CE-SEC1-EXP1992-N1884

ACTO ADMINISTRATIVO - Validez / ACTO ADMINISTRATIVO - Eficacia / ACTO ADMINISTRATIVO - Expedición / PUBLICACION Una cosa es la validez del acto administrativo, que depende de sus elementos esenciales, entre ellos la competencia y otra muy diferente la eficacia del mismo acto jurídico que solo tiene que ver con su obligatoriedad "Para los particulares", pues bueno es también destacarlo, se ha llegado a aceptar la posibilidad de que el acto jurídico no publicado obligue a la propia autoridad administrativa que lo profirió, y, de otro lado la ley expresamente ha dispuesto que es posible accionar por la vía contencioso administrativa contra aquél desde el momento de su expedición. (Artículo 136, inciso 2o. C.C.A.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 1884

Actor: JORGE LUIS TORRES CASTRO

Demandado: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA Referencia: RECURSO DE APELACION Dentro de la oportunidad señalada en la ley para ello, el actor interpuso recurso de apelación contra la providencia de la referencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de. Bolívar, denegó el decreto de suspensión provisional del Decreto No. 571 de julio 25 de 1991, expedido por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, "Por el cual se convoca a los usuarios del servicio que prestan las

Empresas Públicas Distritales a que se inscriban como candidatos para escoger delegados ante la Junta Directiva de dicha Empresa", con fundamento, en síntesis, en las siguientes consideraciones: El Consejo Municipal de Cartagena, mediante el Acuerdo No. 32 del 19 de junio de 1991, publicado el 27 de julio (sic) de ese mismo año, autorizó al Alcalde de dicha ciudad "para convocar en un tiempo no mayor de un (1) mes, contado a partir de la fecha de vigencia del presente Acuerdo, para que los usuarios inscriban sus listas de candidatos a participar en las elecciones para el año de 1991. En cumplimiento de dicho Acuerdo, se expidió el decreto acusado, que lleva fecha 25 de julio de 1991, en donde se hizo la convocatoria por el término de treinta días, a partir de la publicación del decreto. Como de acuerdo con la autorización podía ejercerse hasta el 27 de julio de 1991 y la convocatoria se hizo el 25 de dicho mes, es claro que el Alcalde Mayor de Cartagena la ejerció dentro del término que se le concedió. Otra cosa es que la obligatoriedad del acto se produjera con fecha posterior en razón de su publicación, la cual tuvo lugar el 9 de agosto de 1991, según Gaceta Distrital No. 68 de esa fecha. Por otra parte, la solicitud de suspensión provisional no cita la norma legal que en su parecer viola manifiestamente el acto acusado por la publicación posterior al 27 de julio de 1991, sino que señala como tal la norma constitucional (art. 315, numeral 1, de la C.N.), referente a la atribución de los Alcaldes de cumplir y hacer

cumplir, en general, la Constitución, la ley, los Decretos del Gobierno y los Acuerdos del Concejo, y la norma legal (art. 132, numeral 1, del decreto ley 1333 de 1986), en el mismo sentido. Como no hay manifiesta violación de las normas citadas, no se accederá decretar la suspensión provisional del acto acusado. l. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION El actor al formular el recurso de apelación, lo fundamenta en las siguientes razones: Todo acto administrativo, sea de carácter particular o general, requiere de su notificación o publicación, según el caso, para que surja a la vida jurídica, es decir, para que produzca efectos en derecho. Desde el momento mismo de su proferimiento, y hasta antes de su publicación o notificación no pasa de ser un simple documento sin entidad jurídica alguna. Pues bien, en el presente caso, el parágrafo transitorio del artículo 9o. del Acuerdo ordenaba al señor Alcalde convocar a los usuarios del servicio, en un término no mayor de un (1) mes contado a partir de su vigencia, que como se dijo es el día 27 de junio de 1991, fecha de su publicación en la Gaceta correspondiente. De tal suerte resulta que cuando el Alcalde expide el decreto convocando a los usuarios el 25 de julio de 1991, no estaba cumpliendo legalmente lo ordenado por el acuerdo, pues, en nuestro modesto concepto, no bastaba el simple proferimiento del acto administrativo, sino que era menester que naciera a la vida jurídica y esto sólo ocurre cuando es publicado en la Gaceta Distrital, lo que tan solo aconteció el 9 de agosto de 1991, cuando ya se había

