CE-SEC1-EXP1978-N2710

POTESTAD REGLAMENTARIA – Exceso / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CAMBIARIO – Procedimiento para cuantificar sanciones [C]uando el Decreto Reglamentario, mediante el artículo demandado, expresa que "constituye violación de las disposiciones cambiarias el incumplimiento de los plazos establecidos o que establezca la junta Monetaria para el pago oportuno al exterior de las obligaciones externas", no viola el estatuto cambiario, pero al contrario sí lo rebasa en cuanto el señalamiento que se hace para cuantificar la sanción en multas "equivalentes al cinco por ciento (5%) del valor de los giros por cada mes de retraso…”, ya que dentro de las circunstancias de que trata el artículo 221 mencionado, la sanción puede ser muy superior y aun también inferior al monto señalado en la norma reglamentaria. […] En relación a la nulidad del Decreto 1424 de 1977, en los hechos de la demanda sólo se dice: "7º El Decreto 1424 de junio 24 de 1.977 expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades que le confieren los Ordinales 3 y 22 del Artículo 120 de la Constitución Nacional, señala el trámite para sancionar el incumplimiento en los plazos de giro, infracción establecida en el Decreto 212 de 1977. Si el ejecutivo excedió en el ejercicio del poder reglamentario al expedir el Decreto 212 de 1.977, resulta así mismo ilegal la norma con la cual se pretende determinar las modalidades de aplicación de las sanciones establecidas en aquel decreto". Al ser

esta una pretensión secuencial, de este Decreto debe prosperar la nulidad referente con el mismo 5% señalado en el inciso segundo del decreto 212, del cual se trata en el artículo 3º del 1424. En conclusión, en concepto de esta Fiscalía debe decretarse la nulidad del inciso segundo del artículo segundo del Decreto 212 y del artículo tercero del Decreto 1424 ambos de 1977, y negarse la nulidad de lo demás.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 212 DE 1977 GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 2 (Anulado parcialmente) / DECRETO 1424 DE 1977 GOBIERNO NACIONAL (Anulado parcialmente)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ALFONSO ARANGO HENAO

Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978)

Radicación número: CE-SEC1-EXP1978-N2710

Actor: CARLOS URRUTIA HOLGUÍN Demandado: GOBIERNO NACIONAL En acción de simple nulidad el doctor Carlos Urrutia Holguín formuló demanda contra el artículo 2º del Decreto 212 de 1.977 y contra el Decreto 1424 del mismo año "por el cual se dictan algunas medidas en materia de Control de Cambios”, lo cual hace el Presidente de la República, según dice el mismo acto acusado, “en uso de las facultades que le confieren los ordinales 3º y 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional.” La demanda que contiene solicitud expresa sobre suspensión

provisional fue admitida por ajustarse formalmente a la ley, en auto de 27 de septiembre de 1.977 que a la vez negó la suspensión pedida. Como hechos básicos de la acción, dice el libelo, en síntesis, que el decreto 212 fue dictado con base en los numerales 3º y 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional y que su artículo 2º cuya transcripción hace, sobrepasa la facultad reglamentaria sobre la cual ha dicho lo que copia la demanda de algunas providencias del Consejo de Estado. Sobre el numeral 22, también invocado por el decreto impugnado, dice que "se refiere a la regulación por el Ejecutivo del cambio internacional y del comercio exterior y a la fijación de aranceles, tarifas y demás disposiciones relacionadas con el reglamento de aduanas", y agrega que la facultad constitucional no autoriza al Presidente de la República para "crear infracciones e imponer sanciones". Al estar regulados los préstamos en moneda extranjera por los artículos 127 a 137 del decreta-ley 444 de 1.967, y la importación de bienes en los artículos 67 a 92 del mismo decreto, no se pueden establecer moratorias por parte del deudor que no están contempladas en el estatuto cambiarlo, sino por una norma de igual categoría. Y al referirse al decreto 1424, también demandado, dice el libelo, que como éste decreto traza los procedimientos para la aplicación de las sanciones creadas en el articulé 2º del decreto 212, es igualmente anulable debido a que con su expedición hube exceso de la potestad reglamentaria.

