CE - 73001233300520140034601120230726171556
Detalles
- Título
- CE - 73001233300520140034601120230726171556
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: P&G S.A., ODEAL S.A. y Carlos González Serna, integrantes
de la Unión Temporal ODEAL
Demandado: Municipio del Guamo (Tol) Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia
CONTRATO DE CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO / DECLARATORIA DE CADUCIDAD – actos de trámite y actos definitivos - vulneración al debido proceso administrativo – cosa juzgada administrativa / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – ineficacia del acto unilateral por falta de notificación / PRETENSIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL – no procede si requiere de la declaración previa de incumplimiento y esto no fue pretendido – DIFERENCIA ENTRE PRETENSIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE - se niega cuando no se acredita el daño
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si se configuraron vicios de
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si se configuraron vicios de ilegalidad en las resoluciones que determinaron continuar el procedimiento administrativo sancionatorio que culminó con la declaratoria de incumplimiento y caducidad de un contrato de concesión.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la providencia del 7 de julio de 20171, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.
Pretensiones
2. El 30 de mayo de 2014, las sociedades P&G S.A., ODEAL S.A. y el señor
CARLOS GONZÁLEZ SERNA, integrantes de la Unión Temporal ODEAL,
1 Folio 1150 a 1181 –ambas caras– del cuaderno ppal. 2Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: Unión Temporal ODEAL
Demandado: Municipio del Guamo (Tol)
Asunto: Controversias contractuales
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presentaron demanda 2 contra el municipio de l Guamo (Tol), con el propósito de obtener las siguientes decla raciones y condenas (se transcribe literal incluyendo errores):
“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 009 de 25 de enero de 2012, proferida por el señor Alcalde del Municipio de El Guamo (Tolima), por medio de la cual, con respecto al contrato de concesión suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL ODEAL y el Municipio de El Guamo, se declaró
el señor Alcalde del Municipio de El Guamo (Tolima), por medio de la cual, con respecto al contrato de concesión suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL ODEAL y el Municipio de El Guamo, se declaró la caducidad, la ocurrencia de siniestro, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y se inhabilitó a la UNIÓN TEMPORAL ODEAL, y a sus miembros integrantes ODEAL S.A., P&G S.A., y CARLOS GONZÁLEZ SERNA, por el término de cinco (05) años para celebrar contratos con Entidades Estatales.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 015 de 01 de febrero de 2012, proferida por el señor Alcalde del Muni cipio de El Guamo (Tolima), por medio de la cual, dicho ente territorial confirmó en su totalidad lo decidido en la Resolución No. 009 de 25 de enero de 2012.
TERCERA: Se declare como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 009 y 015, las cuales se someten a juicio de legalidad, que P&G S.A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA S.A. no están inhabilitados para celebrar contratos con entidades públicas.
CUARTA: Se ordene al Municipio de El Guamo, oficiar, a la cámara de comercio competente y en la Procuraduría General de la Nación solicitando la cancelación de la declaratoria de caducidad que recae sobre P&G S.A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA, como consecuencia de la revocatoria de los actos administrativos ya discriminados.
QUINTA: Se declare la nulidad de la totalidad de los actos administrativos expedidos por el
revocatoria de los actos administrativos ya discriminados.
QUINTA: Se declare la nulidad de la totalidad de los actos administrativos expedidos por el Municipio de El Guamo (Tolima), con fundamento en las Resoluciones No. 009 de 25 de enero de 2012 y No. 015 del 1 de febrero de 2012.
SEXTA: Se liquide judicialmente el contrato de concesión de alumbrado público de 2005, suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL ODEAL en calidad de contratista y el Municipio de El Guamo (Tolima) en calidad de contratante, ordenando el reconocimiento de las siguientes declaraciones y el pago de las sumas dineros que correspondan a los siguientes conceptos:
● Se declare la terminación del contrato en razón a la excepción de contrato no cumplido propuesta por la UNIÓN TEMPORAL ODEAL el 20 de abril del año 2010.
