CE - 500012331000200900395012SENTENCIA20230629150033

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00395-01(66845)

Actor: FABIO URIEL MANCIPE LESMES

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. DAÑO ANTIJURÍDICO-No hay definición constitucional (art. 90 CN). DAÑO ANTIJURÍDICO-Afectación relevante para el derecho y opuesta al ordenamiento jurídico.

ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Es la regla general. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. TESTIMONIO-Crítica testimonial. DETERIORO DEL VEHÍCULO INMOVILIZADO-Se acredita con el acta de entrega definitiva del bien aprehendido. DEPÓSITO PROVISIONAL DE BIENES SUJETOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO-Deben

testimonial. DETERIORO DEL VEHÍCULO INMOVILIZADO-Se acredita con el acta de entrega definitiva del bien aprehendido. DEPÓSITO PROVISIONAL DE BIENES SUJETOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO-Deben restituir la cosa en el mismo estado en que se encontraba. PERITACIÓN-Deber de colaboración de las partes con el perito. COLABORACIÓN EN PRÁCTICA DE PRUEBAS-El incumplimiento de ese deber se valora como indicio en contra. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 3 de noviembre de 2005, la Policía de Carreteras de la Seccional de Villavicencio inmovilizó un camión, que conducía Jorge Eduardo Daza Alfonso, porque transportaba sustancias para la fabricación de estupefacientes. El 9 de noviembre siguiente, la Fiscalía dejó el vehículo a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y, posteriormente, ordenó devolverlo. Fabio Uriel Mancipe Lesmes, poseedor del camión, alega defectuoso funcionamiento de la2 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones

Mancipe Lesmes, poseedor del camión, alega defectuoso funcionamiento de la2 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones administración de justicia, porque el automotor fue desvalijado bajo la custodia de las autoridades.

ANTECEDENTES El 27 de noviembre de 2009, Fabio Uriel Mancipe Lesmes, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy Sociedad de Activos Especiales SAS). Solicitó 300 SMLMV por perjuicios morales, $40.000.000 por el valor del vehículo, por daño emergente y $96.000.000 por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Jorge Eduardo Daza Alfonso conducía el camión marca Dodge de placas GKJ 935 y la Policía lo inmovilizó, la Fiscalía lo dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que lo entregó en depósito provisional al administrador del «Parqueadero Servigrúas» y, posteriormente, ordenó su entrega definitiva. Alegó defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque el vehículo fue desvalijado bajo la custodia de las entidades. El 18 de enero de 2010 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Rama Judicial, Ministerio del Interior propusieron la excepción de indebida representación, porque no participaron en los hechos. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que su

escrito de contestación de la demanda, la Nación-Rama Judicial, Ministerio del Interior propusieron la excepción de indebida representación, porque no participaron en los hechos. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que su actuación se ajustó a la Constitución y la ley y que el vehículo estaba bajo custodia de otra entidad. La Dirección Nacional de Estupefacientes adujo que el demandante debía probar la responsabilidad. El 4 de abril de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La Dirección Nacional de Estupefacientes alegó que no se probó su responsabilidad. La Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el demandante reiteraron lo expuesto. La Nación-Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio. El 6 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca en la sentencia negó las pretensiones, porque no se acreditó el alegado estado de deterioro del vehículo inmovilizado. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 23 de febrero de 2021 y admitido el 2 de julio siguiente. Esgrimió3 Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones que el daño se acreditó con el álbum fotográfico que aportó con la demanda e insistió en la práctica de la prueba pericial. El 27 de agosto de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. La Nación-Ministerio del Interior guardó silencio. El Ministerio Público

insistió en la práctica de la prueba pericial. El 27 de agosto de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. La Nación-Ministerio del Interior guardó silencio. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones, pues consideró que el demandante no acreditó el daño. El 14 de enero de 2022, el Consejo de Estado negó la solicitud de pruebas en segunda instancia formulada por la parte demandante, en el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 CN y art. 86 CCA). 1 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985

1 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 263 y 694, respectivamente, disponible en https://bitly/3gjiduK. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Junsprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en https://bit ly/3gjiduK.4 Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo

Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término para intentar el medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el daño. La demanda se interpuso en tiempo -27 de noviembre de 2009porque el demandante tuvo conocimiento del daño reclamado desde el 27 de noviembre de 2007, fecha en que la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó la entrega del vehículo a Fabio Uriel Mancipe Lesmes [hecho probado 9.14]. Legitimación en la causa

4. Fabio Uriel Mancipe Lesmes es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues celebró el contrato de compraventa del vehículo de placas GKJ 935 y solicitó la devolución de este dentro del proceso penal [hechos probados 9.1, 9.7 y 9.9]. La Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes están legitimadas en la causa por pasiva, pues fueron las entidades encargadas de la incautación y custodia del vehículo [hechos probados 9.3, 9.6, 9.8, 9.13 y 9.14]. La Nacióncausa por pasiva, pues fueron las entidades encargadas de la incautación y custodia del vehículo [hechos probados 9.3, 9.6, 9.8, 9.13 y 9.14]. La NaciónMinisterio del Interior no está llamada a representar a la Nación, pues no participó en los hechos.

JA Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la parte demandada incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por los daños que sufrió un vehículo mientras estuvo incautado bajo la custodia de las autoridades. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Rad. 40.425 [fundamento jurídico 2.2].5 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones

TA Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró tenían mérito probatorio?.

7. Las fotografías aportadas al proceso (f. 26 a 29 c. 1) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas”.

8. La Nación-Fiscalía General de la Nación aportó, como prueba trasladada, copia

no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas”.

8. La Nación-Fiscalía General de la Nación aportó, como prueba trasladada, copia simple del proceso de extinción de dominio del vehículo GKJ 935 (f. 1-291 c. 4).

Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestaciónf. Como la demandada aportó copia simple del proceso de extinción de dominio (f. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Junisprudencias y Conceptos, Consejo de

Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Junisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjjduK. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 28.832 [fundamento jurídico 9.1]. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https://bit ly/3gjiduK.6 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones 291 c. 4) y los documentos, que obran en el expediente, no fueron tachados de falso, las pruebas trasladadas de ese proceso penal serán valoradas.

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 9.1. El 15 de agosto de 2005, Fabio Uriel Mancipe Lesmes y William Norberto Lee Guerra celebraron el contrato de compraventa del camión de placas GKJ 935 por un valor de $40.000.000, según da cuenta copia simple del contrato (f. 23 c. 1).

Guerra celebraron el contrato de compraventa del camión de placas GKJ 935 por un valor de $40.000.000, según da cuenta copia simple del contrato (f. 23 c. 1). Para esa fecha, William Norberto Lee Guerra era el propietario del vehículo, según da cuenta copia simple de la licencia de tránsito del automotor n%. 0325151 expedida por el Ministerio de Transporte (f. 22 c. 1). 9.2. El 11 de octubre de 2005, Fabio Uriel Mancipe Lesmes y Jorge Eduardo Daza Alfonso celebraron el contrato de comodato del camión de placas GKJ 935 por un valor de $1.500.000, según da cuenta copia simple del contrato (f. 212 c. 4). 9.3. El 3 de noviembre de 2005, la Dirección Operativa de la Policía de Carreteras Seccional Villavicencio inmovilizó el vehículo Dodge Camión de placas GKJ 935 modelo 1976 que conducía Jorge Eduardo Daza Alfonso y lo dejó a disposición de la Fiscalia Tercera Especializada de Villavicencio, porque transportaba sustancias para el procesamiento de estupefacientes, según da cuenta copia simple del oficio n. 2374 y del acta de incautación (f. 1 a 3 y 6 c. 4). En la misma fecha, el administrador del «Parqueadero Servigrúas» elaboró el acta de inventario del vehículo de placas GKJ 935 y dejó constancia del estado regular del mismo, según da cuenta copia simple de esta acta (f. 21 c. 4). 9.4. El 4 de noviembre de 2005, el Fiscal Tercero Especializado de Villavicencio decretó la inspección judicial del vehículo de placas GKJ 935 modelo 1976, según

