CE - 250002342000201801454011SENTENCIAFALLO20230206150143

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: MÓNICA PAOLA SIERRA PINEDA

Demandada: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN1

Temas: Nivelación salarial de oficial de protección, código 3137, grado 10 en comparación con el mismo empleo, pero del grado 15 de la planta de personal de la UNP.

Incumplimiento de la carga probatoria del demandante. Improcedente reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)

O-012-2023

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Mónica Paola Sierra Pineda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 3 a 5)

1. Declarar la nulidad del Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 por medio de la cual la Unidad Nacional de Protección respondió negativamente la solicitud del 26 de diciembre de 2014 formulada por la libelista con el fin de que le fueran reconocidos y pagados los valores por recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las horas extras y días compensatorios por el desempeño de trabajo suplementario.

2. Como consecuencia de esta declaraci ón y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar a favor de la demandante y de manera indexada las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y días compensatorios generados desde la fecha de su vinculación con el extinto DAS, así como a partir de su incorporación a

1 En adelante UNP. 2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.2

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.2

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Unidad Nacional de Protección desde el 1.° de enero de 2012 en adelante.

3. Condenar a la UNP a realizar la cotización actualizada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones con base en los referidos conceptos de salario por trabajo suplementario, con retroactividad desde el mes de enero de 2012 y reportados como aportes por actividad de alto riesgo de conformidad con el artículo 2.° de la Ley 860 de 2003.

4. Reconocer que la señora Mónica Paola Sierra Pineda debió ser incorporada a un cargo idéntico al que ejercía en el DAS donde se desempeñaba como detective, código 208, grado 06, esto es, a la plaza de oficial de protección, código 3137, grado 15, ello por haber sido nombrada en un empleo que no correspondía, en la medida en que devengó solo la asignación básica, pero sin incluir la prima de riesgo a la que tenía derecho en la institución extinguida.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 3)

1. La demandante estuvo vinculada con el extinto DAS bajo el cargo de

detective, adscrito al régimen específico de carrera administrativa previsto

en la institución extinguida.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 3)

1. La demandante estuvo vinculada con el extinto DAS bajo el cargo de

detective, adscrito al régimen específico de carrera administrativa previsto en el artículo 4.°, numeral 2.° de la Ley 909 de 2004. Aquel la devengó los siguientes conceptos de salario: i) prima especial de riesgo, ii) incrementos por antigüedad, iii) bonificación por servicios prestados, iv) prima de servicios, v) auxilio de alimentación, vi) auxilio de transporte, vii) viáticos, y viii) gastos de representación.

2. La libelista fue incorp orada desde el 1.° de ene ro de 2012 en la Unidad Nacional de Protección ante la supresión del Departamento Administrativo

de Seguridad, ello bajo un régimen ordinario de carrera en un cargo que no se acompasa al que esta ocupaba en dicha entidad, toda vez que solo le fue reconocida y pagada la asignación básica sin la prima de riesgo que percibía en el DAS.

3. La entidad demandada no ha concedido a favor de la señora Mónica Paola Sierra Pineda los valores correspondientes a las horas extras, recargos nocturnos y en días dominicales y festivos, así como tampoco los compensatorios por laborar bajo tales condiciones, ello a pesar de que aquella por las funciones de su empleo debe estar disponible las 24 horas del día, pues ha laborado aproximadamente entre 18 y 20 horas diarias.

4. La demandante presentó reclamación administrativa ante la UNP el 26 de diciembre de 2014 con la que instó el reconocimiento de los referidos haberes salariales, sin embargo , dicha autoridad negó lo deprecado

4. La demandante presentó reclamación administrativa ante la UNP el 26 de diciembre de 2014 con la que instó el reconocimiento de los referidos haberes salariales, sin embargo , dicha autoridad negó lo deprecado mediante el Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme al auto del 1.° de marzo de 2021 (folio 139), el a quo prescindió de esta en aplicación del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), ello con el fin de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de una controversia de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.