● Se declare y ordene el pago del valor de la cláusula penal pecuniaria en cabeza del Municipio de El Guamo como consecuencia de su incumplimiento contractual, equivalente al porcentaje fijado en el acto contractual, que deberá ser fijado por el perito que designe el Juez, teniendo en cuenta el valor final del contrato de concesión.
● Se declare y ordene el pago como consecuencia de la mora en el pago de los valores que por concepto de contraprestación económica le correspondían a la contratista y a cada uno de sus miembros integrantes P&G S .A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA S.A. en sumas desiguales teniendo en cuenta su grado de participación en la Unión Temporal, habida cuenta de los intereses que fueron pactados en el contrato y de conformidad con el modelo económico acordado
desiguales teniendo en cuenta su grado de participación en la Unión Temporal, habida cuenta de los intereses que fueron pactados en el contrato y de conformidad con el modelo económico acordado a la suscripción del acto contractual, el valor de los intereses moratorios a la tasa máxima legal, a cargo del Municipio de El Guamo (Tolima) desde el momento en que se presentó su incumplimiento.
● Se reconozcan y se declaren las actividades que fueron realizadas por la UNIÓN TEMPORAL ODEAL, concesionaria dentro del contrato de concesión de alumbrado público hasta tanto tuvo el manejo de la infraestructura del servicio.
2 Folio 222 al 286 del cuaderno ppal. 1, y reforma de la demanda presentada el 18 de junio de 2015 visible en los folios 996 y 997 del cuaderno ppal. 6, admitida por el a quo mediante Auto del 16 de julio de 2015 (fl. 992 c. ppal. 6). Dicha reforma adicionó el acápite de pruebas en los siguientes términos: “REFORMA LA DEMANDA. Adjunto los siguientes documentos, para qué, en observancia al orden dado a la demanda y el contenido de su acápite de “pruebas”, sub acápite denominado “las que se aportan”, entren a ser parte del material de prueba del expediente como su numeral de prueba número 8ª, así: ● Documentos correspondientes a contratos, adiciones, prórrogas, cesiones, y actas de constitución de formas plurales de participación (de que trata el art. 7 de la l ey 80/93), en los cuales participó el Dr. CARLOS GONZÁLEZ SERNA, demandante dentro del presente medio de control”.Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: Unión Temporal ODEAL
GONZÁLEZ SERNA, demandante dentro del presente medio de control”.Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: Unión Temporal ODEAL
Demandado: Municipio del Guamo (Tol)
Asunto: Controversias contractuales
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● Se declare y ordene el pago a favor de P&G S.A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA S.A. en sumas proporcionales de acuerdo a su porcentaje de participación en la forma asociativa, la siguiente suma de dinero, representada en S.M.L.M.V. para el año 2013, correspondientes a las sumas de dinero estimada y dejada de percibir por la Unión Temporal ODEAL, como consecuencia el déficit generado en el modelo contractual financiero pactado en el contrato, al variar las condiciones económicas existentes al momento de la celebración del contrat o, que le correspondían a mis poderdantes en el desarrollo normal de la ejecución del contrato:
CONCEPTO VALOR S.M.L.M.V Valores no pagados por el Municipio durante la ejecución del contrato y hasta la fecha en que ODEAL excepcionó por contrato no cumplido
$1,515,248,885,oo
2570,396
SÉPTIMA: Se ordene Indemnizar a P&G S.A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA S.A. como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos Resoluciones No. 009 y 015 de enero 25 y febrero 01 de 2012, respectivamente, a título de restablecimiento del derecho
por los siguientes conceptos y sumas de dinero:
● Por concepto de daño emergente, representado en la totalidad de gastos en que incurrió
y 015 de enero 25 y febrero 01 de 2012, respectivamente, a título de restablecimiento del derecho por los siguientes conceptos y sumas de dinero:
