CE - Salvamento voto 11001031500020260289900 de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02899-00

Accionante: Jorge Andrés Carrillo Cardoso Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado Asunto: Salvamento de voto

Consejera Ponente Adriana Polidura Castillo

Con el respeto y la consideración acostumbrados, expongo las razones que me motivan a salvar el voto en esta oportunidad:

1. En el presente asunto 1, Jorge Andrés Carrillo Cardoso consideró que sus derechos fundamentales a ser elegido, al debido proceso “y sus principios de legalidad de las restricciones de los derechos fundamentales y reserva de ley, juez natural, confianza legítima, competencia funcional, a la tutela judicial efectiva y a la regla de decisión ”2, fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Lo anterior, debido a que, en el marco del medio de control de nulidad electoral 11001-03-28-000-2024-00194003, profirió la sentencia del 26 de febrero de 2026, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y se modularon los efectos de esa decisión.

2. En providencia del 5 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se

los efectos de esa decisión.

2. En providencia del 5 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se superó el requisito de relevancia constitucional. Señaló que los argumentos expuestos en el escrito introductorio ya habían sido resueltos por el juez natural del asunto y, además, estimó que no se cumplió con la carga argumentativa necesaria para superar el examen de procedibilidad.

3. A continuación expongo las razones por las cuales me aparto de la postura mayoritaria

adoptada por esta Subsección:

3.1. Contrario a lo afirmado por la Sala mayoritaria, considero que la carga argumentativa relacionada con la identificación de los defectos en los que incurrió la providencia

1 Obra en el certificado 3F26CE93A4276CA4 1021981AAE92E25E B1923A8C165344A6 157DF9235F4BC8A7, índice 2. 2 Folio 1, ibid. 3 Al que se acumuló la demanda electoral identificada con el radicado 11001-03-28-0002024-00205-00.2

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Accionante: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

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cuestionada sí se cumplió. En efecto, es posible advertir que se alegó la configuración de un defecto orgánico, por la falta de competencia con la que falló la Sección Quinta de esta Corporación; de un defecto sustantivo, por el desconocimiento del régimen jurídico

un defecto orgánico, por la falta de competencia con la que falló la Sección Quinta de esta Corporación; de un defecto sustantivo, por el desconocimiento del régimen jurídico aplicable a la sociedad y sus reglas internas de gobierno corporativo; y de un defecto fáctico, dada la valoración del contrato de trabajo y de los oficios de la firma cazatalentos.

3.1.1. Establecido lo anterior, en relación con los reproches sobre la configuración de un defecto orgánico por falta de competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para ejercer control judicial sobre el acto de elección de Jorge Andrés Carrillo Cardos o, debo señalar que, si bien este fue un asunto definido a través de los autos del 3 de octubre de 20244, 17 de octubre de 2024 5, así como del 28 de noviembre de 20246 y del 22 de octubre de 2025 7, las distintas posiciones manifestadas durante dicho trámite 8 por los despachos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, lejos de evidenciar una carencia de relevancia constitucional, acentúan la importancia de este asunto desde una perspectiva constitucional.

Así, resulta claro que, mientras los despachos de los consejeros Pedro Pablo Vanegas 9 y Gloria María Gómez Montoya 10 estimaron que el asunto debía ser conocido por la jurisdicción ordinaria, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez11 consideró que sí era competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Es en este punto en el que deseo manifestar que estoy de acuerdo con la tesis de considerar la presente controversia como un asunto ajeno a las competencias del juez contencioso administrativo, toda vez que ISA es una empresa de servicios públicos regida

Es en este punto en el que deseo manifestar que estoy de acuerdo con la tesis de considerar la presente controversia como un asunto ajeno a las competencias del juez contencioso administrativo, toda vez que ISA es una empresa de servicios públicos regida por las normas del derecho privado y, conforme al artículo 41 de la Ley 142 de 1994, sus trabajadores, incluido su presidente, tienen la condición de particulares. En consecuencia, no se trata de una relación legal y reglamentaria en la que el acto de

4 Obra en el certificado 328F44DEC9880CA9 F85522907E99AFA2 15655B46A578DA20 30CB4F2E66CF3081, índice 5 del expediente 11001032800020240019400. 5 Obra en el certificado 1E2AF3E69D698CC2 E52EDCF80F5098F7 204775C58B56D431 B89DC9839C2547B5, índice 11, ibid. 6 Obra en el certificado 30A92DBE713B1357 78C76BA021EE1741 A3735A9AE50C45F8 97A8C8868BF66CDB, índice 18, ibid. 7 Obra en el certificado FB5F9537A229AD6F 8407EFBC3546A3CB 5A1703258E7D469F 0EF02D6F52104AEE, índice 80, ibid. 8 Obra en el certificado F9E9136633E1AB35 86495E6874B32B32 17E7D8D832D4581D D54F413CCF99F356, índice 24, ibid.

