CE - Sentencia 08001233170320130002101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)

Demandante: Municipio de Santiago de Cali

Demandado: NaciónMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajo

Proceso: Reparación Directa

FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA – de hecho y materialdistinciónNEGACIONES INDEFINIDAS -noción y alcance-; DEBER DE COLABORACIÓN – frente al juez en la práctica de pruebasart. 71 CPC-DEBERES DE LAS SOCIEDADES

FIDUCIARIAS– alcance-– LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVAprueba-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 30 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C “Mixta” que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de Santiago de Cali acudió ante la jurisdicción, con el objeto de que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerios de Trabajo y de Transporte, por el presunto detrimento patrimonial ocasionado, como producto de las conductas ilícitas, llevadas a cabo por representantes y funcionarios de dichas entidades demandadas, en el marco del escándalo de

Trabajo y de Transporte, por el presunto detrimento patrimonial ocasionado, como producto de las conductas ilícitas, llevadas a cabo por representantes y funcionarios de dichas entidades demandadas, en el marco del escándalo de corrupción de Foncolpuertos, mismas conductas que fueron objeto de condenas penales.

Según la demanda, los funcionarios y abogados de Foncolpuertos, en ejercicio de sus funciones, falsificaron conciliaciones judiciales, que sirvieron de sustento para adelantar procesos ejecutivos. Estas conciliaciones fraudulentas serían el activo subyacente en los negocios fiduciarios celebrados entre Fidupacífico S.A. y los representantes de los trabajadores de la Empresa de Puertos de Colombia. Posteriormente, estos derechos fiduciarios fueron adquiridos por el Fondo Financiero Especializado del municipio de Santiago de Cali «Bancali».Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

Demandado: NaciónMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

2

ANTECEDENTES La demanda

El 29 de febrero de 2012 1, por intermedio de apoderado judicial, el municipio de Santiago de Cali interpuso demanda de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, en los siguientes términos.

(…) 1. Declarar administrativamente y extracontractualmente responsables a LA NACIÓN (Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo) de los perjuicios causados al demandante con motivo de las actuaciones realizadas por los Abogados representantes de

(…) 1. Declarar administrativamente y extracontractualmente responsables a LA NACIÓN (Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo) de los perjuicios causados al demandante con motivo de las actuaciones realizadas por los Abogados representantes de FONCOLPUERTOS y los Inspectores de trabajo, adscritos al Ministerio de Transporte y de Trabajo, respectivamente; a las que agrega la falta de una adecuada coordinación con otras Entidades del Estado, todo lo cual permitió la negociación efectuada entre el GRUPO PACÍFICO y EL FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO del Municipio de Santiago de Cali (hoy liquidado) en diciembre de 1998, concluyendo con el desfalco de trece mil cincuenta y dos millones doscientos mil ochocientos treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos ($13.052.230.859).

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la NACIÓN representada en las autoridades demandadas a indemnizar los perjuicios ocasionados a la parte actora, en la cuantía que se demuestre en el proceso (…)

5, Se condene al demandante a pagar, como pretensión principal, la suma equivalente al valor estimado y su correspondiente indexación hasta la fecha en que se efectúa su pago, de los Contratos Fiduciarios N°: FA30090, FA-30091, FA-30094, FA-30096, FA30105, FA-30107 , adquiridos por el Municipio de Cali, cuyo activo subyacente fueron las Actas de conciliación N°2588,2395,1734,1729,1740 y 2586, documentos que ya han sido objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada con las

Actas de conciliación N°2588,2395,1734,1729,1740 y 2586, documentos que ya han sido objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada con las sentencias de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 3 de diciembre de 2009, bajo el radicado 32763 y 27 de enero de 2010, con radicado 31.448.(…)

6. De no ser acogida la pretensión principal, subsidiariamente solicito, se condene a la parte demandada a pagar la suma equivalente e indexada de los valores contenidos en las Actas de Conciliación N°2588, 2395, 1734, 1729, 1740 y 2586, que fueron parte de la negociación con el municipio de Cali, toda vez que dichos documentos ya han sido objeto de investigación y existen condenas en firme contra los funcionarios del EstadoMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajoy han hecho tránsito a cosa juzgada con las decisiones proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de

