CE - Salvamento voto 11001031500020260271701 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Salvamento voto 11001031500020260271701 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D. C., Trece (13) de Octubre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Magistrado Sustanciador: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante : Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado : Tribunal Administrativo de Sucre y otro

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, me permit o señalar las razones que motivan mi salvamento de voto, en relación con lo decidido de manera mayoritaria en la acción de tutela de la referencia.

En el expediente de la referencia, la Sala mayoritaria descartó el análisis de fondo de la acción constitucional al considerar que, la acción de tutela incumplía el requisito de subsidiariedad , motivo por el cual, consideraron improcedente la solicitud de amparo. Sin embargo, en el presente caso s í se superaba este presupuesto.

1. Antecedentes específicos

El señor Alfonso Emiro Regino Lobo promovió la presente acción de tutela, ya que, consideró lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, presuntamente vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de los autos proferidos el Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintiséis ( 2026), respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado

(16) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintiséis ( 2026), respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 70001-33-33-007-2017-00026-00.

Lo anterior, con sustento en la situación fáctica que, a continuación, se resume en lo pertinente:Radicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

2 • El accionante promovió un proceso ejecutivo para el cobro de la sentencia proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-23-33-000-201200053-01, en la que, se ordenó al IMDER el pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías, correspondientes a las calendad 2002, 2003 y 2004.

  • El asunto le correspondió al Juz gado Séptimo Administrativo de Sincelejo, quien mediante providencia del Diecisiete (17) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017) libró mandamiento de pago.
  • El proceso ejecutivo transcurrió sin defensa del ejecutado. Por lo que, se profirió auto ordenando seguir adelante con la ejecución.
  • La parte ejecutante -aquí accionante - presentó liquidación de crédito por valor de $ 544’543.490,79. El Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), el Juzgado accionado modificó y aprobó la liquidación de crédito en $ 474’740.988,06.

valor de $ 544’543.490,79. El Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), el Juzgado accionado modificó y aprobó la liquidación de crédito en $ 474’740.988,06.

  • El Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020) el ejecutado presentó una solicitud de «ilegalidad» contra el auto que modificó la liquidación de crédito, con fundamento en la Sentencia de unificación del Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) de la Sección Segunda de esta Corporación y,en

concreto, señaló:

«[E]n torno a que cuando la sanción moratoria comprende varios periodos en forma sucesiva e incluso concurrente, no corre en forma independiente un día de salario por cada día de mora por cada uno de los periodos de cesantías debidos, sino que en [el] supue sto en que se produzca tal acumulación de periodos anuales de cesantías debidas, corre una única sanción que va desde el primer día de mora que se causó respecto del primer periodo, hasta aquel en que se produzca el pago de la prestación.»

  • El Veinticuatro (24) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020) el Juzgado de conocimiento resolvió negar lo que calificó como “nulidad”.
  • Dicha decisión fue objeto de apelación por el ejecutado.
  • En segunda instancia, el Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023) elRadicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

3

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

3 Tribunal Administrativo de Sucre declaró improcedente el recurso y ordenó su adecuación al de reposición. Indicó que, el auto que negó la solicitud de ilegalidad no está enlistado en los autos apelables (Art. 243 CPACA)

  • La ejecutada, propuso suplica contra la anterior determinación.
  • La suplica fue resuelta el Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), en el sentido de declarar bien denegada la apelación, por lo que, se ordenó devolver para surtirse la adecuación del recurso al de reposición

Actos procesales paralelos al trámite surtido en segunda instancia.

  • Mientras el trámite de la apelación del auto que «negó la solicitud de ilegalidad» se surtía, el procedimiento ejecutivo siguió adelante.
  • En auto del Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023) se ordenó la entrega de los títulos judiciales a la parte ejecutante por valor de $ 280’771.050, lo cual fue debidamente materializado y tenido como abono para efectos del cobro de la acreencia.
  • Por auto Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), el juzgado accionado realizó control de legalidad, y dejó sin valor ni efecto la liquidación de crédito aprobada en el auto de Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), ya que, e incurrió en errores al incluir la indexación de la sanción moratoria.

de crédito aprobada en el auto de Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), ya que, e incurrió en errores al incluir la indexación de la sanción moratoria.

  • En consecuencia, fijó la liquidación en la suma de $ 196.456.938, Suma que ya incluía el descuento por el abono realizado por la entre de títulos ordenada.
  • El ejecutante apeló la anterior determinación.
  • En segunda instancia , a través del auto de Veinticuatro (24) de Marzo hogaño el tribunal accionado confirmó la decisión, al encontrar que, el razonamiento del juzgado fue acertado. Pero, modificó la liquidación de Crédito en $ 146.963.772, al haber corregido los guarismos realizados por laRadicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

4 primera instancia.