9.4. El 4 de noviembre de 2005, el Fiscal Tercero Especializado de Villavicencio decretó la inspección judicial del vehículo de placas GKJ 935 modelo 1976, según da cuenta copia simple del oficio n. 0767 (f. 34 y 35 c. 4). 9.5. El 4 de noviembre de 2005, el CTI practicó la inspección judicial del vehículo de placas GKJ 935 modelo 1976, según da cuenta copia simple del acta de la diligencia (f. 37 y 38 c. 4). 9.6. El 9 de noviembre de 2005, el Fiscal Tercero Especializado de Villavicencio dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el vehículo de7 Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones placas GKJ 935 modelo 1976, que se encontraba en el «Parqueadero Servigrúas», según da cuenta copia simple de los oficios (f. 44 y 45 c. 4). 9.7. El 29 de noviembre de 2005, Fabio Uriel Mancipe Lesmes solicitó la devolución del vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple del memorial (f. 82 y 83 c. 4). 9.8. El 26 de diciembre de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Luis Eduardo Daza por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, para iniciar la correspondiente acción sobre el vehículo de placas GKJ 935, según

tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, para iniciar la correspondiente acción sobre el vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 97-110 c. 4). 9.9. El 27 de enero de 2006, Fabio Uriel Mancipe Lesmes solicitó al juez de extinción de dominio de Villavicencio la devolución del vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple del memorial (f. 154 a 157 c. 4). 9.10. El 6 de junio de 2006, la Fiscalia Tercera Especializada de Villavicencio ordenó iniciar el trámite de extinción de dominio, la suspensión del poder dispositivo y el embargo del vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 167 a 171 c. 4). 9.11. El 6 de diciembre de 2006, la Fiscalia Tercera Especializada de Villavicencio declaró improcedente la extinción de dominio del vehículo de placas GKJ 935, al considerar que Fabio Uriel Mancipe Lesmes —poseedor del vehículo— no participó en los hechos, según da copia simple de la resolución (f. 231 a 238 c. 4). 9.12. El 4 de julio de 2007, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión del 6 de diciembre de 2006 y negó la extinción de dominio del vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 251 a 262 f. 4).

de 2006 y negó la extinción de dominio del vehículo de placas GKJ 935, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 251 a 262 f. 4). 9.13. El 30 de julio de 2007, la Fiscalía Novena Especializada de Villavicencio ordenó cancelar las medidas cautelares del vehículo de placas GKJ 935 y ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes realizar la entrega del vehículo a Fabio8 Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones Uriel Mancipe Lesmes, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 263 y 263

Cc. 4). 9.14. El 27 de noviembre de 2007, la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó la entrega real y material del vehículo de placas GKJ 935 a Fabio Uriel Mancipe Lesmes, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 279 a 281 c. 4). El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

10. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico —antijuricidad—-, permite a su titular obtener una indemnización”. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica

indemnización”. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria?. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. . Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993%, pues 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n?. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. $ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2]. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico

jurídico 2]. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22).9 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ¡licitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad — como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración.

Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo”. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable!. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

11. Según la demanda, la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrieron en un defectuoso

permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

11. Según la demanda, la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque incautaron un vehículo que fue desvalijado mientras estaba en custodia de las entidades demandadas.

Está acreditado que Fabio Uriel Mancipe Lesmes era poseedor del vehículo Dodge Camión con placas GKJ 935 modelo 1976 [hecho probado 9.1 y 9.2]. La Dirección Operativa de la Policía de Carreteras seccional Villavicencio dejó el vehículo automotor a disposición de la Fiscalía —pues fue utilizado para transportar sustancias para la fabricación de estupefacientes [hecho probado 9.3]-. A su vez, lo puso a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes [hecho probado 9.6]. El administrador del «Parqueadero Servigrúas» recibió el vehículo en regulares condiciones [hecho probado 9.3]. La Fiscalía Novena Especializada de Villavicencio ordenó cancelar las medidas cautelares sobre el vehículo de placas GKJ 935 [hecho probado 8.13]. La Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó 19 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico VJ]. 41 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].10 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones

Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].10 Expediente n”. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones la entrega real y material del vehículo a Fabio Uriel Mancipe Lesmes [hecho probado 9.14].