Justicia.(…)”

1 Ff. 1146 C.1.Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

Demandado: NaciónMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

3 Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, se expuso que mediante la Ley 1 de 1991 se ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) y se otorgó facultades especiales al presidente de la

3 Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, se expuso que mediante la Ley 1 de 1991 se ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) y se otorgó facultades especiales al presidente de la república, para crear un fondo cuyo objeto era atender el pago de acreencias laborales y sentencias a cargo de Colpuertos. Así, se creó el Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia – ahora Foncolpuertospor Decreto 36 de 1992. La liquidación de Foncolpuertos se reguló por el Decreto 1689 de 1997, que dispuso su liquidación para el 31 de diciembre de 1998, después de lo cual, los pagos laborales atribuibles a dicho fondo serían asumidos por el entonces Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, los no laborales «estarían sujetos a los recursos presupuestales y de caja entregados por el Ministerio de hacienda y Crédito Público», según lo dispuesto por el Decreto 1982 de 1997.

Se explicó que en un plan criminal ideado y ejecutado para defraudar a la Nación, a través de la liquidación de la Empresa de Puertos de Colombia, se iniciaron diferentes procesos ejecutivos fraudulentos, con base en actas de conciliación falsas o de mandamientos de pago ilícitos. Algunos de los anteriores derechos crediticios, fueron objeto de negociación con Corfipacífico S.A., a través de contratos de fiducia mercantil.

El 21 de octubre de 1998, la Junta Directiva de «Bancali» (Fondo Financiero Especializado del municipio de Santiago de Cali), mediante Acta 25 autorizó al su gerente, el señor David Toledo Esquenazzi, para que explorase la viabilidad de

Especializado del municipio de Santiago de Cali), mediante Acta 25 autorizó al su gerente, el señor David Toledo Esquenazzi, para que explorase la viabilidad de adquirir unos títulos financieros, a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo de un proceso de titulación donde el activo estaba representado con actas de conciliación y mandamientos de pago, a favor de extrabajadores de la empresa Puertos de Colombia, presuntamente calificados con riesgo cero.

Señaló la demanda, que la Fiduciaria del Pacífico - ahora Fidupacificosuscribió con los ex trabajadores de Puertos de Colombia, contratos de fiducia mercantil y de encargo fiduciario, por los cuales se encomendó a esta, la venta de los derechos fiduciarios del patrimonio autónomo creado. Fueron ocho fideicomisos por un monto de $7.316’035.589,48 millones de pesos, siendo los antiguos empleados de la empresa Puertos de Colombia fideicomitentes y beneficiarios, los exempleados y sus abogados.Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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4 El 28 de diciembre de 1998, el señor David Toledo Esquenazzi en calidad de Gerente de Bancali, aceptó la oferta comercial hecha por Corfipacífico S.A. para la adquisición del cien por ciento (100%) de los derechos contenidos, en los mencionados contratos fiduciarios. El 29 de diciembre de 1998, el señor Toledo

Gerente de Bancali, aceptó la oferta comercial hecha por Corfipacífico S.A. para la adquisición del cien por ciento (100%) de los derechos contenidos, en los mencionados contratos fiduciarios. El 29 de diciembre de 1998, el señor Toledo Esquenazzi solicitó al Banco de Occidente, mediante Oficios 4278-98, 428298,4280-98, debitar de la cuenta N°019-05121-8 a nombre del Fondo Financiero Especializado de Cali -y acreditar mediante el sistema SEBRAla suma de $1.000.000.000 a CORFIPACÍFICO y $12.052.230.589 a Fidupacífico SA. Se adujo en la demanda, que, hasta el momento de su interposición, el municipio de Santiago de Cali no ha recuperado esa inversión. En efecto, se advirtió que, producto de las investigaciones penales adelantadas por las irregularidades en la expedición de algunas de las referidas actas de conciliación y mandamientos de pago, el Estado se negó al pago de las acreencias laborales en favor de los trabajadores de Puertos de Colombia.