● Por concepto de daño emergente, representado en la totalidad de gastos en que incurrió cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, en el trámite de la controversia e impugnación de las actuaciones que a la postre, finalizaron con el procedimiento de la Resolución No. 015 de 01 de febrero de 2012, originaron la declaratoria de caducidad respecto de la cual hoy se solicita su revocatoria:
CONCEPTO VALOR S.M.L.M.V P&G S.A. $11.334.000 19,22
ODEAL S.A. $11.334.000 19,22
CARLOS GONZÁLEZ SERNA $11.334.000
19,22
● Por concepto de lucro cesante a la totalidad de los integrantes de la unión temporal por la suma equivalente a la Utilidad esperada de la concesión que se generaría a partir del año 2014 y cuya expectativa feneció con la declaratoria de caducidad:
CONCEPTO VALOR S.M.L.M.V Utilidad esperada de la concesión que se generaría a partir del año 2014 y cuya expectativa feneció con la declaratoria de caducidad
$580.639.148,81
984,968
● Por concepto de lucro cesante por la suma equivalente a la utilidad dejada de percibir en los contratos cedidos forzosamente por parte de P & G S.A. como consecuencia de la declaratoria de caducidad y la inhabilidad que le sobrevino:
CONCEPTO VALOR S.M.L.M.V Utilidad de los contratos cedidos forzosamente como consecuencia de
de caducidad y la inhabilidad que le sobrevino:
CONCEPTO VALOR S.M.L.M.V Utilidad de los contratos cedidos forzosamente como consecuencia de la declaratoria de caducidad
$3.567.076,096
6.051,019
● Por concepto de daño emergente y lucro cesante a favor de CARLOS GONZÁLEZ SERNA, por la suma de SEIS MIL TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($6.030.850.518), representados en las participaciones en contratos de prestación del servicio de alumbrado público en diferentes municipios del País, monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.
● Se condene al pago del costo de oportunidad y lucro cesante por la sanción que inhabilita a
P&G S.A., ODEAL S.A. y CARLOS GONZÁLEZ SERNA S.A.
OCTAVA: Se ordene Indemnizar a P&G S.A., como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos Resoluciones No. 009 y No. 015 de enero 25 y febrero 01 de 2012,Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: Unión Temporal ODEAL
Demandado: Municipio del Guamo (Tol)
Asunto: Controversias contractuales
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respectivamente, a título de restablecimiento de los perjuicios de orden inmaterial, en razón a la afición sufrida por los socios que hacen parte de la sociedad P&G S.A. a consecuencia de la expedición de actos administrativos de declaratoria de incumplimiento y caducidad por las siguientes sumas de dinero:
afición sufrida por los socios que hacen parte de la sociedad P&G S.A. a consecuencia de la expedición de actos administrativos de declaratoria de incumplimiento y caducidad por las siguientes sumas de dinero:
ESTIMACIÓN VALOR S.M.L.M.V Perjuicio moral $400.000.000 678,54 Daño al buen nombre $400.000.000 678,54
TOTAL $800.000.000
1.357,08
Hechos relevantes
3. Producto de la licitación pública 01 de 2005, fue suscrito entre el municipio del Guamo (Tol) y la Unión Temporal ODEAL el contrato de concesión del servicio de alumbrado público cuyo objeto consistió en el mantenimiento de la infraestructur a del servicio, incluyendo el suministro, instalación, reemplazo, renovación, expansión y mantenimiento de las luminarias y de los accesorios eléctricos, el cálculo del consumo de energía, así como todo lo inherente y relacionado con el alumbrado público del municipio.
4. Se acordó que el concesionario sería retribuido con los recursos provenientes del pago de los tributos por alumbrado público, deducido el costo mensual del consumo de energía eléctrica, y que el recaudo se realizaría mediante el sistema f inanciero local que sería administrado por una sociedad fiduciaria encargada del manejo de los fondos del contrato; lo anterior durante el plazo de la concesión pactado en veinte (20) años.
