CE-SCA-EXP1964-N1451
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- Título
- CE-SCA-EXP1964-N1451
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 1964
LEY DE PRENSA - Autoridad competente para imponer sanciones por su violación / ATRIBUCIONES DE POLICIA - Por violaciones a la ley de prensa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: CARLOS GUSTAVO ARRIETA Bogotá, D. E., veinte (20) de junio de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) Radicación número: 1451
Actor: FELIPE SALAZAR SANTOS Demandado: GOBIERNO NACIONAL Por la vía del contencioso de anulación y obrando en su propio nombre, el doctor Felipe Salazar Santos solicita del Consejo de Estado la declaración de nulidad de la orden administrativa número 1 de 4 de marzo de 1961, expedida por el Presidente de la República y su Ministro de Gobierno, por considerar que la decisión enjuiciada quebranta los artículos 120, numeral 3º ., de la Constitución Nacional, 1º literal a), del decreto 2730 de 1952, 12 de la ley 153 de 1887, y 7o., 10 y 42 de la ley 29 de 1944. El demandante apoya su acusación en los razonamientos siguientes: Los decretos y resoluciones expedidos por el gobierno en ejercicio de la potestad reglamentaria tienen carácter general y abstracto y obligan a la administración pública y a los particulares, en tanto que las órdenes son de tipo individual y concreto y solo rigen para los funcionarios subalternos en cuanto no sean contrarias a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, hay desvío de poder cuando se dictan órdenes impersonales y objetivas, como ocurre en el negocio estudiado.
Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el decreto 2730 de 1942, una vez que el Presidente de la República ha hecho la delegación de su facultad de expedir las órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, solamente el ministro respectivo puede dictarlas. En el libelo se agrega, además, que el acto administrativo impugnado desborda los límites de la ley que pretende desarrollar al conceder a las autoridades policivas la función de administrar justicia en materia penal. Los doctores Francisco Zuleta Holguín y Alfonso Isaza Moreno coadyuvaron la demanda y presentaron algunas consideraciones adicionales para demostrar que la decisión atacada infringe las normas superiores de derecho citadas en el libelo, lo mismo que otras reglas constitucionales que no fueron invocadas por el actor, como los artículos 16, 28, 42 y 55. Estos últimos planteamientos están fuera del debate en razón de que en ellos no se apoya la acción y de que los coadyuvantes toman el negocio en el estado en que se encuentre al momento de su intervención, como en varias ocasiones lo ha expresado la jurisprudencia de esta corporación. El señor Fiscal Primero del Consejo de Estado, en su vista de fondo, solicita que se nieguen las súplicas del libelo en cuanto se refieren a la declaración de nulidad del artículo primero de la orden administrativa impugnada, y que se anule la segunda disposición de ese acto en la misma forma que se hizo en la providencia de 9 de mayo de 1961. Para formular esa petición, el señor Agente del Ministerio Público se funda en razonamientos análogos a los expuestos por el Consejero
sustanciador en el auto en que se accedió parcialmente a la solicitud de suspensión provisional y en la decisión en que se confirmó aquél pronunciamiento. CONSIDERACIONES DE LA SALA Dice así el acto atacado: "Artículo Primero. La Policía Nacional, de conformidad con los considerandos anteriores, procederá inmediatamente en todo el territorio nacional a decomisar los volantes en que se provoque o incite a la comisión de delitos, las hojas anónimas, los impresos que no cumplan los requisitos legales y los escritos e impresos en que se incite o coopere a la ejecución de cualquier hecho contemplado por la legislación colombiana como delito o contravención; "Artículo Segundo. La Policía Nacional procederá también a imponer a los responsables de los hechos a que se refieren los considerandos de esta Orden Administrativa las sanciones de multa y arresto señaladas en la Ley 29 de 1944; "Artículo Tercero. Envíese copia de esta Orden Administrativa al señor Ministro de Guerra, al Director General de la Policía Nacional, al Director del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional (DAS), a los Gobernadores de los Departamentos y al Alcalde de Bogotá para su cumplida ejecución". Al analizarse el cargo de violación del artículo 120, numeral 3o., de la Constitución Nacional, en el auto de 9 de mayo de 1961 se dijo que la norma citada se limita a conceder facultades al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, para ejercer la potestad reglamentaria y para expedir, en consecuencia, las órdenes, resoluciones y decretos necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes, pero sin agregar nada en relación con la pretendida particularidad de las primeras o con la alegada generalidad de los últimos. Por consiguiente, si aquel mandamiento constitucional nada dice sobre la naturaleza abstracta y objetiva que deban tener algunas decisiones de la administración, ni sobre la índole concreta e individual de las otras, no parece que el acto enjuiciado haya infringido, por ese aspecto, la norma superior estudiada. Por otra parte, en el mismo auto se agregan estas consideraciones que la Sala prohija: "En las leyes no se encuentra un derrotero fijo y seguro para señalar distingos entre esas categorías de decisiones de la administración. La única disposición que parcialmente regula esa materia es el artículo 3º ., del código de régimen político y municipal, precepto que en realidad no permite estructurar un criterio preciso sobre la generalidad de los decretos a la particularidad o especialidad de las resoluciones, porque esa norma se remite a las costumbres administrativas sobre el particular. Nada se dice allí en relación con las órdenes". El cargo analizado, por lo tanto, no procede. Dice el artículo 135 de la Constitución Nacional que los Ministros y los jefes de los Departamentos Administrativos, lo mismo que los Gobernadores, pueden ejercer, bajo su propia responsabilidad, determinadas funciones de las que corresponden al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, "según lo disponga el Presidente". Agrega la norma comentada que la delegación exime al Jefe del Gobierno de responsabilidad y que ésta corresponderá al delegatario, cuyos actos y resoluciones podrá siempre reformar o revocar el Presidente de la