En este punto se refirió a la Resolución 001 del 31 de mayo de 2000, del Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de Protección Social, la cual excluyó del orden secuencial de pagos, varias de las actas de conciliación que servían de título subyacente a los contratos de fiducia mercantil mencionados.

Indicó que, como resultado de los anteriores hechos los señores Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Garcés – propietarios del Grupo Pacífico-, fueron condenados como determinadores del delito de peculado por apropiación.

Indicó que, como resultado de los anteriores hechos los señores Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Garcés – propietarios del Grupo Pacífico-, fueron condenados como determinadores del delito de peculado por apropiación. Igualmente, fue condenado el señor David Toledo Esquenazzi, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gerente del Fondo Financiero Especializado de Cali y Carlos Alberto Correa Cadavid - vicepresidente ejecutivo de Corfipacífico S.A.- condenados como determinadores del delito de peculado por apropiación-.

En el escrito introductorio, se insistió en que, el «hecho central de la demanda», lo constituyen las sentencias condenatorias que se profirieron contra los abogados de Foncolpuertos -los señores Fredy Miguel Gonzáles Muñoz, Jurys Enrique Pérez Pachecoy contra el inspector de trabajo de Atlántico, el señor José Abello Martínez, las cuales denotan las falsedades documentales en que incurrieron los mencionados; en la elaboración de las Actas de Conciliación N°2588, 2395, 1734, 1729, 1740 y 2586. Se precisó que, las mencionadas actas pertenecen al activo subyacente de los contratos fiduciarios que fueron adquiridos por el entoncesRadicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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5 F.F.E. de Cali, en representación del municipio de Santiago de Cali, al Grupo

Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

5 F.F.E. de Cali, en representación del municipio de Santiago de Cali, al Grupo Pacífico, y sirvieron para defraudar el patrimonio del municipio.

Contestaciones de la demanda

1. De la Nación -Ministerio de Transporte

Por intermedio de apoderado judicial 2, se opuso a la prosperidad de la demanda, expresó que, a pesar, de las graves conductas -objeto de sanción penalrealizadas por los entonces funcionarios públicos de la entidad, no resulta procedente imputarle responsabilidad patrimonial. Aseveró, que el marco jurídico que rige el ministerio no permite establecer ninguna relación de causalidad con los hechos objeto de la demanda. Como excepciones de mérito, elevó la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de la obligación de responsabilidad patrimonial.

2. De la NaciónMinisterio del Trabajo.

Allegó contestación de la demanda dirigida al presente proceso 3; sin embargo, los razonamientos expuestos recayeron, sobre hechos relativos, a una controversia de carácter laboral, sin relación alguna con las circunstancias expuestas en la demanda de la referencia.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección Mixta «C» por sentencia del 30 de noviembre de 2017 4, denegó las pretensiones de la demanda. Identificó que el litigio se circunscribe a determinar si la Nación, representada por los Ministerios de Trabajo y Transporte, resultaba responsable patrimonialmente por el desfalco

noviembre de 2017 4, denegó las pretensiones de la demanda. Identificó que el litigio se circunscribe a determinar si la Nación, representada por los Ministerios de Trabajo y Transporte, resultaba responsable patrimonialmente por el desfalco sufrido por el municipio de Santiago de Cali, al resultar afectado por el no pago de unas acreencias laborales, cuyos títulos presentaban falsedad 5. Comprendió que en la demanda se reclamó la responsabilidad que se deriva de «la omisión jurídica» en que incurrieron los abogados representantes de Foncolpuertos y los inspectores de trabajo, así como, por la realización de fraudulentas actas de

2 Ff. 82-356 C.1. 3 Ff. 100-108 C.1. y 122-130 C.1. 4 Ff.212226 C.P 5 Fundamento jurídico 6.3Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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6 conciliación, presuntamente celebradas en el año 19936.

