CE-SEC1-EXP1978-N2696

ACTO ADMINISTRATIVO – El error al citar los fundamentos legales no lo vicia de nulidad Tiene razón el Fiscal cuando pone de presente cómo se invocan allí facultades disímiles, las más variadas y algunas excluyentes entre sí, como son las de los numerales 3o. y 6o. del art. 120 de la Carta, pues si se trata de un Decreto Reglamentario con fundamento en el numeral 3o. en mención, mal pueden invocarse las atribuciones del numeral 6o. en cita, las que se refieren a materia distinta, cual es disponer de la fuerza pública y conferir grados militares. Y si aquella o ésta facultad es la base del Decreto acusado, tampoco es admisible citar también como su fundamento facultades conferidas por el legislador, lo que hace suponer una base diferente a la actividad gubernamental, incompatible con el poder meramente reglamentario del numeral 3o. en referencia, e innecesaria si de usar la atribución constitucional de disponer de la fuerza pública se tratare. Mas ya ha dicho la Corporación que cuando en un decreto del gobierno falte la cita de las normas en las que se apoya o tal cita esté errada, es preciso analizar la naturaleza del acto, sin que esa falla sea causal de nulidad del mismo, si tiene otros fundamentos legales. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – Su intervención en el transporte y almacenamiento del café no constituye monopolio / CAFÉ DE EXPORTACIÓN – Situaciones en que procede su decomiso / PARTICIPACIONES POR DECOMISO DE CAFÉ Por el Ministerio de la Ley el tráfico fronterizo y el transporte de mercancías de exportación está sometido a control especial y al efecto el Gobierno está

autorizado para expedir los respectivos reglamentos (determinación de zonas, vías exclusivas de transporte, exigir guías especiales, etc.). Lo previsto en el artículo 1o. del Decreto 1133 de 1977 [Acto demandado], impropiamente denominado allí intervención de la Federación de Cafeteros en el transporte, almacenamiento y distribución de café no constituye un monopolio. Se trata de un conjunto de medios para ejercer el control del transporte y del almacenamiento del café que no constituyen novedad, pues su establecimiento data de casi veinte años. La institución de esos mecanismos fué reiterada en el Decreto 129 de 1977, al cual se le introdujeron algunas modificaciones de detalle contenidas en el Decreto impugnado. Lo que allí se prevé es una colaboración que se exige a la Federación de Cafeteros mediante un sistema de registro de exportadores y de guías que esta entidad debe expedir. Lo preceptuado en el artículo 2o. del Decreto 11 de 1977 no es la configuración de un ilícito penal que no esté previsto en la ley. La norma acusada se limita a ordenar que el café transportado o depositado sin el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, deberá ser retenido... para qué? Para efectos de la investigación a que haya lugar por el posible ilícito previsto en el numeral 6o. del artículo 22 del Decreto Ley 955 de 1970. […] Podía, pues, el Gobierno, al reglamentar dichos artículos 32 de la ley 1a. de 1959 y el 12 de la ley 130 de 1959, tomar las medidas de orden material encaminadas a prevenir el contrabando de importación y exportación y reglamentar el tráfico fronterizo,

incluyendo el de café, como lo hacen los artículos 1o. y 2o. del Decreto 1133 de 1977. CONTRABANDO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ – Medidas de prevención Mas en cuanto los mencionados artículos 32, Ley 1a. y 12, Ley 130, ambas de 1959, autorizan al Gobierno "para adoptar las medidas que sean indispensables a fin de prevenir el contrabando de importación y exportación y reglamentar el tráfico fronterizo", y considera ilícita "la salida del país de un producto cualquiera sin el lleno de los requisitos ordenados por los artículos" 23 a 31 de la Ley 1a., no autorizan la creación de monopolios, sino la adopción de medidas como las tomadas en el art. 1o. del Decreto 1133 de 1977, en las cuales la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé, S. A., son meros: colaboradores del Estado en la prevención del contrabando. […] El artículo 1o. del Decreto 1133 de 1977, al disponer que "el transporte, almacenamiento y distribución de café en grano, sólo podrá realizarse con intervención de la Federación Nacional de Cafeteros" no quebranta los citados preceptos de la ley 1a. de 1959, los cuales contemplan la colaboración de la Federación Nacional ele Cafeteros en la prevención del contrabando y en la exportación del grano, así como en la estabilidad de los precios del café. Otro tanto ocurre con el artículo 2o. del mismo Decreto, en cuanto ordena la retención del café que no cuente con la autorización de la