SENTENCIA APELADA

(Folios 177 a 185)3

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El a quo profirió sentencia escrita el 11 de noviembre de 2021 por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes

consideraciones:

El tribunal de primera instancia recalcó que se encuentra demostrado el hecho de que la señora Mónica Paola Sierra Pineda junto con otros funcionarios del extinto DAS, presentaron una petición el 26 de diciembre de 2014 ante la Unidad Nacional de Protección con la que solicitaron el reconocimiento y pago

de que la señora Mónica Paola Sierra Pineda junto con otros funcionarios del extinto DAS, presentaron una petición el 26 de diciembre de 2014 ante la Unidad Nacional de Protección con la que solicitaron el reconocimiento y pago de las horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos y días compensatorios laborados desde su ingreso a esa entidad, esto con la incidencia que se generara sobre sus prestaciones sociales y sus aportes a seguridad social. Destacó que igualmente aquella deprecó su ascenso y homologación a un cargo idéntico al que ejercía en el Departamento Administrativo de Seguridad según sus grados y códigos, en la medida en que consideró que fue incorporada a uno que no le correspondía debido a que se le tomó en cuenta solamente la asignación básica, sin incluir la prima de riesgo.

Al respecto señaló que la entidad demandada negó lo anterior al aducir que la jornada labora l para los empleados que realizan actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad, correspondía a 12 horas diarias, sin que en la semana pudieran exceder un límite de 66 horas, lo cual se podía extender por especiales razon es del servicio hasta 18 horas diarias, sin desconocer el límite de 72 horas semanales evento en el cual procedía la compensación en tiempo de descanso por el servicio prestado, pero no el pago de recargo alguno.

Asimismo adujo que median te el acto administrativo demandado se expresó que la incorporación de la demandante en la UNP no era una homologación de empleos, sino que de conformidad con lo previsto en el Decreto 4067 de 2011, se trataba de una equivalencia entre la nomenclatura y clasificación del

que la incorporación de la demandante en la UNP no era una homologación de empleos, sino que de conformidad con lo previsto en el Decreto 4067 de 2011, se trataba de una equivalencia entre la nomenclatura y clasificación del cargo del extinto DAS y la fijada para la Rama Ejecutiva nacional aplicable a la autoridad demandada , lo cual se había materializado mediante la Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011, razón por la cual, el ingreso de la libelista a la UNP se efectuó con estricta sujeción a lo ordenado por el Gobierno Nacional.

Sobre este eje temático precisó que la manifestación administrativa que definió la situación jurídica relativa a la incorporación de la reclamante a la UNP, no es precisamente el Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015, sino que corresponde a la Resolución 044 de 27 de diciembre de 2011 a través de la cual se ordenó la incorporación de varios empleados del extinto DAS a la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, entre los cuales figura la señora Sierra Pineda, esto con fundamento en las equivalencias de empleos determinadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 4067 de 2011.

En tal sentido, sostuvo que al advertir que en la presente causa judicial no se deprecó la nulidad de la resolución en comento, así como tampoco se agotaron los recursos que por ley son obligatorios respecto de esa decisión , resultaba necesario abstenerse de analizar la s pretensiones que buscaban homologar la plaza que ocupab a la parte activa en el DAS para que fuera equivalente a la de oficial de protección, grado 15, código 3137 del nivel técnico de la UNP.

necesario abstenerse de analizar la s pretensiones que buscaban homologar la plaza que ocupab a la parte activa en el DAS para que fuera equivalente a la de oficial de protección, grado 15, código 3137 del nivel técnico de la UNP.

En cuanto al reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, señaló que el cargo que ostenta la libelista (oficial de protección, código 3137, grado 10) , cumple funciones de apoyo administrativo, es decir que aquella no presta sus servicios a la UNP en actividades que implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de protección o de análisis de seguridad, quienes si deben tener disponibilidad permanente4

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la entidad, debido a que trabajan en jornadas que sobrepasan las 8 horas diarias y en días de descanso obligatorio.

Puntualizó que contrario a lo manifestado en la demanda, las funciones que desempeña la demandante en la UNP no corresponden a las denominadas de alto riesgo, pues sus labores se circunscriben al desarrollo de actividades de atención al ciudadano, seguimiento y manejo de SIG OB (aplicativo de la entidad), enlace con control interno y seguimiento de PQRS.

De otra parte, aseguró que aun en el entendido de que en la demanda se manifiesta que la señora Sierra Pineda debía estar disponible las 24 horas del

entidad), enlace con control interno y seguimiento de PQRS.

De otra parte, aseguró que aun en el entendido de que en la demanda se manifiesta que la señora Sierra Pineda debía estar disponible las 24 horas del día, y trabajaba entre 18 a 20 horas diarias, lo cierto es que tal afirmación no cuenta con soporte documental alguno, y por el contrario obra en el plenario, certificación de la entidad demandada en la que consta que la plaza desempeñada por aquella es de apoyo administrativo, que su jornada laboral es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y, que no registra en su expediente administrativo comisiones asignadas o formularios de «registro de horas hombre laboradas y compensadas».

Ahora, manifestó que si en gracia de discusión ex istiera en el expediente alguna prueba que indicara que la reclamante laboró tiempo suplementario a su jornada habitual (horas extras), se debe recordar que conforme a lo previsto en los artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de 1978, para ser beneficiario de las horas extras diurnas y nocturnas es necesario que los servidores públicos desempeñen un empleo que pertenezca al nivel técnico hasta el grado 09 o nivel asistencial hasta el grado 19, y en el caso de la demandante se advierte que el empleo ejercido pertenece al nivel técnico, y su grado es el 10, con lo cual se evidencia que no cumpliría con dicho requisito para ser beneficiaria de los emolumentos deprecados.

RECURSO DE APELACIÓN

(Folios 189 a 199)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión

los emolumentos deprecados.

RECURSO DE APELACIÓN

(Folios 189 a 199)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que e sta sea revocada a fin de que se acceda a sus pedimentos.

Para ello adujo que el a quo se apartó del deber que tiene todo juez colombiano de proteger al trabajador y garantizarle los principios de progresividad y prohibición de la regresividad que fueron vulnerados en el presente caso, toda vez que la libelista fue objeto de un desconocimien to de sus derechos laborales al pasar a la UNP, en la medida en que no le fueron respetadas las prerrogativas que tenía consolidadas en el extinto DAS a pesar de que en la actualidad ejerce las mismas labores y funciones que un oficial de protección, pero con un salario inferior.

Indicó que en la sentencia recurrida se desconoció el hecho de que si bien la señora Mónica Paola Sierra Pineda fue incorporada en el cargo de agente de protección, ello es una simple formalidad, habida cuenta de que realmente cumple las funciones propias de un oficial de protección, cuya actividad ha sido considerada de alto riesgo, pero remunerado con un salario inferior al de este último tipo de empleo.

Planteó que con la liquidación del DAS, los perjudicados fueron los trabajadores que como la demandante pertenecían al régimen específico de carrera administrativa que fue consagrado en el artículo 4.°, numeral 2.° de la Ley 909 de 2004, pues este les fue modificado en su contra por orden del Decreto 4057 de 2011, toda vez que fueron incorporados en la Unidad

carrera administrativa que fue consagrado en el artículo 4.°, numeral 2.° de la Ley 909 de 2004, pues este les fue modificado en su contra por orden del Decreto 4057 de 2011, toda vez que fueron incorporados en la Unidad Nacional de Protección (UNP) , bajo un régimen ordinario de carrera5

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativa, lo cual condujo a un retroceso y regresividad en sus derechos, inaceptable al tenor de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política y principios de la progresividad y prohibición de la regresividad consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esgrimió que el tribunal de primera instancia debió analizar el hecho de que la autoridad demandada incorporó a la libelista en su condición de agente de protección a un cargo que no le corresponde, pues se tuvo en cuenta solamente su asignación básica sin incluir la prima de riesgo que detentaba como derecho adquirido desde su vinculación con el DAS. Aseguró que la falta de examen de aquella situación termina por transgredir el principio de la primacía de la realidad so bre las formalidades, puesto que formalmente a la demandante se le reconoce bajo la mentada plaza, pero la verdad es que sus funciones corresponden a las de un oficial de protección, código 3137, grado 15 del nivel técnico.

Por otro lado, frente al reconocimiento de trabajo suplementario a favor de la

demandante se le reconoce bajo la mentada plaza, pero la verdad es que sus funciones corresponden a las de un oficial de protección, código 3137, grado 15 del nivel técnico.

Por otro lado, frente al reconocimiento de trabajo suplementario a favor de la parte activa, adujo que el a quo soslayó el hecho de que el reclamante estaba disponible para laborar en el DAS durante las 24 horas del día, pues ejercía funciones aproximadamente entre 18 a 20 horas diarias, ello sin que le hubiesen sido reconocidas y pagadas las horas extras, recargos y compensatorios con fundamento en el Decreto 1932 de 1989.

