CE - Sentencia 11001031500020260403201 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260403201 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de controversias contractuales. Incumplimiento contrato de obra / MODIFICA NEGATIVA DE AMPARO , PARA DECLARAR IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional. Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa
Procede la Sala a decidir la impugnaci ón presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo constitucional reclamado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 26 de mayo de 2026 , la sociedad Socar Ingeniería S. A. S., a través de apoderado, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 26 de mayo de 2026 , la sociedad Socar Ingeniería S. A. S., a través de apoderado, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 17 de octubre de 20251, emitida dentro del proceso de controversias contractuales 2 que inst auró contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional , con el objeto de que se anularan los actos administrativos3 por cuyo conducto se declaró su incumplimiento parcial 4, se hizo efectiva la respectiva cláusula penal5 y se liquidó unilateralmente el contrato de obra6
1 Notificada el 21 de noviembre de 2025. 2 Expediente 73001-23-33-000-2017-00332-02. 3 Resoluciones 147 de 31 de marzo, 179 de 13 de abril, 634 de 3 de septiembre y 848 de 1º de diciembre de 2015. 4 Ejecutó el 76.64% de la obra. 5 Equivalente a $469.346.888,21. 6 259-3-2012 de 14 de diciembre de 2012, que tenía por objeto la construcción de 51 viviendas fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto ciudadela policial Cenop en San Luis, Tolima , y que teníaRadicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
2
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
2
celebrado entre ellos, y se le condenara a esa entidad al pago de $1.823.154.296,46 y $78.224.481,40, por concepto de mayor permanencia en obra y de utilidad por obra no ejecutada, en su orden, por el desequilibrio económico contractual que la perjudicó, así como a la cancelación de $2.000.000.000 y $1.000.000.000 por daños inmateriales y materiales, respectivamente y a la devolución de lo que sufragó por la mencionada cláusula penal.
3. En la providencia acusada se confirmó la dictada el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima , que negó las pretensiones de la demanda . Se determinó que el pago en el contrato de obra estaba supeditado a su efectivo avance, por lo que la posibilidad de alcanzar la meta física acordada desde un inicio no dependía de la liquidez de la autoridad demandada en el momento. Las dificultades financieras reconocidas por la entidad contratante no significaban la disminución del tamaño del proyecto, por ende, no podía excusarse en esa situación para no entregar la obra convenida.
4. También se precisó que en los documentos que prorrogaron la ejecución del contrato se indicó que ello tenía como propósito sortear unas específicas dificultades, como factores climáticos, protestas ciudadanas, problemas logísticos, entrega tardía de planos y diseños, etc. ; por tanto, se evidencia que las partes optaron en forma consciente por la ampliación del plazo de ejecución como solución efectiva, suficiente
como factores climáticos, protestas ciudadanas, problemas logísticos, entrega tardía de planos y diseños, etc. ; por tanto, se evidencia que las partes optaron en forma consciente por la ampliación del plazo de ejecución como solución efectiva, suficiente y adecuada para poder cumplir el objeto contratado con el presupuesto existente, sin que consideraran necesaria la inversión de más recursos económicos.
5. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, por omisión de la norma aplicable, al ignorar el marco presupuestal . La autoridad judicial valida la creación de una deuda pública inconstitucional e ilegal, al exigirle que continuara con la ejecución de la obra con sus propios recursos, pese a que la entidad demandada ya había perdido la disponibilidad presupuestal. Se le obliga a generar un hecho desprovisto de legalidad presupuestal, en los términos de los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, para forzar la inversión de recursos privados en un rubro que el Estado ya no tenía autorizado gastar.
