CE - Sentencia 05001233300020210208602

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada y la apelación adhesiva presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderad o, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de María Regina Vélez Vélez el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de la expedición del acto acusado, esto es, desde el 23 de diciembre de 2004 hasta el 31 de octubre de 2021, que corresponden a $ 230.541.768, más los valores que se generen hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

3. Expuso los siguientes argumentos: María Regina Vélez Vélez estuvo vinculada como

hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

3. Expuso los siguientes argumentos: María Regina Vélez Vélez estuvo vinculada como docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993 la Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación : 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)

Demandante : Universidad de Antioquia

Demandada : María Regina Vélez Vélez

Tema

Decisión

:

: Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la entidad empleadora. Devolución de dineros. Decide manifestación de impedimento. Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley 100 de 1993 y no procede la devolución de dineros al no haberse desvirtuado la presunción de buena fe.2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.

4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Universidad afilió a sus empleados al ISS y comenzó a realizar los aportes correspondientes.

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo esa con vicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores salariales.

6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999, adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de

1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.

Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. El 8 de octubre de 2001 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de

Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. El 8 de octubre de 2001 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de la parte demandada por $ 383.753.000, que consignó al ente previsional en mención.

9. Que e l ISS reconoció a la demandada, mediante Resolución 10392 del 22 de septiembre de 2003, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.356.061, excluyendo del ingreso base de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003, ordenando pagar a la parte demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad previsional.

10. Señaló que, aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben liquidarse exclusivamente con base en lo efe ctivamente cotizado, poniendo en cuestión la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia afirmación cit ó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia afirmación cit ó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.

En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.° de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad co mo el tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida para acceder a la pensión de vejez.

12. Finalmente, sostuvo que la demandada en este caso no se encontraba dentro de los supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre de 1996 contaba únicamente con 53 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de edad exigido para acceder a la pensión de vejez.

Contestación de la demanda

13. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Explicó que la

edad exigido para acceder a la pensión de vejez.

Contestación de la demanda

13. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Explicó que la actuación de la Universidad no constituyó un acto deliberado ni implicó atribuirse competencia para reconocer pensiones, pues se limitó a asumir temporalmente el pago de la diferencia generada por la omisión del entonces ISS (hoy Colpensiones), de incluir en la liquidación de la pensión de vejez factores salariales como las primas de navidad, servicios y vacaciones. Precisó que tales emolumentos debían computarse por tratarse de una beneficiaria del régimen de transición previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agregó que la Universidad se comprometió a adelantar gestiones administrativas y judiciales para que el ISS asumiera dicha obligación en los término s legales, lo cual no ocurrió, por lo que no es admisible trasladarle a ella las consecuencias de un conflicto interinstitucional ni de la indefinición del verdadero obligado.

14. De otra parte, sostuvo que la Universidad no acreditó la configuración de causales de nulidad ni demostró la vulneración alegada en la demanda. En especial, se opuso a la devolución de las sumas pagadas con fundamento en la buena fe y la confianza legítima, así como en la regla del CPACA que impide recuperar prestaciones periódicas percibidas por particulares de buena fe. Finalmente, propuso excepciones orientadas a sustentar la necesidad de vincular a Colpensiones por su interés directo en la definición del obligado, a reafirmar la presunción de legalidad del acto administrativo y, de manera subsidiaria, a

necesidad de vincular a Colpensiones por su interés directo en la definición del obligado, a reafirmar la presunción de legalidad del acto administrativo y, de manera subsidiaria, a solicitar la declaratoria de prescripción respec to de los pagos cuya devolución se pretendía.4

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Decisión de las excepciones previas

15. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró no probada la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario, al considerar que no era indispensable vincular a Colpensiones al proceso. Concluyó que no existía una relación jurídica sustancial que exigiera una decisión respecto de Colpensiones, ni se acreditaba que dicha entidad tuviera un interés directo en el litigio, dado que la decisión sobre la legalidad del acto demandado no le genera ba beneficio ni perjuicio, al recaer exclusivamente sobre la nulidad del acto por el cual la Universidad se subrogó en el pago reconocido a favor de la señora Regina Vélez Vélez.

