CE - Sentencia 08001233300020170016102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

Demandante: Lourdes del Socorro Insignares Castilla

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Procuradora judicial II en materia penal.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 2: incidencia de la prima especial en la liquidación de las prestaciones sociales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, el 26 de junio de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Lourdes del Socorro Insignares Castilla, quien se desempeñó como procuradora judicial II penal de Barranquilla, desde el 11 de julio de 2013, en adelante, solicit ó el reconocimiento y pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial , el pago de las diferencias salariales y prestacion ales entre lo liquidado y pagado con el

reconocimiento y pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial , el pago de las diferencias salariales y prestacion ales entre lo liquidado y pagado con el 70% de la remuneración mensual básica y lo que resulte de tener el 100% de esta con la inclusión de l 30% como factor salarial , así como el pago de la prima como un adicional equivalente al 30% del salario básico , como fue creada mediante la Ley 4ª de 1992. También pidió el reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias salariales, laborales y prestacionales causadas hacia el futuro, al tomar como base el 100% de la remuneración básica mensual con inclusión del 30% que se asumió como prima especial sin carácter salarial , lo que ha impactado en la liquidación de sus prestaciones sociales con el 70% del sueldo básico mensual.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Lourdes del Socorro Insignares Castilla, mediante apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00161-02, índice 2, 4ED_08001233300020170016(.zip) NroActua 2, 08-00123-33-000-2017-00161-00 Lourdes Insignares Castilla Vs PGN, 02Demanda.pdf, páginas 2 a 27 del archivo digital.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

Demandante: Lourdes del Socorro Insignares Castilla

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, el 10 de febrero de 2017 2, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad con carácter definitivo del Oficio SG núm. 002670 del 25 de julio de 2016, por medio del cual la Nación, Procuraduría General de la Nación le negó el reconocimiento y pago desde el 1 de enero de 1993, hasta la fecha y, en adelante, del 30% del salario tomado como prima especial , del 30% adicional como fue creado en la Ley 4ª de 1992, así como de la liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales adeudadas por remuneración y prestaciones sociales derivadas de la prima especial.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Procuraduría

General de la Nación:

[…] el reconocimiento liquidación y pago del 30% que fue tomado del salario básico, desde su vinculación a la Procuraduría General de la Nación , es decir, que se le cancele al demandante, las diferencias salariales y prestacionales existentes, entre lo liquidado y pagado hasta ahora por la Procuraduría General de la Nación, con el 70% de la remuneración mensual básica, y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales, que resulten teniendo com o base la liquidación del 100% de

de la remuneración mensual básica, y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales, que resulten teniendo com o base la liquidación del 100% de la remunera ción básica mensual, incluyendo con carácter salarial para la base, la liquidación del 30% del sueldo básico que la misma entidad ha tenido hasta ahora como prima especial sin carácter salarial.

[…] el reconocimiento, liquidación y pago al demandante, desde el 1° de enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia, y que en adelante se siga pagando, la prima especial de servicio en el equivalente al 30% del salario básico, tal como fue creada por la Ley 4° de 1992, es decir como un plus, agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual, que hasta la fecha no ha sido cancelado por la parte actora.

[…] el reconocimiento, Reliquidación y pago al actor, de las diferencias laborales, salariales y prestacionales, que puedan ver incidido, y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo por tanto con carácter salarial el 30% de su sueldo básico que la entidad ha tomado de este, para denominarlos prima especial sin carácter salarial, creada por la Ley 4° de 1992, por lo que hasta ahora se ha liquidado sus prestaciones con el 70% del sueldo básico mensual, a la Doctora LOURDES INSIGNARES CASTILLA, desde su vinculación a la entidad.

(iii) Además, solicitó ordenarle a la Nación, Procuraduría General de la Nación que, posterior a la sentencia y, en adelante:

CASTILLA, desde su vinculación a la entidad.

(iii) Además, solicitó ordenarle a la Nación, Procuraduría General de la Nación que, posterior a la sentencia y, en adelante:

3.5.- […] siga liquidando y pagando al demandante todas las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales con base en el 100% de su remuneración básica mensual legal establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico, que hasta ahora ha tenido como prima especial sin carácter salarial.