Aseveró que en el presente caso no se realizó un control de convencionalidad conforme a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello bajo el entendido de que las normas de la Convenció n Americana de Derechos Humanos deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin de dicho instrumento que no es otro diferente al de la eficaz protección de la persona.

En tal sentido , sostuvo que en primera instancia no se dio aplicación a los mentados preceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que en virtud del principio de la buena fe, era un deber respetar lo aprobado por Colombia en punto a garantizarle a la libelista sus derechos adquiridos y la condición más beneficiosa que la cobijaba desde su vinculación con el DAS, máxime si lo que operó materialmente respecto de su relación legal y reglamentaria fue un simple cambio de nombre en la entidad y su cargos.

Finalmente manifestó que conforme a lo expuesto, el tribunal no debió dejar

vinculación con el DAS, máxime si lo que operó materialmente respecto de su relación legal y reglamentaria fue un simple cambio de nombre en la entidad y su cargos.

Finalmente manifestó que conforme a lo expuesto, el tribunal no debió dejar de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, «Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno». Es decir, argumentó que para resolver el presente litigio, era necesario tener en cuenta que el referido tratado prima sobre cualquier normativa interna como las leyes y actos con los cuales se adoptó la supresión o extinción del DAS, la creación de la UNP, el régime n laboral y la incorporación de la demandante a esta última entidad, puesto que lo reglamentado para lo anterior disminuyó las condiciones y derechos laborales de servidores como la señora Mónica Paola Sierra Pineda al hacerlos regresivos respecto de aquellas prerrogativas que la cobijaban en la extinta entidad.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA

INSTANCIA6

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Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante

www.consejodeestado.gov.co Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante auto del 2 de agosto de 2022 admitió dicha impugnación y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho par a dictar sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16 de septiembre de 2022 , proferida por la Secretaría visible en el índice 8 del registro en SAMAI, en la cual s e indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente fue formulado por la demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Mónica Paola Sierra Pineda demostró el presunto tratamiento salarial discr iminatorio entre el cargo de oficial de protección, código 3137, grado 10 en el cual fue incorporada a la UNP desde el 1.° de enero de 2012 luego de la supresión del DAS , y el empleo de oficial de protección, código 3137, grado 15 existente en la planta de personal de la primera entidad en comento, bajo el supuesto de que no le fueron respetados sus derechos laborales adquiridos desde su vinculación con el referido Departamento Administrativo de

Seguridad?

2. ¿Le asiste derecho a la libelista al reconocimiento y pago de l trabajo suplementario, es decir, de horas extras, recargos nocturnos, en días dominicales y festivos desde el 5 de enero de 2005 cuando fue vinculada al extinto DAS como detective, código 208, grado 06?

Primer problema jurídico

¿La señora Mónica Paola Sierra Pineda demostró el presunto tratamiento salarial discriminatorio entre el cargo de oficial de protección, código 3137, grado 10 en el cual fue incorporada a la UNP desde el 1.° de enero de 2012 luego de la supresión del DAS , y el empleo de oficial de protección, código 3137, grado 15 existente en la planta de personal de la primera entidad en comento, bajo el supuesto de que no le fueron respetados sus derechos laborales adquiridos desde su vinculación con e l referido Departamento

3137, grado 15 existente en la planta de personal de la primera entidad en comento, bajo el supuesto de que no le fueron respetados sus derechos laborales adquiridos desde su vinculación con e l referido Departamento Administrativo de Seguridad?7

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el punto la Subsección sostendrá como tesis la siguiente: la demandante no logró comprobar a plenitud ni con suficiencia los supuestos de hecho con base en los cuales sustentó sus pretensiones par a sostener un criterio de semejanza entre los cargos comparados, a fin de realizar un juicio de igualdad material en punto a una eventual nivelación salarial por equiparación de cargos, así como tampoco para la aplicación de un control de convencionalidad como el deprecado, tal como se expone a continuación:

 El ejercicio de comparación exigido jurisprudencialmente para verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar

En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que la demandante en su calidad de oficial de protección, código 3137, grado 10 de la UNP, pretende en esencia una nivelación salarial con fundamento en un parangón entre su plaza y la de un oficial de protección, código 3137, grado 15 de la misma entidad , ello al asegurar que en el proceso de incorporación al organismo demandado ante la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no se tuvo en cuenta que el cargo que aquel la ocupaba inicialmente, no es

ello al asegurar que en el proceso de incorporación al organismo demandado ante la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no se tuvo en cuenta que el cargo que aquel la ocupaba inicialmente, no es equivalente al de su posterior nombramiento y que a la fecha de presentación de la demanda desempeñaba (26 de junio de 2018), pues sostuvo que ejerció las mismas labores de la última posición funcional en comento, pero sin el reconocimiento y pago de la prima de riesgo propia de sus act ividades riesgosas como detective.