Sentencia apelada

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al declarar la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003 y negar la devolución de los dineros solicitados, sin imponer condena en costas. Sustentó su decisión en que, si bien la señora Regina Vélez Vélez fue afiliada al Sistema General de Pensiones y el ISS , hoy Colpensiones , le reconoció pensión de vejez mediante

decisión en que, si bien la señora Regina Vélez Vélez fue afiliada al Sistema General de Pensiones y el ISS , hoy Colpensiones , le reconoció pensión de vejez mediante Resolución 10392 de 22 de septiembre de 2003, lo cierto es que la Universidad sin competencia expidió el acto acusado ordenando un pago mensual a título de “subrogación”, con fundamento en las resoluciones 12094 y 16628 ambas de 1999, para cubrir la diferencia derivada de incluir primas en el IBL del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

17. El Tribunal concluyó que dicho reconocimiento implicó asumir parte de una obligación pensional que legalmente no le correspondía a la Universidad, pues quedó probado que la entidad cumplió con la afiliación al sistema y, por tanto, la competencia para el pago y reliquidación de la pensión recaía en la administradora del régimen. Por ello, consideró configurada la causal de nulidad por falta de competencia al estimar que la accionante actuó por mera liberalidad al subrogarse en un deber ajeno, y precisó que ese tipo de actos no podía generar situaciones jurídicas protegibles bajo la figura de derechos adquiridos al carecer de sustento legal para efectuar reconocimientos de carácter pensional.

18. No obstante, negó la pretensión de restitución de las sumas pagadas, al aplicar el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, según el cual en actos relativos a prestaciones periódicas no procede recuperar lo pagado a particulares de buena fe. En ese sentido, advirtió que la Universidad no demostró mala fe de la beneficiaria, y que el acto administrativo demandado gozó de presunción de legalidad mientras estuvo vigente,

prestaciones periódicas no procede recuperar lo pagado a particulares de buena fe. En ese sentido, advirtió que la Universidad no demostró mala fe de la beneficiaria, y que el acto administrativo demandado gozó de presunción de legalidad mientras estuvo vigente, de modo que no era procedente exigir la devolución de las mesadas percibidas.

19. Finalmente, descartó los reparos orientados a impedir el control judicial por la supuesta cosa juzgada constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al señalar que la constitucionalidad del régimen de transición no impedía que la Administración controvirtiera su propio acto en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que se trata de un control de legalidad del acto administrativo, dirigido a la defensa del interés público y del orden jurídico.5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Recursos de apelación

20. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, y apelación adhesiva presentada por la parte demandante. Los

argumentos expuestos fueron los siguientes:

Parte demandada

21. Manifestó su inconformidad con el fallo al considerar que el Tribunal partió de una premisa equivocada al concluir que la Universidad actuó sin competencia y por mera liberalidad. Afirmó que, tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999 como en el acto demandado, la Universidad nunca alegó ser entidad competente para reconocer pensiones ni creó un régimen pensional, sino que afrontó una situación coyuntural generada por la negativa del ISS de liquidar correctamente las prestaciones de quienes

demandado, la Universidad nunca alegó ser entidad competente para reconocer pensiones ni creó un régimen pensional, sino que afrontó una situación coyuntural generada por la negativa del ISS de liquidar correctamente las prestaciones de quienes estaban amparados por el régimen de transición. En esa línea, explicó que la subrogación correspondió a un mecanismo temporal para garantizar el pago íntegro de la prestación mientras el ISS asumía la obligación, conforme a la Ley 33 de 1985, al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a la sentencia C -168 de 1995, que reconoció el carácter de derecho adquirido.

22. Además, insistió en que la Universidad no desconoció quién era el verdadero obligado, pues dejó expresamente establecido que la obligación era del ISS y que el pago se mantendría hasta que este la asumiera, bien por decisión propia o por orden judicial.

Sostuvo que el Tribunal omitió valorar la validez jurídica del pago por tercero y desconoció la normativa aplicable sobre el régimen de transición, en particular la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018. Finalmente, alegó que en el fallo apelado se ignoró el marco normativo y contractual relacionado con el pasivo pensional —incluido el contrato interadministrativo de concurrencia y el Decreto 2337 de 1996—, lo que generaba una colisión injustificada con el derecho fundamental a la seguridad social, por lo cual solicitó revocar íntegramente la decisión.