12. Ana Celia Alfonso Garay —compañera sentimental de Fabio Uriel Mancipe Lesmesdeclaró que le «contaron» que Jorge Eduardo Daza Alfonso —que conducía el vehículo cuando fue inmovilizado por la Policia— transportaba unos químicos para la fabricación de estupefacientes. Narró que la Policía llevó el vehículo incautado a los patios y que después de un tiempo al vehículo lo encontraron desvalijado. Agregó que, «según dicen» el vehículo fue llevado a otro parqueadero en Bogotá en el que fue desbaratado y vendido para chatarra (f. 356 y 397 C. 2).

Ana Celia Alfonso Garay tenía una relación sentimental con Fabio Uriel Mancipe Lesmes. Por ello, es un testigo sospechoso, en los términos del artículo 217 CPC, por sus sentimientos con relación a la parte demandante. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad??. Como el dicho de la declarante corresponde a lo que le «contaron», se trata -ademásde un testigo de oídas. Sobre el testimonio de oídas, el artículo 228.3 CPC dispone que si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere

Como el dicho de la declarante corresponde a lo que le «contaron», se trata -ademásde un testigo de oídas. Sobre el testimonio de oídas, el artículo 228.3 CPC dispone que si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que —por lo menosidentifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados3. La testigo no precisó la forma en que recibió la información, esto es, quién le contó ni en qué circunstancias lo hizo. Su testimonio no dio' cuenta del momento y la 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262 [fundamento jurídico 2.3]. 13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262 [fundamento jurídico 2.3].11 Expediente n. 66.845

Demandante: Fabio Uriel Mancipe Lesmes Niega pretensiones forma cómo tuvo conocimiento de que el camión había sido desvalijado. Además, su relato sobre el lugar en el que fue «desbaratado» el vehículo es inconsistente.

En su declaración afirmó inicialmente que el vehículo fue desvalijado en el parqueadero al que fue llevado luego de la incautación. Después sostuvo que el

su relato sobre el lugar en el que fue «desbaratado» el vehículo es inconsistente. En su declaración afirmó inicialmente que el vehículo fue desvalijado en el parqueadero al que fue llevado luego de la incautación. Después sostuvo que el vehículo fue llevado a otro parqueadero en Bogotá en el que fue «desvalijado». Su dicho se fundamenta en conjeturas y suposiciones y no en hechos constatables.

13. El artículo 242 CPC prevé un deber de colaboración de las partes con los peritos. Según esta disposición, las partes deben facilitar datos, cosas y acceso a lugares que los peritos consideren necesarios, y si alguna de las partes no lo hiciere, se dejará constancia de esta situación en el dictamen, de forma que el juez aprecie esta conducta como un indicio en contra del renuente. La reiterada omisión del demandante en este proceso constituye una violación a este deber y se valora como un indicio en su contra. La existencia de estos indicios, por sí misma, no demuestra el daño alegado por la parte demandante. Es necesario apreciarlos en conjunto con el resto de pruebas que obran en el proceso y valorarlos en consideración a su gravedad, concordancia y convergencia, según el artículo 250 CPC.

El Tribunal decretó el dictamen pericial solicitado por la parte demandante (f. 213, c.1). El 10 de abril de 2018, el perito manifestó que no podía practicar el dictamen, pues no pudo tener acceso al vehículo, ya que no se encontraba en la dirección suministrada (f. 472 c.1). El 18 de abril de 2018, el Tribunal requirió a las partes para que informaran la ubicación del vehículo. En oficio de esa misma fecha, el

suministrada (f. 472 c.1). El 18 de abril de 2018, el Tribunal requirió a las partes para que informaran