Federación. PERSONAS JURÍDICAS – Clasificación / PERSONAS PÚBLICAS Y PRIVADAS – Evolución y desarrollo en el derecho administrativo y en el derecho civil / FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – Ente sui generis que tiene la calidad de auxiliar de la Administración en temas relacionados con el café [S]e trata de un ente "sui-generis", lo cual puede traducirse diciendo que su formación, de origen gremial privado, tuvo por objeto y finalidades, muchas concernientes al Derecho Público y a sus funciones, previstas desde su origen y desarrolladas a través de contratos con el Estado y por medio de medidas legislativas diversas, como las ya señaladas, las que ponen de presente su calidad de auxiliar de la administración en todo lo concerniente a la prevención del contrabando del café, a la regulación del mercado del grano y a la exportación de éste, temas éstos esencialmente vinculados al desarrollo de la economía nacional. POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO NACIONAL – Exceso / POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO NACIONAL – No le está dado establecer tipos penales / COMPETENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL – Carece de ella para expedir el artículo 8 del Decreto 1133 de 1977 El artículo 8o. del mismo decreto [Acto demandado Decreto 1133 de 1977] contiene una legislación sobre presunciones de contrabando, la que sólo es dable expedir al Congreso, al tenor de las normas constitucionales citadas anteriormente. Por tanto, este precepto sí quebranta las normas superiores invocadas como violadas por la parte actora. […]. [E]n cuanto el Decreto 1133 se

apoya en la facultad reglamentaria contenida en el artículo 120, numeral 3o.de la Carta y se limita a dictar las medidas indispensables para el desarrollo de los preceptos legales a los que se ha hecho referencia, sin invadir la órbita propia del Congreso, es inobjetable. No ocurre lo mismo con el artículo 8o. del mismo Decreto, ya que es indudable el exceso de la potestad reglamentaria al dictarlo. Porque una norma que faculta indefinidamente al gobierno para tomar las medidas que considere indispensables para PREVENIR, el contrabando, no lo convierte en legislador, porque sería inconstitucional. Además, en cuanto se ajusta a la Constitución, su alcance es el de facultar al Presidente para que tome las medidas de orden material, a través del reglamento (numeral 3o. del artículo 120 de la Carta), para PREVENIR no SANCIONAR el contrabando, porque no es lo mismo la prevención que la represión del delito.

SÍNTESIS DEL CASO: En ejercicio de la acción de nulidad se demandan los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 del Decreto 1133 de 1977, “por medio del cual se introducen algunas reformas y adiciones al Decreto 129 de enero 21 de 1977”, expedido por el Gobierno Nacional, aduciendo violación de los artículos 10, 12, 16, 17 y 30 de la Constitución Política. La Sala declaró la nulidad del artículo 8 del decreto demandado, denegando las demás pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN NACIONAL – ARTÍCULO 32 / CONSTITUCIÓN NACIONAL – ARTÍCULO 76 NUMERAL 11 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 23 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 24 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 25 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 26 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 27 / LEY 1

DE 1959 – ARTÍCULO 29 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 30 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 31 / LEY 1 DE 1959 – ARTÍCULO 32 / LEY 130 DE 1959 – ARTÍCULO 12 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 22 NUMERAL 6 / DECRETO LEY 520 DE 1971 – ARTÍCULO 25

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 1 (No anulado) / DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 2 (No anulado) / DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 3 (No anulado) / DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 4 (No anulado) / DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 6

(No anulado) / DECRETO 1133 DE 1977 (23 de mayo) GOBIERNO NACIONAL –

ARTÍCULO 8 (Anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ÁLVARO PÉREZ VIVES

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978)

Radicación número: CE-SEC1-EXP1978-N2696

Actor: ALFONSO LÓPEZ CARRASCAL Demandado: GOBIERNO NACIONAL Se decide la demanda de nulidad instaurada en acción pública por el doctor Alfonso López Carrascal contra los artículos lo., 2o., 3o., 4o., 6o., y 8o. del Decreto 1133 de mayo 23 de 1977, dictado por el Gobierno Nacional.