En relación con los presupuestos procesales, se estimó que la acción no fue objeto de caducidad, en la medida que los hechos dañinos, pese a predicarse de eventos observados en el año 1993, solo fueron objeto de sentencias condenatorias penales, hasta los años 2006, 2009 y 2010, decisiones que dan cuenta de las conductas fraudulentas reprochadas en la demanda. Previsto lo anterior, y apreciado que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el

condenatorias penales, hasta los años 2006, 2009 y 2010, decisiones que dan cuenta de las conductas fraudulentas reprochadas en la demanda. Previsto lo anterior, y apreciado que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el cómputo de la caducidad, entre el 18 de noviembre de 2011 y el 14 de febrero de 2012, se concluyó que la demanda se interpuso de forma oportuna el 29 de febrero de 2012.

En relación con la falta de legitimación en la causa alegada por las demandadas, se refirió al marco jurídico de dichas entidades y estimó que las mismas estaban en el deber de soportar la responsabilidad que se derivara de los hechos alegados en la demanda. Planteamiento que adoptó, al considerar que las entidades accionadas tienen los deberes de vigilancia, orientación y coordinación, planificación, evaluación y buen cumplimiento de las funciones a cargo de su sector.

En relación con el caso concreto, la Sala precisó que su análisis se circunscribió a las conductas del Ministerio de TrabajoMinisterio de Transporte y el municipio de Santiago de Cali, por lo cual excluyó del análisis «(…) las conductas aducidas en cuanto a las actas de conciliación, contratos fiduciarios y mandamientos de pago (…)», al tener que existen pronunciamientos penales ejecutoriados, sobre dichas conductas. Posteriormente, adujo que el régimen de responsabilidad aplicable al caso se trataba de la responsabilidad administrativa extracontractual por falla en el servicio.

Más adelante, el a quo anotó que, a pesar de acreditarse la falsificación de las

caso se trataba de la responsabilidad administrativa extracontractual por falla en el servicio.

Más adelante, el a quo anotó que, a pesar de acreditarse la falsificación de las actas de conciliación, celebradas los días 27, 29 y 30 de diciembre de 1992, y que los condenados penalmente cometieron dichas conductas en función de sus cargos, con la finalidad de defraudar el patrimonio del Estado, no se probó la pérdida de los recursos por parte del municipio de Cali.

A juicio de la Sala, no se acreditaron las circunstancias alrededor de la

6 Fundamento jurídico 6.4Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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7 negociación de los contratos fiduciarios, cuyo activo eran las actas de conciliaciones y mandamientos de pago objeto de las conductas penales, ni se probó que ese negocio constituyera un detrimento patrimonial para el municipio. Sin que, para el efecto, la oferta de Fidupacífico y la aceptación comercial de «Bancali», tuvieran el mérito probatorio suficiente para acreditar las causas por las cuales fueron esquilados los recursos del municipio de Santiago de Cali, ni el efectivo desembolso de los recursos. Consideraciones que le sirvieron a la Sala de primera instancia, para concluir que en el caso no se acreditó el daño, ni la falla del servicio y, por el contrario, sí se demostró la ausencia de nexo causal entre el

efectivo desembolso de los recursos. Consideraciones que le sirvieron a la Sala de primera instancia, para concluir que en el caso no se acreditó el daño, ni la falla del servicio y, por el contrario, sí se demostró la ausencia de nexo causal entre el hecho referido por el demandante y la supuesta consecuencia del mismo.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, la parte demandante elevó recurso de apelación7, en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo que, en el caso concreto, el Tribunal se separó del problema jurídico planteado en la demanda, y omitió la valoración del material probatorio obrante en el plenario.

En el recurso, la parte actora presentó un nuevo recuento fáctico donde, además de los hechos relatados en la demanda, expuso que tanto Fidupacífico S.A. como Corfipacífico entraron en insolvencia, razón por la cual no fue posible retornar a «Bancali» el dinero que dicha entidad les entregó.

Precisó que la demanda persiguió la declaratoria de responsabilidad de las entidades, por falla o culpa in vigilando , que se derivó de la conducta de los funcionarios de las demandadas, por los hechos que configuraron los delitos y condenas penales.