Parte demandante

23. En su recurso de apelación adhesivo, la parte demandante manifestó inconformidad con la decisión del Tribunal de negar el restablecimiento del derecho consistente en

Parte demandante

23. En su recurso de apelación adhesivo, la parte demandante manifestó inconformidad con la decisión del Tribunal de negar el restablecimiento del derecho consistente en ordenar el reintegro de los dineros pagados en virtud del acto anulado. Señaló que, aunque se declaró la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003 por falta de competencia, el a quo erró al concluir que la sola presunción de buena fe impedía la restitución de sumas reconocidas con fundamento en un acto declarado ilegal.

24. Sostuvo que dicho reconocimiento fue expresamente temporal y condicionado, pues se mantendría únicamente “hasta que” el entonces ISS (hoy Colpensiones) asumiera la obligación, de manera que la demandada conocía su naturaleza provisional y debía adelantar las gestiones necesarias ante la administradora pensional competente. Agregó que la inactividad de la beneficiaria permitió prolongar durante años el pa go a cargo de la Universidad, conducta que consideró incompatible con la buena fe, razón por la cual6

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia solicitó revocar parcialmente la sentencia para ordenar el reintegro de las sumas pagadas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. Mediante autos proferidos el 16 de noviembre de 2023 y el 27 de junio de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación adhesiva presentada por la demandante, respectivamente. Durante la oportunidad procesal, las partes no hicieron manifestación alguna respecto a los recursos.

admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación adhesiva presentada por la demandante, respectivamente. Durante la oportunidad procesal, las partes no hicieron manifestación alguna respecto a los recursos.

26. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

28. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,

basándose en las siguientes razones:

29. El 9 de febrero de 20261, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con fundamento en la causal señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso, dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

30. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.

31. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.

1 Índice 19 SAMAI, segunda instancia.7

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

32. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra enunciada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

[...]

33. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para

expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.

Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al declarar la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003, con fundamento en la supuesta incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente en el cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del ISS, a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición ; así como al negar la devolución de las sumas pagadas a la beneficiaria, argumentando la existencia de buena fe en su actuar, a pesar del conocimiento del carácter provisional del reconocimiento pensional.

Análisis del problema jurídico

35. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pa go de la obligación cuestionada, de acuerdo con las razones jurídicas y probatorias que se expondrán a continuación.

36. La demandada prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El 14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar

14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». En su artículo primero dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo

2 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o por orden judicial, asuma la misma.»

37. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución Rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el

en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido en el mentado acto administrativo.

38. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 733 del 8 de octubre de 20 21 mediante la cual reconoció a favor de la señora María Regina Vélez Vélez un bono pensional por la suma de $ 383.753.000.

39. El 22 de septiembre de 2003, por medio de la Resolución 10392, el extinto ISS reconoció una pensión de jubilación a la señora Vélez Vélez, en cuantía de $ 2.356.061.

40. El 28 de noviembre de 2003 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 584, a través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

41. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente mediante la Resolución Rectoral 35823 17 de octubre de 2012.

42. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los

mediante la Resolución Rectoral 35823 17 de octubre de 2012.

42. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996), se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la competencia directa de las universidades estatales.

43. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023) Demandante: Universidad de Antioquia reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones3.

44. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el derecho pensional de la accionada, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones realizadas por la parte demandada.

derecho pensional de la accionada, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones realizadas por la parte demandada.

45. En línea con lo anterior , esta Subsección4 ha señalado en casos similares que las universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 .

Específicamente, ha afirmado:

«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones, facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión. […] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»

46. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.

El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación

46. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.

El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación.

47. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de Antioquia carecía de atribu ciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al ingreso base de liquidación de la señora Vélez Vélez o para subrogarse en obligaciones propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las cotizaciones efectuadas.

48. Ahora, en cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros recibidos por la demandada , la Sala precisa que, conforme al artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en todas las actuaciones administrativas .

Además, según