El actor reproduce en los hechos de su demanda el contenido de los artículos acusados y los fundamentos invocados por el Decreto 1133 en referencia y presenta como normas violadas y concepto de la violación los siguientes: "Las normas jurídicas de derecho superior violadas por el acto acusado en virtud de la presente demanda, y el sentido en que lo fueron son los siguientes: "a).- El Art. 10 de la Constitución Nacional.: Es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia vivir sometidos a la Constitución y las leyes y obedecer a las autoridades siendo el nuestro un Estado de Derecho, existe una jerarquía de normas y si el mismo Estado, se encuentra autolimitado en su acción pública, con más razón, las personas naturales o jurídica nacionales o extranjeras, emplazadas en nuestro territorio. La Federación Nacional de Cafeteros es una

entidad de derecho privado; sus actos son privados y por consiguiente, sus actos deben estar enmarcados en el cumplimiento a la Constitución y leyes de la República. "b).- El Art. 12 de la C. N.; La capacidad, el reconocimiento y en general el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas, se determinarán por la ley Colombiana. En el evento, que nos corresponde el Estado ha dado facultades a la Federación Nacional de Cafeteros (sic), entidad eminentemente de Derecho privado de carácter gremial, la cual carece dentro de la mecánica fiscal, de la debida vigilancia del Estado, al delegar en dicha agremiación facultades que únicamente corresponderán al Estado, como es la de intervenir el transporte, almacenamiento y distribución de café en grano, sujetándola a la intervención de la Federación Nacional de cafeteros en ciertas secciones y áreas del país, el de retener el café de exportación que "no cuente con la respectiva autorización de la Federación Nacional de Cafeteros”; el de adquirir con exclusividad el café retenido. "c).- El Art. 16 de la C. N. : Establece esta norma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honradez y Bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Si bien es cierto, que la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad de derecho privado es un organismo de carácter exclusivamente gremial, es también cierto, que existen en el país, productores a título de propietarios de fondos o cosecheros que están por fuera de ese gremio; de transportadores, de entidades privadas,

propietarios de almacenes de depósito, de comerciantes y para todos ellos, debe imperar la protección de los bienes. No puede intervenir la economía en detrimiento de muchos particulares, para proteger una entidad gremial de carácter privado, que como veremos tiene privilegios y concesiones monopolistas que no se compadecen con nuestra estructura jurídica. No puede el Estado hacer concesiones especiales a particulares en detrimiento de otro, muchos particulares y antes por el contrario, es obligación de proteger los bienes de los particulares, sin lugar a privilegios o monopolios. (Sic) "d).- El Art. 17 de la C. N. : El trabajo es una obligación social y gosará (sic) de la especial protección del Estado. La siembra del café es una actividad lícita; el transporte lo es igualmente; los almacenes de depósitos están aceptados y reglamentados por nuestro Código de Comercio, que como el Civil pertenece a la clasificación Universal del Derecho Privado. La compraventa la reglamenta el Derecho Privado y la compra y venta del café en grano, la tiene exclusivamente la Federación Nacional de Cafeteros en ciertas secciones y áreas, que vienen señaladas por el Decreto acusado. El café aprehendido no estará sujeto en su venta al mejor postor, sino que la exclusividad de compra la tiene la Federación Nacional de Cafeteros, entidad eminentemente privada, quien la comprará, a precios que esa misma entidad fijará en el día de compra. Se coarta en esa forma, la libertad de empresa y la protección estatal de trabajo lícito. " e).- El Art. 30 de la C. N. : Señala el constituyente que "se

garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo de las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. "La propiedad es una función social que implica obligaciones. "Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa. "Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. (Sic) "No puede desconocerse la libertad de empresa para la producción, pero cuando ese productor quiere negociar el grano se le limita la libertad a la venta, al almacenamiento, al procesamiento y al transporte, en beneficio de una entidad de derecho privado, cuyo privilegio no se refiere a inventos útiles o a comunicaciones, como en el caso del correo aéreo, que en Colombia lo tiene una empresa privada como AVIANCA. Estimamos que con fundamento a mi intervencionismo (Sic) mal entendido, que ni siquiera contempla la legislación social agraria, se quiere desestimar o restringir el cultivo del café, que ha venido siendo en los últimos años, uno de los renglones de economía en comercio exterior. Igualmente se le da un golpe duro a los almacenes de depósito como al