República, reasumiendo las responsabilidades consiguientes. Del texto constitucional analizado se desprende la conclusión de que la delegación de las funciones ya señaladas por la ley, es una potestad discrecional del Presidente que éste puede reasumir en cualquier momento que lo juzgue oportuno y conveniente, bien sea mediante la derogación del respectivo decreto o bien sea mediante el ejercicio directo de su atribución constitucional en un caso determinado. La única consecuencia que se produce en cualquiera de esas dos hipótesis es la de que el Presidente de la República, al obrar en tales formas, reasume las responsabilidades consiguientes, de la misma manera que ocurre cuando modifica o revoca la decisión tomada por el delegatario. Por esas razones, la Sala considera que no encuentra soporte alguno en el ordenamiento constitucional estudiado la tesis formulada en la demanda de que una vez que se haya hecho la delegación, el Jefe del Gobierno no tenga competencia para dictar, junto con el respectivo Ministro, un acto administrativo relacionado con la materia delegada. Por lo tanto, el cargo no procede. En relación con los demás cargos que se hacen en la demanda, la Sala no tiene nada que agregar a lo dicho en el proveído por medio del cual el Consejero sustanciador resolvió sobre la petición de suspensión provisional. Allí se expresó, en lo pertinente, lo que sigue: "En la demanda se hace un cotejo de las disposiciones contenidas en el artículo segundo del acto administrativo atacado con las de la ley 29 de 1944, para llegar a la conclusión de que aquél desbordó los límites señalados en el estatuto legal al conceder a las autoridades policivas la facultad de administrar justicia en materia
penal. "Dice el artículo 3º ., de la ley 29 de 1944 que todo impreso llevará en su primera página la anotación de su fecha, lugar de publicación y nombre del establecimiento que lo edite. Agrega que la infracción de ese precepto hará incurrir al propietario, gerente o director del establecimiento en multa convertible en arresto, 'que impondrán las autoridades de policía'. En el artículo segundo del acto demandado, en armonía con el considerando cuarto, se regula la misma materia y se dan idénticas facultades a la policía para efectos de imponer las sanciones. La disposición administrativa, en realidad, no hace mas que repetir el ordenamiento legal y ceñirse al espíritu de éste. . . "En el artículo 7º ., de la Ley 29 de 1944 se dice que las 'autoridades de policía impedirán la fijación de carteles o de avisos o impresos murales, o la distribución de volantes, en que se provoque a la comisión de cualquier delito o violación de la ley, y retirarán o decomisarán los que hayan sido fijados o se estén distribuyendo'. De acuerdo con esta norma, la función policiva queda limitada a impedir la fijación, o a retirar o decomisar los carteles o impresos ya fijados. Esta apreciación está confirmada por el inciso segundo de la misma regla legal, cuando dice que los responsables de tales hechos incurrirán en multa convertible en arresto, 'que impondrá la respectiva autoridad judicial'. "Por otra parte, el artículo 10 de la misma ley dispone: 'Se impondrá por la
respectiva autoridad judicial multa de $ 500.oo a $ 2.000.oo convertible en arresto, a los que por medio de escritos o impresos vendidos o distribuidos, o expuestos al público, auxilien, inciten o cooperen a la comisión o ejecución de un hecho contemplado como delito por la ley, aunque el auxilio, la incitación o cooperación no hayan dado resultado. Si el delito o delitos llegaren a cometerse o frustrarse, la sanción se duplicará'. "De la lectura de los artículos 7º., y 10 de la Ley 29 de 1944, se colige, sin necesidad de mayores esfuerzos de exégesis jurídica, que la facultad para imponer las sanciones contempladas en esos preceptos, corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales. Implícitamente se les niegan esas potestades a la policía. Las funciones de esta institución quedan reducidas a impedir la fijación de avisos murales en los cuales se incite al delito, o a decomisar los escritos, volantes y todo genero de propaganda que persiga el mismo fin. "Pero el artículo segundo del acto administrativo demandado no limitó la actuación de la policía a la órbita que señala la ley, sino que la generalizó hasta el extremo de invadir la esfera de competencia de las autoridades judiciales. De esta manera, la pugna entre el artículo segundo de la decisión administrativa acusada y los preceptos legales en cita, surge a primera vista y en forma ostensible. . “ Por lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley.
FALLA:
1. Es nulo el artículo segundo (2º .) de la orden administrativa número uno (1) de 4 de marzo de 1961, expedida por el Presidente de la República y su Ministro
de Gobierno:
2. Niégase la anulación de las demás disposiciones contenidas en la orden administrativa enjuiciada.
Cópiese, notifíquese y archívese.