2. Argumentos de disenso

La ponencia considera que , la decisión de primera instancia que declara la improcedencia del medio de control por ausencia del requisito de subsidiariedad, es acertada. Para ello, indicó que, en el trámite ejecutivo está pendiente por resolver el recurso de reposición promovido por el extremo ejecutado -IMDERy que fue adecuado por el Tribunal accionado en auto del Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023)

En la ponencia, se consideró que dicha determinación podría influir en la liquidación de crédito, pues , la solicitud está relacionada con la forma de calcular la sanción moratoria cuando se adeudan periodos consecutivos de cesantías, según la

En la ponencia, se consideró que dicha determinación podría influir en la liquidación de crédito, pues , la solicitud está relacionada con la forma de calcular la sanción moratoria cuando se adeudan periodos consecutivos de cesantías, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Con el acostumbrado respeto, no comparto este planteamiento adoptado por la Sala Mayoritaria, en la medida que: (i) el recurso de reposición pendiente por resolver no consulta el objeto de la presente acción de tutela y (ii) el recurso resultaría inane en atención a la variación de la situación procesal con ocasión del control de legalidad realizado por el juzgado accionado mediante auto del Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025).

Sobre este particular, es preciso advertir, que el objeto del referido recurso de reposición es el auto que negó la solicitud de ilegalidad, tema ajeno a la liquidación de crédito. En efecto, dicha solicitud no trataba sobre un aspecto sustancial sino procedimental Ello, toda vez que, pretendía dejar sin valor ni efecto un auto ejecutoriado, sin estar fundado en las causales taxativas de nulidad previstas por el legislador en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, a l momento de presentar la solicitud de ilegalidad ya estaba en firme la liquidación de crédito, por lo que, fue procedente la orden y entrega de títulos judiciales (art. 447 C.G.P.), lo cual, comportó un abono y no el pago total de la obligación.

La firmeza del auto que aprobó la liquidación de crédito , evidencia que, la solicitudRadicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

no el pago total de la obligación.

La firmeza del auto que aprobó la liquidación de crédito , evidencia que, la solicitudRadicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

5 de ilegalidad pretendía en últimas, subsanar la negligencia del propio ejecutado, ya que, durante el término de ejecutoria de la providencia no ejerció de manera oportuna sus mecanismos de defensa propias del ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, mal haría en subordinar el instrumento constitucional a la definición de un recurso de reposición promovido por la contraparte del accionante, cuando este, (i) no versa directamente sobre la liquidación de crédito, sino sobre la solicitud de ilegalidad; y (ii) la liquidación del crédito se encontraba en firme al momento de presentar el recurso pendiente por resolver.

Así también, es cierto que , sin perjuicio de lo anterior, el recurso de reposición resulta inane de cara al objeto de la acción de tutela, pues, su resolución en nada afectaría al proceso en su actualidad. En efecto, con ocasión del control de legalidad realizado en auto de Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) proferido por el juzgado accionado , la situación procesal varió, toda vez que, la autoridad judicial consideró que, la liquidación de crédito aprobada en el año 2019 había incurrido en error y, en consecuencia, procedió a dejarla sin valor ni efecto, para modificar, nuevamente, toda la liquidación.

judicial consideró que, la liquidación de crédito aprobada en el año 2019 había incurrido en error y, en consecuencia, procedió a dejarla sin valor ni efecto, para modificar, nuevamente, toda la liquidación.

Lo anterior implica que, la liquidación de crédito que fue aprobada el 23 de mayo de 2019 no surte efectos, de modo que, la solicitud de ilegalidad ya no tendría objeto y, en consecuencia, el recurso de reposición sufriría un decaimiento al desaparecer su fundamento de hecho.

Bajo tales premisas , el recurso de reposición pendiente, y en el cual fundan la improcedencia, es totalmente inane y no tiene incidencia en la cuestión ius fundamental planteada por el accionante.

Por esta s razones, considero que , los planteamientos de l señor Regino Lobo superaban el requisito de subsidiariedad, de modo que, debía estudiarse de fondo el asunto y plantear como problemas jurídicos: (i) si el control de legalidad realizado 6 años después vulneró los derechos fundamentales y (ii) si la decisión de disminuir en perjuicio del apelante único el monto de la liquidación lesionó el debido proceso del accionante y el principio de no reformatio in pejus del apelante único.

En los anteriores términos, dejo exp uestas las razones que , en esta oportunidad,Radicado: 11001-03-15-000-2026-02717-01

Accionante: Alfonso Emiro Regino Lobo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

6 me llevan a salvar el voto.

Fecha ut supra,

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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