transporte mismo, amparados por un estatuto privado como el Código de Comercio. La venta misma del grano, debe hacerse a una entidad de derecho privado, al precio de compra que esa misma entidad señale. Como son precios sustentados, que no corresponden a un criterio comercial y aduanero, creemos, que en esa forma se estimule la industria del contrabando de exportación, con la seguridad de que la venta del café por fuera de esos controles, en beneficio de los intereses de una agremiación privada, dará mejores ganancias, con todas las consecuencias que producirá un fenómeno en la economía nacional. "f). - Estimamos también que esas disposiciones del Decreto reglamentario 1133 de Mayo 2 3 de 1. 977, se viola ostensiblemente el Art. 31 de la Constitución Nacional. Reza la norma de la Carta. “Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que haya sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ello deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita. “Ningún monopolio podrá establecerse sino como ARBITRIO RENTISTICO Y EN VIRTUD DE LEY: "Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación. " "La norma anteriormente citada es de aquellas piezas fundamentales de nuestra estructura jurídica o Estado de Derecho que rige. Obsérvese que únicamente puede establecerse un monopolio como ARBITRIO RENTISTICO y en virtud de Ley. Las palabras según las reglas de interpretación hermenéutica jurídica, deben tomarse en su sentido natural y cuando se habla de Ley, debe

estarse a la declaración que hace el propio legislador (Congreso Nacional). No puede el presidente de la República por simple Decreto Reglamentario, y ya veremos como rebasó esas facultades imponer una serie de monopolios en favor de una entidad de derecho privado. Por otra parte, si se hablara de privilegios concedidos a una agremiación privada, únicamente lo sería en tratándose de INVENTOS UTILES o a vías de comunicaciones. Y para todo esto deben ser previamente indemnizados los individuos que en virtud de la ley de monopolio deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita. Los Artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y 6o. del Decreto 1133 de Mayo 23 de 1. 977, que a su vez reglamenta otro Decreto reglamentario, como lo es el Dto. 129 de Enero 21 de 1. 977 es ostensible violador de esta norma de la Carta. Bajo ningún rubro constitucional o sentido de economía moderna, puede dársele privilegios a una agremiación privada y menos por simples decretos reglamentarios del Sr. Presidente de la República, no tratándose de inventos útiles o vías de comunicación. "La Federación Nacional de Cafeteros, como entidad de derecho privado es ajena a los controles de Auditoría del Estado y el hecho de llevar por aparte, en libros de contabilidad a los de la misma Federación, la administración del Fondo Nacional, del café, no puede constitucionalmente la referida Federación abrogarse funciones, dadas por el Presidente de la República y no por el Legislador, dentro de la preceptiva o requisitos de la citada norma. Sería una

observación y peligrosa por cierto, que el estado vaya poniendo en manos de los particulares, que solo miran a sus propios beneficios personales o gremiales, funciones exclusivamente del Estado, que debe mirar el bien común. Ya hablaremos, como hubo exceso de reglamentación por el Sr. Predidente (sic) de la República. " g).- Igualmente estimamos que con la expedición del citado decreto reglamentario que se acusa, se viola ostensiblemente lo preceptuado por el Art. 32 de la Constitución Nacional. Es letra de la citada norma. "Se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, pero la dirección general de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para nacionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral. "Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular". "Una mirada de reojo a la citada norma, nos enseña que es el estado, a través de su Poder Público (Ramas legislativa, ejecutiva y jurisdiccional) que ejerce por mandato de la ley ese intervencionismo económico. No se habla del Gobierno únicamente (Presidente y sus Ministros y/.o Jefes de Departamentos Administrativos). Se habla del Estado y por mandato de ley. Un simple decreto

reglamentario como el anotado, no puede disponer monopolios o privilegios en favor de una entidad de derecho privado, en desarrollo de leyes o normas con ese carácter, que como veremos mas adelante no puede coartar la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común para beneficiar únicamente una entidad gremial y de carácter privado como la Federación Nacional de Cafeteros significa violar ostensiblemente la preceptiva constitucional sobre intervencionismo estatal para reemplazar por un intervencionismo privado en beneficio exclusivo de una entidad gremial única. " h) Igualmente creemos que las normas ya mencionadas del decreto reglamentario acusado viola el Art. 39 de la Constitución Nacional. Reza así la norma fundamental: "Toda persona, es libre de escoger profesión u oficio. "La ley puede exigir título de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. "Las autoridades inspeccionaron las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad pública. (Sic) "La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y de las bebidas fermentadas. "También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de transportes o Conducciones y demás servicios públicos. " “Dicha norma desarrolla el principio de la libertad de escoger profesión u oficio. Faculta a las autoridades únicamente para inspeccionar las profesiones u oficios en lo relativo a la MORALIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PUBLICA. En cuanto al transporte, y por mandato de la ley y no de simple decreto reglamentario, la ley puede intervenir en la revisión y fiscalización