(iv) Pidió condenar a la entidad demandada al pago de las sumas reclamadas

2 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00161-02, índice 2, 4ED_08001233300020170016(.zip) NroActua 2, 08-00123-33-000-2017-00161-00 Lourdes Insignares Castilla Vs PGN, 02Demanda .pdf, página 27 del archivo digital y archivo 03ActaReparto.pdf.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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3 ajustadas e indexadas , que diera cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del «C.C.A»3 y que liquidara intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 ibidem.

artículo 176 del «C.C.A»3 y que liquidara intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 ibidem.

(v) Solicitó inaplicar la expresión "sin carácter salarial" contenida el artículo 18 de los decretos 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 2001; el artículo 17 de los decretos 683 de 2002, 3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006 y 621 de 2007 y el artículo 13 del Decreto 3048 de 2007.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación como procuradora judicial II penal de Barranquilla el 11 de julio de 2013, y a la fecha continúa prestando sus servicios en la entidad.

(ii) Radicó reclamación administrativa el 21 de junio de 2016 , en la que solicitó el reconocimiento del 30% tomado del salario como prima especial , el pago de la prima equivalente al 30% adicional, así como las diferencias sa lariales y prestacion ales adeudadas por los conceptos de remuneración y de las prestaciones sociales por concepto de la prima especial del 30%.

(iii) La entidad demandada resolvió negativamente la solicitud mediante el Oficio SG núm. 002670 del 25 de julio de 2016.

(iv) La Nación, Procuraduría General de la Nación le paga a la demandante, desde

(iii) La entidad demandada resolvió negativamente la solicitud mediante el Oficio SG núm. 002670 del 25 de julio de 2016.

(iv) La Nación, Procuraduría General de la Nación le paga a la demandante, desde el 11 de julio de 2013 , sus prestaciones laborales y emolumentos con el 70% de la remuneración básica y no con el 100% de esta , por reglamentar en los decretos anuales el carácter no salarial de la prima especial. Tampoco le paga la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de su remuneración básica durante los años 2013 a 2016, que se creó como una adición en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Así, la entidad le fracciona su remuneración básica en dos partes: un 70% al cual le atribuye la connotación de sueldo básico, y un 30% con el carácter de prima especial sin carácter salarial.

(v) La Nación, Procuraduría General de la Nación, al relacionar el 30% de prima especial, no paga este beneficio como un adicional porque en realidad hace parte de la remuneración mensual.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 117 209; Ley 4ª de 1992, artículos 2, 3, 12, inciso tercero,

y 14; Ley 270 de 1996, numeral 7 del artículo 152 ; Decreto Ley 262 de 2000, artículo 1; artículo 18 de los decretos 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 2001; artículo 17 de los decretos 683 de 2002 , 3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007; artículo 13 del Decreto 3048 de 2007 ; Convención

3 Transcrito textualmente de la demanda.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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4 Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969; Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de San Salvador del 17 de noviembre de 1988 ; y convenios 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección del salario, 1949 y 1951.

4. En el concepto de violación, expuso que el Gobierno nacional ha proferido los decretos salariales anuales en cumplimiento d e la política de fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores. Sin embargo, del 100% que debe recibir el trabajador, el 30% corresponde a prima especial, sin carácter salarial, motivo por el cual el salario y la remuneración no deben entenderse como sinónimos.

salarial y prestacional de los servidores. Sin embargo, del 100% que debe recibir el trabajador, el 30% corresponde a prima especial, sin carácter salarial, motivo por el cual el salario y la remuneración no deben entenderse como sinónimos.

5. Bajo este entendido, en aplicación de los criterios establecidos en la ley marco, Ley 4ª de 1992, el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador al proferir los decretos salariales, ya que de conformidad con el artículo 2, literal a) ibidem no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales. No obstante, estos actos administrativos interpretaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 y mermaron el salario de un grupo de servidores, razón por la que contravienen la Constitución Política y la ley.

6. Así las cosas, se desconoció que la prima especial es un incremento del 30% de la remuneración con incidencia en las prestaciones sociales , de ahí que se tenga que preservar el derecho fundamental al trabajo y la irrenunciabilidad de los principios mínimos previstos en la normativa laboral. En otras palabras, «al haberse pagado el 30% con la denominación de prima especial como parte de la asignación básica sin carácter salarial, se disminuyó la remuneración salarial mensual, por lo que el referido porcentaje debe adicionarse al salario básico, siendo procedente el reajuste salarial solicitado y, por ende, se restringió el salario en ese porcentaje que tiene incidencia directa y consecuencial en las demás prestaciones sociales».