5. Para el mes de mayo de 2006, la UT manifestó al alcalde del m unicipio que ese ente territorial estaba incumpliendo sus obligaciones contractuales, pues: (i) el municipio no canceló los pasivos por concepto de energía eléctrica a ENERTOLIMA
5. Para el mes de mayo de 2006, la UT manifestó al alcalde del m unicipio que ese ente territorial estaba incumpliendo sus obligaciones contractuales, pues: (i) el municipio no canceló los pasivos por concepto de energía eléctrica a ENERTOLIMA provocando que no se generaran excedentes de recaudo para trasladar a la fiduciaria, de modo que ENERTOLIMA aplicó el excedente a la amortización de la deuda; y, (ii) el Acuerdo municipal no garantizaba el recaudo mínimo requerido para la operación integral del sistema, sobre la base de operar 1474 luminarias según el pliego de la licitación. Para contrarrestar el déficit generado solicitó al municipio formalizar un convenio de pago con ENERTOLIMA y tramitar ante el Concejo municipal, un proyecto de Acuerdo para normalizar y regularizar el ingreso tributario con destino al cumplimiento del contrato de concesión.
6. En septiembre de 2006 la unión temporal ODEAL reclamó al concedente el desequilibrio financiero pues no había recibido ninguna retribución por la operación del sistema de alumbrado público -sin poder aplicar el Acuerdo 012 de 2005 referido a los tributos que cubrirían el pago de la concesión - y, por cuanto ENERTOLIMA destinó los recursos recaudados por el impuesto de alumbrado público a la cancelación de una cartera que tenía contra el municipio. Tal situación generaba, asimismo, incumplimiento en la pignoración pactada que otorgaba al concesionario el derecho a percibir unas rentas del valor total mensual de la facturación del impuesto del servicio de alumbrado público. Para octubre de 2006 la UT aún noRadicación: 73001233300520140034601 (59942)
Demandante: Unión Temporal ODEAL
el derecho a percibir unas rentas del valor total mensual de la facturación del impuesto del servicio de alumbrado público. Para octubre de 2006 la UT aún noRadicación: 73001233300520140034601 (59942)
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había recibido ni un solo pago del concedente a pesar de haber ejecutado el 80% de lo ofertado para el primer año de repotenciación.
7. En los años 2007 y 2008 la UT insistió ante el interventor del contrato y ante el Concejo municipal acerca de las situaciones de incum plimiento en la retribución acordada. A su vez, en septiembre de 2008 se realizaron visitas de inspección por autoridades del municipio dejando expresa constancia que el 98% de las luminarias estaba en funcionamiento; en abril de 2009, en una nueva visita, se constató que de 1728 lámparas instaladas sólo 27 no estaban en funcionamiento es decir que se estaba cumpliendo el 98.5 del funcionamiento de las luminarias.
8. Invocando el artículo 1609 del C.C. la unión temporal ODEAL, en abril de 2010, formuló ante el municipio del Guamo la excepción de contrato no cumplido y suspendió su ejecución hasta tanto éste fuera restablecido financieramente y se garantizara la contraprestación pactada. El municipio se opuso a las razones de la mencionada excepción y med iante Resolución 475 del 7 de mayo de 2010 inició una actuación administrativa para determinar el posible incumplimiento del concesionario respecto de sus obligaciones contractuales.
9. En el marco de dicho procedimiento, el municipio del Guamo declaró el
una actuación administrativa para determinar el posible incumplimiento del concesionario respecto de sus obligaciones contractuales.
9. En el marco de dicho procedimiento, el municipio del Guamo declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato de concesión celebrado con la UT ODEAL a través de la Resolución No. 1213 del 20 octubre de 2011, acto que fue recurrido por la concesionaria oponiéndose a la existencia de incumplimiento de su parte y alegando v iolaciones a su derecho al debido proceso. Dicho recurso fue desatado mediante Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 en el que se determinó: (i) revocar la Resolución 1213 de 2011 y no declarar la caducidad, no afectar las pólizas, ni hacer efectiva la cláusula penal; y, (ii) tomar posesión del servicio de alumbrado público y estudiar la posibilidad de liquidar bilateralmente el contrato; concluyendo allí la actuación administrativa.