Las violaciones en que incurren los actos acusados, según el demandante, son a los numerales en que los decretos se apoyan, al artículo 26 de la Constitución Nacional y al decreto 444 de 1.967, "por cuanto califican y castigan como infracciones actos y hechos no contemplados como tales en la norma orgánica". Ninguna actuación distinta a la demandada hizo el demandante durante el curso del juicio. El señor Fiscal 1º de esta Corporación en su vista sobre el presente negocio, haciendo alusión al artículo 137 del decreto 444 de 1967 y al decreto reglamentario del mismo, 404 de 1.976, dijo que "el Gobierno está facultado para regular lo relacionado con los créditos externos, y dentro de la limitación que las mismas normas contemplan, debe entenderse el señalamiento de plazos máximos y lógicamente la aplicación de las sanciones consagradas en el estatuto cambiarlo por razón de su violación”. Y después de transcribir los textos de los artículos 220 y 221 del estatuto cambiarlo, agrega el colaborador Fiscal: "Conforme a la último, si bien el Superintendente de Control de Cambies puede imponer sanciones por violación de las normas de control, la sanción correspondiente no podrá exceder del 200% del monto de la operación y deberá graduarse "de acuerdo con las circunstancias dentro de las cuales fue cometida la infracción", de modo que cuando el Decreto Reglamentario, mediante el artículo demandado, expresa que "constituye violación de las disposiciones cambiarlas el incumplimiento de los plazos establecidos o que establezca la junta Monetaria para el pago oportuno al exterior de las

obligaciones externas", no viola el estatuto cambiario, pero al contrario sí lo rebasa en cuanto el señalamiento que se hace para cuantificar la sanción en multas "equivalentes al cinco por ciento (5%) del valor de los giros por cada mes de retraso…”, ya que dentro de las circunstancias de que trata el artículo 221 mencionado, la sanción puede ser muy superior y aun también inferior al monto señalado en la norma reglamentaria. Quiere decir lo anterior, que debe prosperar la demanda en cuanto al inciso segundo del artículo demandado. En relación a la nulidad del Decrete 1424 de 1977, en los hechos de la demanda sólo se dice: "7º El Decreto 1424 de junio 24 de 1.977 expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades que le confieren los Ordinales 3 y 22 del Artículo 120 de la Constitución Nacional, señala el trámite para sancionar el incumplimiento en los plazos de giro, infracción establecida en el Decreto 212 de 1977. Si el ejecutivo excedió en el ejercicio del poder reglamentario al expedir el -Decreto 212 de 1.977, resulta así mismo ilegal la norma con la cual se pretende determinar las modalidades de aplicación de las sanciones establecidas en aquel decreto" (fl. 3 y 4). Al ser esta una pretensión secuencial, de este Decreto debe prosperar la nulidad referente con el mismo 5% señalado en el inciso segundo del decreto 212, del cual se trata en el artículo 3º del 1424. En conclusión, en concepto de esta Fiscalía debe decretarse la nulidad del inciso segundo del artículo segundo

del Decreto 212 y del artículo tercero del Decreto 1424 ambos de 1977, y negarse la nulidad de lo demás," La Sala se acuerda con el colaborador Fiscal en las anteriores apreciaciones y sin necesidad de hacer repeticiones que estima inútiles, encuentra que lo aducido por el señor Agente del Ministerio Público es suficiente para que el Consejo de Estado, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley» FALLE : Es Nulo el inciso segundo del artículo segundo del decreto 212 de 1.977, expedido por el Señor Presidente de la República en asocio del Ministro de Hacienda y Crédito Público. Es así mismo NULO el artículo 3º del Decreto 1224 de 1.977 del mismo origen del anterior. No se decretan las demás nulidades solicitadas por el demandante. En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando constancia que ella se aprobó en sesión de la Sala del día 27 de los corrientes, según consta en el acta respectiva.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

Los Magistrados:

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO

HUMBERTO MORA OSEJO ALVARO PEREZ VIVES

Camilo Vargas Ayala Srio.