80, ibid. 8 Obra en el certificado F9E9136633E1AB35 86495E6874B32B32 17E7D8D832D4581D D54F413CCF99F356, índice 24, ibid. 9 Obra en el certificado 328F44DEC9880CA9 F85522907E99AFA2 15655B46A578DA20 30CB4F2E66CF3081, índice 5, ibid. 10 Obra en el certificado F9E9136633E1AB35 86495E6874B32B32 17E7D8D832D4581D D54F413CCF99F356, índice 24, ibid. 11 Obra en el certificado 30A92DBE713B1357 78C76BA021EE1741 A3735A9AE50C45F8 97A8C8868BF66CDB, índice 18, ibid.3

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nombramiento hubiese implicado el ejercicio de la función administrativa nominadora por parte de la junta directiva.

En ese sentido, las circunstancias del caso no se enmarcan en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, relativos a la competencia de esta jurisdicción. Por el contrario, la existencia de un contrato laboral se encuentra contemplada en el numeral 4 del artículo 105 del citado cuerpo normativo como una de las excepciones a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El anterior argumento se ve reforzado por el hecho de que las actuaciones de la junta

contemplada en el numeral 4 del artículo 105 del citado cuerpo normativo como una de las excepciones a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El anterior argumento se ve reforzado por el hecho de que las actuaciones de la junta directiva de ISA, al escoger a su presidente, se enmarcaron en actos propios del derecho societario, cuya controversia corresponde a los jueces civiles del circuito, segú n lo establecido en el numeral 8.º12 del artículo 20 y el artículo 382 del Código General del Proceso. Ello, en la medida en que las decisiones de este órgano empresarial se rigen por el derecho privado y por el principio de autonomía de la voluntad privada.

Así, el hecho de que el análisis realizado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada, se haya efectuado con base en los estatutos de ISA y no a partir de una norma de rango constitucional o legal evidencia, con mayor claridad , el carácter privado y societario de la decisión adoptada. Esta circunstancia desvincula el litigio de un control de legalidad propio del medio de control de nulidad electoral y lo aproxima al examen que debió adelantar el juez civil del circuito respecto de las decisiones adoptadas por la junta directiva de la sociedad.

Parte del anterior razonamiento encuentra respaldo en la intervención del Ministerio Público13, quien advirtió que el artículo 27 de los Estatutos Sociales de ISA carecía de rango constitucional o legal y que, por tanto, no podía constituir un parámetro de anulación en los términos del artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, al

rango constitucional o legal y que, por tanto, no podía constituir un parámetro de anulación en los términos del artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, al pronunciarse sobre su competencia, la sentencia del 26 de febrero de 2026 no examinó las implicaciones derivadas del régimen jurídico privado de ISA, de la naturaleza laboral de la vinculación de su presidente ni del carácter societario de la decisión cuestionada, sino que se limitó a hacer una consideración genérica respecto de su competencia, con

12 Artículo 19. Competencia de los jueces civiles del circuito en única instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en única instancia: (…) 8. De la impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas sometidas al derecho privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. (…) 13 Obra en el certificado 1A18BC17B9D0C169 7B64C4C7061703B9 6487DA9B646EE804 16723D367986A25F, índice 128 del expediente 11001032800020240019400.4

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fundamento en los autos proferidos con el fin de resolver el recurso de súplica, sin llegar a resolver de fondo lo planteado por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado así:

“92. De conformidad con lo establecido en los autos del 28 de noviembre de 2024 y

a resolver de fondo lo planteado por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado así:

“92. De conformidad con lo establecido en los autos del 28 de noviembre de 2024 y 8 de mayo de 2025, por medio de los cuales se resolvieron los recursos de súplica, esta sección es competente para conocer en única instancia el presente asunto conforme el numeral 5° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado”14.