10. Posteriormente, el municipio convocó a la audiencia prevista en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, indicando que había subsanado el procedimiento administrativo a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 –como acto de trámite– y que le correspondía emitir un pronunciamiento de fondo. Así, expidió la Resolución 009 del 25 de enero de 2012 en la que declaró de nuevo la caducidad del contrato de concesión, declaró el siniestro, hizo efectiva la cláusula penal, e inhabilitó a los miembros de la UT ODEAL por cinco (5) años, decisión confirmada mediante Resolución 015 del 1 de febrero de 2012.
Fundamentos de derecho
miembros de la UT ODEAL por cinco (5) años, decisión confirmada mediante Resolución 015 del 1 de febrero de 2012.
Fundamentos de derecho
11. La parte actora señaló que los actos enjuiciados desconocieron los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, el inciso segundo del art. 18 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 62, 63, 66 y 73 del Decreto 01 de 1984. En el concepto de la violación, formuló en cuatro cargos los reproches de ilegalidad contra los actos demandados:
(i) Infracción a las normas en que debían fundarse . Indicó que la Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 agotó la actuación administrativa, por lo que no eraRadicación: 73001233300520140034601 (59942)
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admisible continuar un procedimiento terminado, o iniciar uno por los mismos hechos, y sancionar al contratista a través de los actos acusados. (ii) Falta de competencia. Adujo que para el momento en que fueron expedidos los actos enjuiciados no era posible hacer uso de la potestad excepcional que autorizara declarar la caducidad del contrato, en tanto el concesionario ya no detentaba la posibil idad de cumplir el objeto contractual, de cara a la toma de posesión del sistema de alumbrado por parte de la entidad, quedando relevado de su obligación.
(iii) Transgresión del debido proceso. Sustentado en los supuestos indicados en el primer cargo, señ aló que con la expedición de los actos demandados se violó la
su obligación.
(iii) Transgresión del debido proceso. Sustentado en los supuestos indicados en el primer cargo, señ aló que con la expedición de los actos demandados se violó la garantía del non bis in ídem pues ya existía decisión de fondo que concluyó en la inexistencia de incumplimiento del contratista.
(iv) Falsa motivación. Califica de engañosas las motivaciones expresadas en las resoluciones atacadas, pues no es cierto que la UT ODEAL hubiese incumplido sus obligaciones contractuales, y tal circunstancia fue examinada y definida a través de la Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 a favor del concesionario y al haber reconocido la configuración de la excepción de contrato cumplido por causas atribuibles al municipio; indicó que fue fingida la invocación del art. 86 de la Ley 1474 de 2011 para avanzar hacia un pronunciamiento de fondo, el cual ya existía, y agregó que la Resolución 1658 no era un acto de trámite, como fue planteado por el municipio, sino que, por el contrario, aquel resolvió en forma definitiva el reproche de incumplimiento.
Contestación de la demanda
12. El municipio del Guamo afirmó haber actuado con competencia en la expedición de los actos acusados, puesto que era su deber aplicar la Ley 80 de 1993 y declarar la caducidad del contrato al sobrevenir en su ejecución incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del concesionario. Explicó que la Resolución 1658 de 2011 revocó la Resolución 1213 de 2011 en lo atinente a la declaratoria de caducidad y sus efectos, con el fin de sanear irregularidades que afectaban el debido proceso,
revocó la Resolución 1213 de 2011 en lo atinente a la declaratoria de caducidad y sus efectos, con el fin de sanear irregularidades que afectaban el debido proceso, pero no para abstenerse de declarar la caducidad.
