CE - Sentencia 11001031500020260602800 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260602800 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Elizabeth Hernández Salazar.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Los señores Elizabeth Hernández Salazar y José Pablo Tascón Montoya contrajeron matrimonio el 16 de diciembre de 1998, de esa relación nacieron sus hijos José Pablo y Jesús David Tascón Hernández.
1.2. Afirmó que el vínculo matrimonial se disolvió el 29 de enero del 2014 mediante divorcio decretado por el juzgado primero de familia del circuito de Guadalajara de Buga, dentro del proceso con radicado núm. 7611131-10-001-2013-02090-00 y el cual condenó al señor José Pablo Tascón
mediante divorcio decretado por el juzgado primero de familia del circuito de Guadalajara de Buga, dentro del proceso con radicado núm. 7611131-10-001-2013-02090-00 y el cual condenó al señor José Pablo Tascón Montoya al pago de alimentos a favor de la señora Elizabeth Hernández Salazar.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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1.3. La accionante relató que pese al divorcio continuaron viviendo bajo el mismo techo, compartiendo vida en común con apoyo económico , afectivo y material permanente.
1.4. La accionante afirmó que en los últimos días de vida del señor José Pablo Tasc ón Montoya , este permaneció hospitalizado debido al tratamiento que debía recibir por el cáncer que padecía.
1.5. El señor José Pablo Tascón Montoya falleció el 14 de noviembre de 2016 encontrándose afiliado a Colpensiones.
1.6. La señora Elizabeth Hernández Salazar solicitó a C olpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor José Pablo Tascón Montoya (q.e.p.d.).
1.7. Mediante Resolución No. SUB-53202 del 5 de mayo de 2017, le fue negada la pensión de sobrevivientes a la señora Elizabeth Hernández Salazar bajo el argumento de no encontrarse acreditado el requisito de
1.7. Mediante Resolución No. SUB-53202 del 5 de mayo de 2017, le fue negada la pensión de sobrevivientes a la señora Elizabeth Hernández Salazar bajo el argumento de no encontrarse acreditado el requisito de convivencia exigido por el Art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 del 2003.
1.8. La señora Elizabeth Hernández Salazar en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de l acto administrativo que neg ó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como compañera permanente del señor José Pablo Tascón Montoya (q.e.p.d .) y, subsidiariamente, solicitó que se le reconociera, de forma vitalicia, una pensión equivalente a la cuota alimentaria a cargo del causante.
1.9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante decisión de 9 de septiembre de 202 4 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien el señor José Pablo Tascón Montoya (q. e. p. d.) y la señora Elizabeth Hernández SalazarNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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estuvieron casados, su vínculo matrimonial terminó con el divorcio decretado el 29 de enero de 2014, con la consecuente disolución y
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estuvieron casados, su vínculo matrimonial terminó con el divorcio decretado el 29 de enero de 2014, con la consecuente disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Agregó que la cuota alimentaria reconocida posteriormente a la demandante obedecía úni camente a lo acordado en el proceso de familia y no demostraba convivencia, razón por la cual concluyó que no se satisfacía el requisito de convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Adicionalmente, condenó en costas a la accionante al considerar que quedó “[…] plenamente acreditado que la demandante no cumplía con los requisitos para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes del señor José Pablo Tascón Montoya, por no haber acreditado la convivencia con el causante durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento de este […]”.
1.10. Inconforme con la decisión anterior la accionante presentó recurso de apelación.
1.11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , mediante providencia de 13 de febrero de 2026, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que se acreditó la separación de hecho prolongada y “[…] ante la ausencia de prueba idónea sobre la convivencia exigida por la ley, se concluye que no se cumple el requisito de los cinco (5) años de vida marital continua anteriores al fallecimiento del causante […]”.
Asimismo señaló que no era procedente acceder “[…] a la pretensión de
convivencia exigida por la ley, se concluye que no se cumple el requisito de los cinco (5) años de vida marital continua anteriores al fallecimiento del causante […]”.
Asimismo señaló que no era procedente acceder “[…] a la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento exclusivo en la alegada obligación alimentaria, razón por la cual la misma debe ser desestimada, al carecer de sustento normativo y fáctico […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparoNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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La parte actora manifestó que la s autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico por que omitieron valorar la “[…] contestación de la demanda presentada por el señor Jesús David Tascón Hernández, hijo del causante, en la cual este reconoció expresamente los hechos relacionados con la convivencia y el apoyo económico entre sus padres […]”, bajo el argumento de que “[…] este “no aportó elementos probatorios para soportar sus afirmaciones” sin considerar que se trataba del reconocimientos expreso de un hecho por parte de quien lo vivió directamente como hijo del causante […]”.
