la demandada a pagar al demandante la indemnización por daño emergente en la suma indicada en el acápite de perjuicios de esta demanda, como consecuencia del pago de honorarios profesionales en que incurrió mi representado así: (i) En el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100 -232-13, adelantado ante la

Contraloría de Bogotá D.C. y lii) En el proceso que no s ocupa de Medio de Control de

En el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100 -232-13, adelantado ante la Contraloría de Bogotá D.C. y lii) En el proceso que no s ocupa de Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se adelanta ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

QUINTA: Que se condene a la demandada a pagar al demandante la indemnización por perjuicios morales en la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, indemnización que deberá ser integral conforme lo dispone la Ley 446 de 1998.

SEXTA: Que se condene a la demandada a reconocer y pagar al demandante las sumas a que resulte condenada, los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, tal como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.

SÉPTIMA: Que se condene a la demanda da a pagar generosa y ejemplarmente al demandante las costas, de conformidad al artículo 188 del C.P.A.C.A.

OCTAVA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la exclusión del nombre de mi poderdante toda vez que ha sido registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales "SIBOR", de la Contraloría Delegada Para Investigaciones, juicios Fiscales y

Jurisdicción Coactiva.

4 “[…] Por el cual se resuelven unos recursos de reposición contra el fallo No. 032 del 27 de agosto de 2018 y se toman otras determinaciones […]”

Jurisdicción Coactiva.

4 “[…] Por el cual se resuelven unos recursos de reposición contra el fallo No. 032 del 27 de agosto de 2018 y se toman otras determinaciones […]” 5 “[…] Por el cual se resuelven un grado de consulta y un recurso de apelación […]” 6 Cfr. folio 1 del cuaderno núm. 1 del expediente.3

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Demandante: Germán Armando González Bustamante

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NOVENA: Que como consecuencia de las anteriores declar aciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la exclusión del nombre de mi mandante toda vez que ha sido registrado en el Sistema de información de Registro de Sanciones inhabilidades "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación, el que al ser consultado aparece con (i) inhabilidad para contratar con el Estado e (l) inhabilidad para desempeñar cargos públicos, por cinco (5) años, respectivamente.

DÉCIMA: Que se ordene la terminación y cancelación del proceso de jurisdicción coactiva con radicado No. 2152, aperturado el 13 de diciembre de 2018, en contra del actor y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares que pesan en su contra […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

consecuente levantamiento de las medidas cautelares que pesan en su contra […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4. La Dirección Sectorial de Educación, Recreación, Cultura y Deporte de la Contraloría

de Bogotá D.C. realizó un hallazgo fiscal en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por irregularidades al reclamar en forma extemporánea ante la D irección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIANla devolución del impuesto sobre las ventas - IVA - del segundo periodo del año 2011 por la suma de $470587.697 M/Cte.

5. La Contraloría de Bogotá D.C. por medio de fallo núm. 032 de 27 de agosto de 2018, resolvió fallar con responsabilidad fiscal en contra de la parte demandante, con fundamento en que la parte demandante en calidad de contratista contribuyó a la pérdida del IVA por gestionar de forma extemporánea la devolución del impuesto a la que tenía

derecho la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

6. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y apelación, el 4 de septiembre de 2018, contra el fallo con responsabilidad fiscal.

7. La parte demandada mediante auto 24 de septiembre de 20187, confirmó el fallo con responsabilidad fiscal contra la parte demandante.

8. El Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de

Bogotá D.C. por medio de auto de 25 de octubre de 2018 8, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el fallo de 27 de agosto de 2018.

Bogotá D.C. por medio de auto de 25 de octubre de 2018 8, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el fallo de 27 de agosto de 2018.

7 “[…] Por el cual se resuelven unos recursos de reposición contra el fallo No. 032 del 27 de agosto de 2018 y se toman otras determinaciones […]” 8 “[…] Por el cual se resuelven un grado de consulta y un recurso de apelación […]”4

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Normas violadas y concepto de violación9

9. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 21, 25, 29, 58, 209 y 277 de la Constitución Política. • Artículo 3 de la Ley 610 de 15 de agosto de 200010.

Concepto de violación

10. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

Primer cargo: Falta de competencia

11. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los

siguientes argumentos:

12. Adujo que la parte demandada desconoció el artículo 3 de la Ley 610, por cuanto se arrogó el ejercicio de la vigilancia oficial de quienes desempeñan funciones públicas, propio de la Procuraduría General de la Nación, al establecer que la parte demandante era sujeto pasivo de responsabilidad fiscal.

arrogó el ejercicio de la vigilancia oficial de quienes desempeñan funciones públicas, propio de la Procuraduría General de la Nación, al establecer que la parte demandante era sujeto pasivo de responsabilidad fiscal.

13. Manifestó que la parte demandada prejuzgó e impidió la defensa del demandado, dado que se declaró su responsabilidad en contravía de la presunción de inocencia y se obvió la cláusula primera del contrato núm. 271 de 28 de enero de 2011 y la definición de gestor fiscal prevista en el artículo 3 de la Ley 610 del 2000.

14. Adujo que se vulneró el derecho a la honra de la parte demandante, por cuanto se desconoció una trayectoria de 30 de años como abogado, al endilgarle una infracción que no ha cometido y que, con la expedición sin competencia de los actos demandados, se vulneró su derecho al trabajo.

15. Señaló que se vulneró el debido proceso al atribuirle la calidad de gestor fiscal a la parte demandante obviando circunstancias de carácter fáctico relacionadas con el contrato de prestación de servicio núm. 0271 de 28 de ene ro de 2011, de modo que le dio un alcance diferente al artículo 3 de la Ley 610 previsto por el legislador.

9 Cfr. folios 21 a 36 del cuaderno núm. 1 del expediente. 10 “[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías […]”.5

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Demandante: Germán Armando González Bustamante

[…]”.5

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16. Indicó que toda actuación de la parte demandada se encuentra sometida al imperio de la ley y la supuesta falta por la que fue sancionado no se encuentra prevista en el artículo 3 de la Ley 610.

17. Precisó que es falsa la afirmación contenida en los actos por medio de los cuales se declaró la responsabilidad fiscal según la cual presentó en forma extemporánea la reclamación por la devolución del IVA ante la D irección de Impuestos y Aduanas Nacionales, toda vez que quien presentó en forma extemporánea dicha reclamación (el 3 de junio de 2011) fue otro abogado a quien la oficina jurídica le confirió poder para el efecto.

18. Sostuvo que lo anterior ocurrió luego de que el demandante oportunamente (30 de mayo de 2011) advirtiera a dicha oficina jurídica que carecía de poder y que por ese motivo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - le había devuelto los papeles de la reclamación y que, en consecuencia, debía subsanarse dicho aspecto para obtener la devolución del IVA en favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Contestación de la demanda

19. La parte demandada 11 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

20. Manifestó que conforme al artículo 1 de la Ley 610, el proceso de responsabilidad

Contestación de la demanda

19. La parte demandada 11 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

20. Manifestó que conforme al artículo 1 de la Ley 610, el proceso de responsabilidad fiscal se adelanta por las contralorías, con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen un detrimento patrimonial a las finanzas estatales por acción u omisión dolosa o gravemente culposa.

21. Adujo que el proceso adelantado por la Contraloría de Bogotá D.C. contra la parte demandante se limitó a definir la responsabilidad fiscal de este frente al detrimento patrimonial (de índole resarcitorio) que no puede confundirse con un proceso disciplinario el cual tiene un carácter sancionatorio.

22. Señaló que l os argumentos de la demanda tendientes a controvertir los actos acusados por vulnerar el principio de ilicitud sustancial, por no haberse demostrado la culpabilidad y evidenciar la inexistencia de tipicidad, no son de recibo, dado que dichos requisitos son propios de la acción disciplinaria.

23. Precisó que la gestión en los términos de los a rtículos 3 y 6 de la Ley 610 es un concepto más amplio que el mero manejo o administración de recursos públicos que

11 Folios 93 a 130 del cuaderno núm. 1 del expediente.6

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Demandante: Germán Armando González Bustamante

11 Folios 93 a 130 del cuaderno núm. 1 del expediente.6

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también la ejercen las personas naturales o jurídicas que con su actuación dolosa o gravemente culposa propicien o contribuyan a la producción del daño patrimonial, como sucede en el presente asunto.

24. Sostuvo que la parte demandante incurrió en una gestión ineficaz, ineficiente y negligente en el trámite para la devolución del IVA ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, dado que la solicitud fue presentada de forma extemporánea y rechazada, lo que provocó un detrimento patrimonial a la Universidad Francisco José de

Caldas.

25. Precisó que existe responsabilidad solidaria frente a los contratistas por hechos irregulares conforme el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 , de modo que la parte demandante es sujeto pasi vo de la responsabilidad fiscal por conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal, al contribuir y coadyuvar directamente con el hecho generador del daño.

26. Indicó que no existió falsa motivación, dado que s e probaron de manera determinante los presupuestos de la responsabilidad y la actuación negligente e ineficaz de la parte demandante que coadyuvó a la generación del daño patrimonial.

27. Afirmó que no hubo desviación de poder, por cuanto no se probaron los postulados

de la parte demandante que coadyuvó a la generación del daño patrimonial.

27. Afirmó que no hubo desviación de poder, por cuanto no se probaron los postulados para configurar dicha causal de nulidad y e l proceso buscó el resarcimiento del detrimento patrimonial generado, salvaguardando los intereses públicos.

28. Expuso que la decisión se fundamentó en el material probatorio recaudado, que demostró los hechos, la conducta, el nexo causal y el daño.

29. Concluyó que el llamamiento en garantía y las medidas cautelares son figuras diferentes. La primera, busca que el garante acuda al proceso a responder como tercero civilmente responsable en razón de un contrato de seguro. La segunda, persigue medidas preventivas que garanticen el recaudo del detrimento patrimonial causado. Su decreto no implica una vulneración del derecho a la propiedad, p or cuanto las medidas cautelares son autorizadas por la Ley.

Decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca12 el 30 de octubre de 2020

30. El Tribunal Administrativo de C undinamarca, prescindió de la realización de la audiencia inicial, debido a que no era necesaria la práctica de pruebas y corrió traslado

12 Cfr. folios 161 del cuaderno núm. 1 del expediente7

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para alegar de conclusión por escrito para efectos de proferir sentencia anticipada conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto Legislativo núm. 806 de 4 de junio de 2020.

Sentencia apelada13

31. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 15

de abril de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. - DECLÁRASE la nulidad parcial de los numerales 1º, 8º y 9º del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 032 de 27 de agosto de 2018, proferido por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en relación con Germán Armando González Bustamante.

SEGUNDO. - DECLÁRASE la nulidad parcial del Auto de 24 de septiembre de 2018 y del Auto de 25 de octubre del mismo año, mediante los cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, proferidos por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., respectivamente, en relación con Germán Armando González Bustamante.

TERCERO. - ACCÉDESE a la pretensión 8ª; en consecuencia, se ordena a la Contraloría de Bogotá D.C., la cancelación de los registros ordenados en el numeral 9º del Fallo con

TERCERO. - ACCÉDESE a la pretensión 8ª; en consecuencia, se ordena a la Contraloría de Bogotá D.C., la cancelación de los registros ordenados en el numeral 9º del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 032 de 27 de agosto de 2018, proferido por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital de Bogotá D.C. Así mismo, se le ordena a la demandada, la cancelación de las medidas cautelares decretadas en contra de Germán Armando González Bustamante y el archivo del proceso de jurisdicción coactiva respectivo; también deberá expedir los correspondientes oficios, a fin de que las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos procedan de conformidad.

CUARTO. - NIÉGANSE las demás pretensiones.

QUINTO. - CONDÉNASE en costas a la Contraloría de Bogotá D.C., por Secretaría liquídense las mismas d e conformidad con el Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

SEXTO. - Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

SÉPTIMO. - En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose […]”.