Al respecto se advierte que el a quo tácitamente se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la materia, pues estimó que no se había demandado el acto administrativo emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el que se determinó cómo se realizaría la equivalencia de cargos para la incorporación de los servidores del extinto DAS que ingresarían a la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. Aun así, la parte activa en su recurso de a lzada planteó argumentos de fondo para insistir en que debe ordenarse una modificación en la nomenclatura y clasificación de la plaza para la cual fue nombrada y la que en su sentir debe detentar por equivalencia entre la posición de detective y la de ofic ial de protección, grado 15.

Pues bien, sobre el punto, la primera consideración de la Sala es que en el presente caso, al margen de que no se haya declarado expresamente probada la excepción de inepta demanda con su consecuente inhibición, el efecto derivado de la decisión del tribunal de origen fue el mismo, pues técnicamente se abstuvo de resolver el litigio respecto del pedimento bajo estudio. No obstante, en el sub examine debe destacarse que si bien no se encuentra

derivado de la decisión del tribunal de origen fue el mismo, pues técnicamente se abstuvo de resolver el litigio respecto del pedimento bajo estudio. No obstante, en el sub examine debe destacarse que si bien no se encuentra vinculada en esta oportunidad la Co misión Nacional del Servicio Civil y tampoco se demandó la Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011 con la que dicha autoridad definió la equivalencia de cargos, la demandante sí inició una actuación administrativa directamente ante la UNP con el fin de que se nivelaran las condiciones que detentaba en el DAS frente a las que le fueron dadas al momento de la incorporación a la primera institución en comento.

Según la petición radicada por la libelista ante la parte pasiva el 26 de diciembre de 2014 (folios 36 a 40 del plenario), esta instó en esencia, además del reconocimiento y pago de trabajo suplementario, que se equiparara la plaza de detective, código 208 , grado 06 a la de oficial de protección, código 3137, grado 15 de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, esto en orden de nivelar su salario debido a que al ingresar a este último organismo, le fue dejada de pagar la prima de riesgo adicional a la asignación básica que devengaba en el DAS.

Como se observa, la reclamación administrativa de la recurrente buscaba8

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022)

Demandante: Mónica Paola Sierra Pineda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co provocar una manifestación expresa de la autoridad demandada en punto a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co provocar una manifestación expresa de la autoridad demandada en punto a obtener una nivelación salarial por equiparación de car gos derivados de un proceso de incorporación a otra entidad, esto al aducir que por equivalencia, aquella desempeñaba en las mismas condiciones la plaza de oficial de protección grado 15 y no la de grado 10 en la que fue designada. Sobre el particular se aprecia que la parte pasiva sí emitió una decisión concreta con la que negó lo deprecado, esto a través del Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015 (folios 24 a 28), de suerte que sí existe un acto administrativo susceptible de control judicial por ha ber creado una situación jurídica denegatoria de un pedimento específico reclamado por una administrada.

En tal sentido, resulta evidente que en el presente caso sí es viable y procedente analizar y resolver de fondo el litigio sobre la nivelación pretendida por la demandante, pues se agotó el trámite de la reclamación en sede administrativa que generó un act o eficaz que surte efectos y que puede ser controvertido para verificar su legalidad, esto más aún cuando lo propio no fue advertido, alegado ni discutido oportunamente a lo largo del proceso.

Por lo tanto, tal como se planteó en sentencia del 27 de octu bre de 2022 dictada por esta misma Subsección3 en el proceso con número interno 30742021, el cual comparte elementos fácticos y jurídicos similares al asunto de marras, se torna adecuado pronunciarse sobre la pretensión de nivelación en

dictada por esta misma Subsección3 en el proceso con número interno 30742021, el cual comparte elementos fácticos y jurídicos similares al asunto de marras, se torna adecuado pronunciarse sobre la pretensión de nivelación en comento, para lo cual se realizan las siguientes precisiones:

Luego de esta aclaración, se precisa que, en materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la parte activa el desempeño «de fact