CE - Sentencia 11001031500020260728200 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260728200 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07282-00

Demandante: ADRIANA SÁNCHEZ PERAZA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema:

Tutela contra acto administrativo. Declara improcedencia por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el mecanismo constitucional del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 333 de 2021, 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La ciudadana Adriana Sánchez Peraza, actuando en nombre propio, con escrito presentado el 9 de septiembre de 2026, promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad de mérito, y la igualdad.

Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad de mérito, y la igualdad.

En sentir de la parte actora, la trasgresión de tales garantías se dio con ocasión de la Resolución N.° CRJ26-0497 del 3 de agosto de 2026, proferida por la Dirección de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se dispuso, entre otros, el rechazo de la aspirante al cargo de Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas para el cual se inscribió.

1 Ver índice 2 de Samai.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió lo siguiente:

[…]

SEGUNDA: Que, en consecuencia, se ORDENE a la accionada a dejar sin efectos la decisión mediante la cual se me excluyó del concurso Convocatoria 28 con fundamento en la causal 5, y proceda a verificar nuevamente el cumplimiento del requisito relativo a la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, teniendo en cuenta que dicho documento sí fue cargado oportunamente en la plataforma.

en la causal 5, y proceda a verificar nuevamente el cumplimiento del requisito relativo a la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, teniendo en cuenta que dicho documento sí fue cargado oportunamente en la plataforma.

TERCERA: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración

de Carrera J udicial que me INCLUYA de forma inmediata en la lista de aspirantes admitidos de la Convocatoria 28 para el cargo de Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas y como consecuencia se me HABILITE plenamente para participar en las fases subsiguientes y presentar las pruebas escritas obligatorias del concurso.

Pretensiones subsidiarias

Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial a realizar una revisión integral de la documentación aportada por la accionante y adoptar una decisión ajustada a los principios de buena fe, mérito y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 13 de noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y convocó al concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles.

La señora Sánchez Peraza se inscribió el 1.° de diciembre de 2025 para el cargo Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas, explicando que realizó el p rocedimiento

correspondientes Registros Nacionales de Elegibles.

La señora Sánchez Peraza se inscribió el 1.° de diciembre de 2025 para el cargo Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas, explicando que realizó el p rocedimiento establecido en la aplicación y registrando los documentos correspondientes.

Sin embargo, con ocasión de la Resolución N.° CRJ26-0497 del 3 de agosto de 2026, proferida por la Dirección de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se indicó que había sido rechazada. En concreto, se precisó que la actora no había registrado la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita.

2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Conforme lo estableció el numeral 4.° del citado acto administrativo, la decisión no es susceptible de recursos y, por ende, en sentir de la accionante, el juez constitucional es el llamado a hacer valer sus derechos.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La accionante explicó que la decisión de la administración no se compadece con la realidad, puesto que el documento echado de menos fue debidamente registrado en la aplicación establecida para ello, por lo que la causal que fundamentó el rechazo de la aspirante no se encontraba configurada.

realidad, puesto que el documento echado de menos fue debidamente registrado en la aplicación establecida para ello, por lo que la causal que fundamentó el rechazo de la aspirante no se encontraba configurada.

Desde su punto de vista, la decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura conlleva un perjuicio irremediable, dado que se le está impidiendo seguir adelante en las demás etapas del concurso de méritos, desconociendo sus garantías constitucionales.

Finalmente, acotó que en el presente asunto no existe otro mecanismo judicial de defensa idóneo, en la medida que se acreditan los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para acudir al juez constitucional.

1.5. Admisión de la demanda3

Mediante auto del 11 de septiembre de 2026 se admitió la acción de tutela del asunto, se ordenó notificar a la autoridad accionada y se ordenó la vinculación de las personas que se inscribieron al concurso de méritos en el marco del Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura.

Posteriormente, en proveído del 1.° de octubre de 2026, se ordenó la vinculación de la Universidad Libre. Lo anterior, dado que dicho establecimiento de educación superior se encargó de la verificación de los documentos registrados por cada uno de los aspirantes y, en consecuencia, tiene un interés directo sobre las resultas del presente asunto.

1.6. Intervenciones4

1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura5

De manera anticipada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela

1.6. Intervenciones4

1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura5

De manera anticipada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela del asunto, toda vez que, contrario a lo aseverado por la parte actora, la autoridad no

3 Ver índice 5 de Samai 4 Ver índice 8 de Samai. Las partes e intervinientes fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, y adrianasanchezp16@gmail.com. 5 Ver índice 13 de SamaiDemandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 ha incurrido en acción u omisión constitutiva de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Asimismo, explicó que la exigencia de anexar el documento conten tivo de la declaración de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, no es un requisito caprichoso o arbitrario de la entidad, sino que este tiene un fundamento legal en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

En cuanto al caso de la señora Sánchez Peraza, explicó que fue rechazada al amparo

modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

En cuanto al caso de la señora Sánchez Peraza, explicó que fue rechazada al amparo de la causal de no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF.