En ese sentido, considero que, si bien el debate fue planteado en el trámite ordinario, conserva relevancia constitucional, máxime cuando no fue examinado el asunto al resolverse la solicitud de aclaración 15 presentada por la parte demandante. A ello se suma que la magistrada que había actuado como ponente de una de las providencias dictadas con anterioridad manifestó, en su salvamento de voto 16, que compartía la tesis según la cual la controversia debía ser conocida por la jurisdicción ordinaria; por tanto, la persistencia de posiciones divergentes sobre este aspecto evidencia la necesidad de abordar de fondo el debate.

Finalmente, vale la pena tener en cuenta los antecedentes jurisprudenciales 17 de la Sección Quinta de esta Corporación, en los cuales, frente a otras sociedades de economía mixta como FINDETER , cuya composición accionaria está integrada únicamente por entidades públicas, se ha considerado que la designación de su presidente no comporta el ejercicio de una función electoral por parte de la junta directiva18.

economía mixta como FINDETER , cuya composición accionaria está integrada únicamente por entidades públicas, se ha considerado que la designación de su presidente no comporta el ejercicio de una función electoral por parte de la junta directiva18.

3.1.2. Ahora, frente al análisis de los cargos por la configuración de un defecto sustantivo, debido al desconocimiento del régimen jurídico aplicable a la sociedad y de sus reglas internas de gobierno corporativo, este despacho considera que, en línea con lo expuesto anteriormente, la designación del presidente de ISA constituyó una actuación de naturaleza privada y empresarial, la cual no debe asimilarse a un concurso de méritos en el que exista la obligación de elegir al aspirante con mayor puntuación.

14 Folio 13 del certificado F7572D2F1EBAC5FE 5871CC4F95B31779 495DF65D86346710 CF256769E55A3EB7, índice 140, ibid. 15 Obra en el certificado 396441C0CBFD0534 EA72F64ED14AFD4C 2F90C9406569CE19 ED9E510956D84975, índice 153, ibid. 16 Obra en el certificado F9E9136633E1AB35 86495E6874B32B32 17E7D8D832D4581D D54F413CCF99F356, índice 24, ibid. 17 Auto del 14 de septiembre de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-28-000-202300064-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 18 Auto del 2 de marzo de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-28-000-2022-0033400064-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 18 Auto del 2 de marzo de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-28-000-2022-0033400. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.5

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En lugar de ello, dado que la decisión de la junta directiva de ISA, si bien estuvo fundamentada en las actuaciones de la firma Korn Ferry y en sus recomendaciones, en todo caso, al regirse por el derecho privado, quedó dotada de legitimidad a partir de la manifestación de la voluntad de sus miembros, sin que dichas recomendaciones hubieran sido necesariamente vinculantes al momento de adoptar una decisión de carácter empresarial como lo fue la elección de su presidente.

En ese sentido, considero que la providencia cuestionada no solo incurrió en un defecto sustantivo al estimar como obligatorio el orden del listado propuesto por la firma cazatalentos, sino también al modular el fallo hasta el punto de señalar a quiénes se debía excluir o no del proceso de selección, pues no se advierte fundamento jurídico, ni en el derecho administrativo ni en el derecho comercial, que sustente la emisión de una orden en tal sentido.

En relación con lo anterior, es preciso aclarar que, si bien la facultad de modulación del juez está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano 19 con el fin de garantizar la mayor eficacia de las decisiones judiciales, e incluso resulta admisible conservar las etapas del proceso de selección que no se consideren viciadas, señalar a la junta

juez está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano 19 con el fin de garantizar la mayor eficacia de las decisiones judiciales, e incluso resulta admisible conservar las etapas del proceso de selección que no se consideren viciadas, señalar a la junta directiva de ISA los candidatos que debe o no tener en cuen ta dentro de dicho proceso comporta una injerencia indebida. En efecto, esta actuación, por una parte, excede la competencia del juez contencioso administrativo en materia de nulidad electoral 20 y, por otra, vulnera el principio de autonomía de la voluntad privada que debe regir las decisiones adoptadas por ese órgano empresarial.

En este aspecto, difiero de la posición adoptada por la Sala mayoritaria de esta Subsección, toda vez que la imposición realizada a través de las facultades de modulación del fallo, sin un fundamento legal o constitucional claro, podría constituir una arbitrariedad en la decisión ordinaria examinada. Por esta razón, la discusión deja de ser meramente legal y adquiere un carácter constitucional que amerita un estudio de fondo. En efecto, aun cuando la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado fue definida mediante un recurso de súplica, no es posible sostener que dicha decisión dotara al juez administrativo de facultades suficientes para determinar los candidatos que deben ser tenidos o no en cuenta dentro del proceso de selección analizado.