6. Con lo anterior, se desconoce el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, artículo 71), el cual señala que todos los actos administrativos que afecten el presupuesto requiere n para su validez y ejecución de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP ) y de un Registro Presupuestal (RP). En este caso, el juez natural pretendió que el contrato tuviera el poder de sanear la ilegalidad presupuestal de la entidad contratante , al trasladar el costo, la carga y la responsabilidad de la negligencia presupuestal del Estado al contratista, con lo que también se inobservan los artículos 14, 49 y 89 de dicha norma. La cláusula
presupuestal de la entidad contratante , al trasladar el costo, la carga y la responsabilidad de la negligencia presupuestal del Estado al contratista, con lo que también se inobservan los artículos 14, 49 y 89 de dicha norma. La cláusula contractual de “pago contra avance” regula la forma de desembolso, pero no puede mutar, sustituir ni eliminar el requisito de RP.
como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2012, pero que se prorrogó, mediante 5 contratos adicionales, hasta el 30 de agosto de 2014.Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
3
7. En ese sentido, si el contratista hubiera seguido construyendo más allá del 76.64% con sus recursos propios, la entidad -al haber perdido la disponibilidadhabría estado impedida legalmente para expedir el RP sobre ese saldo ejecutado, lo que a su vez le habría impedido pagarle al contratista, por tanto, a esta no le era dable exigir el cumplimiento por parte del contratista del porcentaje restante sin recursos, ni ordenar el inicio de la obra, ni realizar pagos sin dichos respaldos.
8. De igual modo, se configuró defecto fáctico por indebida valoración probatoria .
Se valoraron del mismo modo todos los otrosíes, pese a que en los contratos adicionales 1 y 2 los mayores costos no estaban cobijados por ninguna cláusula de renuncia, por ende, al aplicarles la misma consecuencia de los otrosíes 3, 4 y 5 (en
adicionales 1 y 2 los mayores costos no estaban cobijados por ninguna cláusula de renuncia, por ende, al aplicarles la misma consecuencia de los otrosíes 3, 4 y 5 (en los que sí había renuncia explícita), el juez vació de contenido y dejó sin efectos las pruebas válidamente aportadas por el contratista en la demanda.
9. Asimismo, se presentó desconocimiento del precedente . Se inobservó la sentencia de unificación de 27 de julio de 2023 del Consejo de Estado7, en la que se señaló que si las partes guardaron silencio, como en los otrosíes 1 y 2, el juez debe estudiar si las pretensiones tienen fundamento según lo que resulte prob ado.
Premisa que no se tuvo en cuenta por la autoridad judicial , pues en lugar de reconocer o no el derecho económico fundado en las pruebas (documentos, testimonios y pericias) con respecto a los dos primeros otrosíes (según lo que resulte probado), cerró el debate usando la vieja tesis automática de los “ actos propios”, inaplicable para los casos de silencio bajo el nuevo precedente.
B. Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia de 30 de junio de 2026 , la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado . Se precisó que la sociedad demandante apeló el fallo ordinario de primera instancia con argumentos similares a los que expone en la solicitud de amparo, frente a los cuales se pronunció la autoridad accionada. Por ende, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones e fectuadas por el juez natural de la causa, con lo cual
argumentos similares a los que expone en la solicitud de amparo, frente a los cuales se pronunció la autoridad accionada. Por ende, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones e fectuadas por el juez natural de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
11. En todo caso, se observa que la decisión judicial acusad a se encuentra acorde con los principios establecidos en la Constitución Política y se fundamentó en hechos acreditados y no discutidos respecto del origen del daño por lo cual estableció que en cada uno de los contratos adicionales suscritos las partes acordaron mantener la vigencia de las cláusulas que no fu eron objeto de modificación , entre ellas, las relativas al precio y al compromiso de finalizar la ejecución de las obras con el presupuesto pactado en principio, de tal manera era claro que aquellos tenían
7 Expediente 39.121, M. P. Guillermo Sánchez Luque.Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
4
conocimiento de que la medida adoptada, consistente en la ampliación del plazo contractual, no implicaba la necesidad de destinar recursos económicos adicionales para su ejecución.
12. De igual modo, se aclaró que el desembolso de los recursos estaba condicionado al avance efectivo de la ejecución contractual, de modo que el contratista solo tenía derecho a recibir la remuneración una vez cumpliera las prestaciones a su cargo. Por consiguiente, la dinámica prevista desde el inicio del contrato no estaba sujeta a la
al avance efectivo de la ejecución contractual, de modo que el contratista solo tenía derecho a recibir la remuneración una vez cumpliera las prestaciones a su cargo. Por consiguiente, la dinámica prevista desde el inicio del contrato no estaba sujeta a la disponibilidad inmediata de recursos por parte de la entidad contratante, lo que desvirtúa el argumento de que se desconocieron el principio de legalidad del gasto y las disposiciones contenidas en las leyes orgánicas de presupuesto.
13. No se evidencia el desconocimiento del precedente alegado, por cuanto la autoridad partió de la premisa fijada en la sentencia de unificación de 27 de julio de 2023 para examinar el contrato y los otrosíes firmados por los cocontratantes. En ese sentido, tampoco se evidencia la configuración de defecto fáctico, en razón a que en las prórrogas pactadas se indicó que la prolongación del término tenía como propósito sortear unas dificultades específicas, por ende, no resulta ilógico concluir que en aquellas se pactó la ampliación del plazo de ejecución como solución efectiva, suficiente y adecuada para cumplir el objeto contratado con el presupuesto existente.
C. La impugnación
14. La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia , para cuyo propósito reiteró lo planteado en la solicitud de amparo, en particular, lo referente a la configuración de defecto sustantivo por omisión de aplicar los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, lo cual no fue analizado por el a quo, y al desequilibrio económico generado por desconocer el precedente judicial emitido sobre la materia y por la indebida valoración probatoria efectuada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
económico generado por desconocer el precedente judicial emitido sobre la materia y por la indebida valoración probatoria efectuada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19918.
E. Análisis del caso concreto
8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
5
16. La Sala difiere de la apreciación del a quo, consistente en que se superan los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, en particular, el de relevancia constitucional. Por tanto, se modificará el fallo impugnado, para declarar la improcedencia de este asunto constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
17. El juez de primera instancia no expuso los motivos por los cuales consideraba superado el presupuesto de relevancia constitucional. Frente a lo cual se precisa que para que se determine que la presente acción reviste de relevancia constitucional, no basta con aducir una inconformidad con la aplicación normativa y jurisprudencial y valoración probatoria acogida por el juez natural de la causa , sino que se debe
para que se determine que la presente acción reviste de relevancia constitucional, no basta con aducir una inconformidad con la aplicación normativa y jurisprudencial y valoración probatoria acogida por el juez natural de la causa , sino que se debe acreditar la afectación constitucional que se alega. Para tal propósito, la parte actora debe demostrar que su argumentación no comporta una reiteración de la tesis que la motivó a promover el medio de con trol ante la jurisdicción contenciosoadministrativa y sobre la cual se circunscribió el litigio y, finalmente, emitió su decisión la autoridad judicial accionada, lo cual no se demuestra en este caso.
18. La parte demandante si bien invocó la ocurrencia de defectos sustantivo y fáctico, así como desconocimiento del precedente, lo cierto es que su argumentación tiene como fin insistir en que se debe n conceder las pretensiones en el proceso de controversias contractuales, porque, a su juicio, la normativa que se avenía al caso, el material probatorio recaudado y la jurisprudencia emitida en ese tipo de controversias demostraba que no se presentó el incumplimiento del contrato de obra que suscribió con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional , sin considerar ni desvirtuar desde la óptica constitucional lo que sobre el particular consideró el juez natural de la causa.
