CE - Sentencia 11001031500020260821200 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260821200 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-08212-00
Accionantes: Gabriel Muvdi Aranguena y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro1
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega. No se configuran los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela presentada por el señor Gabriel Muvdi Aranguena, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad D.S.M.O; los señores Karim Muvdi Aranguena , M arta Inés Vega Mendoza, Mariam Muvdi Vega y Nadua Muvdi Vega, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de los niños y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias de 26 de septiembre de 2024 y 19 de marzo de 2026,
B, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de los niños y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias de 26 de septiembre de 2024 y 19 de marzo de 2026, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela 2 y del expediente, se colige que la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al señor Gabriel Muvdi Aranguena, entonces concejal de Valledupar, con destitución e inhabilidad general por doce años, 3 mediante decisiones adoptadas el 12 de diciembre de 2018 y el 17 de mayo de 2019, haciéndose efectiva la sanción el 12 de noviembre de ese último año.
1 Tribunal Administrativo del Cesar 2 Presentado el 7 de octubre de 2026 3 La actuación disciplinaria tuvo su origen en la elección del señor Omar Javier Contreras Socarrás como contralor municipal de Valledupar. La autoridad disciplinaria consideró que los concejales lo eligieron pese a encontrarse inhabilitado, porque había ejercido como Defensor Regional del Cesar dentro del año anterior, conducta que en esa oportunidad subsumió en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 272 de la Constitución.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
Accionante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros
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Constitución.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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3. Posteriormente, el accionante y sus familiares instauraron una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, en el que solicitaron la nulidad de los actos disciplinarios y el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales que consideraron ocasionados por la sanción.
4. El 1.º de junio de 2020, el entonces Procurador General de la Nación revocó directamente los fallos sancionatorios y absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor Gabriel Muvdi Aranguena y a los demás concejales involucrados, pues con fundamento en la Sentencia SU-566 de 20194, consideró inexistente la falta disciplinaria atribuida a los miembros del Concejo Municipal de Valledupar.
5. Mediante sentencia de l 26 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la sustracción de materia 5 frente a las pretensiones de nulidad y accedió parcialmente al restablecimiento solicitado por el señor Muvdi Aranguena.6
6. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación7 y el 19 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado revocó parcialmente el fallo, declaró la nulidad de los actos
apelación7 y el 19 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado revocó parcialmente el fallo, declaró la nulidad de los actos disciplinarios respecto del actor y lo confirmó en lo demás.8
2.2. Fundamento jurídico
7. Los accionantes invocaron la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de los niños y de acceso a la administración de justicia, que atribuyeron esencialmente, a la valoración de las pruebas con fundamento en la cual se negaron los perjuicios inmateriales reclamados por el
4 Corte Constitucional, Sentencia SU566 de 2019, MP Antonio José Lizarazo Ocampo. - Al resolver una acción de tutela instaurada por el señor Omar Javier Contreras Socarrás contra la sentencia que anuló su elección como contralor municipal de Valledupar, la Corte Constitucional estableció que el cargo de defensor regional del Pueblo pertenece al orden nacional y, por tanto, no se configuraba la inhabilidad territorial prevista en el artículo 272 superior. En consecuencia, amparó los derechos fundamentales del accionante y dejó sin efectos la decisión que había anulado su elección. 5 Consejo de Estado Sala de lo C ontencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 27 de febrero de dos mil trece (2013) rad. núm.: 11001-03-25-000-2010-0008800(0798-10) “De la sustracción de materia: Como regla general se entiende por sustracción de materia la desaparición de supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque
00(0798-10) “De la sustracción de materia: Como regla general se entiende por sustracción de materia la desaparición de supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó acudir a la jurisdicción . Como sucedería si una persona interpone una acción de tutela contra una entidad por no haber dado respuesta a un derecho de petición, y durante el curso de la acción ésta lo responde, al juez no le es posible pronunciarse ya que la causa que originó la acción desapareció, es decir, ha operado la sustracción de materia...” En síntesis, si las causas que originaron el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una sentencia. “Negrillas de esta Sala. 6 El Tribunal consideró que la revocatoria directa hacía innecesario pronunciarse sobre la nulidad, pero atribuyó a aquella efectos - ex tunc-. Adicionalmente reconoció los honorarios dejados de percibir por el accionante, del periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019 y estableció la suma de 20 SMLMV por perjuicios morales. Por otro lado, negó los honorarios correspondientes al período 2020 -2023 por considerarlos eventuales, así como el daño emergente por falta de prueba y los restantes perjuicios inmateriales reclamados por el actor y sus familiares. 7 La parte actora cuestionó la sustracción de materia y sostuvo que la revocatoria directa no impedía examinar la legalidad de los actos sancionatorios ni reparar los perjuicios producidos mientras estuvieron vigentes. También reclamó la pérdida
7 La parte actora cuestionó la sustracción de materia y sostuvo que la revocatoria directa no impedía examinar la legalidad de los actos sancionatorios ni reparar los perjuicios producidos mientras estuvieron vigentes. También reclamó la pérdida de oportunidad por el período 2020-2023 y censuró la tasación y negativa de los perjuicios inmateriales reclamados para Gabriel Muvdi Aranguena y su núcleo familiar. 8 La Subsección B de esta Corporación concluyó que la revocatoria directa produjo efectos ex nunc y que procedía controlar la legalidad de los actos. Por otro lado, consideró que no se configuró la inhabilidad atribuida, declaró la nulidad de los actos sancionatorios respecto del señor Gabriel Muvdi Aranguena y mantuvo los 20 SMLMV reconocidos en primera instancia, al estimar insuficiente la prueba para aumentar o extender la reparación. Índice 19 del aplicativo SAMAI, EXP. 20001-23-39-000-2020-00560-01Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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3 señor Gabriel Muvdi Aranguena y su núcleo familiar.
8. En concreto, atribuyeron a la sentencia de 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, un defecto fáctico en su dimensión negativa, pues sostuvieron que se desconoció el testimonio del
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, un defecto fáctico en su dimensión negativa, pues sostuvieron que se desconoció el testimonio del señor Arafat Yesid Celedón Cantillo, pese a que este habría dado cuenta de las afectaciones padecidas por el actor y su familia.
9. En esa dirección, reprocharon que algunas manifestaciones del testigo se calificaran como apreciaciones subjetivas, aunque, según los accionantes, también relató conductas que había percibido directamente de Gabriel Muvdi Aranguena, entre ellas su aislamiento, encierro, tristeza y cambios en el trato con las personas de su entorno.
10. Asimismo, alegaron que esa declaración no fue apreciada en conjunto con los restantes elementos de convicción aportados para demostrar los perjuicios, entre ellos los documentos relativos a la sanción, su ejecución, los vínculos familiares y la difusión pública de los hechos. En su sentir, esa valoración desconoció las reg las de la sana crítica y condujo a negar las afectaciones reclamadas.
11. De otra parte, cuestionaron la motivación de la providencia por considerar contradictorio que se descartara la existencia de prueba suficiente sobre la afectación del señor Gabriel Muvdi Aranguena y, simultáneamente, se mantuvieran los 20 SMLMV reconocidos en primera instancia. También reprocharon que se reclasificara ese perjuicio sin explicar suficientemente las consecuencias jurídicas de tal determinación.
12. Finalmente, alegaron la vulneración del derecho a la igualdad, para lo cual invocaron las decisiones adoptadas en los casos de los señores Leonardo José
consecuencias jurídicas de tal determinación.
12. Finalmente, alegaron la vulneración del derecho a la igualdad, para lo cual invocaron las decisiones adoptadas en los casos de los señores Leonardo José Mestre Socarrás y Carlos Julián Picón Cortés, quienes también fueron sancionados con ocasión de la elección del contralor municipal. Afirmaron que, pese a esa circunstancia común, en aquellos asuntos se reconocieron perjuicios inmateriales a los afectados y a sus familiares, mientras que en el suyo fueron negados.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó lo siguiente:
«1. PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, derecho de los niños y al acceso efectivo a la administración de justicia de GABRIEL MUVDI ARANGUENA y de los integrantes de su núcleo familiar que actúan como accionantes.
2. SEGUNDA: DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del radicado 20001 -23-39-000-2020-00560-01 (6511 2024), únicamente en cuanto confirmó la decisión relativa a los perjuicios inmateriales reclama dos por los accionantes, tanto respecto del afectado directo como de sus familiares. La medida solicitada se circunscribe a losAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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4 párrafos 138 a 145 y al numeral segundo de la parte resolutiva en lo que concierne a esos perjuicios, sin afectar la declaración de nulidad parcial de los actos disciplinarios, el reconocimiento de los honorarios consolidados ni las restantes determinaciones favorables ejecutoriadas.
3. TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que dentro del término que fije el juez constitucional profiera una sentencia de reemplazo o complementaria respecto de los perjuicios inmateriales, con plena observancia de la autonomía judicial y de la s garantías constitucionales aquí invocadas, en la que valore integralmente la prueba obrante en el expediente, en los términos que se indican a continuación. En la providencia de reemplazo deberá valorarse de forma completa, conjunta y diferenciada la grabación íntegra de la declaración de Arafat Celedón Cantillo, incluidas sus referencias expresas a la aflicción de los familiares, los hechos que afirmó percibir directamente, la prueba documental e indiciaria y la situación individual de cada demandante, c onforme a las reglas de la sana crítica. La nueva decisión deberá aplicar la regla según la cual no existe presunción automática de aflicción en sanciones disciplinarias, sin convertirla en una tarifa que excluya la prueba indiciaria; distinguir motivadame nte el perjuicio moral del daño a
decisión deberá aplicar la regla según la cual no existe presunción automática de aflicción en sanciones disciplinarias, sin convertirla en una tarifa que excluya la prueba indiciaria; distinguir motivadame nte el perjuicio moral del daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos; y explicar, sin imponer una igualdad mecánica de montos, las diferencias relevantes que justifiquen cualquier tratamiento distinto frente a los casos materialmente anál ogos de Leonardo José Mestre Socarrás y Carlos Julián Picón Cortés; es decir, que la autoridad accionada deberá dictar una nueva providencia con estricto apego a las garantías constitucionales, teniendo en cuenta la correcta valoración de las pruebas omitidas o no valoradas de cara a la norma jurídica aplicable.
4. CUARTA: ADOPTAR , en ejercicio de las facultades ultra y extra petita propias del juez constitucional, las demás medidas que estime necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los accionantes.» (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto de 8 de octubre de 2026 9, a través del cual se ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo del Cesar y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B . Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados a la Procuraduría General de la Nación, en su condición de parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado núm. 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511 -2024), y a todos los demás intervinientes en este.
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado núm. 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511 -2024), y a todos los demás intervinientes en este.
15. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al apoderado de la parte actora
2.4.1 La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado 10 solicitó negar las pretensiones de la acción, pues sostuvo que la providencia cuestionada sí examinó la declaración de l señor Arafat Yesid Celedón Cantillo y las demás pruebas aportadas, pero no halló afirmaciones concretas que demostraran la aflicción o congoja de los familiares de l señor Muvdi Aranguena. En ese entendido indicó que el testimonio no fue ignorado, pues sus afirmaciones fueron verificadas y valoradas para determinar la procedencia de los perjuicios
9 Índice 4 del aplicativo SAMAI 7 Índice 17 del aplicativo SAMAIAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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5 reclamados.
16. Adicionalmente, precisó que la sentencia resolvió los reparos planteados en la apelación y que en ese recurso no se formularon cuestionamientos relacionados con los derechos de los niños.
5 reclamados.
16. Adicionalmente, precisó que la sentencia resolvió los reparos planteados en la apelación y que en ese recurso no se formularon cuestionamientos relacionados con los derechos de los niños.
17. Finalmente, afirmó que la tutela pretend ía trasladar al juez constitucional un debate probatorio ya agotado y convertir el amparo en una tercera instancia, en detrimento de la autonomía e independencia judicial.
2.4.2. La Procuraduría General de la Nación11 señaló que fue vinculada como tercero con interés por haber sido parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero que los accionantes no le atribuyeron conducta u omisión alguna relacionada con la vulneración alegada.
18. Expuso que, en consecuencia, carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los cuestionamientos recaen sobre la sentencia del 19 de marzo de 2026 de la Sección Segunda, Subsección B, y la entidad carece de competencia para satisfacer las pretensiones formulada s. Agregó que tampoco se acreditó solicitud o queja previa ante el órgano de control.
19. Con fundamento en esas razones, pidió declarar improcedente el amparo respecto de la entidad y disponer su desvinculación del trámite constitucional; asimismo, solicitó negar cualquier declaración u orden en su contra, al sostener que ninguna conducta vulneradora le resulta atribuible.
2.4.3. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
2.4.3. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201912 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
21. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada de la presente acción. No obstante, no se accederá a su solicitud, en consideración a que fue vinculada como tercero con interés y resulta necesario garantizar su
11 Índice 16 del aplicativo SAMAI 12 Reglamento interno del Consejo de Estado.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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6 derecho de defensa.
3.2.2. De la providencia objeto de análisis
22. Esta Subsección advierte que si bien la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la Sala centrará el análisis en la sentencia de 19 de marzo de 2026, que resolvió los recursos interpuestos contra la providencia d e 26 de septiembre de
Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la Sala centrará el análisis en la sentencia de 19 de marzo de 2026, que resolvió los recursos interpuestos contra la providencia d e 26 de septiembre de 2024 y definió de manera definitiva la controversia en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2.3. Del estudio de los defectos alegados
23. Antes de abordar el caso concreto, la Sala estima necesario delimitar el alcance de los reparos formulados contra la sentencia de 19 de marzo de 2026.
Aunque los accionantes invocaron la vulneración de varios derechos fundamentales, los cuestionamientos di rigidos específicamente contra la actividad judicial se concretan en la configuración de un defecto fáctico y en la insuficiencia de motivación de la providencia reprochada.
24. El primero se sustentó en la forma como la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado valoró el testimonio de l señor Arafat Yesid Celedón Cantillo y los demás elementos aportados para acreditar los perjuicios inmateriales. El segundo cuestion ó la suficiencia y coherencia de las razones expuestas para concluir que tales elementos no demostraban las afectaciones reclamadas.
25. Por otro lado, l os actores también invocaron el derecho a la igualdad y contrastaron su situación con las decisiones adoptadas respecto de los señores Leonardo José Mestre Socarrás y Carlos Julián Picón Cortés, quienes estuvieron vinculados a la misma actuación disciplinaria. No obstante , esa circunstancia común no basta, por sí sola, para establecer que los asuntos sometidos a decisión judicial fueran equivalentes.
vinculados a la misma actuación disciplinaria. No obstante , esa circunstancia común no basta, por sí sola, para establecer que los asuntos sometidos a decisión judicial fueran equivalentes.
26. En ese entendido, el reconocimiento de los perjuicios inmateriales dependía de las circunstancias acreditadas y del material probatorio recaudado en cada proceso,13 por lo que la sola identidad del hecho que originó la actuación disciplinaria no permite trasladar las conclusiones alcanzadas en otros asuntos.
27. Por lo tanto, la coincidencia en el origen de la actuación disciplinaria no demuestra que los asuntos invocados como términos de comparación se encontraran en condiciones equivalentes para efectos del reconocimiento de los perjuicios. Al no acreditarse ese presu puesto de comparabilidad, no resulta posible estructurar el trato desigual alegado , por lo que se advierte que el reproche por vulneración del derecho a la igualdad no está llamado a prosperar.
13 Al respecto, en uno de los casos, el del señor Leonardo José Mestre Socarrás, consta la práctica de varias declaraciones testimoniales y la existencia de elementos documentales relacionados con la exposición pública de la sanción.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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28. Descartado lo anterior, la Sala circunscribirá el estudio a los presuntos defectos fáctico y por insuficiente motivación. Como ambos convergen en la
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28. Descartado lo anterior, la Sala circunscribirá el estudio a los presuntos defectos fáctico y por insuficiente motivación. Como ambos convergen en la valoración del material probatorio destinado a acreditar los perjuicios inmateriales y en las razones ofrecidas para sustentar las conclusiones extraídas de aquel, se examinarán conjuntamente por razones de economía y celeridad procesal, sin que ello comporte la subsunción de una causal en la otra.
3.3. Problema jurídico
29. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con ocasión de la sentencia de 19 de marzo de 2026, que resolvió los recursos de apelación contra la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad y restablecimient o del derecho promovido por Gabriel Muvdi Aranguena y otros contra la Procuraduría General de la Nación, radicado 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024), incurrió en los defectos fáctico y por insuficiencia de motivación y, con ello, vulneró los derecho s fundamentales invocados por los accionantes.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
30. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
3.4. Procedencia de la acción de tutela
30. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello , en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad inves tida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
32. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto delAcción De Tutela
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto delAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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8 proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
33. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional efectuada el 7 de octubre de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso «razonable y proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, ocurrida el 10 de abril de 202614.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental a la igualdad, al debido proceso, de los niños y de acceso a la administración de justicia , como
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental a la igualdad, al debido proceso, de los niños y de acceso a la administración de justicia , como consecuencia de l a presunta configuración de los defectos fáctico y por insuficiente motivación, los cuales, se encuentran fundamentados razonablemente.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
14 Índice 25 del aplicativo SAMAI, exp. 20001-23-39-000-2020-00560-01Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-08212-00
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34. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
35. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la ap
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