Asimismo, adujo que el a quo, al concluir que el demandante no acreditó que los recursos invertidos no fueron objeto de desembolso, por parte del municipio, pretermitió lo aducido en la demanda en relación con la Resolución No. 001 del 31 de mayo de 2000, del Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. De igual

recursos invertidos no fueron objeto de desembolso, por parte del municipio, pretermitió lo aducido en la demanda en relación con la Resolución No. 001 del 31 de mayo de 2000, del Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. De igual forma, adujo que la decisión desconoció los esfuerzos de la parte actora por establecer probatoriamente, las razones por las cuales los títulos que adquirió no fueron pagados. Al respecto, expuso que se elevaron solicitudes a varios

7 Ff.269-292 C.P.Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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8 despachos judiciales, para obtener copia de los expedientes que dan cuenta de los hechos de corrupción del escándalo de Foncolpuertos, sin que estos brindaran información por la pérdida de los mismos.

De igual manera, consideró que la decisión desconoció el valor probatorio de los hechos y afirmaciones indefinidas, por concluir, que a las demandadas no les correspondía acreditar que reembolsaron al ente territorial demandante, los dineros invertidos en los títulos fiduciarios.

Arguyó, que la demandante aportó pruebas que dan cuenta de las sentencias condenatorias proferidas contra los señores Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcéspropietarios del grupo pacífico-, quienes fueron condenados por el delito de peculado por apropiación. Expuso que el tribunal desconoció estas sentencias, así como, las proferidas contra los apoderados del

Alberto Lloreda Garcéspropietarios del grupo pacífico-, quienes fueron condenados por el delito de peculado por apropiación. Expuso que el tribunal desconoció estas sentencias, así como, las proferidas contra los apoderados del Foncolpuertos, el Inspector de Trabajo de Atlántico, y el dictamen pericial practicado, en la primera instancia Insistió en el principio de «unidad funcional del poder» (artículo 113 C.P.) para sugerir que una actuación oportuna de las demandadas no habría creado falsas expectativas financieras, que más tarde se concretarían en los derechos de crédito defraudados. Ello al estimarse que el municipio de Santiago de Cali, amparado por los principios de buena fe y legalidad, adquirió derechos de crédito que estaban calificados en cero, sin tener la capacidad u obligación de conocer sus irregularidades.

Por último, refirió que las entidades deben responder de forma solidaria por las falencias de sus representantes, de quienes se acreditó que actuaron con dolo, en el ejercicio de sus funciones, al evidenciarse que su actuar criminal llevó a la adquisición de créditos irregulares al Fondo Financiero Especializado de Santiago de Cali. Además, sugirió que, de considerarse insuficientes las pruebas, existiría una violación del principio de oficiosidad probatoria, en el entendido de que el juzgador tenía las atribuciones para decretar de oficio aquellas que lo llevaran al convencimiento de los hechos acaecidos. .

Trámite en la segunda instancia

El 2 de febrero de 2018, el tribunal concedió el recurso de apelación 8y el 6 de julio

8 Ff. 293-294 CP.Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)

El 2 de febrero de 2018, el tribunal concedió el recurso de apelación 8y el 6 de julio

8 Ff. 293-294 CP.Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

Demandado: NaciónMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

9 de 2018, el despacho lo admitió 9. Por auto del 5 de octubre de 2018, el despacho corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia 10. El consejero Nicolás Yepes Corrales 11, se declaró impedido para conocer y decidir el proceso, al haber rendido concepto en el caso de la referencia, cuando tuvo la calidad de Procurador Primero Delegado, el cual se declaró fundado por la Sala12.

Por auto del 24 de junio de 2024 13, frente a la necesidad de contar elementos, con los cuales pudiera determinarse lo relativo a la naturaleza, posterior liquidación y extinción del Fondo Financiero Especializado del municipio de Santiago de Cali «Bancali», se ofició a la demandante, distrito de Santiago de Cali, para que allegara a este proceso, documentos con los cuales apreciar dichos hechos. Por memorial arrimado el 6 de noviembre de 2024 14, la Asesora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de Cali allegó copia de los acuerdos 01 del 9 mayo de 1996 y 70 del 19 de diciembre de 2000 del Consejo de Santiago de Cali y del Decreto Extraordinario No. 203 del 16 de marzo de 2001.

del 9 mayo de 1996 y 70 del 19 de diciembre de 2000 del Consejo de Santiago de Cali y del Decreto Extraordinario No. 203 del 16 de marzo de 2001.