Indicó que las accionadas omitieron realizar un “[…] ejercicio de valoración conjunta: descartó de plano un medio de prueba relevante por una razón formal (falta de soporte documental propio), sin integrarlo al análisis de la sana critica junto con los demás elementos del expediente, como lo exige el
conjunta: descartó de plano un medio de prueba relevante por una razón formal (falta de soporte documental propio), sin integrarlo al análisis de la sana critica junto con los demás elementos del expediente, como lo exige el precedente constituc ional sobre la libertad probatorio en materia de convivencia (sentencias T-921 de 2010 y T-324 de 2014) […]”.
Asimismo, incurrieron en desconocimiento del precedente contenido en la sentencia “[…] T-184/2022, al precisar que no existe una tarifa legal para acreditar la convivencia y que el análisis judicial debe efectuarse con fundamento de la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente […]”.
Agregó que las autoridades accionadas desconocieron el precedente constitucional respecto de la “[…] valoración integral del requisito de convivencia, privilegiando una apreciación fragmentada del material probatorio que condujo a una decisión lesiva de los derechos fundamentales de la accionante […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, y a la vida digna de Elizabeth Hernández
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 13 de febrero del 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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TERCERO: Dejar sin efectos la sentencia del 09 de septiembre del 2024
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TERCERO: Dejar sin efectos la sentencia del 09 de septiembre del 2024 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga.
CUARTO: Ordenar a la autoridad judicial competente proferir una nueva decisión en la que valore integralmente el material probatorio obrante en el expediente y aplique el precedente constitucional vigente sobre convivencia para efectos del reconocimiento de la pe nsión de sobrevivientes […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
A través de auto de 4 de agosto y 31 de agosto de 2026 se requirió a la apoderada de la parte accionante para que allegara el poder que la facultaba expresamente para promover la presente acción de tutela.
Mediante auto de 22 de septiembre de 2026, se admitió la presente acción de tutela y se vinculó a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga manifestó que esa autoridad judicial no incurrió en defecto fáctico porque con el resultado de “[…] la investigación administrativa de Colpensiones, cuatro declaraciones extraproceso, apartes de la historia clínica del causante y los cinco testimonios recaudados y con base en su apreciación conjunta, concluyó que después del divorcio no se conformó una unión marital de hecho entre la demandante y el causante […]”.
Agregó que no se desconoció el precedente sobre “[…] el concepto material de
después del divorcio no se conformó una unión marital de hecho entre la demandante y el causante […]”.
Agregó que no se desconoció el precedente sobre “[…] el concepto material de convivencia. La sentencia acogió expresamente la jurisprudencia, según la cual, la convivencia no exige cohabitación permanente cuando la separación obedece a una causa razonable, siempre que subsistan el apoyo mutuo y la voluntad de mantener la vida en común (págs. 10 a 12), y encontró que esos elementos no se acreditaron […]”.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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2. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que “[…] que la providencia judicial que constituye el principal objeto de reproche fue proferida el 13 de febrero de 2026 y la acción constitucional únicamente fue admitida mediante auto del 22 de septiembre de 2026, esto es, transcurridos más de siete meses desde la expedición de la decisión cuestionada, sin que en el expediente se observe una justificación suficiente que explique la tardanza en el ejercicio del mecanismo excepcional de amparo […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciada s vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo de Estado 3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.
2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.
2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras. 3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras. 4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C -590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D -5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incur rieron las autoridades accionadas no devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas el 9 de septiembre de 2024 y el 13 de febrero de 2026, cuya notificación de
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas el 9 de septiembre de 2024 y el 13 de febrero de 2026, cuya notificación de esta última providencia quedó surtida el 3 de marzo de 2026 6 en el marco del
6 La presente acción de tutela fue radicada el 30 de julio de 2026, índice 00001 Samai expediente núm. 11001031500020260602800.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 76111-33-33-002-2022-00171-00/01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora en esta instancia está asociada a que la s autoridades accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora en esta instancia está asociada a que la s autoridades accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente del señor José Pablo Tascón Montoya (q.e.p.d.), sin tener en cuenta las pruebas que acreditan el cumplimiento de los requisitos que le otorgan el derecho pensional , circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.
Lo anterior en razón a que las autoridades accionadas en la s sentencias acusadas expusieron de manera razonada, coherente y fundamentada las razones jurídicas por las cuales la accionante no acreditó el requisito de convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante, exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por lo que el hecho de que ella discrepe de ese análisis no implica que sea arbitrario, caprichoso o irracional y mucho menos transgresor de derechos fundamentales.
En este punto, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana crítica.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta oportunidad lo p erseguido por el extremo accionante es controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra una inconformidad con la s decisiones adoptadas por la s autoridades accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo los anteriores argumentos , la Sala declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06028-00
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REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Consejero de Estado Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado