CE - Sentencia 15001233300020250030501 de 2025

Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

Demandados: Yesid Acosta Zuleta y otros Radicado: 15001-23-33-000-2025-00305-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 15001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: GERARDO DIEGO ACOSTA HERRERA

Demandados: YESID ACOSTA ZULETA Y OTROS

Temas: Tutela contra particulares por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad – Confirma improcedencia y negativa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 12 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5 que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo frente a los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez y, a su vez, negó las demás súplicas formuladas contra la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja y la Comisión de Disciplina Judicial de Boyacá.

Páez y, a su vez, negó las demás súplicas formuladas contra la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja y la Comisión de Disciplina Judicial de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito presentado el 27 de octubre de 20251, el señor Gerardo Diego Acosta Herrera, por medio de apoderado judicial2, promovió acción de tutela contra los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez, con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la vida digna.

1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 Índice 11 de Samai de primera instancia. Poder otorgado por medio de mensaje de datos.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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2 El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de las actuaciones desplegadas por parte de los sujetos accionados ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja.

1.2. Pretensiones

ocasión de las actuaciones desplegadas por parte de los sujetos accionados ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] debido a las acciones legales que han interpuesto sin ningún fundamento legal y probatorio ante las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisaria Cuarta de Familia de Tunja.

Segunda: Solicito se ordene a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisaria Cuarta de Familia de Tunja rechacen de plano las acciones temerarias sin fundamento que se interpongan em

contra de Gerardo Diego Acosta Herrera.

Tercera: Solicito se oficie a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisaria Cuarta de Familia de Tunja para que aplique las sanciones a la parte actora por uso abusivo de la administración de justicia, si se encuentra probada la temeridad.

Cuarta: Se ordene a las autoridades competentes se tomen medidas de protección para garantizar los derechos fundamentales de Gerardo Diego Acosta Herrera3.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

En diciembre de 1994, los señores Luisa María Herrera Vivas y Yesid Acosta Zuleta constituyeron unión marital de hecho, p ara luego concebir a Patricio Neftalí y

decisión que se adoptará en la sentencia:

En diciembre de 1994, los señores Luisa María Herrera Vivas y Yesid Acosta Zuleta constituyeron unión marital de hecho, p ara luego concebir a Patricio Neftalí y Gerardo Diego Acosta Herrera, actualmente mayores de edad.

En febrero de 2024, los señores Acosta Herrera presentaron demanda ejecutiva de alimentos4 contra el señor Acosta Zuleta, de la cual conoció el Juzgado Tercero de Familia del Circuito Judicial de Tunja que fijó una cuota mensual.

Por su parte, el señor Gerardo Diego Acosta Herrera sostuvo una relación sentimental con la señora Valentina Blanco Fajardo.

3 Transcripción literal que puede contener errores. 4 Radicado: 15001-31-10-003-2024-00098-00.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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3 En septiembre de 2024, la señora Blanco Fajardo presentó denuncia5 contra el ahora accionante por el delito de violencia intrafamiliar, por presuntas agresiones verbales que él tenía con ella.

Seguido de ello, el 15 de octubre de 2024, la señora Blanco Fajardo junto con su madre Alexandra Fajardo Páez presentaron queja disciplinaria6 ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá contra el abogado Manuel Ricardo Ávila

Seguido de ello, el 15 de octubre de 2024, la señora Blanco Fajardo junto con su madre Alexandra Fajardo Páez presentaron queja disciplinaria6 ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá contra el abogado Manuel Ricardo Ávila Suárez, integrante del equipo jurídico representante del señor Acosta Herrera en el proceso de alimentos.

En el mismo mes, la señora Blanco Fajardo interpuso otra denuncia7 contra el señor Acosta Herrera y el abogado Ávila Suárez, por la presunta configuración del delito de constreñimiento ilegal, pues de acuerdo con la versión relatada, el 29 de agosto de 2024 los denunciados trataron de persuadirla para que interrumpiera su embarazo.

Asimismo, en julio de 2025, la señora Blanco Fajardo presentó solicitud de incumplimiento de la medida de protección dictada en el 2024 contra el señor Gerardo Diego Acosta Herrera, aduciendo que este presuntamente había ingresado a su residencia.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante relató que el señor Yesid Acosta Zuleta tiene constantes comportamientos de intimidación y amenazas hacía él y sus abogados en distintos escenarios, lo cual lo aleja de su ética profesional y valores de imparcialidad y rectitud que debe garantizar por su calidad de juez de la República, pues su abuso de poder incluso compromete la credibilidad del sistema de justicia.

Adujo que, en múltiples oportunidades, el señor Acosta Zuleta se ha dirigido a él y a su hermano por medio de mensajes con expresiones que denotan un ánimo confrontativo y amenazante, afirmando el poder que tiene para direccionar las decisiones judiciales.

a su hermano por medio de mensajes con expresiones que denotan un ánimo confrontativo y amenazante, afirmando el poder que tiene para direccionar las decisiones judiciales.

Además, advirtió que era evidente que en ese patrón de retaliación ha utilizado a las señoras Alexandra Fajardo Páez y Valentina Blanco Fajardo como instrumentos para interponer denuncias y acciones sin fundamento, vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad.

Puso de presente que, en varias reuniones, el señor Acosta Zuleta y la señora 5 Radicado: 150016099163202421988. 6 Radicado: 15001-25-02-000-2024-00804-00. 7 Radicado 150016000000202400092.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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4 Blanco Fajardo habían sido grabados con el fin de desvirtuar las denuncias presentadas, pues los hechos alegados en estas se encontraban muy lejos de la realidad.

Igualmente, expuso que, la señora Blanco Fajardo era la que propiciaba los encuentros y acercamientos para después señalar que se violaba la medida de protección vigente en contra del actor.

Así las cosas, argumentó que las conductas atribuidas al señor Acosta Zuleta trascendían el ámbito de simples controversias familiares o procesales para

protección vigente en contra del actor.

Así las cosas, argumentó que las conductas atribuidas al señor Acosta Zuleta trascendían el ámbito de simples controversias familiares o procesales para convertirse en un riesgo cierto y concreto de sus garantías fundamentales, pues el uso indebido de mecanismos legales sin que existan amenazas reales genera un desgaste de la administración de justicia, así como un hostigamiento sistemático dirigido a afectar la imagen de las personas involucradas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 4, en providencia del 30 de octubre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante8 y, como parte demandada, a los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez9.

De igual forma, se vinculó a la Fiscalía General 10 de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá11, a la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja12 y al señor Manuel Ricardo Ávila Suárez13.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Comisaría Cuarta de Familia de Tunja

Por medio de memorial remitido el 31 de octubre de 2025, la comisaria comentó que, si bien ninguno de los hechos relatados en el escrito inicial le constaban, en su 8Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:

que, si bien ninguno de los hechos relatados en el escrito inicial le constaban, en su 8Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos: ipsojureabogados@hotmail.com y acostagerardo609@gmail.com. 9 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web: valentinablanco@gmail.com, kaomaalexandra@gmail.com y yeacostazul@hotmail.com. 10 Índice 7 de Samai de primera instancia. Se realizó notificación a las siguientes direcciones: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y nubia.ramirez@fiscalia.gov.co. 11 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a l buzón web: scrcsdjboy@cndj.gov.co. 12 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificado a: comisaria.cuarta@tunja.gov.co. 13 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: moriavsu@hotmail.com.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

Demandados: Yesid Acosta Zuleta y otros Radicado: 15001-23-33-000-2025-00305-01

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5 Despacho sí obraba un expediente dentro del cual se dispuso una medida de protección identificada con el número 150 de 2024, la cual se encontraba en trámite de incidente de incumplimiento, para el cual se llevaría a cabo audiencia el 13 de enero de 2026.

Por lo tanto, solicitó que se negaran las pretensiones, dado que no se habían

de incidente de incumplimiento, para el cual se llevaría a cabo audiencia el 13 de enero de 2026.

Por lo tanto, solicitó que se negaran las pretensiones, dado que no se habían violentado derechos fundamentales por su parte.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Boyacá

Mediante documento del 4 de noviembre del presente año, el director de la Dirección Seccional de Boyacá (E) informó que, luego de revisado el Sistema de Gestión Documental SPOA se registraron los siguientes procesos vigentes:

• Noticia criminal: 150016099163202421988, por delito de violencia intrafamiliar, en etapa de indagación. - Noticia criminal: 15001600000202400092, por delito de constreñimiento ilegal, en etapa de indagación.

En conclusión, solicitó que el mecanismo constitucional fuera declarado improcedente, en atención a que la entidad no había vulnerado garantía fundamental alguna, por lo que se configuraba su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Manuel Ricardo Ávila Suárez

En memorial del 4 de noviembre de 2025, el profesional del derecho indicó que al ser parte del equipo jurídico que acompaña al señor Acosta Herrera en el proceso de alimentos, pudo observar la actitud hostil del señor Yesid Acosta Zuleta, alejada del decoro exigido a un funcionario judicial.

Igualmente, señaló que las conductas del mencionado junto con las señoras Blanco Fajardo y su madre han generado una afectación grave a sus derechos fundamentales al buen nombre, dignidad y honra.

1.6.4. Fiscalía 20 Local de Tunja

Fajardo y su madre han generado una afectación grave a sus derechos fundamentales al buen nombre, dignidad y honra.

1.6.4. Fiscalía 20 Local de Tunja

El 4 de noviembre de 2025, la fiscal adujo que dentro de la noticia criminal 150016099163202421988 la víctima había manifestado acogerse a su derecho de no ser confrontada con el agresor, tras indicar que se encontraba en riesgo su integridad por sentirse perseguida y haber tenido que cambiar de domicilio para protegerse.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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1.6.5. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

El 4 de noviembre del año en curso, el presidente de la entidad sostuvo que se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva, ante la inexistencia de hechos u omisiones atribuidos a dicha corporación. En consecuencia, solicitó la desvinculación.

1.7. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5 en sentencia del 12 de noviembre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez y, negó las pretensiones relacionadas con la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisaría Cuarta de

contra los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez y, negó las pretensiones relacionadas con la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja.

En primer lugar, el tribunal adujo que el mecanismo constitucional no era procedente contra el señor Yesid Acosta Zuleta, comoquiera que no se cumplían los presupuestos de subordinación e indefensión decantados por la Corte Constitucional.

Al respecto, explicó que el señor Gerardo Diego Acosta Herrera era mayor de edad, razón por la que no se encontraba bajo la patria potestad ni sometido a la autoridad parental de su progenitor.

Asimismo, mencionó que el accionante contaba con medios judiciales idóneos y eficaces para controvertir las actuaciones a las que atribuía la vulneración de sus derechos, como desplegar una defensa adecuada y oportuna con la asesoría profesional para hacerle frente a las denuncias interpuestas en su contra.

Adicional, expuso que en el expediente no se demostró que el señor Yesid Acosta Zuleta fuera servidor público, ni que hubiera utilizado su investidura a fin de perjudicar al señor Acosta Herrera u obtener decisiones favorables a sus intereses en sede judicial.

Dentro de la misma improcedencia, puso de presente que la acción constitucional no podía ser estudiada contra las señoras Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez, dado que el actor no se encontraba en una posición de vulnerabilidad material o jurídica frente a las referidas accionadas, menos aun cuando no tenían alguna relación familiar.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

Fajardo Páez, dado que el actor no se encontraba en una posición de vulnerabilidad material o jurídica frente a las referidas accionadas, menos aun cuando no tenían alguna relación familiar.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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7 En segundo lugar, la Sala de Decisión consideró negar las pretensiones, ya que no se observó que por medio de acciones u omisiones la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá o la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja, hubieran vulnerado los derechos fundamentales deprecados.

1.8. Impugnación

Con escrito enviado el 25 de noviembre de 202514, la parte actora impugnó el fallo de primer grado, resaltando que, si bien contaba con mecanismos ordinarios de defensa judicial para la protección de sus garantías, lo cierto es que estos no resultaban idóneos ni eficaces para conjurar la amenaza grave, actual y continua de sus derechos.

Explicó que, como consecuencia del hostigamiento perpetrado por el señor Yesid Acosta Zuleta, ha presentado afectaciones directas a su salud mental, teniendo episodios de ansiedad y cuadros depresivos clínicamente identificables, alteraciones que han repercutido negativamente en su desarrollo personal, social y académico, afectando su desempeño en la universidad y poniendo en riesgo su bienestar integral.

alteraciones que han repercutido negativamente en su desarrollo personal, social y académico, afectando su desempeño en la universidad y poniendo en riesgo su bienestar integral.

De igual forma, adujo que con la acción de tutela buscaba prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su salud física y mental , y que las actuaciones desplegadas por la señora Blanco Fajardo y su madre igualmente representaban un hostigamiento que afectaba su estabilidad emocional.

1.9. Manifestación de impedimento

Por medio de providencia del 9 de diciembre de 2025, el Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó impedimento para conocer de la presente tutela, con ocasión de que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación y, con motivo del otorgamiento de una licencia no remunerada de hasta por tres años, se desempeña como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá desde el 9 de diciembre de 2024; entidades vinculadas al presente proceso.

En auto del 11 de diciembre de 2025, fue resuelto el impedimento, declarándolo infundado.

14 El fallo de primer grado fue notificado el 18 de noviembre de 2025.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Gerardo Diego Acosta Herrera, contra la sentencia del 12 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá elevó solicitud su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, no se accederá en atención a que la entidad fue vinculada como tercero por presentar interés en la decisión que se adopte.

2.3. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 12 de noviembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al buen

5, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la vida dig na del señor Gerardo Diego Acosta Herrera con ocasión de las acciones judiciales que han desplegado en su contra?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela y (ii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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9 La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando

acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable15. 2.5. Caso concreto

El señor Gerardo Diego Acosta Herrera interpuso acción de tutela contra los señores Yesid Acosta Zuleta, Valentina Blanco Fajardo y Alexandra Fajardo Páez, tras considerar que las actuaciones desplegadas por ellos ante autoridades judiciales han vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la vida digna, pues el continuo hostigamiento alegado afecta su bienestar físico y emocional.

Teniendo en cuenta el extremo pasivo contra el cual se presenta el mecanismo constitucional, se debe advertir que el escrito inicial debe valorarse conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 42 del Decreto 2591 de 1991, por medio de los cuales se indica que la acción de tutela será procedente contra acciones u omisiones de particulares cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación. ii. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. iii. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. iv. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra

la prestación del servicio público de salud. iii. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. iv. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.

1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. vi. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. vii. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de 15 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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10 la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. viii. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. ix. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso

en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. ix. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.

A continuación, se revisarán las razones por las que esta Sala de Decisión no encuentra la configuración de ninguna de las condiciones en mención y, por siguiente, considera improcedente el mecanismo.

En primer lugar, se observa que el señor Yesid Acosta Zuleta es el padre del señor Gerardo Diego Acosta Herrera quien , si bien inició un proceso ejecutivo de alimentos contra el primero, no es menor de edad ni se encuentra bajo la patria potestad o algún tipo de autoridad parental de cara a su progenitor. Por lo tanto, no se evidencia que exista una relación de subordinación del señor Acosta Zuleta sobre el señor Acosta Herrera que permita la procedencia de la acción tutelar.

Asimismo, se echa de menos material probatorio que compruebe la calidad de funcionario público del señor Yesid Acosta Zuleta o, en su defecto, de su actuar indecoroso o por fuera de la moralidad administrativa que se le impone a estos servidores, pues si bien, se alegan comportamientos indeseados del accionado, no se prueba que alguno de estos se haya realizado con ocasión del ejercicio de la función pública que desempeña.

Por otra parte, pese a que el actor argumenta su deterioro físico y metal con ocasión de todos los hechos sucedidos, no se puede asegurar que se encuentra en un estado de indefensión que permita la intervención del juez constitucional, ya que se avizoran medios judiciales a los que puede acudir para hacerle frente a los

de todos los hechos sucedidos, no se puede asegurar que se encuentra en un estado de indefensión que permita la intervención del juez constitucional, ya que se avizoran medios judiciales a los que puede acudir para hacerle frente a los padecimientos que indicó en el libelo introductorio, como por ejemplo, en materia penal, la denuncia por injuria y calumnia o proceso de responsabilidad civil extracontractual por los posibles perjuicios que considere causados.

Asimismo, es de recordar que de la misma forma en que el tutelante se asesoró de profesionales del derecho para acudir a la justicia ordinaria y demandar a su padre por alimentos, puede hacer lo pertinente en el sentido de construir una estrategia en aras de exigir la protección de sus intereses ante las autoridades judiciales competentes de las denuncias formuladas en su contra.

Dicha situación se predica tanto del señor Acosta Zuleta como de la señora Blanco Fajardo y su madre, frente a los cuales no se encuentra en estado de indefensiónDemandante: Gerardo Diego Acosta Herrera

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11 y, por el contrario, cuenta con distintos mecanismos para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Así las cosas, como los particulares demandados no prestan un servicio público de educación, de salud o domiciliario, ni ha realizado peticiones ante ellos, no se encuentra que se configure alguna de las condiciones que ha dispuesto la Carta

defensa y contradicción.

Así las cosas, como los particulares demandados no prestan un servicio público de educación, de salud o domiciliario, ni ha realizado peticiones ante ellos, no se encuentra que se configure alguna de las condiciones que ha dispuesto la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991 para permitir la interposición de tutela contra particulares.

En consecuencia, se confirmará la improcedencia resuelta por el juez de primera instancia constitucional.

Ahora bien, en lo referente a las pretensiones frente a la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, si bien frente a estas sí resulta procedente la acción de tutela por tratarse de autoridades, no se evidencia que hubiesen incurrido en alguna acción u omisión que fuera la causa de la vulneración de derechos alegada por el tutelante.

Por lo tanto, el juez constitucional no es competente para ordenarle a las autoridades el rechazo de denuncias presentados ante ellos o que se tome la determinación de sancionar a los denunciantes por actuación te