Aunado lo anterior, puso de presente que la actora dentro del término establecido en el artículo 3.° de la Resolución N.° CRJ26-0497 del 3 de agosto de 2026, guardó silencio y no elevó solicitud alguna encaminada a la verificación de los requisitos y documentos presentados.

Por otro lado, en cuanto a la naturaleza del acto administrativo en cita, frente a la situación concreta y particular de la accionante, constituye un acto administrativo de carácter particular, el cual goza de presunción de legalidad y es susceptible de ser reprochado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En suma, reite ró que no se desplegó un actuar injustificado de la autoridad y, en consecuencia, solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela.

1.6.2. Universidad Libre6

El establecimiento educativo, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo constitucional. Lo anterior, por cuanto la actora, en la oportunidad correspondiente, no presentó solicitud de revisión documental en aras de establecer si efectivamente se había presentado alguna inconsistencia al respecto.

Indicó que, a partir de lo anterior, es claro que la señora Sánchez Peraza contaba con un mecanismo idóneo para cuestionar la decisión de la administración, el cual no fue

inconsistencia al respecto.

Indicó que, a partir de lo anterior, es claro que la señora Sánchez Peraza contaba con un mecanismo idóneo para cuestionar la decisión de la administración, el cual no fue promovido y, por ende, no se satisface con el requisito de subsidiariedad.

Finalmente, advirtió que tampoco se hace evidente un perjuicio irremediable para la accionante, que eventualmente posibilite la concesión de un amparo provisional.

6 Ver índice 35 de SamaiDemandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

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5 1.6.3. Otras intervenciones

1.6.3.1. Sergio Escobar Holguin7

Manifestó que se inscribió para el cargo de magis trado de la Sala Civil -FamiliaLaboral, pero que también fue rechazado por idéntica causal a la expuesta por la acá accionante, pese a que el sistema le indicó que había cumplido el 100% del registro.

1.6.3.2. Hugo Lascarro Polo8

En su calidad de participante al concurso de méritos, explicó que la acción de tutela presentada por la actora no tiene vocación de éxito dado que fue la propia conducta de la parte la que dio lugar a su rechazo, por lo que no es posible endilgar responsabilidad alguna a la autoridad accionada.

1.6.3.3. Juan Carlos Santana Balaguera9

de la parte la que dio lugar a su rechazo, por lo que no es posible endilgar responsabilidad alguna a la autoridad accionada.

1.6.3.3. Juan Carlos Santana Balaguera9

En su escrito de intervención relató que coadyuva las pretensiones de la accionante, por cuanto se encuentra en la misma situación de dicha parte.

1.6.3.4. Diana Patricia Esguerra Perdomo10

Solicitó que sea tenida como coadyuvante de la accionante, dado que, al igual que dicha parte, fue rechazada por la accionada al amparo de la misma causal, la cual, en su criterio, es una decisión arbitraria.

1.6.3.5. Jaime Alexis Poveda Pineda11

Precisó que, luego de haber agotado las etapas propias para el proceso de inscripción, fue rechazado en la Resolución N.° CRJ26-0497 del 3 de agosto de 2026 al amparo de la misma causal establecida por la accionante. Conforme lo anterior, solicitó que sea tenido como coadyuvante de las pretensiones de la demanda.

1.6.3.6. Carmen Juana Camargo Rodríguez12

Mediante escrito dirigido a la acción de tutela 11001 -03-15-000-2026-07301-0013, refirió que actualmente existen múltiples acciones constitucionales en las que ha sido vinculada, en las cuales se discute el mismo asunto que en este caso. Acto seguido, refirió que los administrados fueron inducidos a error por parte de la autoridad

7 Ver índice 11 de Samai 8 Ver índice 12 de Samai 9 Ver índice 15 de Samai 10 Ver índice 17 de Samai

refirió que los administrados fueron inducidos a error por parte de la autoridad

7 Ver índice 11 de Samai 8 Ver índice 12 de Samai 9 Ver índice 15 de Samai 10 Ver índice 17 de Samai 11 Ver índice 19 de Samai 12 Ver índice 21 de Samai 13 La acción de tutela cursa actualmente ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Magistrado Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

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6 convocada, aunado que se da prevalencia a un criterio formalista que sacrifica garantías superiores.

En consecuencia, alegó que fue la propia administración la que generó una expectativa legítima a través de la plataforma establecida para el registro y cargue de documentos, la cual indicó que ya se había cumplido el 100% de la insc ripción sin evidenciar la falencia en el documento de declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, es competente para conocer de la solicitud de amparo presentada por la ciudadana Adriana Sánchez Peraza contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, de

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, es competente para conocer de la solicitud de amparo presentada por la ciudadana Adriana Sánchez Peraza contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 259 1 de 1991, y el numeral 8.° del 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20215, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

Conforme quedó consignado en el acápite de otras intervenciones, se tiene que los señores Sergio Escobar Holguin, Juan Carlos Santana Balaguera, Diana Patricia Esguerra Perdomo y Jaime Alexis Poveda Pineda , presentaron memoriales en los que afirmaron haber sido rechazados por la autoridad accionada al amparo de la misma causal que le fue aplicada a la acá accionante.

En ese sentido, prontamente se advierte que tales personas pretenden que, en evento de un fallo favorable a las pretensiones de la señora Adriana Sánchez Peraza, la decisión establezca una regla en la que toda persona que haya sido rechazada por la misma causal se beneficie de los efectos del amparo constitucional.

A partir de la anterior premisa, la Sala estima procedente la coadyuvancia presentada por las anteriores personas, quienes, según indicaron en sus escritos de intervención, fueron rechazados del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial únicamente por la causal 5, correspondiente a n o presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e

fueron rechazados del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial únicamente por la causal 5, correspondiente a n o presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF.

Por otro lado, en cuanto al escrito presentado por el señor Hugo Lascarro Polo, en el que precisó que fue la propia omisión de la parte la que dio lugar a su exclusión del concurso, será tenido en cuenta como escrito de coadyuvanci a de la entidad convocada.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

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Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

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7 Finalmente, en cuanto al escrito de la ciudadana Carmen Juana Camargo Rodríguez, dado que corresponde a otra acción constitucional que cursa ante otro despacho de esta Corporación, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno al respecto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Adriana Sánchez Peraza con ocasión de la Resolución N.° CRJ26-0497 del 3 de agosto de 2026, en la que fue rechaza da del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial al amparo de la causal 5.

del 3 de agosto de 2026, en la que fue rechaza da del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial al amparo de la causal 5.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo , y (iii) del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundame ntales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable14.

2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina

excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.

14 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

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8 Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constituciona l ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,

Sobre el particular, la Corte Constituciona l ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia15.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201116.

Ahora bien, lo exp uesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese a encontrarse protegida p or la presunción de legalidad, esta resulte absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo

protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese a encontrarse protegida p or la presunción de legalidad, esta resulte absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las garantías superiores.

15 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constituciona les, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 16 La posición contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016 -00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001 -2333-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-201600293-01.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

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9 Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.

2.6. Caso concreto

A partir del escrito de amparo, las contestaciones presentadas, los medios de prueba aportados al proceso, y las consideraciones jurídicas hechas en precedencia, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Adriana Sánchez Peraza contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de

aportados al proceso, y las consideraciones jurídicas hechas en precedencia, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Adriana Sánchez Peraza contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, por cuanto no se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad.

En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le rest ablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse e l restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en

lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invoca das como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.Demandante: Adriana Sánchez Peraza

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07282-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 […]

Siendo ello así, esta instancia judicial no está instituida para analizar la legalidad de los actos administrativos y verificar si en el proceso de expedición de éstos no se incurrió en irregularidad alguna que afecte su validez, dado que para tales menesteres el legislador estableció una vía judicial ordinaria.

Adicionalmente, conviene precisar que, conforme lo informó el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, la actora y demás personas inscritas al concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, contaban con la posibilidad de solicitar la verificación de la causal de rechazo. Al respecto, el artículo 3.° de la Resolución N.° CRJ26 -0497 del 3 de agosto de 2026 estableció lo siguiente:

de la Rama Judicial, contaban con la posibilidad de solicitar la verificación de la causal de rechazo. Al respecto, el artículo 3.° de la Resolución N.° CRJ26 -0497 del 3 de agosto de 2026 estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 3º: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. Las y los aspirantes rechazados podrán solicitar la verificación de su documentación dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, mediante escrito tramitado únicamente a través del software CARJUD APP. Cualquier solicitud extemporánea o enviada por un medio diferente o registradas en una opción distinta dentro del aplicativo, se entenderá como no presentada.

En ese sentido, de la revisión de los hechos que sustentan el am paro y el informe dado por la accionada, se tiene que la parte no

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