de TARIFAS Y REGLAMENTOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES O CONDUCCIONES Y demás servicios públicos. "En materia de licores es donde la ley podrá restringir la producción y el consumo. Cuando el decreto reglamentario que nos ocupa, señala que en determinadas secciones y áreas del país, el transporte, almacenamiento y distribución del café en grano solo podrá hacerse con intervención de la Federación Nacional de Cafeteros, es más que una extralimitación de funciones reglamentarias que no dan las normas reglamentadas, una violación de las normas que nos ocupa. "Se viola también por inconstitucional, y extralimitarlo, cuando se señalan rutas para el transporte de café en grano, cuando se exige la autorización de una entidad privada para movilizar café, cuando el café retenido lo compra exclusivamente al precio que el comprador señale, la Federación Nacional de Cafeteros, a través de sus almacenes Generales de Depósitos de Café S.A. (Almacafé) quien lo adquirirá en el acto". "i).- Y si lo anterior hasta ahora expuesto no basta, veamos como se viola la potestad reglamentaria del gobierno. Enseña el Art. 120-3 de la Constitución Nacional y que es uno de los motivos o fundamentos citados que se tuvo en cuenta, para expedir el decreto que nos ocupa : "Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes" "Francisco de Paula Pérez (Derecho Constitucional Colombiano V Edición Pág. 267) expresa : "Las facultades "precisas" no envuelven una firma en blanco para

actos discricionales o arbitrarios, conservan la responsabilidad de los funcionarios ejecutivos que llegan a extralimitarse, garantizan los derechos de los ciudadanos, respaldan el estatuto fundamental que consagra, como limitados los poderes públicos, reafirman el principio de que cada empleo debe tener sus atribuciones detalladas, en suma, es la confirmación de que los mandatarios no han de exceder los términos de su mandato". "El Dr. Hernández Suárez, en concepto memorable señalaba : "Se ha dicho y a menudo se repite con acierto que el presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el Art. 3.20, Ord. 3o. de la Constitución, no puede ampliar, restringir, o variar los alcances o efectos de las normas legales, sino apenas proveer lo necesario para que estas tengan cabal observancia práctica, al facilitar su inteligencia por los funcionarios y las gentes y al adoptar los preceptos a la realidad objetiva del momento, sin que se desfigure o contraríe la voluntad expresa del legislador. Cualquiera extralimitación en el ejercicio de aquella potestad hace ilegal el acto reglamentario e imperativo anularlo, en defensa del orden jurídico institucional propio del Estado de Derecho y garantía de los ciudadanos contra eventuales arbitrariedades de los poderes públicos" (Estudios) sobre la Constitución Política de Colombia Eduardo Fernández Botero, Pág. 428). "El jurista Jacobo Pérez Escobar anota que "en ejercicio de la potestad reglamentaria al Gobierno (Sic) no puede expedir normas nuevas sino ajustarse estrictamente al contenido de las normas de las leyes que reglamentan.

"Hechas las anotaciones anteriores que reflejan el pensamiento doctrinal y jurisprudencial sobre la materia, veamos como se excedió el gobierno en esa facultad reglamentaria al expedir el Decreto Reglamentario 1.133 de Mayo 23 de 1. 977. "Motiva la expedición del decreto acusado, el fundamentarse el Presidente de la República, "en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confieren los ordinales 3o. y 6o. del Art. 120 de la Constitución Nacional, los Artículos 12 de la ley 130 de 1959, 25 del Decreto ley 520 de 1971 y la ley 21 de 1. 977". "El presidente en cuanto a disponer de la fuerza pública no hay nada que objetar, por cuanto está facultado por el Art. 120-6 de la Constitución Nacional. Respecto a darle pregrogativa (sic) privilegios o monopolios a una entidad de derecho privado como es la entidad gremial Federación Nacional de Cafeteros, veamos que dicen las normas en que se sustenta el referido decreto. "El Art. 12 de la ley 130 de 1.959 establece : “El inciso segundo del Art. 32 de la ley 1ª de 1.959 quedará así : "El gobierno nacional queda autorizado para adoptar las medidas que sean indispensable a fin de PREVENIR el contrabando de importación y exportación y reglamentar el tráfico fronterizo, lo mismo que para señalar las sanciones a que quedarán sujetos los importadores, exportadores, negociantes y transportadores que tuvieren participación directa e indirecta en el tráfico de contrabando." "El Art. 25 del decreto ley 520 de 1.971 respecto a la enajenación

directa de la mercancía señala : "Las cosas fungibles o que puedan dañarse o sufrir deprecio merma o deterioro, o para cuyo almacenamiento se presente serias dificultades, serán enajenadas directamente y lo más pronto posible por el Fondo Rotatorio de Aduanas quien mantendrá en depósito su producto y dará cuenta del hecho al Juez. "Las mercancías declaradas de contrabando podrán ser vendidas a ENTIDADES OFICIALES, EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA O ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA, con autorización de la Dirección General de Aduanas. "Los artículos de consumo popular, especialmente los víveres aprehendidos como de contrabando, serán entregados al Instituto de Mercadeo Agrícola (Idema), para su venta al público, previo contrato celebrado con el Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas". "La ley 21 de Mayo 6 de 1.977, que introduce sustanciales modificaciones al Estatuto Penal Aduanero (Dtos. leyes 955 de 1970 y 520 de 1.971), se circunscribe únicamente a normatizar lo relativo a Penas principales, pago y conversión de multas, prescripción de la acción, contrabando de primer grado, contrabando de segundo grado, contrabando culposo de segundo grado, contravenciones penales aduaneras, competencia de los Jueces Superiores de Aduana, competencia de los Jueces de Distrito Penal Aduanero, apelación efectos del recurso, consulta, entrega de la mercancía, Excarcelación, caución para la excarcelación, Reconocimiento y Avalúo, titulares de las participaciones,

excepciones, denunciantes, aprehensores, campañas para prevenir el contrabando, aplicación de otros códigos, derogatoria y vigencia de normas. "Cuando el gobierno, en el Art. 1o. del decreto acusado, legaliza que el transporte, almacenamiento y distribución de café en grano, solo podrá realizarse con intervención de la Federación Nacional de Cafeteros, está excediendo las normas legales en que se fundamenta y fueron transcritas, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad interviniente. No se le facultó para ello. "Cuando el Gobierno en el Art. 2o. del decreto que nos ocupa, señala la ruta para el transporte del café en grano, y de no contar o con la respectiva autorización de la Federación Nacional de Cafeteros, será retenido, está extralimitando la ley. En las normas anteriormente citadas no hay facultad alguna al Gobierno para dejar la autorización del transporte del café a una entidad privada y de carácter gremial. "Cuando el gobierno en el Art. 3o. del Decreto reglamentario 1.133 de Mayo 23 de 1.977, legaliza que las participaciones de denunciantes y aprehensores se liquidaran sobre el valor del grano, "que será el que la Federación Nacional de Cafeteros señale el día de la compra para iguales tipos de café, en la plaza donde se haya efectuado la transación" está extralimitando la ley. En el país están registradas 28 firmas privadas exportadoras de café, incluyendo la Federación Nacional de Cafeteros y no es posible sin violar la Constitución y las Leyes de la República, que una entidad privada sea la que ponga precio al

producto retenido olvidando la ley del martillo, que dirige el Banco Popular a lo que establece el mismo Art. 25 del Decreto Ley 520 de 1.971. (Sic) "Cuando el gobierno dicta el Art. 4o. del decreto reglamentario 1133 de 1.977, al disponer que se levantará acta de la venta del café a los Almacenes Generales de Depósito de Café S, A. Almacafé, se están violando las normas reglamentarias. Resalta en primer lugar, que los almacenes generales de Depósito de Café S. A. son sociedades anónimas, regidas por el Código de Comercio, y caracterizadas por el ánimo de lucro. Dichas entidades no son ENTIDADES OFICIALES, EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA O ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA, de que habla el Art. 25 del Decreto-ley 520 de 1.971 que es una de las normas que se tratan de reglamentar. "Cuando el gobierno en el Art. 6o. del decreto acusado, legaliza "el café aprehendido lo adquirirá definitivamente la Federación Nacional de Cafeteros por conducto de los Almacenes Generales de Depósito de Café S.A.