Examinados los anteriores documentos, el despacho advirtió que no daban cuenta de las disposiciones de liquidación y extinción del Fondo Financiero Especializado del Distrito de Santiago de Cali «BANCALI», por lo cual, por auto del 27 de enero de 2025 15, reiteró el requerimiento, a la parte demandante, a fin de que aportara documentos que sirvieran para constatar, estos eventos. En virtud de ello, la Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, por Oficio del 6 de marzo de 2006 16, allegó los acuerdos del Consejo de Cali 17 y decreto municipal18 que rigieron el proceso de supresión y liquidación del Fondo Financiero de Santiago de Cali; y el Director del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, remitió por Oficio del 19 de febrero de 2025 19 (radicado el 10 de marzo de 2025), los documentos que reposaban en dicha dependencia, relacionados con el Fondo Especializado Financiero del municipio de Santiago de Cali.

9 Folio 298 Ib. 10 Folio 304 CP 11 SAMAI índice 00025. 12 SAMAI índice 0028 13 SAMAI índice 00033 14 SAMAI índice 00047 15 SAMAI índice 00066 16 SAMAI índice 00075 y 00076 17 Acuerdo No. 123 de 2004, el Acuerdo No. 0154 de 2005, el Acuerdo No. 0181 de 2006, Acuerdo No. 0208

15 SAMAI índice 00066 16 SAMAI índice 00075 y 00076 17 Acuerdo No. 123 de 2004, el Acuerdo No. 0154 de 2005, el Acuerdo No. 0181 de 2006, Acuerdo No. 0208 de 2007 y el Acuerdo No. 0235 de 2008. 18 Decreto No. 0473 del 30 de agosto de 2004 19 SAMAI índice 00080Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152) Demandante Municipio de Santiago de Cali

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10 Alegatos de conclusión dentro del trámite de segunda instancia

La parte demandante, municipio de Santiago de Cali reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por su parte, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Transporte solicitaron que se confirmara la sentencia de primera instancia.

Concepto del Ministerio Público

Por su parte, la Procuraduría Primera Delegada conceptuó que en el presente asunto debía confirmarse la decisión de primera instancia, al no aportarse al plenario soportes que den cuenta del desembolso de recursos, por parte del municipio de Santiago de Cali, que acrediten la pérdida de recursos propios.

Asimismo, reconoció que, a pesar de que la sentencia del 7 de julio de 2009 se condenó por peculado por apropiación, a los propietarios del Grupo Pacífico, la persona que comprometió los recursos del municipio de Santiago de Cali, fue el representante legal del Fondo Financiero Especializado de Cali. Al respecto,

condenó por peculado por apropiación, a los propietarios del Grupo Pacífico, la persona que comprometió los recursos del municipio de Santiago de Cali, fue el representante legal del Fondo Financiero Especializado de Cali. Al respecto, estimo que el fondo (…) asumió por cuenta el riesgo de la inversión, ello aunado a su experiencia en el mercado (…), por lo cual, la entidad demandante, en el presente asunto, adujo su propia culpa. Al margen de lo anterior, consideró que, las demandadas en la negociación de los derechos fiduciarios no tenían obligación alguna de vigilancia y control, por ende, su responsabilidad tampoco podía derivarse de las omisiones, en dicho sentido.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 29 de febrero de 2012; por lo tanto, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se rigen por la ley vigente al momento de esas actuaciones.

2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) –que empezó a regirRadicación: 080012331703201300021-01 (61.152)

Demandante Municipio de Santiago de Cali

Demandado: NaciónMinisterio de Transporte y Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

11 desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las

Ministerio de Trabajo proceso: Reparación directa

11 desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos que se encontraran en curso a la fecha de su entrada en vigor, seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC) en lo compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto es, $283.350.00020.

Acción procedente

4. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un

artículo 132.6 del CCA, esto es, $283.350.0002