32. El a quo consideró que los sujetos pasivos de la acción de responsabilidad fiscal, según puede advertirse, no solo son los servidores públicos y pa rticulares que administren o manejen recursos o fondos públicos de manera directa, sino también quienes en forma dolosa o culposa contribuyan al detrimento del patrimonio del Estado.

según puede advertirse, no solo son los servidores públicos y pa rticulares que administren o manejen recursos o fondos públicos de manera directa, sino también quienes en forma dolosa o culposa contribuyan al detrimento del patrimonio del Estado.

33. Adujo que el presente asunto gira en torno a las pérdidas económicas que sufrió la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debido a que no se solicitó ni tramitó oportunamente la devolución del IVA de los meses de marzo y abril de 2011 ante la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

13 Cfr. Folios 216 a 221 del cuaderno núm. 1 del expediente.8

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34. Manifestó que con fundamento en la normativa es claro que corresponde a cada institución de educación superior, solicitar la devolución del impuesto a las ventas, IVA, dentro del mes siguiente de cada periodo establecido, teniendo como plazo máximo para ello el último día hábil de dicho mes. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el fin de obtener la devolución del IVA de los meses de marzo y abril de 2011, debió impetrar la solicitud ante la DIAN durante el mes siguiente, por lo que su plazo límite era el 31 de mayo de 2011. Sin embargo, según da cuenta la Resolución núm. 629-0011 de 1.º de agosto de 2011, proferida por la parte demandada, la solicitud se radicó el 3 de

el 31 de mayo de 2011. Sin embargo, según da cuenta la Resolución núm. 629-0011 de 1.º de agosto de 2011, proferida por la parte demandada, la solicitud se radicó el 3 de junio de 2011, motivo por el cual se re chazó por extemporánea. Lo anterior trajo como consecuencia, que la Universidad Francisco José de Caldas, perdiera la suma de $470587.697 M/Cte., correspondientes al IVA pagado durante los meses de marzo y abril de 2011.

35. Señaló que el daño al erario público está debidamente acreditado con el rechazo de la solicitud de devolución del impuesto a las ventas, IVA, dispuesto por la DIAN mediante Resolución núm. 629 -0011 de 1º de agosto de 2011, confirmada mediante acto administrativo 1039 del 8 de noviembre del mismo año, lo cual implicó un detrimento patrimonial para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

36. Expuso que de acuerdo con el contrato de prestación de servicios suscrito, el demandante tenía la obligación contractual, según la Orden de Prestación de Servicios núm. OPS 271 del 28 de enero de 2011, de realizar “EL (...) APOYO JURÍDICO EN LAS LABORES QUE HAYA QUE DESARROLLAR AL RESPECTO CON EL MINISTERIO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AL Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA DEPENDENCIA”, por lo que dentro de las actividades propias de su objeto contractual estaba la de efectuar el cobro de la devolución del IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , dado que es

LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA DEPENDENCIA”, por lo que dentro de las actividades propias de su objeto contractual estaba la de efectuar el cobro de la devolución del IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , dado que es función del Jefe de la Oficina Jurídica.

37. Sostuvo que no bastaba con asignarle el proceso por reparto a la parte demandante, sino que debió otorgársele poder amplio y suficiente para representar a la institución educativa ante la D irección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dado que según lo dispuesto en el numeral 1 .º del artículo 4 del Decreto núm. 2627 del 28 de diciembre de 1993, esta solicitud la debe efectuar el r epresentante legal del centro educativo y que no obra prueba que demuestre que dicho mandato se haya conferido, puesto que el único poder para solicitar la devolución del IVA del periodo marzo a abril9

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de 2011, fue el conferido a la abogada Paola Andrea Ibá ñez Bustamante, quien fue la que presentó en forma extemporánea la solicitud de que se trata el 3 de junio de 2011.

38. Precisó que cuando la parte demandante advirtió que faltaba el otorgamiento del poder respectivo para la reclamar la devolución del IVA, lo informó el día 30 de mayo de 2011, dentro del plazo previsto, dado que el término se vencía el 31 de mayo de 2011.

poder respectivo para la reclamar la devolución del IVA, lo informó el día 30 de mayo de 2011, dentro del plazo previsto, dado que el término se vencía el 31 de mayo de 2011. En consecuencia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas debió otorgar el poder una vez fue avisada de dicha circunstancia; y si bien lo hizo, este se confirió a otro profesional del derecho, la abogada Paola Andrea Ibáñez Bustamante, quien presentó la solicitud en forma extemporánea, 3 de junio de 2011, lo que dio lugar al rechazo de la solicitud por parte de la DIAN.