19. En ese sentido, los reproches planteados por la tutelante, al involucrar una simple inconformidad con la decisión judicial atacada, no resultan suficiente s para examinarla en este escenario constitucional. Denotan la intención de emplear esta acción como una instancia adicional al proceso ordinario, para que se reabra el
inconformidad con la decisión judicial atacada, no resultan suficiente s para examinarla en este escenario constitucional. Denotan la intención de emplear esta acción como una instancia adicional al proceso ordinario, para que se reabra el debate probatorio y jurídico ya zanjado por el juez natu ral de la causa respecto de l incumplimiento contractual objeto de debate.
20. La parte actora fundamentó la configuración de defecto sustantivo en que no se tuvo en cuenta la normativa que regula el marco presupuestal, por cuanto no era dable continuar con la ejecución de la obra cuando la entidad contratante ya no tenía disponibilidad presupuestal.
21. No obstante, omite el razonamiento que sobre ese cuestionamiento estructuró la autoridad judicial, consistente en que en el contrato celebrado se acordó que el pago estaba supeditado al efectivo avance de la obra, es decir , la posibilidad de lograr el objeto pactado desde un inicio no dependía de la liquidez de la entidad contratante en el momento, por lo que el contratista debía asumir los costos asociados a la ejecución, para luego exigir la debida contraprestación. En ese sentido, lasRadicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
6
dificultades financiera s reconocidas por la entidad contratante no significaban la disminución del tamaño del proyecto.
22. Bajo el anterior panorama, el juez ordinario concluyó que la sociedad tutelante no podía excusarse en la situación económica del contratante para no entregar la obra convenida, pues “la variación en el presupuesto disponible durante la ejecución no
22. Bajo el anterior panorama, el juez ordinario concluyó que la sociedad tutelante no podía excusarse en la situación económica del contratante para no entregar la obra convenida, pues “la variación en el presupuesto disponible durante la ejecución no altera por sí misma el objeto contractual”.
23. Con base en lo planteado, se evidencia que si bien el juez natural de la causa no hizo alusión a las normas en materia presupuestal señaladas por la tutelante , ello acaeció porque acudió al contrato celebrado para consultar la forma de pago pactada, la cual permitía deducir que no implicaba alteración alguna al objeto contractual la situación económica de la entidad contratante . Primero el contratista debía avanzar la obra para obtener el respectivo pago, por lo que no podía alegar falta de presupuesto de la entidad contratante para incumplir lo inicialmente pactado.
24. En ese sentido, no se aviene a la realidad la afirmación de la tutelante de que se desconoció de algún modo la normativa en materia de presupuesto. Diferente es que pretenda que se le den a las normas que invocó un alcance que fundamente su tesis de justificación al incumplimiento del contrato de obra, sin acreditar que lo planteado por la autoridad demandada sobre el particular denota algún tipo de ar bitrariedad o capricho.
25. Es decir, pretende la imposición de su tesis jurídica bajo un defecto sustantivo. Su argumentación representa una mera inconformidad con la manera como la autoridad judicial accionada zanjó el litigio, al insistir que no podía continuar con la obra porque la entidad contratante no contaba con la respectiva disponibilidad presupuestal, sin hacer referencia al modo de pago que se pactó en el contrato de obra y sobre el cual
judicial accionada zanjó el litigio, al insistir que no podía continuar con la obra porque la entidad contratante no contaba con la respectiva disponibilidad presupuestal, sin hacer referencia al modo de pago que se pactó en el contrato de obra y sobre el cual el juez natural de la causa fundamentó su decisión.
26. Por otro lado, la sociedad tutelante adujo defecto fáctico , porque se efectuó una indebida valoración probatoria de los contratos adicionales 1 y 2 , al otorgarle el mismo alcance de los otrosíes 3, 4 y 5. Si bien en los otrosíes 3, 4 y 5 se señaló que la extensión del plazo no tenía ninguna consecuencia económica, ello no ocurrió con los dos primeros, razón por la cual debía acudirse a los medios probatorios para determinar los mayores costos en que incurrió por la ampliación del término de ejecución.
27. La autoridad judicial accionada relacionó los 5 contratos adicionales que se celebraron, con base en cuya información indicó que “la prolongación del término tenía como propósito sortear unas específicas dificultades –factores climá ticos, protestas ciudadanas, problemas logísticos, entrega tardía de planos y de diseños, etc.–; en consecuencia, resulta evidente que las partes optaron de forma consciente por la ampliación del plazo de ejecución como solución efectiva, suficiente y adecuada para poder cumplir el objeto contratado con el presupuesto existente”.Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
7
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
7
28. También precisó que en los otrosíes 3, 4 y 5 s e consignó expresamente que la extensión del plazo no tenía ninguna consecuencia económica. Escenario del que dedujo que al momento de pactar las modificaciones del plazo se presentó como exento de consecuencias económicas y con esa convicción ambos suscribieron las prórrogas.
29. Con fundamento en lo anterior, concluyó que “ en todos los contratos adicionales las partes acordaron que las cláusulas no modificadas seguían vigentes, lo cual incluye, precisamente, el precio y la obligación de culminar los trabajos con el presupuesto inicial ; de esta forma, resulta evidente que los cocontratantes eran conscientes de que la solución (ampliación del plazo) no requería dinero para poder materializarse”.
30. Bajo ese escenario probatorio, la Sala no evidencia que la autoridad judicial haya equiparado los otrosíes 1 y 2 con los 3, 4 y 5, en razón a que especificó que en estos últimos sí se estableció de manera expresa la exención de consecuencias económicas por el aumento del plazo. Sin embargo, dedujo que como todos esos contratos adicionales se suscribieron para superar unas circunstancias específicas y se acordó que las cláusulas no modificadas continuaban vigentes, entre las que se incluían las referentes al valor, se deducía que la ampliación del plazo no implicaba un mayor costo.
31. Ahora bien, aunque la parte actora sostiene que los contratos adicionales 1 y 2
incluían las referentes al valor, se deducía que la ampliación del plazo no implicaba un mayor costo.
31. Ahora bien, aunque la parte actora sostiene que los contratos adicionales 1 y 2 causaron mayores costos, de lo cual daba cuenta el material probatorio aportado, no relacionó de manera concreta y específica cuáles eran esos elementos de convicción cuya valoración obvió la autoridad judicial accionada y que demostraban esa situación fáctica. Omisión que impide a la Sala examinar la presunta irregularidad en la valoración probatoria desarrollada por el juez natural de la causa.
32. Con base en lo planteado, se colige que el juez ordinario no valoró del mismo modo los contratos adicionales . Diferente es que determinara que frente a los dos primeros otrosíes también se podía colegir que no se requería de más dinero derivado de las prórrogas allí pactadas, en razón a que se suscribieron para superar unas circunstancias específicas, como lo ocurrido con los otrosíes 3, 4 y 5, en los que sí se señaló de manera expresa esa falta de consecuencia económica de dichas prórrogas.
33. Para la Sala l a anterior conclusión no denota asomo de arbitrariedad o capricho alguno ni atenta contra los postulados de la sana crítica, por el contrario, comporta el ejercicio de la autonomía judicial con la que cuentan las autoridades judiciales para resolver los litigios puestos en su conocimiento. Además, la parte actora aduce una indebida valoración probatoria, sin desvirtuar el ejercicio valorativo que desarrolló el juez natural de la causa.
34. Para acreditar la indebida valoración probatoria alegada es indispensab le
indebida valoración probatoria, sin desvirtuar el ejercicio valorativo que desarrolló el juez natural de la causa.
34. Para acreditar la indebida valoración probatoria alegada es indispensab le demostrar en ese escenario la configuración de algún tipo de arbitrariedad, laRadicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
8
inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.
35. Por tanto, el hecho de que el juez natural del litigio no haya valorado los medios de convicción obrantes en el expediente ordinario como lo pregona la parte actora, no comporta la afectación constitucional alegada.
36. En tal sentido, acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para arribar a u na conclusión que defina la controversia. Es decir, se avalaría que se efectúe en sede de tutela un juicio de corrección, pese a que en este escenario se debe desarrollar uno de validez.
para arribar a u na conclusión que defina la controversia. Es decir, se avalaría que se efectúe en sede de tutela un juicio de corrección, pese a que en este escenario se debe desarrollar uno de validez.
37. En conclusión, la argumentación planteada por l a accionante bajo el defecto fáctico, no tiene como propósito acreditar su configuración, sino que se le imponga al juez natural de la causa que adopte como propia la valoración probatoria que pregona, sin que destine motivación alguna tendiente a demostrar que el razonamiento que en ese aspecto desarrolló la autori dad judicial comporta una afrenta a sus derechos fundamentales.
38. Por otra parte, l a accionante adujo desatención a la sentencia de unificación de 27 de julio de 2023 del Consejo de Estado, en la que se señaló que si las partes guardaron silencio, como en los otrosíes 1 y 2, el juez debe estudiar si las pretensiones tienen fundamento según lo que resulte probado.
39. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la parte actora, en la sentencia acusada se citó el aludido pronunciamiento de unificación, para indicar que “el silencio de las partes cuando pactan modificaciones contractuales no puede ser interpretado como una renuncia tácita de su derecho a reclamar”.
40. Con base en lo anterior, para el caso concreto , anotó que “ el silencio del contratista al momento de suscribir los documentos de prórroga del plazo no es suficiente para desestimar las pretensiones; en efecto, su act uación no puede interpretarse como una renuncia de su derecho a reclamar ni tampoco es posible considerar las salvedades como un presupuesto sine qua non para poder pretender
suficiente para desestimar las pretensiones; en efecto, su act uación no puede interpretarse como una renuncia de su derecho a reclamar ni tampoco es posible considerar las salvedades como un presupuesto sine qua non para poder pretender el restablecimiento de la ecuación económica del contrato; lo relevante en estos asuntos es verificar si en los respectivos documentos contractuales las partes definieron la forma o el método para superar las circunstancias que dieron lugar a la extensión del plazo ”. Ejercicio probatorio que desarrolló, distinto es que no haya arribado a la conclusión defendida por la parte actora.Radicación: 11001-03-15-000-2026-04032-01
Accionante: Socar Ingeniería S. A. S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
9
41. Por consiguiente, no se evidencia inobservancia a la jurisprudencia que el Consejo de Estado ha dictado sobre la materia, distinto es que no se haya comprobado esos mayores costos presuntamente asumidos por el contratista como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución. Es decir, se acogió la premisa de que el silencio del contratista no implicaba una renuncia tácita a reclamar, pero como no se acreditaron los sobrecostos alegados, carecía de soport e cualquier reclamación en ese sentido.
42. Conforme al anterior panorama, más allá de la configuración de las causales específicas de procedibilidad de la tutela invocadas, lo que se observa es que la parte actora pretende imponer la tesis que considera correcta para desvirtuar su incumplimiento contractual , sin tener en cuenta ni desvirtuar desde la óptica
específicas de procedibilidad de la tutela invocadas, lo que se observa es que la parte actora pretende imponer la tesis que considera correcta para desvirtuar su incumplimiento contractual , sin tener en cuenta ni desvirtuar desde la óptica constitucional las razones que brindó el juez natural de la causa para negar sus pretensiones, máxime cuando se pretende dejar sin efec tos una providencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta Política.
43. En tal sentido , las inconformidades de l a tutelante no demuestran afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales, pues solo evidencian su desacuerdo con la ma nera como se zanjó el litigio por resultarle contrario a sus intereses . Ello impide que la discusión trascienda al ámbito constitucional, dado que la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso de controversias contractuales.
44. Por tanto, aunque no se haya zanjado la controversia de manera favorable a la tutelante, ello no la faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado, ni habilita el estudio de fondo de la tutela. No basta para tal
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.