7. En este contexto, «se menguó injustificadamente el salario al 70% y sobre esta base se liquidaron las prestaciones sociales y laborales cuando debió ser con el 100%,

directa y consecuencial en las demás prestaciones sociales».

7. En este contexto, «se menguó injustificadamente el salario al 70% y sobre esta base se liquidaron las prestaciones sociales y laborales cuando debió ser con el 100%, generando un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y un empobrecimiento o desmejoramiento injustificado para mi poderdante, lo cual debe ser reconocido, reliquidado y pagado».

2.2. Contestación de la demanda

8. El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, porque no tiene la facultad constitucional ni legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal en los términos de la Ley 4ª de 1992. De ahí que expidió el acto demandado en cumplimiento de las normas que rigen la materia.

9. Precisó que el 30% devengado por los procuradores como prima especial no es factor salarial y que la normativa vigente goza de plena validez, razón por la que partir de esta ha procedido al reconocimiento de los salarios. Así las cosas, m ientras la jurisdicción no anule los decretos salariales anuales estos producirán efectos jurídicos.

10. Igualmente, afirmó que los procuradores judiciales tienen establecida una prima especial que se excluye con la del 30% y que no corresponde a este porcentaje, razón para considerar que el salario básico es solo una parte de la remuneración mensual.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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5 En estos términos, no es procedente afirmar que la entidad no tiene en cuenta el 30% del sueldo básico para liquidar las prestaciones sociales, porque el porcentaje excluido es aquel que corresponde a la prima especial. Particularmente, para liquidar las prestaciones sociales de los procuradores judiciales II se toma en consideración tanto la asignación básica como los gastos de representación percibidos mensualmente.

11. En igual sentido, expresó que el régimen de la Nación, Procuraduría General de la Nación era especial con relación a los demás , por lo que no debían aplicarse las disposiciones de la Nación, Rama Judicial ni de la Fiscalía General de la Nación .

También afirmó que la prima no tiene carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales y que esta corresponde a un valor fijo, que es adicional y diferente a la asignación básica y a los gastos de representación.

12. Afirmó que al tratarse de una procuradora judicial II sus ingresos se ajustaron al 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, de modo que no cabe la posibilidad de otorgarle un monto superior. Por tanto, de accederse a la reliquidación de sus prestaciones sociales , tendría que ajustarse la bonificación de que trata del Decreto 1251 de 2009.

13. Planteó, como excepción, la caducidad de la reclamación de reliquidación de

la reliquidación de sus prestaciones sociales , tendría que ajustarse la bonificación de que trata del Decreto 1251 de 2009.

13. Planteó, como excepción, la caducidad de la reclamación de reliquidación de las cesantías y solicitó negar las pretensiones de la demanda4.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, mediante sentencia anticipada5 dictada el 26 de junio de 2023, resolvió:

PRIMERO: Declárese no probada la excepción de “Prescripción Trienal de los Derechos Laborales” propuesta por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Ordenar la inaplicación por inconstitucional de la expresión “ Sin carácter salarial” contenida en el artículo 14 de la ley 4ta de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárese la nulidad con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia con carácter definitivo el acto administrativo constituido por el oficio SG No 002670 del 25 de julio de 2016, expedido por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual negó la petición presentada por la parte actora el 21 de junio de 2016.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho se condena a la NaciónProcuraduría General de la Nación, a reconocer y pagar el 30% correspondiente a la prima especial de servicio, emolumento de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que percibe la señora LOURDES INSIGNARES CASTILLA, como factor salarial y la

prima especial de servicio, emolumento de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que percibe la señora LOURDES INSIGNARES CASTILLA, como factor salarial y la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales por él devengadas a partir del 11 de julio de 2013, hasta la fecha de desvinculación del actor, verificándose el

4 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00161-02, índice 2, 4ED_08001233300020170016(.zip) NroActua 2, 08-00123-33-000-2017-00161-00 Lourdes Insignares Castilla Vs PGN, CC Expediente, 08001233300020170016100.pdf, páginas 86 a 100 del archivo digital y archivo 13ContestaciónDemanda, páginas 1 a 15 del archivo digital. 5 El conjuez del Tribunal Administrativo del Atlántico profirió auto el 8 de febrero de 2023 , en el que dispuso que dictaría sentencia anticipada porque las únicas pruebas eran documentales y no había necesidad de ordenar la práctica de otras adicionales. Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00161-02, índice 2, 17Auto sentencia anticipada.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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6 cumplimiento de esta sentencia, así como al pago de las diferencias salariales y

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6 cumplimiento de esta sentencia, así como al pago de las diferencias salariales y prestaciones de la reliquidación aquí ordenada.

Asimismo, la entidad demandada deberá liquidarle al actor LOURDES INSIGNARES CASTILLA, los salarios y las prestaciones sociales que a futuro se causen, hasta tanto se mantenga vigente la relación laboral, con inclusión de la citada prima especial como factor salarial.

QUINTO: Se deja sentado la negación de la excepción propuesta por la demandada, como se narró en esta sentencia. […]

NOVENO: Sin condena en costas.

15. El Tribunal encontró demostrado que la señora Lourdes del Socorro Insignares Castilla se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación el 11 de julio de

2013. Además, que le aplicaron el régimen previsto para los servidores públicos en su condición de procuradora judicial 48 judicial II Penal de Barranquilla y que se le excluyó de la liquidación, tanto de su salario, como de sus prestaciones sociales, el 30% de la prima especial.

16. De ahí que este 30% tiene carácter salarial y, por tanto, debió habe rse tenido en cuenta para liquidar los derechos laborales y prestacionales. En consecuencia, a la demandante le asiste el derecho a la reliquidación con la inclusión de este porcentaje desde el ingreso al sector oficial hasta la fecha en que permaneció vinculada a este.

17. Ahora bien, respecto a la inaplicación de las normas que solicitó la actora, indicó

desde el ingreso al sector oficial hasta la fecha en que permaneció vinculada a este.

17. Ahora bien, respecto a la inaplicación de las normas que solicitó la actora, indicó que se desvirtuó su presunción de legalidad como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales que preveían el carácter no salarial de la prima especial. Por tanto, la situación debía retrotraerse al estado anterior como si la norma no hubiera existido de acuerdo con los efectos ex tunc de las nulidades.

Adicionalmente, el tribunal expresó que algunas de las normas demandadas fueron derogadas posteriormente, de ahí que existía una sustracción de materia que hacía innecesario un estudio adicional de su aplicación.

18. En punto a la prescripción, esta se cuenta 3 años a partir de la exigibilidad del derecho reclamado y se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo escrito del trabajador. Sobre esta figura , se pronunció la sentencia del 2 de septiembre de 2019, según la cual el término prescriptivo se contabiliza desde el 7 de enero de 1993 y se interrumpe por tres años contados a partir de la presentación de la reclamación administrativa.

19. Aplicado lo anterior al caso en particular, como la demandante se posesionó en calidad de procuradora 48 judicial II penal el 11 de julio de 2013, y presentó solicitud ante la Nación, Procuraduría General de la Nación, el 21 de junio de 2016, no operó el fenómeno de la prescripción.

20. Precisó que no se configuró la excepción de caducidad de la reclamación de la reliquidación de las cesantías propuesta por la entidad demandada , dado el carácter

fenómeno de la prescripción.

20. Precisó que no se configuró la excepción de caducidad de la reclamación de la reliquidación de las cesantías propuesta por la entidad demandada , dado el carácter salarial y prestacional de la prima especial que se estableció a favor de determinados funcionarios.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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7

21. Por estos motivos, derivado del carácter salarial y prestacional de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, no existen razones válidas para extraer la al momento de liquidar los derechos laborales. De manera que accedería a las pretensiones de la demanda y, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política , inaplicaría por inconstitucionales las normas contrarias a la interpretación que se le debía dar a la citada disposición. Así las cosas, anuló el acto demandado y se dispuso la reliquidación con la incidencia del 30% en los salarios y en las prestaciones sociales , al incluirse la prima especial como factor salarial.

Igualmente, le ordenó a la entidad demandada liquidar los salarios y prestaciones causadas a futuro, con la inclusión de la prima con carácter salarial.

22. Se abstuvo de imponer en costas porque no advirtió temeridad ni dilación por parte de la entidad demandada6.

causadas a futuro, con la inclusión de la prima con carácter salarial.

22. Se abstuvo de imponer en costas porque no advirtió temeridad ni dilación por parte de la entidad demandada6.

2.4. Recurso de apelación

23. La entidad demandada solicitó revocar los numerales (sic)7 tercero y cuarto de la sentencia proferida el 26 de junio de 2023, con fundamento en los siguientes motivos

de inconformidad:

24. La Ley 4ª de 1992 y los decretos salariales proferidos por el Gobierno nacional disponen que el 30% de prima especial percibido por los procuradores judiciales no es factor salarial. De ahí que como esta normativa está vigente y goza de plena validez, porque los actos administrativos no han sido anulados lo que les otorga plenos efectos jurídicos, la entidad debe cumplir el deber legal y reconocer, y pagar los salarios , de conformidad con los parámetros establecidos.

25. Advirtió que, aunque en los decretos salariales anuales se incluyó una norma que dispone que «los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico», como es el caso del artículo 11 del Decreto 1016 de 2013, esta disposición no resulta aplicable a los procuradores judiciales II, por ser incompatible con la prima especial. Así las cosas, estos servidores tienen prevista una prima especial sustentada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, excluyente con aquella equivalente al 30% ; la cual, además, no corresponde a este porcentaje como se afirma equivocadamente.

en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, excluyente con aquella equivalente al 30% ; la cual, además, no corresponde a este porcentaje como se afirma equivocadamente.

26. En estos términos, la entidad precisó que el salario básico es solo una parte de la remuneración mensual por lo que no es acertado afirmar que dejó de tener en cuenta el 30% de este para liquidar las prestaciones sociales, ya que «lo que no se tiene en cuenta como factor de salario es exactamente lo correspondiente a la prima especial, dadas las razones que en adelante se exponen. Con todo, se aclara, en la base de la liquidación de las prestaciones sociales de los Procuradores Judiciales II se toma en cuenta la asignación básica y los gastos de representación percibidos mensualmente, más las correspondientes doceavas de ley».

27. Adicionalmente, manifestó que eran inaplicables para los servidores de la Nación, Procuraduría General de la Nación los regímenes salariales dispuestos para la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nació n, así como las consecuencias previstas en las sentencias relacionadas con estos , porque esto

6 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00161-02, índice 2, 23. Sentencia. 7 Se tratan de ordinales.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00161-02 (1308-2024)

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8 implicaría que se v iera obligada a acoger las disposiciones que rigen para estas entidades, en vez de sus propios decretos salariales.

28. De ahí que estos regímenes indicados difieren sustancialmente al estar establecidos en decretos distintos, lo que hace improcedente adoptar lo allí dispuesto, máxime cuando en estos, como es el caso del artículo 1 de los decretos 1016, 1035 y 1024 de 2013, se estipuló expresamente que no se tendrán en cuenta para determinar la remuneración de otros funcionarios del sector público , ya que se trata de normas especiales. Por tanto, en este asunto se busca extender los efectos de las normas propias del régimen salarial de la Nación, Rama Judicial , a partir de situaciones particulares que no corresponden a la Nación, Procuraduría General de la Nación , lo cual las torna ilegales e inaplicables.

29. Seguidamente, la entidad expresó , en línea con lo manifestado en el acto demandado, «que la prima especial conced ida a los Procuradores Judiciales II cómo la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales». Así lo estableció en los distintos decretos salariales expedidos cada año, a partir de los cuales se evidencia que la remuneración mensual de los procuradores judiciales II está

carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales». Así lo estableció en los distintos decretos salariales expedidos cada año, a partir de los cuales se evidencia que la remuneración mensual de los procuradores judiciales II está compuesta por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial, emolumentos que establece el Gobierno nacional «en valores fijos, en donde la prima especial corresponde a un valor […] adicional y diferente a la asignación básica y gastos de representación».

30. En este contexto, refirió que la sentencia del 29 de abril de 2014 estableció cómo se debía reconocer y pagar la prima especial sin que se hubiera pronunciado en cuanto al carácter salarial de esta y su incidencia en la liquidación de las prestaciones sociales. Sumado al hecho de que los artículos de los decretos salariales anuales, que disponen que la prima no goza del carácter salarial, no han sido anulados, razón por la que deben ser acatados según sus efectos jurídicos. Tampoco puede desconocer la sente ncia de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional en punto al carácter no salarial de la prima especial. Por tanto, la sentencia apelada no se ajusta al precedente de las altas cortes según el cual la prima solo es factor salarial en materia pensional8.

31. La entidad aportó con su apelación la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso radicado al núm. 11001-33-35-009-2015-00270-019.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

2021 por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso radicado al núm. 11001-33-35-009-2015-00270-019.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 10, el magistrado ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en los términos del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que si las partes no solicitaban ni aportaban pruebas en el término de ejecutoria