13. Indicó que las resoluciones 009 y 015 de 2012 no versaron sobre asuntos ya concluidos, de modo que era procedente declarar la caducidad del contrato ante 1) el grave y frecuente incumplimiento del concesionario, consiste nte en que: 1.1) no instaló en algunas zonas la luminaria correspondiente a las especificaciones del pliego y de su oferta; 1.2) no cumplió la obligación de disminuir los consumos de energía del sistema de alumbrado público con la instalación de nueva luminaria; 1.3) no cumplió los índices de eficiencia de servicio exigidos en la licitación pública; 1.4) no prestó servicio de calidad; 1.5) incumplió la obligación de repotenciación y modernización de toda la infraestructura alumbrado público; 1.6) no cumplió con la obligación de renovar las pólizas.Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
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14. Asimismo, planteó que: 2) no se afectó el equilibrio económico del contrato, en tanto: 2.1) era de responsabilidad del contratista obtener la financiación para el desarrollo del contrato, 2.2) el concesionari o tenía facultades para iniciar el cobro de la cartera del impuesto de alumbrado en mora para evitar el desfinanciamiento,
desarrollo del contrato, 2.2) el concesionari o tenía facultades para iniciar el cobro de la cartera del impuesto de alumbrado en mora para evitar el desfinanciamiento, y no lo hizo, 2.3) aún de cara al presunto incumplimiento del municipio en el financiamiento del contrato de concesión, el incumplimi ento del contratista fue primero en el tiempo; 3) inexistencia de vulneración al debido proceso en la declaratoria de caducidad del contrato de concesión pues (i) el actor confunde el término “revocar” con el de “abstenerse” de declarar la caducidad, (ii) para la fecha de expedición de la Resolución 009 de 2012 la UT ODEAL estaba en obligación de ejecutar el contrato; (iii) el demandante consintió en la revocatoria de la Resolución 1213 de 2011 por irregularidades procesales.
Alegatos en primera instancia
15. Luego de surtida la etapa probatoria3, el a quo corrió traslado a las partes para presentar sus alegaciones finales, oportunidad en la que fueron reiterados los argumentos planteados en la demanda y su contestación4. El municipio del Guamo agregó que los análisis de la consultoría realizada por el ente territorial, relativos al incumplimiento del demandante, no fueron desvirtuados por el dictamen pericial practicado en el proceso, sino que en concordancia con el informe de la Contraloría departamental realizado al contrato de concesión, quedaban probados los motivos que llevaron a la decisión de la Administración municipal; al lado de lo anterior indicó que el actor no probó los cargos formulados contra los actos materia de juicio.
16. El Ministerio Pú blico al rendir concepto 5 solicitó negar las pretensiones de la
que llevaron a la decisión de la Administración municipal; al lado de lo anterior indicó que el actor no probó los cargos formulados contra los actos materia de juicio.
16. El Ministerio Pú blico al rendir concepto 5 solicitó negar las pretensiones de la demanda. Adujo que lo dispuesto en la Resolución 1658 de diciembre de 2011 no resolvía de fondo la situación de incumplimiento del contratista, pues sólo estudió las razones atinentes a la violación de las garantías p rocesales aducidas por el consorcio. Indicó que tales situaciones imponían declarar la nulidad de lo actuado, pero que, indebidamente, se usó el término revocar en el acto administrativo, en lugar de anular. Afirmó que las inconsistencias al citar los acto s objeto de revocatoria se explican en que (i) el municipio trabajó sobre el documento en que
3 El decreto de pruebas se efectuó en audiencia del 6 de octubre de 2015, incorporando las pruebas documentales aportadas por las partes con la demanda y su reforma, y con la contestación de la demanda, así: 1. Demanda: documentales aportadas (i) contrato d e concesión del servicio de alumbrado público del 30 de diciembre de 2005; (ii) escrito del 20 de abril de 2010 mediante el cual la unión temporal ODEAL presentó ante el alcalde del municipio la excepción de contrato no cumplido; (iii) Resolución 1213 del 20 de octubre de