19 Auto A 480 de 2020 de la Corte Constitucional. 20 Lo cual, además, demuestra la configuración del defecto orgánico alegado desde otra dimensión.6

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Accionante: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

20 Lo cual, además, demuestra la configuración del defecto orgánico alegado desde otra dimensión.6

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Accionante: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

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3.1.3. Por último, en relación con el defecto fáctico alegado respecto de la valoración probatoria otorgada tanto al contrato de trabajo como a los oficios de la firma cazatalentos, se estima que, pese a que dichos documentos fueron valorados, dada la posición adoptada en torno a la configuración de un defecto orgánico y de un defecto sustantivo, de la cual me aparto, no es posible compartir el peso probatorio asignado a esa documentación. En mi criterio, esta evidencia resulta suficiente para demostrar, una vez m ás, que se excedieron las competencias del juez de la nulidad electoral y se desconoció el régimen de derecho privado aplicable a las decisiones de la junta directiva de ISA.

3.2. Finalmente, a manera de comentario, también me permito disentir de la consideración expresada en la sentencia de la que me aparto, según la cual se debieron controvertir los autos del 3 de octubre de 2024 21 y 17 de octubre de 2024 22, así como el del 28 de noviembre de 2024 23, respecto de los cuales no se cumplió el requisito de inmediatez. Ello, toda vez que todos fueron proferidos sin que la parte tutelante fuera notificada del trámite surtido, dado que se trataba de la fase preliminar de definición de la jurisdicción competente y aún no se había proferido auto admisorio de la demanda. En

notificada del trámite surtido, dado que se trataba de la fase preliminar de definición de la jurisdicción competente y aún no se había proferido auto admisorio de la demanda. En consecuencia, de seguirse ese argumento, el cómputo de la inmediatez debió efectuarse a partir de la notificación de la providencia del 22 de octubre de 2025 24, por ser esta la decisión que resolvió la excepción de falta de competencia propuesta por el demandante ordinario en su contestación25. De este modo, al haberse interpuesto la acción de tutela el 15 de abril de 202626, se concluye que el mencionado requisito de procedibilidad sí se encuentra satisfecho.

3.3. Entonces, de conformidad con las consideraciones expuestas, expreso respetuosamente mi disenso, pues considero que el análisis de las actuaciones de la junta directiva de ISA, que llevaron a Jorge Andrés Carrillo Cardoso a ocupar el cargo de presidente, se rigió exclusivamente por normas propias del derecho privado y societario. En consecuencia, el litigio propuesto escapó del ámbito de competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, interpretación que, en mi criterio, condujo a un análisis en

21 Obra en el certificado 328F44DEC9880CA9 F85522907E99AFA2 15655B46A578DA20 30CB4F2E66CF3081, índice 5 del expediente 11001032800020240019400. 22 Obra en el certificado 1E2AF3E69D698CC2 E52EDCF80F5098F7 204775C58B56D431 B89DC9839C2547B5, índice 11, ibid.

22 Obra en el certificado 1E2AF3E69D698CC2 E52EDCF80F5098F7 204775C58B56D431 B89DC9839C2547B5, índice 11, ibid. 23 Obra en el certificado 30A92DBE713B1357 78C76BA021EE1741 A3735A9AE50C45F8 97A8C8868BF66CDB, índice 18, ibid. 24 Obra en el certificado FB5F9537A229AD6F 8407EFBC3546A3CB 5A1703258E7D469F 0EF02D6F52104AEE, índice 80, ibid. 25 Obra en el certificado F0EE67D2655083EF F81C5C7EBDA920BC 5C84C337310527C2 55F8A9BF54B4C7D5, índice 58, ibid. 26 Según el índice 2 de Samai.7

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el que se evidencian las inconsistencias señaladas en la anterior argumentación, relacionadas, principalmente, con la modulación del fallo atacado y la configuración de un defecto orgánico, un defecto sustantivo y un defecto fáctico.

4. En consecuencia, considero que la solicitud de amparo superaba el examen de procedibilidad, por lo que la Sala debió analizar de fondo los defectos alegados y, de encontrar acreditado alguno de ellos, amparar los derechos fundamentales invocados.

En estos términos presento mi salvamento de voto.

procedibilidad, por lo que la Sala debió analizar de fondo los defectos alegados y, de encontrar acreditado alguno de ellos, amparar los derechos fundamentales invocados.

En estos términos presento mi salvamento de voto.

NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejero de Estado