39. Indicó que la parte demandante advirtió oportunamente las inconsistencias en la documentación presentada para la devolución del IVA, nunca se entregaron los documentos corregidos, junto con el mandato conferido al abogado respectivo, por parte las oficinas de contabilidad y jurídica, para que se pudiese solicitar la devolución.

40. Afirmó que tampoco es de recibo la afirmación contenida en la actuación administrativa consistente en que el demandante contribuyó con su demora a la extemporaneidad, los actos que materiali zan el daño no comportan una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal, por cuanto para que hubiese sido indispensable la contribución del demandante con el detrimento debió conferirse poder oportuno a este o bie n haber subsanado oportunamente dicha circunstancia.

41. Argumentó que no pueden reconocerse los dineros dejados de percibir en razón a la orden de prestación de servicios núm. 0271 de 28 de enero de 2011, mediante la cual se vinculó como contratista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

a la orden de prestación de servicios núm. 0271 de 28 de enero de 2011, mediante la cual se vinculó como contratista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dado que está plenamente acreditado que dicho contrato culminó el 30 de mayo de 2011, por solicitud de la parte demandante, por lo que de dicha relación jurídica no puede derivarse un lucro cesante.

42. Consideró que no puede reconocerse el daño emergente, sustentado en los honorarios profesionales pagados para su defensa en el proceso administrativo de responsabilidad fiscal y en el presente proceso judicial, toda vez que, si bien aporta copia de los con tratos de prestación de servicios profesionales, no acredita el pago de los mismos.

43. Concluyó respecto a la indemnización por daño moral, que la certificación allegada al proceso no puede considerarse como una prueba que demuestre la situación10

Núm. único de radicación: 25000234100020190024301

Demandante: Germán Armando González Bustamante

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psicológica de la parte demandante y que el trastorno tenga relación con los hechos materia de estudio. Lo mismo ocurre con las documentales provenientes de la profesional Ana Milena Isaza, es decir, no constituye prueba idónea para acreditar una condición clínica y no puede relacionarse, sin lugar a dudas, con la situación acaecida en razón del proceso de responsabilidad fiscal.

Recurso de Apelación de la parte demandada14

44. La parte demanda da interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación

proceso de responsabilidad fiscal.

Recurso de Apelación de la parte demandada14

44. La parte demanda da interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando los argumentos expuestos en el escrito de demanda y en sus alegatos de conclusión, y añade los siguientes

argumentos:

45. Manifestó que la parte demandante incumplió las funciones asignadas como contratista de la Oficina Asesora Jurídica del centro universitario contratante que contribuyó a la pérdida de recursos públicos, de modo que la actuación se limitó a determinar la responsabilidad patrimonial de la parte demandante en la producción del daño objeto de la acción fiscal.

46. Sostuvo que dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la parte demandada fueron establecidos todos los elementos de la responsabilidad fiscal con ocasión del actuar de la parte demandante, dado que se logró demostrar que por la radicación extemporánea de la devolución del impuesto sobre las ventas que correspondían al período entre marzo a abril de 2011 en los términos establecidos por el Decreto núm. 2627 de 1993, es decir, "a más tardar el último día hábil del mes siguiente al vencimiento del bimestre respectivo".

47. Precisó que la solicitud de devolución fue radicada por la parte demandante el 27 de mayo del 2011 y solicitó la terminación de su contrato de prestación de servicios el 30 de mayo de la misma anualidad, sin devolver a la dependencia competente la documentación, trámites y el proceso que hoy nos ocupa, faltando tan solo un día para el vencimiento del término máximo otorgado por la norma para acceder al reembolso de los recursos a favor del centro educativo.

documentación, trámites y el proceso que hoy nos ocupa, faltando tan solo un día para el vencimiento del término máximo otorgado por la norma para acceder al reembolso de los recursos a favor del centro educativo.

48. Afirmó