2010; (iv) Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011; (v) Resolución 009 del 25 de enero de 2012; (vi) Resolución 015 de 1 de febrero de 2012; (vii) acta de constitución de la unión temporal ODEAL. Otras pruebas del demandante decretadas: a) dictamen pericial a cargo de un experto en ingeniería eléctrica, b) oficio dirigido a la Fiduciaria de Occidente para que certifique la totalidad de los dineros recibidos por la unión temporal ODEAL por concepto de retribución económica en la ejecució n del contrato de concesión en los periodos 01/02/2006 al 20/04/2010, c) oficio dirigido al Consejo municipal del Guamo para que remitiera copia auténtica de los Acuerdos aprobados desde 2005 hasta la fecha, que guarden relación con el cobro del servicio de alumbrado público. 2. Contestación de la demanda: se aportó el expediente administrativo con los antecedentes de la actuación objeto del proceso. El municipio no solicitó la práctica de pruebas, 3. Prueba de oficio a cargo del municipio del Guamo para q ue certifique la fecha en que dicha entidad territorial retomó la prestación del servicio de alumbrado público, e para que informara si el mismo fue objeto de nueva concesión; en caso afirmativo aportar los soportes respectivos. Las demás pruebas pedidas por el demandante fueron negadas, sin que se recurriera tal decisión. 4 Los alegatos del actor obran a folios 1118 a 1148 del c. ppal. 7; las alegaciones del demandado a folios 1098 a 1107 ídem.
4 Los alegatos del actor obran a folios 1118 a 1148 del c. ppal. 7; las alegaciones del demandado a folios 1098 a 1107 ídem. 5 Fls 1108 a 1117 del c. ppal. 7Radicación: 73001233300520140034601 (59942)
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se había proyectado el acto presuntamente revocado, y también (ii) en una limitación innecesaria e incongruente entre la parte motiva y la resolutiva del acto, que se generó al anteponer la palabra “no” al verbo de cada artículo.
17. Añadió que el municipio, luego de sanear la actuación, tenía competencia para continuar el procedimiento sancionatorio y adoptar la decisión que correspondiera, competencia que aún conservaba así el concesionario planteara la excepción de contrato no cumplido, pues lo que realmente ocurrió fue un abandono del servicio; a su vez, resaltó que la situación de bajo recaudo no era justificativa de tal excepción por cuanto el concesionario tenía atribuciones de cobro que no ejercitó. Concluyó que lo sucedido refleja la actitud de muchos contratistas que luego de la adjudicación sacan a relucir situaciones previsibles o que estaban presentes en la etapa precontractual para obtener ventajas; y que las falencias del dictamen pericial no son prueba idónea para establecer que el contratista sí había cumplido sus obligaciones contractuales al momento en que fue declarada la caducidad.
Fundamentos de la providencia recurrida
18. El a quo al dictar sentencia6, luego de referirse a algunas características del
obligaciones contractuales al momento en que fue declarada la caducidad.
Fundamentos de la providencia recurrida
18. El a quo al dictar sentencia6, luego de referirse a algunas características del contrato de concesión, al servicio de alumbrado público y a fragmentos del contrato
sub lite concluyó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Que la Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 no c orresponde a una decisión de fondo pues allí sólo se subsanaron errores en el proceso administrativo que atentaban contra el debido proceso, y subrayó que la parte resolutiva solo puede leerse en línea con las razones que motivaron el acto.
(ii) Negó la falta de competencia, en la medida que la decisión de terminar el contrato contenida en la Resolución 1213 de octubre 2011 fue revocada por la Resolución 1658 de diciembre de 2011, de modo que la Administración tenía competencia para imponer la caducidad en tanto cumplía el requisito de que el plazo del contrato no hubiera vencido y el vínculo estuviera vigente.
(iii) En línea con el primer cargo de la demanda, y dado que la Resolución 1658 de 2011 se ocupó del saneamiento de vicios de procedimiento, descartó la vulneración del derecho al debido proceso por desconocimiento del non bis in idem, en tanto, a través de los act
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