vencido la oportunidad para convocar. Ahora bien, no hubo ausencia de norma acusada, pues en el escrito de suspensión provisional consideraba violada la norma que trae el parágrafo transitorio del artículo 9o. del Acuerdo, a más de las dispuestas en la Constitución (art. 315) y en la ley (decreto 1333 de 1986 art. 132). Por ello, solicita la revocatoria de la providencia apelada, para que en su lugar se acceda a la suspensión provisional solicitada. ll. LA DECISION La jurisprudencia y la doctrina han sido uniformes y reiteradas en el sentido de sostener que en todo acto administrativo existen ciertos elementos esenciales, de los cuales depende su validez. Esos elementos son: órgano competente, voluntad administrativa, contenido, motivos, finalidad y forma. En cuanto hace relación al primero, o sea, el relativo a la competencia que debe tener la autoridad que ejerce la función administrativa a través del acto jurídico que es el elemento que interesa para adoptar una decisión en el caso sub - lite, se ha dicho que la autoridad que ejerce la precitada función debe actuar dentro de los límites de su competencia. Si ella no existe, porque se encuentra radicada en otro órgano del poder público o de otra rama del mismo, o porque la Constitución impide o prohíbe que cualquiera de las ramas de dicho poder adopte o tome decisiones sobre determinadas materias o aspectos, o si el funcionario, órgano o autoridad, excede esos límites de su competencia, como, por ejemplo, cuando la decisión se profiere por fuera del tiempo que la autorización constitucional o legal le señala, el

acto resulta viciado, con mayor o menor intensidad, según la naturaleza del exceso cometido. Dicho lo anterior, cabe dilucidar si, en casos como el presente en donde la autoridad administrativa municipal expidió el acto jurídico dentro del término que la norma superior le señaló para ejercer la competencia de convocar a los usuarios de un determinado servicio público a inscribir sus candidatos para la elección de sus representantes en la Junta Directiva de la entidad estatal encargada de prestarlo, pero la disposición tan sólo vino a ser publicada, como deber legal y como requisito indispensable para que entrara a regir y fuera obligatoria "para los particulares" (art. 43 C.C.A., en concordancia con la ley 57 de 1985), tiempo después, se incurre en el vicio de nulidad por falta de competencia del órgano que ejerce la respectiva función administrativa, por haberse publicado el acto jurídico de carácter general en fecha posterior a la que le otorgaba la norma superior de derecho a la autoridad para ejercer la facultad concedida. La Sección, siguiendo en ello la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, considera que una cosa es la validez del acto administrativo, que depende de los elementos esenciales antes mencionados, entre ellos la competencia, que observa se ejerció dentro del plazo que le señaló el Concejo Municipal de Cartagena al Alcalde Mayor de esa ciudad, razón por la cual realmente no se encuentra el quebrantamiento del parágrafo transitorio del artículo 9o. del Acuerdo, ciertamente invocado por el demandante como lo observa en su escrito sustentatorio del recurso, en concordancia con las normas

contenidas en los artículos 315 de la C.N. y 132 del C. de R.M., y otra muy diferente la eficacia del mismo acto jurídico que sólo tiene que ver con su obligatoriedad "para los particulares", pues bueno es también destacarlo, se ha llegado a aceptar la posibilidad de que el acto jurídico no publicado obligue a la propia autoridad administrativa que lo profirió, y, de otro lado, la ley expresamente ha dispuesto que es posible accionar por la vía contencioso administrativa contra aquél desde el momento de su expedición (art. 136, inciso segundo, del C. C. A.). Por lo dicho, el recurso no está llamado a prosperar y deberá confirmarse la providencia en la parte recurrida en ella. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: CONFIRMAR la providencia de 27 de septiembre de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto por ella se negó el decreto de suspensión provisional del acto administrativo acusado, dentro del proceso de la referencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos.

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ YESID ROJAS SERRANO